08 julio, 2025

DIKTADURA | Reforma Judicial: el oficialismo agregó una cláusula para perseguir a los medios

Fue introducida por Oscar Parrilli, pese al rechazo de la oposición, en el dictamen que tratará el Senado la semana próxima.
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En las últimas horas se supo que el Frente de Todos incluyó en el proyecto de la reforma judicial que se debatirá la semana próxima en el Senado una cláusula que exhorta a los jueces a denunciar “en forma inmediata” supuestas presiones “de los poderes mediáticos” que reciban en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de un cambio clave introducido por el kirchnerismo en la Cámara alta en el texto original enviado por el presidente Alberto Fernández. Ello explicaría por qué no se dejaba ver el borrador de la norma, tal cual contó a Tribuna de Periodistas la senadora Nacional Pamela Verasay.

La modificación, propuesta por el senador Oscar Parrilli a comienzos de mes, consiste en agregar la palabra “mediático” al artículo 72 inciso E de la iniciativa.

Ese apartado establece que los jueces deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

En su versión original, este artículo mencionaba únicamente a “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”.

El cambio introducido en el dictamen por el kirchnerismo dejaría abierta la posibilidad de incriminar en forma directa a medios de comunicación en denuncias judiciales.

Este jueves por la noche se conocieron los detalles del texto que será sometido a debate la próxima semana en el Senado, donde se espera que obtenga aprobación.

El artículo 72 del dictamen del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales dice: “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada”.

Al enumerarse en el texto esas reglas, en el inciso E figura que los magistrados tendrán la obligación de denunciar supuestas presiones de “poderes mediáticos”.

En el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo la palabra “mediáticos” no figuraba.

Sin embargo, en el debate de las comisiones, en la Cámara alta, Parrilli pidió incluir en el texto a los presuntos “poderes mediáticos”, en su intervención del 4 de agosto pasado, día en el que expuso la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

“Si bien habla de ´amistades o grupos de presión´, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos”, dijo Parrilli, sobre el inciso E. “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, desprestigiar y denigrar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa”, agregó el senador kirchnerista durante su exposición virtual.

Y completó diciendo ese día: “Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.

El dictamen de la reforma judicial ingresó a Mesa de Entradas este jueves alrededor de las 23:00 con las firmas de los senadores: María de los Ángeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti, Claudia Ledesma, Carlos Espínola, Nancy González, Sergio Leavy, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Gerardo Montenegro, José Neder, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Juan Mario Pais, Ana Almirón, Mariano Recalde, Edgardo Kuider y Antonio Rodas, además del propio Parrilli.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Forte


Redacción

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El presidente del IOSFA renunció con una deuda de $160.000 millones y duras críticas internas

Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.

Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.

Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.

– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones

Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.

Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”. En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.

El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.

Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.

Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.

El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.

Redacción

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El Gobierno irá a instancias judiciales para frenar la cautelar por el feriado del Día del Trabajador del Estado

El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.

Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.

El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.

Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.

El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.

La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.

En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.

Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.

Redacción

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Francos fulminó a Kikuchi por votar la reelección indefinida junto al kirchnerismo en el Senado

Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”. 

Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.

GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI

La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.

La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.

“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI

Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.

Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.

El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.

Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.

En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.

Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.

Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.

El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.

Redacción

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Mercado Libre abandonó Córdoba tras pagar $770 millones en tasas municipales

Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.

“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.

La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.

Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.

El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.

La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.

Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.

La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.

Redacción

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Congreso | Marcela Pagano DESAFIÓ a Lilia Lemoine a hacerse una RINOSCOPIA y un TEST PSICOLÓGICO

Un nuevo round se sumó este fin de semana al escándalo cada vez más visible entre dos de las diputadas más polémicas del oficialismo: Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Lo que comenzó como una burla en redes terminó en un duelo cargado de insultos, chicanas personales y hasta una propuesta para someterse a estudios físicos y psicológicos en un hospital público. Todo, claro, a la vista del electorado y en medio de una interna libertaria que ya dejó de disimular sus heridas.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1931362841304441061

La chispa que encendió el último fuego fue un posteo de Lemoine en X (ex Twitter), donde se rió abiertamente del proyecto de ley presentado por Pagano sobre “Ficha limpia psicológica”, una iniciativa que propone que los funcionarios públicos se realicen estudios de aptitud mental antes de asumir cargos. Para acompañar su burla, usó tres emojis de risa y un mensaje sarcástico que derivó en algo mucho más personal.

Marcela Pagano on X (formerly Twitter): “Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9 / X”

Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9

Minutos después, Lemoine volvió a comentar su propio posteo, esta vez yendo directo al hueso: le pidió a Pagano que revele la identidad del padre de su hija. “Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso”, escribió, sin detallar a qué tipo de fondo o beneficio hacía referencia. El comentario detonó una réplica feroz por parte de la experiodista.

“Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos”, disparó Pagano, quien además aprovechó el mensaje para tildar a su compañera de bancada de “lacra” y de usar su banca exclusivamente en beneficio personal. La diputada también aseguró que la identidad de su hija es pública y que suele llevarla al Congreso durante las sesiones.

Marcela Pagano on X (formerly Twitter): “Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ / X”

Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ

Pero la cosa no terminó ahí. Pagano fue más lejos y acusó a Lemoine de “faltar el respeto al presidente por celos”. “Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer”, arremetió con dureza, en un posteo que generó respuestas divididas incluso dentro del espacio oficialista.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1931492025855021097

Como cierre de esta cadena de agravios, Pagano lanzó un reto público: se ofreció a someterse a todos los estudios previstos en su propio proyecto de ley, incluyendo análisis de sangre, orina, test psicológico y examen físico. “Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc.”, escribió, desafiando a Lemoine a acompañarla a un hospital público para realizarse juntas la pericia psicofísica… y una rinoscopia.

Marcela Pagano on X (formerly Twitter): “Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de… https://t.co/8d4CHb5aYt / X”

Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de…

El enfrentamiento entre ambas diputadas no es nuevo. Ya se habían cruzado fuertemente durante una sesión en el recinto, con insultos cara a cara e incluso forcejeos que incomodaron a más de un legislador oficialista. Pero este nuevo capítulo, más violento en lo simbólico y personal, suma tensión a un clima interno que el bloque de La Libertad Avanza no logra descomprimir.


Redacción

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NEGOCIOS Y MILLONES | El enigmático testaferro (y acreedor) de Alberto Fernández

*Por Christian Sanz

El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.

Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.

Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.

Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.

Aparece allí toda una trama de negocios que fue descubierta por su “segundo”, Jorge Rivas, y que culminó en un suspicaz hecho de violencia contra este.

Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.

El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.

Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.

Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.

En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.

*Fuente: Tribuna de Periodistas

Redacción

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