07 noviembre, 2024

Diana Conti reclamó por un “un plan de vacunación en las cárceles”

Diferentes burócratas participaron de una reunión virtual del Congreso en la cual se habló sobre cuestiones relacionadas al sistema penitenciario.
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La exdiputada ultra K, Diana Conti, se refirió hoy a la situación carcelaria en una reunión de la Comisión de Legislación Penal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El meeting virtual, que duró dos horas y media, giró en torno a las “soluciones posibles” que el Estado debe hacer para solucionar el hacinamiento existente en las cárceles argentinas.

En este contexto, sorprendieron las declaraciones de Diana Conti: pidió que se lleve a cabo “un plan de vacunación de la población de riesgo que está en cierro en cárceles y en comisarías”.

La “decisión” del Gobierno, vacunar a sus militantes y funcionarios, despertó la bronca de los ciudadanos de a pie. Y, teniendo en cuenta que la gestión corriente dio libertad a más de 5.000 presos condenados, las declaraciones de Conti levantan sospecha: se sabe cuáles son las intenciones de su discurso, maquillado bajo presuntas buenas intenciones.

“El 50% de los que están encerrados en todos los sistemas carcelarios en el país están con prisiones preventivas, muchas veces, más largas de lo que es razonable y esto produce el hacinamiento que facilita la tortura, el maltrato, el trato inhumano, y la pandemia vino a poner luz sobre ese hacinamiento”, agregó.

Y además, señaló que “el Comité tiene una mirada de no restricción a las salidas (transitorias) debido a que la persona privada de la libertad tenga interacción con el mundo exterior es muy útil y hay que respetarlo por más que tengamos en contra a la prensa”.

En esa línea ideológica, el Diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, argumentó que “en las cárceles es el lugar de resocialización y no uno de castigo, por lo que nos comprometemos a trabajar en ese sentido”.

Destacó además que “el compromiso que tienen con la defensa de la gente privada de la libertad” y sostuvo que “en las cárceles es quizás el lugar donde más se nota la desigualdad, desamparo y ausencia de las políticas públicas”.


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Rafael Garduño

Jefe de Redacción rgarduno@data24.com.ar

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Diputada ultra K presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales

En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.

Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.

En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.

Redacción

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Milei defendió el veto ante los empresarios y acusó a la oposición de “usar una causa noble para robar dinero a los alumnos”

Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.

Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.

– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora

Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.

En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.

Redacción

info@data24.com.ar

El intendente de Gualeguaychú eliminó el 60% de las tasas municipales en solo diez meses

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.

En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.

La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.

“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.

Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.

El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.

LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO

  1. Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
  2. Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
  3. Solicitud de deuda líquida y exigible.
  4. Aprobación para instalación medidor de luz.
  5. Venta de planos del municipio.
  6. Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
  7. Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
  8. Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
  9. Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
  10. Inscripción de comercio, industria, etc.
  11. Los recursos contra resoluciones administrativas.
  12. Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
  13. Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
  14. Por presentación de denuncias contra vecinos.
  15. Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
  16. Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
  17. Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
  18. Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
  19. Sellados municipales de planos.
  20. Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
  21. Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
  22. Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
  23. Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
  24. Carnet sanitario.
  25. Desinfección y desratización.
  26. Derechos de edificación.
  27. Actuaciones administrativas.
  28. Tasa por servicios especiales.
  29. Tasa por servicios eventuales.
  30. Sobretasa General Inmobiliaria.
  31. Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.

Redacción

info@data24.com.ar

La Libertad Avanza presentó en CABA una versión de la “Ley Bases”

Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.

Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.

La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.

En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA. 

Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.

Redacción

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Aerolíneas Argentinas expulsó a Pablo Biró del directorio de la empresa

En una decisión que busca cambiar el rumbo de la empresa estatal, la asamblea de accionistas de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas decidió remover de su cargo al secretario general del gremio de pilotos (APLA) Pablo Biró, quien fue el responsable directo de al menos 13 paros en el último año, situación que generó millonarias pérdidas económicas, atentando contra la operatividad de la empresa y afectando a aproximadamente 100.000 pasajeros.

A través de esta medida, el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, busca que Biró deje de ser el representante de los trabajadores de la empresa. Su lugar lo ocupará Eduardo Juan García, director suplente y también miembro de APLA. Se estima que el gremio hará una presentación judicial para revertir esta situación.

Desde el inicio del mandato, el gobierno ha intentado avanzar en la privatización de la empresa, en un primer momento se la incluyó dentro de la Ley Bases para su privatización, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, nuevamente el gobierno buscará, con apoyo del Pro, más negociaciones con la oposición dialoguista, para poder aprobar una ley que permita privatizarla.

En el mientras tanto, el gobierno avanzó en una racionalización de la empresa sumamente deficitaria, y en este sentido, la decisión de expulsar a Biró continúa en esa dirección: un sindicalista que defendió los privilegios de una casta aeronáutica, con salarios exorbitantes lejos del valor de mercado, más choferes privados y beneficios en pasajes de primera línea. Privilegios pagados con los impuestos de todos los argentinos.

Se estima que el gobierno logró reducir en un 70% el déficit de Aerolíneas Argentinas, y en ese sentido muchas empresas ya han manifestado el interés de adquirir la empresa en caso de ser privatizada. De esta manera se la haría más eficiente aún y no dependería para su funcionamiento de los impuestos de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos nunca han podido subirse a un avión.

Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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