Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
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Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
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Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.
Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.
El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.
Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.
En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.
En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.
OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.
Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).
¿Por qué fue intervenida?
En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.
Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.
— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario
Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.
El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.
La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.
Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
La Justicia Federal de Córdoba detuvo al comisario Alejandro Falcón, hasta hace pocos días titular de la División Drogas Peligrosas (antidrogas) de la Policía Federal Argentina (PFA) en esa provincia bajo la gestión del gobernador Martín Llaryora.
Falcón, de 46 años, quedó alojado en el pabellón para efectivos de seguridad del penal de Bouwer, tras una orden dictada por el juez federal subrogante Carlos Ochoa a pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedian. Junto a él, otros tres policías federales fueron imputados por hechos conexos, aunque permanecen en libertad, algunos con prisión domiciliaria.
A Falcón se le imputan hurto calificado, falsedad ideológica, peculado continuado y dádivas (equivalente a recibir sobornos o prebendas). Estas figuras describen respectivamente, apropiarse de bienes ajenos abusando de su cargo público, adulterar actas o documentos oficiales, malversar bienes del Estado, y aceptar beneficios indebidos por su función.
La causa mezcla episodios de gravedad dispar. Por un lado, se investiga el robo de 1.800 dólares durante el allanamiento a un automovilista y de unos 2 millones de pesos en un procedimiento de secuestro de un vehículo. Según el denunciante, un policía labró un acta con el dinero incautado, pero luego llegó un superior —cuya descripción coincide con Falcón—, rompió esa acta, hizo otra y se quedó con el efectivo.
El episodio más llamativo, sin embargo, surgió de un allanamiento realizado en marzo pasado contra un cultivador de marihuana de 35 años, en el que la División Antidrogas secuestró 37 plantas, 410 semillas y —de forma insólita— diez cráneos humanos (que resultaron ser material de estudio de un estudiante de Medicina).
Días después, el joven se presentó ante la fiscalía de Hairabedian para reclamar la devolución de dos cachorros de pitbull que había entregado durante el operativo, alegando que la entrega no había sido del todo voluntaria. Falcón sostiene que pensaba incorporarlos al adiestramiento canino de la fuerza.
Una subordinada de Falcón denunció un patrón más amplio de conductas irregulares, involucrado en llevar a un amigo como testigo falso en los procedimientos (hecho que ya se habría comprobado), junto con la presunta liberación de zonas para el accionar narco, y el uso de un patrullero y combustible oficiales para viajar todos los fines de semana a Rosario y Santa Fe a visitar a su pareja, maquillando los comprobantes de esos traslados.
Falcón admitió los viajes pero los justificó como una mudanza progresiva, y para el resto de las acusaciones sostuvo que existe un policía con parecido físico a él. En su declaración indagatoria negó todas las imputaciones y argumentó que vive “ajustado”, con diez créditos tomados en el Banco Nación, lo que —según su defensa— vuelve poco creíble que necesitara robar. La Justicia espera el resultado de la apertura de cuatro celulares secuestrados para determinar la verdad de los distintos relatos.
El costado político que complica a Monteoliva
El caso trasciende lo policial porque golpea a la administración de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, de quien depende la PFA. Monteoliva es cordobesa, politóloga por la Universidad Católica de Córdoba, con una larga trayectoria en gestión de seguridad junto a Patricia Bullrich (a quien sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025) y antecedentes como ministra de Seguridad provincial en 2013.
El escándalo estalló justo cuando circulaban versiones sobre una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva por Córdoba de cara a las elecciones de 2027, y opacó una visita que tenía planeada a la capital cordobesa. Además, medios señalan que se trata del segundo episodio de fuerte repercusión que compromete a la Policía Federal bajo su gestión en pocos meses, lo que refuerza la idea de un patrón de descontrol dentro de la fuerza que ella conduce.
La Policía Federal Argentina detuvo en Tigre a Griselda Inés Ortiz, una expolicía de la Bonaerense acusada de liderar una red que reclutaba a argentinos —civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad— para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania a cambio de 3.000 euros mensuales.
La causa está caratulada como trata de personas y tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, con el fiscal Sergio Mola. Durante el allanamiento estuvieron presentes integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), especialistas en cibercrimen y personal del Departamento Trata de Persona.
La investigación arrancó el 11 de marzo de 2026, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó en un preembarque en Ezeiza a cuatro pasajeros que decían viajar a trabajar como albañiles en tareas de “reconstrucción de infraestructura” en zonas dañadas por bombardeos. Sus itinerarios llamaron la atención, ya que volaban con Turkish Airlines hacia Estambul, con conexión en Chisináu (Moldavia), para luego ingresar a Ucrania.
Interrogados, los cuatro hombres finalmente admitieron que en realidad iban al frente de combate a cambio de 3.000 euros mensuales, y que firmarían un contrato recién al llegar a territorio ucraniano. Contaron que habían sido contactados a través de plataformas digitales y que conocieron a uno de sus reclutadores apenas horas antes de ser trasladados al aeropuerto.
Cuatro meses después de ese primer hallazgo, la pesquisa llevó a identificar a Ortiz como la organizadora del reclutamiento. En el allanamiento de su vivienda —un conventillo en Tigre— se secuestraron un arma de fuego, emblemas del ejército ucraniano, formularios de reclutamiento y sus antiguas credenciales policiales con número de legajo.
También se incautó su teléfono y una plataforma que operaba con criptoactivos, cuyos fondos fueron congelados por la Justicia. Según las pesquisas, la división de tareas dentro de la red era clara, con Ortiz encargándose del reclutamiento, mientras que su pareja —un exagente de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, hoy dado de baja— se ocupaba de los traslados. Este último, identificado como Agote, permanece prófugo y habría cruzado a Brasil. Hasta el momento se identificaron cuatro víctimas, todos varones.
La calificación de “trata de personas” resulta llamativa porque no se trata del típico esquema de explotación sexual o laboral clásico, sino de reclutamiento para combate armado bajo engaño. Sin embargo, en el domicilio de Ortiz no se encontró evidencia documental adicional ni indicios claros de coerción física sobre las víctimas, lo que deja abierta la discusión judicial sobre si corresponde estrictamente esa figura penal o una calificación distinta.
El patrón coincide con el marco señalado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que documentó que Rusia construyó un “sistema global de trata de personas” para reforzar sus filas, reclutando desde 2022 a al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países, entre ellos entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos.
Este caso no es aislado. Desde 2024 se sabe que hay argentinos, en su mayoría retirados del Ejército, prestando servicios en la guerra ucraniana, tanto del lado ucraniano como del ruso. Del lado ucraniano, la Legión Internacional de Defensa Territorial ofrece abiertamente sueldos de hasta 4.800 dólares mensuales para quienes se desempeñan en combate, con contratos de tres años.
Del lado ruso, se conoció el caso de Dante Gianni Bettiga, un joven de Ushuaia que viajó a Rusia para estudiar idioma, abandonó sus estudios, aceptó una oferta laboral vinculada a una empresa que contrataba personal para el ejército ruso y, al intentar darse de baja, se lo enviaron igualmente al frente. Medios especializados en cobertura de guerra confirmaron la presencia de argentinos en unidades de infantería y apoyo táctico en el este de Ucrania, y se reportaron en los últimos meses muertes de connacionales en combate, incluyendo tres casos en la región de Sumy por ataques con drones y minas. El Ejército Argentino, por su parte, aclaró oficialmente que no mantiene ninguna relación institucional con estas convocatorias.
Las cifras del negocio del reclutamiento
Los montos que circulan en este tipo de redes varían según la fuente y el nivel de riesgo asumido. Las cifras oficiales publicadas por Ucrania hablan de escalas de pago, de alrededor de 550 dólares mensuales fuera de zona de combate, 1.100 dólares en zonas de peligro y hasta 4.800 dólares para quienes están desplegados en primera línea.
En junio de 2026, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski anunció además una suba salarial que llevaría los pagos a combatientes de primera línea a unos 5.800 euros mensuales. Los 3.000 euros que ofrecía la red de Ortiz se ubican, entonces, dentro del rango “estándar” de lo que suele pagarse a extranjeros en el frente, lo que explica por qué la oferta resultó creíble para las víctimas.
De acuerdo a lo trascendido, especialistas en la cobertura de la guerra ya venían advirtiendo que “se multiplican los casos públicos de ciudadanos [argentinos] involucrados en el conflicto, con bajas confirmadas y también denuncias de captación engañosa”. Incluso se registraron denuncias sobre redes rusas que reclutaban mujeres argentinas bajo el programa “Alabuga Start”, ofreciendo empleos que terminaban vinculados a la industria de defensa rusa, lo que motivó una investigación de Interpol y denuncias judiciales en Argentina por presunta infracción al artículo 145 del Código Penal (trata de personas).
Esto sugiere que el caso de Ortiz no es un hecho nada más, sino que forma parte de una empresa de intermediarios que operan aprovechando la necesidad económica y la falta de regulación clara sobre el reclutamiento de civiles para conflictos armados en el extranjero.
Las dudas crecen ante la expansión de contratos con hiperescaladores y la ausencia de mapeo oficial que permita saber qué información circula por servidores extranjeros, bajo qué jurisdicción queda y qué ocurre ante filtraciones.
El reclamo fue presentado por Juan Carlos Valiente, quien asegura haber entregado el dinero como préstamo con la promesa de devolución de dos meses durante la campaña política de 2024.
La firma Unity Marine prevé producir 50.000 toneladas anuales de salmón alrededor de la isla Soledad, en aguas que la Argentina reclama como propias y donde el negocio podría equivaler al 11% del PBI isleño.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
