Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
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Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
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El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, con sede en la ciudad de Santa Fe, y le dio de baja la asistencia financiera tras detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Los recursos debían destinarse a la compra de alimentos para un comedor comunitario, pero habrían sido utilizados en consumos en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.
La Tarjeta Institucional es una herramienta creada para fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social. La cuenta asociada al programa solo admite depósitos del Estado provincial, único habilitado a cargar fondos, por lo que todos los movimientos deberían corresponder a compras para los beneficiarios.
Las inconsistencias surgieron durante las auditorías que realiza de manera habitual el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Allí se advirtió que las rendiciones presentadas por la organización para justificar los gastos no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta. Entre los consumos observados figuraron gastos en cadenas de hamburguesas como McDonald’s, además de bares, restoranes y kioscos que no guardan relación con el objeto del programa alimentario.
A partir de estas observaciones, y con el fin de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, la Provincia resolvió suspender la entrega de fondos, avanzar con la denuncia penal y poner toda la documentación relevada a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.
El caso se vincula a la figura de Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que condujo la organización hasta abril de 2024. En julio de 2025, Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego de una investigación administrativa que determinó un elevado nivel de ausentismo laboral: de los últimos 2.103 días registrados, había asistido a trabajar en 651 jornadas y se había ausentado en 1.452.
– El video que publicó Rossi en sus redes tras la denuncia
Rossi había ingresado a la EPE en julio de 2015, cuando el acceso del personal era “hereditario” o por “derecho de sangre”, es decir que los empleados ocupaban el lugar que dejaba vacante un familiar directo. La actual gestión modificó ese mecanismo y estableció el ingreso por concurso público, según capacidad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos que se transfieren a organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
Una familia de la provincia de San Juan fue condenada por robar dinero a personas vulnerables que eran beneficiarias de planes sociales del Estado nacional. Actuaron durante años mediante un esquema organizado, fueron descubiertos en 2017 y finalmente recibieron una condena, pero no la cumplirán en la cárcel.
El proceso judicial tuvo un giro importante en mayo de este año, siendo que los tres imputados optaron por un juicio abreviado. Este mecanismo procesal implica que los acusados reconocen su responsabilidad penal a cambio de una reducción en la pena solicitada. En este hecho, admitieron los delitos de estafa agravada contra la administración pública y asociación ilícita ante el juez federal Hugo Echegaray.
El Tribunal Oral Federal dictó una condena de tres años de prisión en suspenso para los Saavedra, lo que implica que quedaron formalmente condenados, aunque no deberán cumplir la pena tras las rejas. La decisión se explica por lo previsto en el Artículo 26 del Código Penal Argentino, que habilita la condena condicional cuando la pena impuesta no supera los tres años de prisión y se trata de la primera condena del imputado.
Dada las condiciones, ninguno tenía antecedentes penales y aunque la Fiscalía había solicitado prisión efectiva, el juez Echegaray resolvió otorgar la condena en suspenso. Lejos de significar una absolución, esta figura deja a los acusados con antecedentes penales y bajo un período de prueba, durante el cual, si vuelven a delinquir, deberán cumplir efectivamente esta condena junto con la nueva.
Además de la condena, el juez les impuso una serie de obligaciones concretas, entre ellas fijar residencia, por lo que no podrán mudarse sin autorización judicial, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajo comunitario. En la situación de Juan José Saavedra, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, una medida especialmente relevante si se tiene en cuenta que el agravante de su delito estuvo vinculado justamente al abuso de su función estatal.
— El puntero político, Romeo Saavedra
Dentro de la maniobra ilícita, los Saavedra habrían cumplido roles bien definidos. Romeo Isidoro Saavedra, un histórico puntero político del Partido Justicialista en el municipio de Chimbas, habría sido el jefe operativo y el encargado de ir personalmente a los cajeros automáticos para retirar el dinero con las tarjetas de los beneficiarios.
Su hija, Sol Araceli Saavedra, habría actuado como captadora, reclutando a jóvenes, en especial estudiantes universitarios, a quienes les ofrecía la posibilidad de acceder a programas como la Beca Progresar, destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años que quieren estudiar (nivel primario, secundario, terciario o universitario) y cuyos ingresos familiares no superen los tres salarios mínimos. Es un programa pensado justamente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La familia Saavedra aprovechó ese perfil (jóvenes con necesidades económicas) para reclutarlos fácilmente. En tanto, Juan José Saavedra, hermano de Romeo, habría operado como enlace institucional desde la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde presuntamente facilitaba trámites para habilitar tarjetas y aprobar beneficios.
Un dato clave que ayudó a detectar el sistema de fraude fue que varias tarjetas compartían la misma contraseña. Según la investigación, la familia devolvía solo una pequeña parte del monto a los beneficiarios reales y se quedaba con el resto, en torno del 60% del dinero acreditado. Así, por ejemplo, de un plan de $1.800, la persona recibía apenas $800.
El esquema se derrumbó el 20 de diciembre de 2017 de una manera casi accidental. Romeo Saavedra estaba en un cajero del Banco Hipotecario haciendo múltiples extracciones consecutivas con distintas tarjetas. Otros clientes, hartos de esperar en la fila, alertaron a la Policía. Al ser interceptado, llevaba encima 51 tarjetas sociales y aproximadamente $80.000 en efectivo recién retirados.
Eso disparó una indagación judicial a cargo del juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, que durante años fue construyendo el caso contra toda la estructura familiar. La causa terminó contabilizando 51 hechos delictivos.
El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, lanzó duras críticas contra el oficialismo libertario. Acusó a La Libertad Avanza dehaber roto un acuerdo político en torno a la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un órgano parlamentario clave porque tiene a su cargo el control del accionar y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
“A mí me lo ofrecieron”, aseguró en una entrevista en TN. “Pero cambiaron de opinión”, ironizó sobre la decisión final del Gobierno, que terminó por imponer al diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Ritondo precisó que el ofrecimiento databa de varios meses atrás. “El 10 de diciembre yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como parte del PRO”. Aclaró que ese pedido inicial no apuntaba a la presidencia sino a un asiento en el cuerpo. “No es que lo pedimos: me lo ofrecieron. Que es peor”, remarcó.
“Les dije que sentía que me habían mentido. No sólo en la política, en la vida cuando uno le miente a otro pierde la confianza”, agregó, y respondió que “sin duda” los libertarios rompieron un acuerdo: “Como cualquier relación, cuando se miente, cuando no se cumple con lo que uno dice u ofrece, falla en la palabra. Y cuando falla en la palabra, falta en la confianza. En general el más afectado es el que miente”, lamentó el legislador.
Ritondo dejó entrever, además, que la pelea por la conducción podría haber tenido otro desenlace. Sostuvo que tenía votos suficientes de la oposición y del Senado para imponerse, pero descartó esa vía con un argumento de principios: “Yo no voy a robar una presidencia, el PRO no va a robar una presidencia”. La interna libertaria que rodea la designación, en cambio, no le quitó el sueño. “Es un problema de ellos”, zanjó.
La controversia se inscribe en la disputa de poder que mantienen Karina Milei y el asesor Santiago Caputo (quien tiene buena relación con Ritondo) y había impulsado su nombre para conducir la bicameral. Fue la propia hermana del Presidente quien rompió el acuerdo e impuso a Pareja como una manera de controlar la SIDE (organismo que maneja Caputo a través del contador Cristian Auguadra).
Con este panorama, Pareja, una persona de extrema confianza de la Hermanísima pasó a tener en sus manos la lupa sobre las acciones y los gastos reservados de la central de inteligencia.
La promesa incumplida había sido formulada, según la reconstrucción de los hechos, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habría asegurado que la silla principal de la bicameral sería para Ritondo. Esa palabra fue presenciada por dirigentes como Diego Santilli y (el hoy díscolo) Oscar Zago. Menem mantiene un lazo estrecho con Karina, al igual que su primo “Lule” Menem. Ambos son artífices políticos de la secretaria general.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concluyó el mega operativo simultáneo en varias villas y asentamientos de Buenos Aires para hacer controles, allanamientos y clausuras. Según las coberturas oficiales, el objetivo fue frenar delitos como narcomenudeo, armas ilegales, vehículos con pedido de secuestro y comercios irregulares.
“Vamos a impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Más de 1.500 uniformados formaron parte del procedimiento, entre dos helicópteros, un vehículo blindado, drones y fuerzas especiales, de acuerdo con lo trascendido. La aglomeración policialcomenzó pasadas las 7 de la tarde y se registraron al menos 27 personas y la clausura de 25 comercios.
Los lugares alcanzados incluyeron villas y barrios como 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre. La novedad no fue solo la cantidad de personal, sino la simultaneidad, siendo que la idea fue actuar en muchos puntos a la vez para evitar que los grupos delictivos se lograsen reacomodar.
El operativo apuntó a tres frentes. El primero y más importante, fue capturar personas con pedido de detención, desactivar puntos de venta de droga y revisar vehículos y comercios sospechosos. En los primeros minutos de la misión, incluso se reportó el hallazgo de armas cortas y dosis de cocaína listas para la venta minorista.
Además del componente policial, hubo una parte de “ordenamiento urbano”, con retiro de autos abandonados, control de chatarrerías, inspección de locales, clausuras y limpieza de espacios ocupados de forma irregular. Eso muestra que el gobierno porteño no lo planteó solo como un operativo contra el delito, sino también como una intervención sobre el espacio público.
El nombre elegido por el Ministerio de Seguridad porteño para este despliegue fue el de “Tormenta Negra”. Jorge Macri lo presentó como algo “sin antecedentes en la Ciudad” y lo vinculó con la necesidad de “orden” y “seguridad”. En sus declaraciones, sostuvo que no quieren que el delito de la provincia, administrada por el gobernador Axel Kicillof, se instale en la Ciudad y dijo que van a perseguir a quienes “vengan de afuera a molestar a los porteños”.
En la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, marcó con aerosol uno de los puntos detectados como búnker de venta de drogas. Al señalar la fachada de la vivienda con una cruz roja, destacando que en el lugar “tenían dosis listas para la venta y armas”. Luego de los operativos, personal porteño levanta una pared interior para impedir que la casa vuelva a ser ocupada por narcos y que el punto de venta retome su actividad.
En la villa 31 fueron detenidas cinco personas por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Asimismo, durante los procedimientos se secuestraron envoltorios con marihuana y pasta base, además de teléfonos celulares y armas de fuego. En paralelo, por distintas infracciones de tránsito, las autoridades secuestraron 14 motocicletas y cinco automóviles por falta de documentación.
Además del búnker narco clausurado en la Villa 31, el operativo previó medidas similares en otros tres puntos identificados como centros de comercialización de drogas. Los inmuebles destacados estarían ubicados en las villas 15, Zavaleta y Fraga.
Desde el Gobierno porteño señalaron que estos procedimientos especiales orientados a la prevención del delito se incorporan a los operativos de control que ya se desarrollan en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, precisaron que durante los últimos ocho meses fueron inspeccionados 110.000 vehículos y 123.000 personas en los puntos de ingreso y egreso del territorio porteño, tanto en la avenida General Paz como en los puentes que atraviesan el Riachuelo.
En esos controles aleatorios de identidad fueron detenidas 98 personas con pedidos de captura vigentes por delitos como robo, hurto, lesiones, encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, las autoridades informaron que se labraron 15.000 infracciones a conductores de vehículos.
Más tarde, durante una entrevista con el medio de LN+, Jorge Macri aseguró que se trata del primer operativo de control realizado en las villas porteñas y se remarcó que “en la Ciudad tiene que haber orden y no se puede construir en cualquier lado”.
A la medianoche, felicitó al ministro de Seguridad porteño, al secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro, al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló y a los efectivos que participaron del operativo. A través de un mensaje, agradeció “el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días para que la ley se cumpla y el orden se respete”.
Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
La morosidad de las familias se cuadruplicó en un año y entre los jóvenes de 18 a 21 ya alcanza al 40%. El golpe es más fuerte en el Conurbano y entre los que menos ganan.
El Gobierno provincial le cortó la asistencia y la denunció ante la Justicia tras detectar consumos en cadenas de comida rápida, restoranes y kioscos. La entidad, conocida como “Movimiento Mahatma Gandhi”, estuvo conducida por Luciano “Chano” Rossi.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
