Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por el presunto vaciamiento de fondos depositados en cuentas judiciales. Ríos Artacho fue jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario entre 2017 y 2024, cargo del que renunció el 25 de junio de 2024 tras enfrentarse a sanciones internas.
Según la acusación fiscal, durante casi siete años –de 2017 a julio de 2024– habría autorizado extracciones irregulares de dinero destinado a fianzas, cauciones y secuestros judiciales, montos que serían utilizados en sus “apuestas personales”.
El monto desviado asciende en total a entre $245 y $425 millones. Por estos hechos, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani imputaron a Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita, y le atribuyen delitos de peculado, fraude a la administración pública y falsedad ideológica.
“Tengo problemas de juego que arrastro con altibajos desde hace años. Renuncié a mi cargo de fiscal en 2024 por eso. Ofrezco a la Fiscalía que está formulando estos cargos en mi contra toda mi colaboración. Y también una reparación del daño. Pido disculpas a todas las personas que confiaron en mí en especial a mi familia a la que defraudé. Mis padres no me criaron para esto”, afirmó el propio Ríos Artacho ante la Justicia.
Hijo de un prestigioso exjuez penal de Santa Fe, Ríos Artacho era considerado un funcionario especializado en causas complejas. En 2024 se lo suspendió tras conocerse que permitió irregularmente la entrega de un Mercedes incautado a un comisario (amigo suyo), y poco después dejó su cargo. Su caso emergió cuando los propios colegas del MPA detectaron anomalías en una cuenta judicial y derivaron la causa a la Unidad Especial de Funcionarios Públicos que dirige Spelta.
De acuerdo a la investigación aún en curso, las maniobras ocurrieron de modo sistemático entre 2017 y 2024. En agosto de 2026 la Policía Federal realizó 15 allanamientos en Rosario y Córdoba, deteniendo a Ríos Artacho y a ocho sospechosos más. En esos operativos se secuestraron documentos, teléfonos y dinero en efectivo. La audiencia de formulación de cargos se realizó recién en septiembre de 2026, donde Ríos Artacho fue formalmente imputado. Actualmente el juicio está en trámite (y la Fiscalía pidió prisión preventiva para él y otros acusados).
Para los fiscales, Ríos Artacho usaba su cargo para manejar cuentas judiciales como propias. Con su firma autorizaba oficios a bancos permitiendo transferencias o retiros de dinero que correspondía a fianzas, cauciones o secuestros de causas penales. Esas extracciones no iban a las víctimas o al Estado, sino que terminaban siendo tomadas por Ríos Artacho o sus colaboradores.
El esquema empleaba prestanombres para camuflar el origen de los fondos y con varias personas (Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C., Daniel Ballistreri y otros) prestaban sus cuentas bancarias o identidad para que Ríos Artacho pudiera retirar dinero sin figurar él directamente. Incluso, cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o probation, el abogado Emilio Rubén Barcacia (excuñado del fiscal) llevaba dinero en efectivo al banco para “reponer” temporalmente los saldos de las cuentas vaciadas, de modo que el faltante no saltara a la vista al juez.
La ludopatía (trastorno compulsivo por el juego) es un factor clave en la hipótesis de la defensa. Conforme a los acusadores, la adicción de Ríos Artacho fue la “raíz” de su conducta. Los fiscales citan el hecho de que, tras el ingreso en vigor de la ley de autoexclusión en Santa Fe, él y otros indagados frecuentaban casinos de provincias vecinas o de Paraguay para seguir apostando.
En la audiencia judicial Ríos Artacho reconoció parte de las maniobras pero la justificó por su adicción al juego. Ante la jueza afirmó claramente: “Soy ludópata”. Relató que lleva años arrastrando problemas con los casinos (llegó a desplazarse en pandemia hasta Foz de Iguazú en la Triple Frontera para apostar, ya que estaban cerrados en Argentina). Su hábito le generó deudas enormes y dijo que administraba los fondos judiciales “como si fuera mi billetera”.
“Íbamos y volvimos en el día”, subrayó y agregó que era un deudor de nivel cinco ante el BCRA que es identificada como una escala irrecuperable de deuda.
En su descargo pidió disculpas públicas a su familia y al MPA. Asimismo negó que hubiera organizado una banda delictiva, asegurando que fue él quien “arrastró” a otros imputados con sus órdenes. Es decir, admitió el uso ilegal de dinero pero sostuvo que el resto de los acusados actuó por sus instrucciones o por haberle prestado dinero, no como parte de un plan previo establecido.
Ríos Artacho fue de manera controvertida y opaca, quien le habilitó una probation en 2021 al director regional de la exAFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien como arrepentido reconoció todo tipo de ilicitos fiscales en favor de empresas. La probation fue por hacerse cargo que eran suyos USD$200 mil hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin imputado por estafa.
Acusados y defensa
Además de Mariano Ríos Artacho, otras demás personas fueron imputadas en la causa por el presunto desvío de fondos de cuentas judiciales. Entre ellas se encuentran Fabricio Emanuel Romero y Julio Mercado, señalados por la Fiscalía como organizadores de la supuesta estructura junto con el exfiscal. Los investigadores sostienen que ambos mantenían una relación cercana con Ríos Artacho, reflejada en numerosas comunicaciones y transferencias bancarias, y les atribuyen haber participado en la captación de prestanombres y en la distribución del dinero extraído.
En función de la hipótesis fiscal, habría intervenido en la recomposición temporal de los saldos de cuentas judiciales previamente vaciadas mediante depósitos de dinero. Barcacia negó haber conocido el origen y la finalidad de las operaciones y rechazó haber formado parte de una supuesta maniobra delictiva.
Como trascendió, lo más desconcertante es que durante años un fiscal en funciones dispuso en beneficio propio de esos fondos cautelados y nadie lo detectó. Actualmente Ríos Artacho está detenido desde septiembre de 2026, acusado formalmente de varios delitos. En la audiencia de imputación, que duró casi nueve horas, admitió los hechos con salvedades (poniendo el acento en su adicción) y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación.
La acusación también alcanzó a Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola B., Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, a quienes los investigadores atribuyen haber aportado cuentas bancarias o realizado retiros de dinero que posteriormente habría llegado a Ríos Artacho. Las defensas, sin embargo, sostienen que varios de ellos actuaron sin conocer el origen judicial de los fondos y que fueron involucrados a partir de relaciones personales o económicas con el exfiscal.
Uno de los casos mencionados fue el de Ballistreri, cuya defensa aseguró que había prestado $150.000 a Ríos Artacho y que posteriormente recibió la devolución desde una cuenta judicial sin saber de dónde provenía el dinero. Sobre esa base, los abogados de los imputados rechazan la existencia de una organización criminal estable y sostienen que, en distintos casos, sus clientes fueron engañados o actuaron confiando en el exfiscal.
En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.
“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.
“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.
Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.
La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.
Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.
Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.
“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).
— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi
El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.
— El Papa Francisco con Ángel Rossi
“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.
La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.
Las ventas de los comercios minoristas pyme cerraron agosto con una caída del 0,2% frente al mismo mes de 2025. El número parece inofensivo pero descansa sobre una base ya deprimida: el índice quedó en 82,7 puntos, más de diecisiete por debajo de los 100 que marcó diciembre de 2022, mes que citada entidad toma como referencia.
La comparación contra julio es más dura. En la medición desestacionalizada, que descuenta el peso propio de cada mes del calendario, la actividad retrocedió 2,7%. Con ese arrastre, el acumulado del año trepó a -2,4% y agosto se convirtió en la segunda baja interanual consecutiva.
De los ocho meses y contando solo junio dio positivo, con un magro 0,9% que quedó sepultado en julio por un derrumbe del 3,8%.
Cuatro rubros en verde y un índice en rojo
Cuatro de los siete sectores relevados terminaron agosto por encima del año pasado, y aun así el promedio general cayó. La explicación está en qué rubros crecieron y por qué.
El salto lo dio Perfumería, con un alza interanual del 12,8%. Los comerciantes atribuyen el movimiento al Día del Niño, que ubican entre las tres o cuatro jornadas de mayor facturación del año para el sector, y a la irrupción formal de dos categorías que traccionaron con fuerza durante el mes: la perfumería árabe y las líneas de cuidado facial coreanas. Textil e indumentaria avanzó 6,4%, empujado por ropa infantil y deportiva, mientras la vestimenta formal siguió planchada. Calzado y marroquinería subió 1,2% con zapatillas urbanas, calzado escolar y carteras económicas; los zapatos de vestir y las líneas de cuero para adultos quedaron paralizados, limitados a la reposición por desgaste. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción arañó un 0,3% a fuerza de reparaciones domésticas menores y tickets de bajo valor unitario, con la obra nueva y las remodelaciones integrales postergadas.
Del otro lado del tablero está el rubro que más pesa en la góndola cotidiana. Alimentos y bebidas cayó 2,5% interanual y 3,6% contra julio, condicionado por la absorción del ingreso familiar en tarifas de servicios y por un endeudamiento de los hogares que no cede. El reinicio del ciclo lectivo y el Día del Niño empujaron panificados y repostería durante unos días, pero el volumen físico total se mantuvo pegado a la reposición de primera necesidad. Factores climáticos recortaron la disponibilidad de verduras de hoja y papa, con alzas que retrajeron el consumo de frescos, y la brecha de precios frente a las grandes superficies se llevó las compras de mayor escala fuera del barrio. Los almacenes respondieron con ofertas combinadas y fraccionamiento de productos básicos para mover inventario.
El peor desempeño del mes fue para Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, con una baja del 4,8% interanual que estira el acumulado anual a -9,7%. El gasto decorativo quedó postergado y la demanda se limitó a la reposición indispensable de vajilla y material de cocina, después de comparaciones de precios exhaustivas. Farmacia, en tanto, retrocedió 0,5% interanual y 4,5% contra julio, la caída mensual más pronunciada de la medición: la dispensa se concentró en tratamientos crónicos, la dermocosmética profundizó su contracción y los pacientes se volcaron de manera sistemática a genéricos, al fraccionamiento de tratamientos y a llevar únicamente lo que tiene cobertura total de obra social o PAMI.
El humor del mostrador: complicado
El balance cualitativo agrega la temperatura que los porcentajes esconden. El 46,5% de los dueños consultados dijo que su negocio está peor que hace un año, dos puntos por encima del 44,5% de julio. Otro 47,4% respondió que se mantuvo igual y apenas el 6,1% reportó una mejora en su desempeño operativo.
Hacia adelante, el 43,9% espera que su situación económica siga sin cambios y el 42,8% proyecta un escenario mejor dentro de doce meses, prácticamente lo mismo que en julio. El 13,3% restante anticipa un deterioro.
La pregunta que más define el momento es la de las decisiones de fondos: el 57,9% considera que no es momento de invertir en su firma, el 28,6% no fijó postura y solo el 13,5% respondió que sí.
El trasfondo político de la embestida judicial contra Marcela Pagano desnuda las contradicciones internas y los curiosos movimientos dentro del espacio oficialista. La causa que terminó archivada en Comodoro Py no surgió de la nada, sino de una presentación formal firmada por quince diputados nacionales de La Libertad Avanza, entre quienes se destacaron nombres alineados con la interna oficialista como María Celeste Ponce y Lilia Lemoine.
La principal denunciante, la diputada nacional Lilia Bolukalo Lemoine, junto al abogado patrocinante, Hernán Seivane.
Detrás del armado legal estuvo el abogado patrocinante Hernán Seivane, un letrado con un llamativo historial político que incluye registros fotográficos junto a figuras como Manuela Castañeira y Juan Grabois, un posterior paso por el bando mileísta y un reciente salto: anunció que ahora trabajará para Ramón “El Nene” Vera, histórico dirigente kirchnerista reconvertido en “liberal” por milagro, como sucedió con tantos otros dirigentes de la talla de Leila Gianni o Daniel Scioli.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (su nuevo jefe) y Sebastián Pareja
El archivo judicial
La denuncia impulsada por los quince legisladores oficialistas apuntaba contra Marcela Pagano por supuesta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El escrito sostenía que la diputada se valía de su cargo y de su pareja para supuestamente ocultar bienes, además de deslizar graves acusaciones sobre supuestosretornos de dinero de personal parlamentario, presuntos vínculos con diplomáticos extranjeros y viajes al exterior. Un combo de imputaciones que carecía de respaldo probatorio pero que servía como ariete político dentro de la interna, motivo por el que la Justicia archivó la causa.
La diputada nacional Marcela Pagano, la denunciada por el oficialismo.
La juez María Romilda Servini respaldó el dictamen fiscal que desestimó la denuncia punto por punto al comprobar que no existía ninguna hipótesis delictiva. La resolución detalló los nueve motivos centrales por los cuales el expediente quedó descartado:
1. Las operaciones inmobiliarias cuestionadas ocurrieron meses antes de que Pagano asumiera como diputada nacional, durante 2023.
2. La adquisición del departamento en la calle Migueletes se realizó con fondos debidamente acreditados por la venta previa de otra propiedad que la periodista tenía desde 2011.
3. El monto en efectivo declarado respondía a ahorros previos y la fecha errónea en el sistema oficial se debió a un error administrativo y no a una omisión maliciosa.
4. Respecto a la situación de Franco Bindi, la Justicia determinó que no existía unión convivencial formal ni obligación de informar bienes ajenos, ya que la convivencia comenzó formalmente años después.
5. La mención a un supuesto inmueble en Nordelta carecía por completo de ubicación, valor o elementos que lo vincularan con la legisladora.
6. Los viajes al exterior mencionados por una exempleada no demostraron ningún incremento patrimonial injustificado.
7. Las acusaciones sobre supuestos retornos de sueldos del personal parlamentario se basaban en recortes mediáticos y carecían de pruebas concretas.
8. La supuesta asociación ilícita con vínculos internacionales mencionada en el escrito no describía ninguna organización criminal, roles ni un plan delictivo real.
9. La presentación incumplía los requisitos legales básicos al omitir circunstancias de tiempo, modo y lugar, convirtiéndose en un escrito vacío de contenido probatorio.
De este modo, la maniobra judicial impulsada por el sector oficialista quedó totalmente desinflada en los tribunales, dejando en evidencia una presentación carente de rigor jurídico que terminó colapsando bajo su propio peso probatorio.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Juan Grabois y junto a Manuela Castañeira.
La doble vara oficialista
El contraste entre la embestida judicial archivada contra Pagano y la realidad interna de La Libertad Avanza desnuda una evidente doble vara. Mientras un sector del oficialismo impulsó una causa vacía de contenido para castigar a una disidencia, las irregularidades y los escándalos con pruebas concretas dentro de la propia oficialista se acumulan sin la misma vara de exigencia.
El ejemplo más claro ocurrió con Manuel Adorni, quien quedó cercado por inconsistencias patrimoniales tras acumular prórrogas y demoras para presentar su declaración jurada, a pesar de que el propio Javier Milei había afirmado meses antes que el funcionario ya la tenía preparada.
Manuel Adorni y su esposa subiendo al avión privado cuya compra de pasajes aún no puede justificar.
Otro caso elocuente involucra a la diputada nacional María Celeste Ponce, precisamente, una de quienes firmaron la denuncia contra Pagano. Esta diputada fue gravemente cuestionada y denunciada mediáticamente en 2024 por su exasesora Guillermina Ruiz, quien la acusó de exigirle retornos mensuales de hasta $500 mil de su sueldo y aportó pruebas documentadas de varias transferencias bancarias, incluso permitiéndole acceder a los movimientos de su cuenta bancaria al periodista Tomás Díaz Cueto, hoy más alineado con el propio espacio de Ponce.
Lejos de recibir el castigo interno o la presión judicial que el espacio impulsó contra otros, Ponce fue públicamente blindada por su compañera de bloque Lilia Lemoine, a pesar de que los registros difundidos por la exasistente salpicaban directamente al entorno y exponían una red de complicidades dentro de la misma tropa libertaria. Ponce fue denunciada por Eduardo “El Presto” Prestofelippo a raíz de esta causa. A pesar de la facilidad con la que la Justicia Federal podría haber accedido a esos registros del Banco Nación, la causa fue archivada raudamente sin realizar ningún tipo de investigación, sin llamar a testigos a declarar, ni corroborar absolutamente nada.
La diputada nacional María Celeste Ponce junto al presidente, Javier Milei.
La persecución interna impulsada por este sector no se limita a figuras institucionales, sino que también apunta contra la propia militancia y disidencia tuitera del espacio.El mismo abogado y los mismos actores involucrados en la embestida contra Pagano han quedado señalados por armar listas negras y promover causas judiciales contra militantes libertarios críticos, demostrando que el aparato judicial y mediático del oficialismo opera de manera sistemática parasilenciar cualquier voz interna que cuestione los privilegios y las contradicciones de la cúpula dirigente.
Mientras la justicia sepultó la opereta contra Pagano por falta absoluta de elementos, el oficialismo opta por mirar hacia otro lado cuando las pruebas de corrupción y desmanejos florecen en su propio búnker.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investigó la recopilación de correos electrónicos privados de políticos, periodistas, dirigentes y miembros de las fuerzas de seguridad.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificaron el fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y cerraron el expediente para todos los imputados.
Además de Macri y de quienes condujeron el área de inteligencia durante su gobierno, el sobreseimiento alcanzó a dos agentes cuya identidad se mantuvo reservada.
El eje de la decisión fue la prueba. Para la Cámara, el material que dio origen a la investigación quedó afectado por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”, en la misma línea que había resuelto Martínez De Giorgi. Los jueces recordaron que el magistrado de primera instancia descartó por falta de resguardo los dos discos rígidos sobre los que se apoyó todo el expediente, y remarcaron que la querella no logró probar que el contenido de esos soportes “hubiera sido resguardado de modo tal que permitiera garantizar su autenticidad e integridad”.
“No ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida”, sostuvo el tribunal en la resolución. Los camaristas apuntaron que no accedieron “a documentación alguna que permita inferir la utilización de protocolo o metodología alguna que asegure la integridad de la prueba”.
Cómo llegaron los discos al expediente
La causa se abrió el 26 de mayo de 2020, a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, entonces interventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández. Según relató, un análisis de rutina sobre los soportes tecnológicos del organismo permitió hallar un disco rígido marca Western Digital en las dependencias de la agencia, con rastros de la conexión de varios pendrives utilizados para almacenar información de inteligencia sobre numerosas personas del ámbito político, periodístico y policial.
Los técnicos recuperaron información que había sido borrada de manera no segura y reconstruyeron con ese material una recolección de correos electrónicos privados obtenida, de acuerdo con la denuncia, sin orden ni autorización judicial. En su presentación la intervención de la AFI habló de una “recolección sistemática de correos electrónicos privados”.
El informe adjunto a la denuncia permitió identificar, mediante el sistema de credenciales, a los dos agentes que habrían accedido al contenido del disco. No fue posible, en cambio, establecer con precisión en qué área de la agencia se produjo ese acceso, porque el personal involucrado rotaba entre distintas dependencias.
Semanas más tarde se sumó una segunda presentación, vinculada a la agrupación política Kolina. Su denunciante afirmó que tomó conocimiento del caso primero por una nota periodística que la incluía entre las víctimas del espionaje ilegal y luego por un informe emitido en el programa “GPS” el 7 de junio de 2020, según el cual la AFI habría infiltrado a “una agente encubierta” dentro de esa agrupación. Ese tramo del expediente no fue apelado por la querella.
Los agujeros que detectaron los peritos: “la imputación queda desprovista de sustento”
Los magistrados detallaron las irregularidades que restaron valor probatorio a los soportes. Uno de los discos llegó cerrado y precintado, pero sin documentación de adquisición ni registro de su trazabilidad; el otro no contaba con una planilla que diera cuenta de su preservación. A eso se sumó un dato que el tribunal consideró determinante: “No se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos”, una omisión que impidió reconstruir con certeza el origen del material y las condiciones en que fue incautado.
El peritaje oficial concluyó que “resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido, así como las fechas de creación, acceso o modificación” de sus archivos, sin dejar rastro. Los expertos explicaron que alcanza con cambiar el horario del equipo utilizado para alterar la marca temporal de los archivos.
Los peritos determinaron también que los correos electrónicos hallados no ingresaron por la vía natural que prevé el programa Outlook. Los archivos en formato.PSThabrían sido modificados en 2017 mediante la incorporación manual de correos desde medios externos, es decir, cargados a mano en la casilla en lugar de recibidos por el sistema.
Otro obstáculo apareció al momento de ponerle nombre y apellido a quienes manipularon los equipos: el acceso al sistema se realizó mediante un usuario genérico llamado “User”, lo que impidió identificar qué personas físicas los operaron. Las conclusiones periciales tampoco lograron establecer si los discos formaban parte de la red informática oficial de la AFI.
Con ese cuadro, el fallo desestimó el argumento de la querella según el cual la extracción del material había cumplido con los protocolos. La Cámara consideró decisivo que “no existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados” y cerró el razonamiento con una fórmula tajante: “Excluida la aptitud probatoria de los discos rígidos, la imputación queda desprovista de sustento”.
Una seguidilla de fallos
La resolución llegó pocos días después de otras dos decisiones de la misma Sala I, que la semana pasada sobreseyó a Macri por la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional y a Javier Milei y a Luis “Toto” Caputo por su declaración jurada de bienes.
El tribunal se integró con Llorens y con Bertuzzi, quien recibió un nuevo acuerdo del Senado y fue reconfirmado en el cargo. Junto a él llegó el camarista Pablo Yadarola, que integra otra sala y no votó en estos casos.
Con la confirmación total de la decisión de primera instancia la causa por la recolección de correos electrónicos a partir de los discos hallados en la AFI quedó cerrada para Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los beneficiados por el sobreseimiento.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
Joaquín De la Torre planteó una fuerza federal permanente, con formación militar, que responda directamente a Nación y se ocupe de los delitos complejos y la inteligencia. Apuntó contra Kicillof y sostuvo que “está claro” que al Gobernador le resulta imposible hacerse cargo de la seguridad.
Se trata del Barrio Amarillo de Lobos, donde en febrero de 2025 el municipio adjudicó la terminación de treinta casas por $1.400 millones a una empresa que fue la única oferente. Las fotos incorporadas al expediente en mayo de 2026 muestran las estructuras sin condiciones de habitabilidad.
Se habrían trasladado alrededor de 13 toneladas durante cuatro operaciones realizadas en 2024. Bausili aseguró que permanecen depositadas en Suiza, mientras que otros afirman que las barras están físicamente en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
