Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
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Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
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Con la promesa de “señales de mejora en el clima social” estampada en la tapa, Zentrix difundió su Monitor de Opinión Pública de agosto. La consultora sostiene que se mantiene firme la base que respalda el modelo económico de cara a 2027, aunque los datos que eligió hacer públicos dibujan un país que llega a fin de mes a fuerza de préstamos. El 60,2% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.
Lo que se compra con esa plata dice más que el porcentaje. El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, otro 20,4% para pagar tarifas y servicios, y apenas el 10,7% para adquirir bienes durables, la clase de deuda que suele leerse como apuesta al futuro y que acá empata con las situaciones imprevistas (10,3%). Entre los menores de 40 la proporción de endeudados trepa al 67,1%, baja al 63,5% en la franja de 40 a 59 y se ubica en el 54% entre los mayores de 60.
Al día 5 ya se quedó sin ingresos el 12,2%. Al 10, uno de cada cuatro. Al 20, el 65%. Solo el 22,9% llega a fin de mes con lo justo y un 10,7% logra además guardar algo.
Si en la clase alta el 39,4% termina el mes ahorrando y otro 53,3% llega sin sobresaltos, en la clase baja nadie ahorra y el 87,6% agota su dinero antes del día 20, con más de un tercio (35,5%) en rojo antes del 10. En la clase media, el 51,4% se queda sin plata antes del 20 y solo un 16,3% consigue reservar algo.
Mientras la desaceleración de los precios se presenta como el gran activo del Gobierno, el 81,2% de los consultados siente que su salario pierde contra la inflación y apenas el 14,3% cree que le gana. Tampoco el termómetro oficial convence: para el 65,8%, el índice del INDEC no refleja lo que paga en el supermercado, contra un 31,6% que le da crédito.
Tal vez por eso la inflación, que durante años encabezó cualquier sondeo, cayó al último lugar del ranking de preocupaciones con el 12,7%. El miedo se mudó al recibo de sueldo. Ingresos y salario lideran con el 50,1%, pegados a la incertidumbre económica (49,8%), y detrás se ordenan el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%).
Puertas adentro, el 29,8% califica su situación económica como buena o muy buena, un 32,4% la considera regular y el 37,6% la ve mala o muy mala. Cuando la pregunta se corre al país, el juicio se endurece y el 59,4% responde mal o muy mal, con un 43,3% que elige directamente la peor opción.
Incertidumbre, angustia, miedo, tristeza. Esas fueron las palabras que más se repitieron cuando la encuesta pidió resumir en una sola lo que despiertan los próximos doce meses. “Esperanza” aparece como el término positivo con más peso, aunque rodeada de “bronca”, “preocupación” y “desesperanza”.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por el presunto vaciamiento de fondos depositados en cuentas judiciales. Ríos Artacho fue jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario entre 2017 y 2024, cargo del que renunció el 25 de junio de 2024 tras enfrentarse a sanciones internas.
Según la acusación fiscal, durante casi siete años –de 2017 a julio de 2024– habría autorizado extracciones irregulares de dinero destinado a fianzas, cauciones y secuestros judiciales, montos que serían utilizados en sus “apuestas personales”.
El monto desviado asciende en total a entre $245 y $425 millones. Por estos hechos, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani imputaron a Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita, y le atribuyen delitos de peculado, fraude a la administración pública y falsedad ideológica.
“Tengo problemas de juego que arrastro con altibajos desde hace años. Renuncié a mi cargo de fiscal en 2024 por eso. Ofrezco a la Fiscalía que está formulando estos cargos en mi contra toda mi colaboración. Y también una reparación del daño. Pido disculpas a todas las personas que confiaron en mí en especial a mi familia a la que defraudé. Mis padres no me criaron para esto”, afirmó el propio Ríos Artacho ante la Justicia.
Hijo de un prestigioso exjuez penal de Santa Fe, Ríos Artacho era considerado un funcionario especializado en causas complejas. En 2024 se lo suspendió tras conocerse que permitió irregularmente la entrega de un Mercedes incautado a un comisario (amigo suyo), y poco después dejó su cargo. Su caso emergió cuando los propios colegas del MPA detectaron anomalías en una cuenta judicial y derivaron la causa a la Unidad Especial de Funcionarios Públicos que dirige Spelta.
De acuerdo a la investigación aún en curso, las maniobras ocurrieron de modo sistemático entre 2017 y 2024. En agosto de 2026 la Policía Federal realizó 15 allanamientos en Rosario y Córdoba, deteniendo a Ríos Artacho y a ocho sospechosos más. En esos operativos se secuestraron documentos, teléfonos y dinero en efectivo. La audiencia de formulación de cargos se realizó recién en septiembre de 2026, donde Ríos Artacho fue formalmente imputado. Actualmente el juicio está en trámite (y la Fiscalía pidió prisión preventiva para él y otros acusados).
Para los fiscales, Ríos Artacho usaba su cargo para manejar cuentas judiciales como propias. Con su firma autorizaba oficios a bancos permitiendo transferencias o retiros de dinero que correspondía a fianzas, cauciones o secuestros de causas penales. Esas extracciones no iban a las víctimas o al Estado, sino que terminaban siendo tomadas por Ríos Artacho o sus colaboradores.
El esquema empleaba prestanombres para camuflar el origen de los fondos y con varias personas (Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C., Daniel Ballistreri y otros) prestaban sus cuentas bancarias o identidad para que Ríos Artacho pudiera retirar dinero sin figurar él directamente. Incluso, cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o probation, el abogado Emilio Rubén Barcacia (excuñado del fiscal) llevaba dinero en efectivo al banco para “reponer” temporalmente los saldos de las cuentas vaciadas, de modo que el faltante no saltara a la vista al juez.
La ludopatía (trastorno compulsivo por el juego) es un factor clave en la hipótesis de la defensa. Conforme a los acusadores, la adicción de Ríos Artacho fue la “raíz” de su conducta. Los fiscales citan el hecho de que, tras el ingreso en vigor de la ley de autoexclusión en Santa Fe, él y otros indagados frecuentaban casinos de provincias vecinas o de Paraguay para seguir apostando.
En la audiencia judicial Ríos Artacho reconoció parte de las maniobras pero la justificó por su adicción al juego. Ante la jueza afirmó claramente: “Soy ludópata”. Relató que lleva años arrastrando problemas con los casinos (llegó a desplazarse en pandemia hasta Foz de Iguazú en la Triple Frontera para apostar, ya que estaban cerrados en Argentina). Su hábito le generó deudas enormes y dijo que administraba los fondos judiciales “como si fuera mi billetera”.
“Íbamos y volvimos en el día”, subrayó y agregó que era un deudor de nivel cinco ante el BCRA que es identificada como una escala irrecuperable de deuda.
En su descargo pidió disculpas públicas a su familia y al MPA. Asimismo negó que hubiera organizado una banda delictiva, asegurando que fue él quien “arrastró” a otros imputados con sus órdenes. Es decir, admitió el uso ilegal de dinero pero sostuvo que el resto de los acusados actuó por sus instrucciones o por haberle prestado dinero, no como parte de un plan previo establecido.
Ríos Artacho fue de manera controvertida y opaca, quien le habilitó una probation en 2021 al director regional de la exAFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien como arrepentido reconoció todo tipo de ilicitos fiscales en favor de empresas. La probation fue por hacerse cargo que eran suyos USD$200 mil hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin imputado por estafa.
Acusados y defensa
Además de Mariano Ríos Artacho, otras demás personas fueron imputadas en la causa por el presunto desvío de fondos de cuentas judiciales. Entre ellas se encuentran Fabricio Emanuel Romero y Julio Mercado, señalados por la Fiscalía como organizadores de la supuesta estructura junto con el exfiscal. Los investigadores sostienen que ambos mantenían una relación cercana con Ríos Artacho, reflejada en numerosas comunicaciones y transferencias bancarias, y les atribuyen haber participado en la captación de prestanombres y en la distribución del dinero extraído.
En función de la hipótesis fiscal, habría intervenido en la recomposición temporal de los saldos de cuentas judiciales previamente vaciadas mediante depósitos de dinero. Barcacia negó haber conocido el origen y la finalidad de las operaciones y rechazó haber formado parte de una supuesta maniobra delictiva.
Como trascendió, lo más desconcertante es que durante años un fiscal en funciones dispuso en beneficio propio de esos fondos cautelados y nadie lo detectó. Actualmente Ríos Artacho está detenido desde septiembre de 2026, acusado formalmente de varios delitos. En la audiencia de imputación, que duró casi nueve horas, admitió los hechos con salvedades (poniendo el acento en su adicción) y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación.
La acusación también alcanzó a Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola B., Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, a quienes los investigadores atribuyen haber aportado cuentas bancarias o realizado retiros de dinero que posteriormente habría llegado a Ríos Artacho. Las defensas, sin embargo, sostienen que varios de ellos actuaron sin conocer el origen judicial de los fondos y que fueron involucrados a partir de relaciones personales o económicas con el exfiscal.
Uno de los casos mencionados fue el de Ballistreri, cuya defensa aseguró que había prestado $150.000 a Ríos Artacho y que posteriormente recibió la devolución desde una cuenta judicial sin saber de dónde provenía el dinero. Sobre esa base, los abogados de los imputados rechazan la existencia de una organización criminal estable y sostienen que, en distintos casos, sus clientes fueron engañados o actuaron confiando en el exfiscal.
La Armada Argentina quedó envuelta en el escándalo de corrupción interna más grave de los últimos años, tras una denuncia ante la Justicia Federal por un presunto desvío de fondos vinculado a la liquidación de sueldos y viáticos, con un perjuicio estimado entre $981 millones documentados formalmente y otros $1.600 millones.
El esquema ilícito combinaría liquidaciones falsas, pagos a personal ya dado de baja, identidades ajenas a la fuerza y “retornos” —es decir, la obligación de devolver la mitad del dinero cobrado indebidamente— que habría estallado cuando una teniente honesta se negó a participar y denunció internamente lo que le habían ofrecido.
La denuncia penal fue presentada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, tras la investigación administrativa interna. La fuerza está conducida por el almirante Juan Carlos Romay, y fue el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien ordenó formalizar la denuncia una vez reunidos los elementos técnicos.
— Almirante Juan Carlos Romay, actual Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina (JEMGA)
Existe cierta divergencia sobre la radicación exacta del expediente. La mayoría coinciden en que quedó en el Juzgado Federal N° 2, con algunas mencionando la intervención del fiscal Ramiro González y otras al juez Sebastián Ramos, en el fuero de Comodoro Py. La causa investiga una posible defraudación contra la administración pública, sin descartar la figura de asociación ilícita.
El inicio de todo apuntaría al área de la Armada encargada de liquidar los haberes del personal, dependiente del Servicio Financiero de la fuerza (SIAF). Según lo trascendido, “están involucrados desde un almirante para abajo” y funcionaba desde 2022 mediante “falsas liquidaciones de códigos, de personal retirado y códigos que le liquidan a oficiales en actividad que no le correspondían”, siempre “con retorno incluido”.
Las irregularidades comprenderían distintas maniobras vinculadas con la administración de salarios, adicionales y viáticos. Entre ellas aparece la presunta adulteración de recibos y liquidaciones, mediante la incorporación de suplementos y horas extras que no existían.
— El presidente Javier Milei, junto a jefes de las Fuerzas Armadas
También se detectaron pagos que habrían continuado después de la desvinculación de determinados agentes, con personal ya retirado o dados de baja que seguían figurando como beneficiarias de haberes, mientras que los fondos terminaban depositados en cuentas particulares.
Otra de las maniobras señaladas involucra la liquidación de viáticos falsos por viajes al exterior y el funcionamiento de las agregadurías militares. Se habrían abonado gastos por comisiones que nunca se realizaron y, en algunos casos, los viáticos continuaban pagándose incluso después del regreso al país, como si la misión en el extranjero permaneciera activa.
También se describe un mecanismo de suplementos con retorno. Determinados agentes recibían adicionales salariales, como los correspondientes a tareas de buceo, pero posteriormente debían devolver una parte del dinero al área contable, con aproximadamente la mitad del monto que retornaba al departamento encargado de las liquidaciones y que luego era distribuida entre quienes participaban de la estafa.
A partir del escrito judicial, se supo que la intervención se producía en un tramo muy sensible del circuito de pagos, ya que los controles habituales se hacían sobre la liquidación de haberes, pero antes de la transmisión definitiva del archivo al Banco de la Nación Argentina, siendo ahí donde determinados registros eran alterados para elevar importes o incorporar pagos sin respaldo en haberes legítimamente liquidados.
El paso clave para ocultar el fraude era que, una vez confeccionados los archivos destinados a la acreditación bancaria, “los registros eran restituidos a sus valores originales”. De este modo, las modificaciones no quedaban reflejadas en los recibos publicados en el sistema Haberes-Web. El archivo enviado al banco ordenaba un pago distinto del que después figuraba en el recibo oficial del empleado.Esta discordancia entre lo depositado y lo registrado es precisamente lo que permitió detectar más de 600 acreditaciones con diferencias.
Otra modalidad descrita por los denunciantes es el manejo de los números de CUIL. De acuerdo a un testimonio, cuando alguien se daba de baja o se retiraba, “elevaban el número de CUIL a Defensa, solicitando por ejemplo 40 mil dólares para pagar los sueldos cuando en realidad eran 30 mil dólares”, porque 10 mil dólares correspondían a personal ya desvinculado. El excedente se lo repartían entre los implicados, aprovechando que la Armada enviaba solo el número de CUIL al Ministerio de Economía para que girara los fondos, sin un control cruzado efectivo sobre quién seguía en actividad.
— Edificio Libertad, la sede del Estado Mayor General de la Armada Argentina y del Comando Conjunto Marítimo
Se ha identificado formalmente hasta ahora a 23 personas, aunque el número de investigados podría acercarse a 50. El grupo incluye militares en actividad y retirados, personal civil permanente y contratado, jubilados y cuatro personas externas a la fuerza.
“Eran los civiles (el área de liquidación de sueldos) los que cargaban los suplementos, y los jefes firmaban”, afirmó una fuente que pidió mantenerse anónima, describiendo un reparto tanto de lo que llegaba por suplementos como de lo proveniente de las bajas. Los propios oficiales consultados calificaron el hecho como “un robo de guante blanco” y señalaron directamente a los responsables: “Los que inventaron esta movida son los del SIAF”.
La teniente que dijo que no
El caso se destapó por una fisura humana en un engranaje que parecía aceitado, con una fuente calificada citada por el medio Ámbito, “todo explota porque quisieron meter en este círculo de corrupción a una teniente, que como es honesta dijo que no”.
A partir de su negativa comenzaron las presiones de los capitanes implicados, porque su honestidad se había convertido en un riesgo potencial: “Querían que la teniente agarrara… Su negación y denuncia interna originaron todo lo que ahora se sabe”.
Distintas fuentes identifican a esta oficial como una teniente de fragata de apellido Acuña, que rechazó incorporarse al circuito de falsos viáticos y comunicó las irregularidades a la cadena de mando. Su alerta activó la pericia interna que terminó en el reclamo judicial. En total, al menos siete integrantes de la fuerza se negaron a participar y llevaron la situación ante sus superiores, aportando los testimonios sobre los que se erigió todo el relevamiento.
La versión oficial de la Armada, reconstruida a partir del expediente, ubica el origen de la detección de forma algo distinta y aporta fechas precisas. La reconstrucción del hecho ubica el origen del entramado en julio de 2022, conforme surge de la auditoría realizada posteriormente. El análisis de la documentación permitió rastrear una serie de movimientos vinculados con liquidaciones de haberes y suplementos que, con el paso del tiempo, derivaron en revisiones administrativas.
El primer indicio concreto apareció en febrero de 2026, durante el control de los haberes correspondientes a enero. La revisión detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían percibido suplementos que no les correspondían. Una vez advertida la anomalía, los beneficiarios restituyeron los fondos, aunque el episodio abrió interrogantes sobre los mecanismos utilizados para autorizar y procesar esos pagos.
A partir de ese hallazgo, en marzo se reforzaron los controles internos y se modificó el circuito administrativo de las acreditaciones. La tramitación ante el Banco Nación fue trasladada al Departamento Tesorería, una decisión destinada a reducir la intervención de las áreas que hasta entonces participaron en el procesamiento de los pagos cuestionados.
Las verificaciones continuaron durante abril y alcanzaron a cuatro capitanes de corbeta pertenecientes al área contable, quienes devolvieron sumas que habían sido percibidas en exceso. La sucesión de reintegros amplió el alcance de la pesquisa y llevó a revisar operaciones anteriores para determinar si se trataba de errores aislados o de un uso sostenido en el tiempo.
El análisis histórico de las liquidaciones permitió avanzar todavía más. En agosto, los investigadores identificaron a una persona de apellido “Prieto” entre las beneficiarias de los pagos examinados y establecieron, de acuerdo con la documentación relevada, que mantenía un vínculo matrimonial con quien aparecería señalado como principal acusado en la investigación.
Con los datos reunidos, los movimientos reconstruidos y los reintegros registrados, la situación dejó de limitarse al ámbito administrativo. Recién en septiembre de 2026 se formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal, que deberá determinar la eventual existencia de delitos, establecer responsabilidades individuales y esclarecer si las maniobras detectadas respondieron a fallas de control o a un esquema deliberado de desvío de fondos.
La Armada difundió un comunicado en el que sostuvo que, “ante la detección de irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal, se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”. La fuerza sostuvo tener “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad” en el manejo de recursos públicos.
Como medidas concretas, la Armada relevó preventivamente al capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, resguardó el equipo informático usado para preparar y transmitir los lotes de pago al banco, y separó las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación para evitar que una misma área concentrara todo el circuito. No obstante, algunos señalaron que el Ministerio de Defensa mantuvo inicialmente un perfil bajo respecto del tema.
Los principales acusados
El señalado como organizador delictivo es Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista de la Armada. Durante el sumario administrativo, reconoció haber modificado los montos de las transferencias y que la finalidad era “favorecer económicamente” a ciertas personas, afirmando que él resolvía las operaciones, los beneficiarios y los montos de forma manual y personal.
Entre los 23 beneficiarios identificados formalmente aparecen cuatro personas sin ninguna relación laboral con la Armada, que concentraron $434.200.718, el 44.25% del total detectado. La más relevante es un individuo de apellido Prieto —aparentemente esposa de Atanasoff—, que recibió 46 acreditaciones por un total de $152.259.495, particularmente significativa porque concentra más de un tercio del monto total relevado. Las otras tres personas externas, serían familiares o conocidos del principal acusado.
A partir de ese momento, la investigación puso el foco sobre el circuito de transferencias bancarias que habría permitido canalizar parte de los fondos hacia cuentas vinculadas con los acusados y su entorno. Los registros analizados muestran una operatoria sostenida en el tiempo, con 184 acreditaciones por un total de $434.200.716 distribuidas entre cuatro beneficiarios.
Un segundo acusado registra 47 acreditaciones, la mayor cantidad individual de operaciones detectadas, por un monto acumulado de $99.496.225. A esa secuencia se suman otras dos personas que aparecen como receptoras de fondos. Una de ellas recibió 46 transferencias por $91.978.048, mientras que la restante contabilizó 45 acreditaciones por $90.466.948.
Una de las particularidades de la causa es la disparidad entre las cifras difundidas sobre el presunto perjuicio económico, una diferencia que surge del contraste entre lo efectivamente incorporado al expediente judicial y las estimaciones.
La denuncia formal cuantifica el daño en $981.148.567,88, correspondiente a 645 acreditaciones presuntamente indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. Ese monto constituye, hasta el momento, la cifra documentada dentro de la presentación judicial y, por lo tanto, el piso concreto sobre el que avanza la pesquisa.
No obstante, algunas estimaciones parecerían elevar considerablemente la magnitud del supuesto desfalco, ubicando el perjuicio total en torno a $1.600 millones, mientras que otras de una proyección cercana a $1.500 millones.
La diferencia no necesariamente implica una contradicción entre los datos, sino que podría responder a distintos niveles de avance de la investigación. Mientras los $981 millones surgen de operaciones ya individualizadas y documentadas en la denuncia, las cifras superiores incluirían movimientos todavía bajo análisis, posibles maniobras conexas o montos que aún no fueron incorporados formalmente.
El caso recuerda a antecedentes de corrupción en la Armada, como la causa por los contratos con la empresa alemana Ferrostaal para patrulleros oceánicos, que en 2010 derivó en denuncias por cohecho y soborno internacional contra almirantes y empresarios.
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
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El diario personal del papa Francisco saldrá a la venta el 24 de noviembre en cinco idiomas y 94 países. Lo firma el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, que ordenó y comentó las anotaciones.
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