Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
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Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
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La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
El fin de las retenciones podría abrir casi 860.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales en una década. En un país con 1,6 millones de desocupados, esa cifra alcanzaría para emplear a uno de cada dos. La estimación aparece en el informe “Empleo en las cadenas agroindustriales 2025”, que difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un centro de estudios del sector agropecuario con sede en Río Cuarto, Córdoba. El trabajo lo firmaron sus economistas Nicolle Pisani Claro, jefa del área, y Fiorella Savarino.
La proyección salió del escenario que FADA había trazado en otro documento propio, “Cuatro claves para crecer y generar medio millón de empleos”. Sin el impuesto, el productor cobraría más por su cosecha. Eso sumaría un 15% de superficie cultivada, porque tierras que hoy no son rentables pasarían a serlo. También elevaría un 37% los rendimientos, gracias a una mayor inversión en tecnología, fertilización, semillas y maquinaria. La producción de granos pasaría de 135 millones de toneladas a 205,4 millones, un salto del 52%. El punto de partida es el promedio de las últimas cinco campañas (sin contar la de la sequía).
Ese volumen extra empujaría el empleo por dos vías. Los cereales y las oleaginosas aportarían 430.262 puestos. Otros 413.541 llegarían por el dinamismo de las carnes y los biocombustibles: parte del maíz se convertiría en alimento para cerdos, aves y vacunos o en bioetanol, y la soja iría al biodiesel. En total, FADA contó 857.881 empleos entre producción primaria, industria, comercialización y transporte, a razón de 85.788 por año.
El propio informe aclaró que el número marca un potencial y no un efecto inmediato. La respuesta productiva sería gradual, en sintonía con la reducción escalonada de alícuotas que lleva adelante el Gobierno, y llegaría a su techo recién en diez años. Como referencia, FADA recordó que entre 2020 y 2025 las cadenas crearon 480.000 empleos, unos 80.000 por año. Ese crecimiento lo empujaron la carne vacuna, la soja, el trigo, el girasol y la lechería.
La eliminación de las retenciones fue una de las banderas de Javier Milei ante el campo. En mayo de 2023, de cara a las PASO, su asesor Guillermo Mac Loughlin planteó: “Las queremos eliminar desde el día 1”.La promesa podía leerse en las propuestas electorales presentadas por La Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral. El recorrido resultó más ‘sinuoso‘. En enero de 2025, el Gobierno bajó en forma temporal las alícuotas de los principales cultivos y las eliminó de manera permanente para las economías regionales. La soja pasó entonces del 33% al 26%. Al vencer el plazo, a fines de junio, el poroto volvió al 33% y el maíz al 12%.
El capítulo más llamativo llegó en septiembre. El Decreto 682/2025 fijó retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas al exterior registradas sumaran US$ 7.000 millones. El cupo se agotó en tres días y la soja regresó al 26%. En diciembre, la alícuota bajó al 24%. En junio de 2026, el Decreto 423/2026 recortó la de trigo y cebada del 7,5% al 5,5%. Para la soja fijó un descenso desde enero de 2027, hasta el 21% en diciembre de ese año y el 15% en diciembre de 2028. Milei atò la continuidad del cronograma a un segundo mandato: dijo que seguirá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”. En julio, en la Exposición Rural de Palermo, calificó al tributo como “una aberración que nunca debió haber existido”. Rechazó, sin embargo, eliminarlo para sacar rédito electoral y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la quita.
El informe de FADA también repasó ese vaivén. En 2025 se eliminaron las retenciones a los cueros, a las economías regionales y a los productos industrializados. La baja para las carnes se volvió permanente, y la de los granos, que había empezado como temporal, pasó a serlo a fin de año. Aun así, el impuesto siguió pesando en la caja: en el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales pagaron US$ 2.407 millones en derechos de exportación. El 91% provino de los complejos granarios, el 5% de los cárnicos, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Hoy el empleo ligado al agro ya tiene un peso enorme. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 puestos de trabajo, un 1,2% más que en 2024. Eso representa el 22,8% del empleo privado y el 19,1% del total si se suma el sector público. Al frente del ranking se ubicó la cadena bovina, con 518.939 puestos. La siguieron frutas, verduras, hortalizas y legumbres (462.482), soja (446.254), trigo (440.604) y maíz (258.307). Entre esas cinco reunieron el 49,1% del total.
“Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás”, graficó Savarino. El mapa por etapas lo confirma. La producción primaria concentró el 33,5% de los puestos, la comercialización el 27,3%, la industria el 21,4% y el transporte y la logística el 9,2%. Los proveedores de insumos, bienes de capital y servicios profesionales sumaron el 8,6% restante. “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”, agregó Pisani Claro.
El contexto laboral le da más relieve a la proyección. El empleo total del país llegó en 2025 a 22.730.304 puestos, un 1% más que el año anterior y un récord desde 2016. Ese avance lo explicaron casi por completo los trabajadores independientes, que sumaron 226.727 puestos. En cambio, el empleo privado formal perdió 32.643. Desde 2016, el 83% de los puestos nuevos fue informal o independiente.
Flybondi le puso número a su crisis. La aerolínea low cost declaró ante la Justicia deudas por $609.589 millones frente a activos por $176.103 millones, una diferencia de $433.485 millones. La cifra surgió del estado patrimonial especial, con fecha de corte al 28 de septiembre de 2026, que acompañó el pedido de concurso preventivo de acreedores presentado el pasado viernes 2, después de casi dos meses sin volar.
El lunes 5 de este mes, el Poder Judicial de la Nación asignó el expediente de FB Líneas Aéreas S.A., razón social de la compañía, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, Secretaría N° 47, a cargo de Santiago Medina. El trámite lo realizó el estudio Grispo. La presentación no implica por sí misma la apertura del proceso: esa decisión judicial es el paso previo a la verificación de créditos y a la negociación con los acreedores.
Con el concurso, la empresa busca congelar la deuda a la fecha de inicio y abrir una renegociación con quita para evitar la quiebra. Todavía no se otorgó la conexidad con el concurso de OCA, la otra empresa de COC Global, el grupo de Leonardo Scatturice —CEO del holding, exchofer de la SIDE y cercano a Santiago Caputo—, que tramita en el Juzgado Comercial N° 22, Secretaría N° 23.
En su escrito, la compañía admitió que el problema ya no era de vencimientos aislados. “La generación ordinaria de fondos había dejado de resultar suficiente para atender regularmente el conjunto de las obligaciones exigibles”, sostuvo. Ubicó en marzo de 2026 el inicio de su cesación de pagos.
Los balances de 2025 ya anticipaban el deterioro. Al cierre de ese ejercicio, Flybondi registró activos por $293.426 millones, pasivos por $446.729 millones y un patrimonio neto negativo de $153.303 millones. El resultado contable fue positivo en $1.028 millones, pero las actividades operativas consumieron $102.593 millones de efectivo. Para sostenerse, la empresa recibió $75.899 millones en aportes de capital y $25.216 millones en nuevos préstamos. La auditoría advirtió sobre una fuerte incertidumbre respecto de su capacidad para continuar en operación.
El frente laboral ocupa una porción visible del pasivo: $21.528 millones en sueldos a pagar y $27.833 millones en aportes y contribuciones pendientes. La nómina presentada identifica a 826 trabajadores, 681 bajo convenio ATAF y 145 fuera de convenio. La semana pasada, un grupo de extrabajadores reclamó frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación por retiros voluntarios e indemnizaciones impagas que afectan a unas 1000 familias.
Entre los reclamos e intimaciones de pago que la aerolínea detalló figuran:
YPF: deuda vencida de $15.900 millones al 18 de junio de 2026, por abastecimiento de combustible.
New Air Fly Service: $344,4 millones por servicios aeroportuarios en El Calafate.
Transportadora de Caudales Juncadella: $129,9 millones por facturas emitidas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
La Nueva Metropol: $118,8 millones por transporte de pasajeros y operación de rampa.
Swissport Argentina: $112,2 millones por facturas vencidas de servicios aeroportuarios.
Bullmetrix: $74,4 millones.
Policía de Seguridad Aeroportuaria: $32,4 millones, bajo advertencia de suspender la cuenta corriente y resolver un convenio de permisos del personal aeroportuario.
Escala 24×7: US164.424,deloscualesUS124.368 estaban vencidos; el proveedor suspendió el acceso a servicios de infraestructura tecnológica alojados en AWS.
Los importes corresponden a reclamos específicos y no necesariamente a la totalidad de lo adeudado a cada proveedor. La nómina general incluye, además, obligaciones por arrendamiento de aeronaves, mantenimiento y servicios internacionales, algunas por varios millones de dólares. “La interrupción de una prestación crítica puede afectar prestaciones restantes y producir consecuencias que exceden ampliamente el importe del crédito individual involucrado”, señaló la empresa.
A ese cuadro se suman los embargos que ARCA y la ANAC trabaron entre agosto y septiembre por deudas superiores a $1500 millones en cada caso, y el Hotel Presidente, que reclama unos $660 millones y pidió la quiebra. Según el sitio Failbondi, la aerolínea canceló en 2026 alrededor de 2400 vuelos, afectó a unos 383.000 pasajeros y no habría hecho reembolsos desde enero: con un ingreso mínimo de US$50 por pasajero y por tramo, el monto superaría los US$19 millones.
El expediente también explica el origen del rojo. En 2025, Flybondi transportó 3.656.887 pasajeros contra 4.020.942 del año anterior, una baja de 9,1% en un mercado que creció 13,2%; sus ingresos netos por pasajes cayeron cerca de 14,5%. La flota operativa pasó de un promedio de 11,33 aviones en julio de 2025 a 2,67 un año después, y los vuelos se redujeron de 2.836 en enero de 2026 a 134 en julio, un 95,3% menos. Mientras tanto, el mantenimiento costó entre US$1,66 millones y US$2,59 millones por mes durante el primer semestre.
Hoy la compañía conserva tres aeronaves, que permanecen en el país sin operar. Aun así, pidió continuar: “La severa crisis descripta no ha determinado, a la fecha de esta presentación, la desaparición de la organización empresaria ni el cese definitivo de la explotación”. Si la Justicia abre el concurso, Flybondi deberá reestructurar obligaciones por casi $610.000 millones y, al mismo tiempo, conseguir recursos para volver a volar.
La Cámara Federal de Casación Penal se acerca a la definición del futuro de la causa contra Mario Firmenich por el atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal del 2 de julio de 1976, que dejó un saldo de 24 muertos. La Sala I debe decidir si confirma la reapertura de la investigación y la indagatoria al exlíder de la organización guerrillera y principal acusado.
Fuentes del tribunal de alzada aseguraron a La Nación que el expediente “está para votar” y auguraron una pronta resolución, aunque aclararon que el caso “tiene sus bemoles”, por lo que el desenlace estaría atravesado por dificultades.
Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar, que tienen la causa en sus manos hace casi un año, deben determinar si ratifican el fallo de la Cámara Federal porteña, que ordenó retomar las pesquisas y citar a Firmenich.
El centro de la discusión es si el atentado, consistente en la colocación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, se puede juzgar pese a que transcurrió hace más de 50 años.
El camino judicial
El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Servini, quien en noviembre de 2021 rechazó la reapertura de la investigación con el argumento de que los hechos habían prescripto. La reactivación había sido solicitada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras agrupaciones, sobrevivientes del atentado y más de una decena de letrados.
En junio de 2022, la Cámara Federal porteña dejó sin efecto esa decisión y le ordenó a la magistrada que dictara un nuevo pronunciamiento. Le reprochó no haber considerado los planteos de los denunciantes, quienes pedían evaluar si el atentado podía encuadrarse como delito de lesa humanidad, crimen de guerra o grave violación a los derechos humanos, figuras que permitirían juzgar a los responsables pese al paso del tiempo.
En agosto de 2023, Servini volvió a rechazar el pedido, concluyendo que los hechos no constituían ninguno de esos delitos. Los denunciantes y las víctimas apelaron y, en diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara, entonces integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, les dio la razón.
Además de solicitar la citación de Firmenich, que en julio pasado se ausentó a su indagatoria en otra causa y su hermano fijó un nuevo domicilio en España, los camaristas requirieron llamar a declarar a otros imputados, entre ellos, Horacio Verbitsky.
La Justicia de San Juan investiga un presunto caso de extorsión que involucra a un médico cirujano y a la madre de una paciente de 18 años. La mujer, identificada como Mónica Elizabeth Morán, de 47 años, está acusada de haberle exigido dinero al profesional bajo la amenaza de denunciarlo por un supuesto abuso sexual contra su hija y perjudicar públicamente su reputación.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el cirujano identificado como F. D. Mercado llegó a transferirle 2 millones de pesos el 21 de marzo de 2026, pero las exigencias económicas habrían continuado hasta alcanzar los 30 millones de pesos.
El 20 de octubre, la jueza de Garantías Flavia Allende formalizó la investigación por el presunto delito de extorsión y estableció un plazo de seis meses para reunir pruebas y determinar las responsabilidades penales. La mujer, que es oriunda de Chimbas, permanecerá en libertad, aunque con restricciones de acercamiento y comunicación.
— Mónica Elizabeth Morán (47 años), imputada en San Juan por el presunto delito de extorsión
La historia se remonta al 27 de febrero de 2026, cuando Morán llevó a su hija de 18 años a la Clínica Santa Clara, en San Juan, para recibir atención médica por dolores abdominales y molestias en la zona inguinal.
Según la Fiscalía, la joven fue examinada por un cirujano que le indicó un tratamiento y proporcionó su número telefónico particular a la madre para responder consultas vinculadas con la evolución de la paciente. Ese intercambio permitió que ambas partes mantuvieran contacto después de la primera consulta.
La joven fue atendida nuevamente por el mismo profesional el 10 de marzo, en la clínica Red Vital, y el 21 de marzo, en el servicio de urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde el médico se encontraba de guardia.
En esa última oportunidad ocurrió un episodio que adquirió especial importancia para la reconstrucción fiscal. De acuerdo con la versión presentada por los investigadores, la paciente le entregó dos botellas de vino al cirujano como agradecimiento por la atención recibida y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla.
— Durante la audiencia de formalización, la jueza de Garantías dispuso que la acusada permanezca en libertad con medidas de restricción de acercamiento y contacto
Sin embargo, horas después, el profesional recibió mensajes de la madre acusándolo de haber intentado abusar sexualmente de su hija, y ese mismo día transfiere los $2 millones por temor a la exposición pública. Posteriormente el 31 de marzo, la mujer presuntamente se habría presentado junto a un hombre en el lugar de trabajo del médico para reclamarle más dinero.
¿Por qué el médico le habría entregado $2 millones?
Este es uno de los puntos centrales de la causa. De acuerdo el relato del denunciante, la mujer le habría advertido que presentaría una denuncia penal por abuso sexual y que difundiría la acusación entre sus compañeros, en las redes sociales y ante los medios de comunicación si no recibía dinero.
Para comprender el mecanismo investigado, hay que diferenciar dos situaciones. Una persona tiene derecho a denunciar ante la Justicia un presunto abuso sexual. Pero condicionar el silencio o la no difusión de una acusación a la entrega de dinero puede constituir extorsión, si se acreditan los elementos exigidos por la ley penal.
— El Ministerio Público Fiscal atribuyó a que el vínculo comenzó en febrero y marzo de 2026, cuando el médico atendió a la hija de 18 años de la mujer por dolores abdominales
La hipótesis fiscal sostiene que Morán habría aprovechado el temor del cirujano a perder su prestigio profesional, sufrir consecuencias laborales y enfrentar un escándalo público. El médico habría realizado una transferencia de $2 millones desde Mercado Pago a una cuenta a nombre de la imputada.
Según los investigadores, la transferencia inicial no puso fin al conflicto. El 31 de marzo, alrededor de las 16, Morán se presentó acompañada por otro hombre en la clínica donde trabajaba el cirujano. Allí le exigieron una nueva entrega de dinero, acompañada de advertencias sobre posibles denuncias públicas y publicaciones en redes sociales, con los reclamos continuado mediante WhatsApp.
La Fiscalía también incorporó el relato del profesional sobre la presencia reiterada de Morán y otras personas cerca de sus lugares de trabajo. El médico afirmó que esas situaciones le generaron temor por su seguridad y lo llevaron a modificar sus horarios y actividades habituales.
— La jueza de Garantías, Flavia Allende
Para la acusación, estos episodios podrían demostrar que no se trató de un reclamo aislado, sino de una conducta de intimidación sostenida en el tiempo. Esa interpretación todavía debe ser contrastada con las pruebas y los argumentos de la defensa.
Las pruebas de la fiscalía contra Morán
Durante la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Nicolía, expuso diferentes elementos para justificar la apertura de la investigación.
Entre las evidencias mencionadas aparecen las conversaciones de WhatsApp extraídas del teléfono del médico, una copia del contenido del dispositivo, registros de video, cuatro fotografías y comprobantes bancarios.
La mujer cuenta con la representación de los abogados Renzo Quero y Luis Galmarini, quienes rechazaron la acusación fiscal y sostuvieron que su defendida es inocente. La defensa presentó una interpretación distinta acerca del origen del conflicto. Conforme lo expuesto durante la audiencia, los abogados plantearon que el médico habría besado a la joven paciente, un episodio que relacionaron con un presunto abuso sexual.
A la izquierda Mauro Carrizo, ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales junto a los abogados de la imputada
Por su parte, el abogado querellante Roberto Lucero, representante del cirujano, insistió en que las exigencias económicas habrían continuado y solicitó medidas para proteger a su cliente. La defensa también pidió reducir a cuatro meses el plazo de investigación, argumentando que parte de la evidencia ya estaba incorporada al expediente. La Fiscalía reclamó seis meses y la jueza aceptó este último plazo.
La extorsión es un delito contra la propiedad que, en términos generales, consiste en utilizar intimidación para obligar a otra persona a entregar dinero, bienes u otros efectos patrimoniales. En este caso, la amenaza de exponer públicamente una acusación de abuso sexual podría resultar jurídicamente relevante para analizar la modalidad contemplada en el artículo 169, ya que obtener una entrega patrimonial mediante amenazas de imputaciones contra el honor o revelación de secretos tiene una pena prevista de 3 a 8 años de prisión.
Anteriormente, se han dado cuatro casos en la misma provincia que dejaron en evidencia un elemento común y es la presunta utilización de información personal o de una situación vulnerable para doblegar la voluntad de otra persona. El mecanismo cambia, aunque la finalidad atribuida a los acusados es similar: obtener dinero a partir del temor a que se revele un secreto, se difundan imágenes íntimas, se destruya una reputación o se produzcan consecuencias familiares y laborales.
Diego Hoffmann dejó su lugar en la Unidad Médica Presidencial tras una década en el equipo. Su salida rige desde el 1° de octubre, pero el Gobierno recién la oficializó este jueves con la firma de Karina Milei.
Aseguran ser la mayoría de los afiliados, pero los cargos militares del directorio quedaron todos en manos de oficiales. Si el Gobierno no responde, irán a la Justicia en medio de una crisis que dejó deudas por más de $210.000 millones.
Durante el primer semestre los ingresos subieron 11,5%, muy por debajo del 21,4% que aumentó la canasta básica, y la pobreza escaló al 32,3%, lo que equivale a 15 millones de personas. La minería es uno de los pocos sectores en alza, mientras la inversión y el empleo asalariado siguen en retroceso.
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