Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
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Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
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Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.
El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.
Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.
La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.
Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.
El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad:“Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.
El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.
Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.
El ministro de Seguridad de Misiones, MarceloPérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.
En un discurso que tuvo lugar hoy en los tribunales de Comodoro Py, la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, arremetió contra el feminismo, movimiento del cual “tomó distancia” en los últimos años. Durante su testimonio en el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, aprovechó para hacer un repaso de los ataques y las “agresiones” del periodismo que vivió durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015), denunciando la falta de solidaridad de las militantes feministas en esos momentos críticos.
Fernández de Kirchner evocó, entre otros incidentes, un episodio ocurrido en 2008 durante el conflicto con el campo, cuando apareció ilustrada públicamente con un ojo morado, caricaturizada en Clarín por el reconocido artista argentino, Hermenegildo Sábat: “El negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro… miren qué contexto actual”, expresó la burócrata, en un claro guiño a la denuncia de Alberto, alegando que el hecho fue un acto de violencia simbólica y mediática contra ella por ser mujer, pero que nunca recibió el apoyo de las feministas.
A pesar de haber sido la primera y única mujer electa presidenta, Cristina subrayó que el movimiento feminista jamás la respaldó en situaciones del estilo, lo que consideró un acto de indiferencia ante la “misoginia” que enfrentaba. “Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto”, reclamó a las mujeres del movimiento. En esa línea, la exmandataria fue enfática al recordar que nunca se identificó con el llamado feminismo radical, afirmando que “todos saben que no soy feminista”.
EL DISCURSO DE CRISTINA CONTRA LAS FEMINISTAS
Esta declaración no es la primera vez que Cristina Kirchner se muestra crítica. En mayo de 2024, durante la inauguración del “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria, la condenada hizo hincapié en que su perfil nunca fue feminista —un intento evidente de distanciarse de un movimiento que, según su percepción, perdió apoyo popular—. Así, dejó claro que, aunque en algún momento el feminismo fue un aliado estratégico, hoy visto como un lastre que espanta a votantes, sobre todo en un escenario político donde el fenómeno libertario desplazó a las corrientes progresistas de la agenda.
Las palabras de la expresidenta en Comodoro Py, cargadas de críticas hacia aquellos que considera responsables de la violencia en su contra, podrían verse como un último intento de reposicionar su figura en el tablero político. Sin embargo, la reacción de los distintos sectores, tanto feministas como no feministas, ante sus declaraciones pone en cuestión la efectividad de esta nueva narrativa. La relación de la líder del kirchnerismo con el feminismo fue siempre ambigua, y sus recientes declaraciones parecen ser un esfuerzo por marcar una diferencia con la línea feminista más radical que, en sus palabras, “ha espantado hasta a las propias mujeres”.
El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, RocíoBonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
Tras el escándalo revelado anoche que involucra a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, tomó relevancia en los medios el nombre del oscuro abogado de la pareja presidencial más polémica de la historia, Juan Pablo Fioribello. En la tarde de ayer, la exnovia de Alberto decidió reemplazarlo por Mariana Gallego y, además, el letrado fue denunciado por violación ética en el Colegio Público de Abogados de CABA.
Ocurrió que Fioribello representó a ella y al ex presidente del Frente de Todos en la causa conocida como Olivos Gate; además de haberla asesorado en los primeros momentos cuando el juez, Julián Ercolini, le informó sobre los chats y las fotos que se encontraron en el teléfono de la secretaria presidencial María Cantero sobre hechos de violencia.
Sin embargo, la reconstrucción del costado oculto de Fioribello arroja panoramas aún más polémicos y controversiales. En agosto de 2021, este medio publicó hizo eco de una extorsión por parte del abogado. Allí, se detalla que Fioribello se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad y fue asesor del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
En el año 2009, Fioribello fue arrestado y procesado por extorsión. Estuvo detenido algunos días hasta que fue liberado luego de pagar una fianza de $50.000 —casi $20 millones a valor acutal—. Según la acusación que se había presentado ante la Fiscalía Nacional de Instrucción 47, el exabogado de Fabiola Yáñez habría intentado extorsionar a un hombre con un video privado.
La víctima que lo denunció que había recibido varios llamados de un presunto sargento de la Policía Federal que investigaba su vida privada. Y agregó que un video en el que se lo veía manteniendo relaciones homosexuales sería repartido entre sus familiares si no pagaba aquella suma.
El denunciante declaró que Fioribello se habría hecho pasar por un sargento de la Policía Federal y que le habría exigido una suma de 25.000 dólares a cambio de no repartir el material. El 26 de junio del 2009, la Policía realizó la detención de Juan Pablo Fioribello y un acompañante, llamado Ramiro Cenoz. Los efectivos le secuestraron credenciales de portación de varias armas de fuego y tarjetas personales que lo presentaban como “Jefe de Asesores del Gobierno de la Ciudad”.
Tras el arresto, la Justicia ordenó un allanamiento a su departamento en un tercer piso, en el que encontraron cajas de proyectiles 9 milímetros, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas y uniformes de las policías Federal y Bonaerense, además de varias tarjetas con los nombres de oficiales de esas fuerzas. Fioribello estuvo preso tres semanas, pagó la fianza que le permitió recuperar la libertad y quedó procesado en la causa que abrió la Justicia. Para entonces, su contrato en el gobierno porteño ya había sido rescindido, aunque por “razones presupuestarias” y no por su comprometida situación.
LA DENUNCIA DE GRANATA
Luego de que Yañez denunciara a Fernández, Amalia Granata apareció en escena y reveló información que complica a Juan Pablo Fioribello. La diputada utilizó su cuenta de X para decir: “El abogado de la víctima tiene un historial de violencia de género más amplio que el del expresidente. Esto es información, no opinión”.
“Me shockeó mucho escuchar al abogado, yo declaré como testigo en un juicio el año pasado contra él. Lo investigué a este señor que hoy se la da de feminista y en su momento en una nota que estaba haciendo en el programa de Susana Roccasalvo dijo que yo no tenía la moral para hablar porque yo tenía la bombachita bien floja y hoy dice que defiende a las mujeres”, sentenció Granata.
Y agregó que investigó sobre “sus relaciones y sus parejas (…) mandé un chat de una chica que está aterrada y que nunca quiso hablar, no lo quiere denunciar. Lo que dice esta persona es que cada vez que lo ve en la tele tiene que cambiar porque le agarran ataques de pánico”, dijo, tras sostener que también habló con otra mujer que habría tenido una relación amorosa con el letrado y que habría sido víctima de violencia, pero que no se anima a denunciarlo: “Las amenaza constantemente”.
Además, contó una experiencia propia con Fioribello: “En el country donde vivía él una vez se la encuentra a mi hija porque su padre vive en el mismo lugar y se saca una foto con Uma y se la manda a mi marido y le dice ‘mirá con quién estoy’”.
En medio de la reestructuración y reducción de personal impulsada por la administración de Javier Milei, un escándalo que envuelve a AerolíneasArgentinas salió a la luz. La Justicia investiga un insólito caso de fraude laboral que pone en duda la efectividad de los sistemas biométricos de control de asistencia en la empresa estatal. La investigación, a cargo del juez federal Julián Ercolini, apunta a un grupo de empleados que utilizaban dedos de goma con huellas digitales truchas para registrar su presencia en el trabajo, a pesar de no acudir físicamente.
Este caso fue inicialmente revelado en 2019 por Infobae y fue actualizado recientemente por la agencia Noticias Argentinas, en el contexto de la actual administración. En aquel año, el primero del Frente de Todos, la investigación realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) culminó con el despido de seis trabajadores de mantenimiento de Austral, una de las filiales de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, las sospechas de la Justicia indican que el número de implicados podría ser mucho mayor y que esta práctica fraudulenta habría continuado durante la gestión de Alberto y Cristina Fernández.
El esquema delictivo era ingenioso y a la vez simple: de un grupo de seis empleados, solo uno asistía al trabajo, mientras que los otros cinco no se presentaban. Para burlar los controles, el trabajador presente utilizaba dedos de silicona que replicaban las huellas digitales de sus compañeros ausentes, permitiendo que todos ellos figuraran como presentes y cobraran sus salarios. Este método, si bien sofisticado en su ejecución, expone las vulnerabilidades de los sistemas biométricos que, en teoría, deberían ser infalibles.
Una investigación en marcha
El juez Ercolini tiene en su poder uno de los dedos de goma utilizados en el fraude, así como la declaración de un testigo de identidad reservada, quien tuvo que ser trasladado del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a una estación aeroportuaria en el interior del país para garantizar su seguridad. La investigación, sin embargo, enfrenta obstáculos significativos.
Julián Ercolini
Según fuentes judiciales, la PSA solicitó en su momento una revisión más profunda, incluyendo la apertura de los lockers de los empleados en Aeroparque, lo que podría haber arrojado más pruebas y revelado a más implicados. No obstante, esta solicitud no fue autorizada, lo que limitó la capacidad de la Justicia para desmantelar por completo la operación fraudulenta.
Dentro de la empresa, se señala a Héctor Binda, subgerente de mantenimiento, y PascualFederico Loffa, del mismo sector, por su presunta falta de acción ante las irregularidades. Aunque Loffa —que también fue vocal suplente en el gremio Unión Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)— asegura que no tenía responsabilidad directa, la investigación lo mantiene bajo escrutinio.
La reestructuración de la aerolínea del Estado
Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas avanza con un plan de reestructuración bajo la dirección de Fabián Lombardo. El objetivo es reducir la plantilla en unos 500 empleados, parte de una estrategia más amplia que incluye la apertura de un programa de retiros voluntarios con un fondo de 60 millones de dólares y un plan de jubilaciones anticipadas. Entre junio y agosto de 2024, la compañíaredujo su personal en 274 trabajadores, con recortes que abarcan diversos gremios, incluyendo 41 empleados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), 113 del personal de tierra (APA), y 37 técnicos aeronáuticos (APTA).
Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas
A pesar de estas medidas, los números oficiales han generado controversia. En diciembre de 2023, Aerolíneas Argentinas contaba con 11.926 empleados para operar 84 aeronaves, lo que arrojaba un promedio de 142 empleados por avión. Para mayo de 2024, la empresa reportaba 11.497 empleados, aunque fuentes internas aseguran que el número real era de 11.924. Al 6 de agosto de 2024, la dotación se redujo a 11.171 empleados para 86 aeronaves, disminuyendo el promedio a 129,9 empleados por avión.
A mediados del mes pasado, DATA24 reveló que la diputada nacional por Córdoba, María CelestePonce, les exigía a sus asesores una parte significativa de sus sueldos. Una de las afectadas, María GuillerminaRuiz, comentó: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 mil y yo me quedaba con 200 mil”.
A finales de julio, el periodista EduardoPrestofelippo, conocido como El Presto, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por los presuntos delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, bajo la dirección de Julián Ercolini.
En la tarde de hoy, tras más de veinte días de silencio, presiones por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza y de los usuarios de las redes, quienes le pedían que esclarezca su situación judicial, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: "ES FALSO". En ese sentido, publicó que "esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia". Además, alegó que todo es una"operación política" contra el oficialismo, a pesar de las capturas de los comprobantes de transferencias bancarias publicadas por este medio.
El posteo, con casi cincuenta mil reproducciones, generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: "Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos". Finalmente, pidió a la comunidad en redes que "entiendan" que es diputada: "No soy una tuitera".
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
