Denunciaron al ex asesor de Alberto Fernández por abusar sexualmente de un menor
Se trata del ex jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, quien renunció a su cargo el 18 de abril de este año luego de un malentendido con la Portavoz y el Ministro de Economía. Ahora, el domicilio del exfuncionario fue allanado y se secuestraron frazadas, ropa interior y teléfonos.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Este fin de semana el entorno del presidente Alberto Fernández volvió a ser salpicado con una denuncia por abuso sexual. En esta oportunidad por el ex jefe de asesores del Jefe de Estado, Antonio Aracre.
Según denunció la víctima, un joven menor de 17 años, el acusado lo ultrajó en contra de su voluntad en su departamento. Por ello, este domingo las fuerzas realizaron un allanamiento en el domicilio del ex CEO de Sygenta y se llevaron frazadas, sábanas, toallas, ropa interior y teléfonos celulares.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al ex funcionario denunciado por abuso sexual, Antonio Aracre
En la descripción judicial que brindó la presunta víctima, el hecho se concretó en un departamento en el piso octavo de una nueva torre de lujo en la calle Arévalo en Colegiales, a donde Aracre lo habría llevado tras encontrarse con él en el bar London cercano a Plaza de Mayo para “una entrevista de tipo político”. Al relato, el joven sumó que ya se conocían, pero que mantenían una relación únicamente profesional.
El caso recayó en el Juzgado N°32 de Santiago Quian Zavalía, el mismo que elevó el juicio a Jonathan Frabbro, denunciado por violar a su ahijada. Zavalía ordenó una serie de medidas para avanzar prontamente con la investigación. En esa seguidilla se pidió la declaración de los policías que tomaron la denuncia, la declaración del médico que revisó a la víctima tras el hecho, un examen físico y una serie de hisopados al menor.
Antonio Aracre, ex jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández
Además, también se solicitaron los archivos de las cámaras de seguridad de la zona, incluyendo el bar donde se reunieron previo al traslado al departamento de Aracre. En el bar, según la denuncia, también estuvo presente el novio de la víctima, un joven de 18 años. El juez pidió también que declare este testigo que podría ser clave, así como la madre del joven supuestamente abusado.
Por el momento, Aracre no fue detenido y aún no trascendió si el Juzgado N°32 ordenó su arresto. En paralelo, el Gobierno no ha hecho declaraciones sobre el ex funcionario, tampoco sobre la denuncia.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, con sede en la ciudad de Santa Fe, y le dio de baja la asistencia financiera tras detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del Programa Tarjeta Institucional. Los recursos debían destinarse a la compra de alimentos para un comedor comunitario, pero habrían sido utilizados en consumos en locales de comida rápida, restoranes céntricos y kioscos.
La Tarjeta Institucional es una herramienta creada para fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social. La cuenta asociada al programa solo admite depósitos del Estado provincial, único habilitado a cargar fondos, por lo que todos los movimientos deberían corresponder a compras para los beneficiarios.
Las inconsistencias surgieron durante las auditorías que realiza de manera habitual el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Allí se advirtió que las rendiciones presentadas por la organización para justificar los gastos no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta. Entre los consumos observados figuraron gastos en cadenas de hamburguesas como McDonald’s, además de bares, restoranes y kioscos que no guardan relación con el objeto del programa alimentario.
A partir de estas observaciones, y con el fin de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, la Provincia resolvió suspender la entrega de fondos, avanzar con la denuncia penal y poner toda la documentación relevada a disposición de la Justicia para que investigue los hechos.
El caso se vincula a la figura de Luciano “Chano” Rossi, dirigente social que condujo la organización hasta abril de 2024. En julio de 2025, Rossi fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego de una investigación administrativa que determinó un elevado nivel de ausentismo laboral: de los últimos 2.103 días registrados, había asistido a trabajar en 651 jornadas y se había ausentado en 1.452.
– El video que publicó Rossi en sus redes tras la denuncia
Rossi había ingresado a la EPE en julio de 2015, cuando el acceso del personal era “hereditario” o por “derecho de sangre”, es decir que los empleados ocupaban el lugar que dejaba vacante un familiar directo. La actual gestión modificó ese mecanismo y estableció el ingreso por concurso público, según capacidad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos que se transfieren a organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
Una familia de la provincia de San Juan fue condenada por robar dinero a personas vulnerables que eran beneficiarias de planes sociales del Estado nacional. Actuaron durante años mediante un esquema organizado, fueron descubiertos en 2017 y finalmente recibieron una condena, pero no la cumplirán en la cárcel.
El proceso judicial tuvo un giro importante en mayo de este año, siendo que los tres imputados optaron por un juicio abreviado. Este mecanismo procesal implica que los acusados reconocen su responsabilidad penal a cambio de una reducción en la pena solicitada. En este hecho, admitieron los delitos de estafa agravada contra la administración pública y asociación ilícita ante el juez federal Hugo Echegaray.
El Tribunal Oral Federal dictó una condena de tres años de prisión en suspenso para los Saavedra, lo que implica que quedaron formalmente condenados, aunque no deberán cumplir la pena tras las rejas. La decisión se explica por lo previsto en el Artículo 26 del Código Penal Argentino, que habilita la condena condicional cuando la pena impuesta no supera los tres años de prisión y se trata de la primera condena del imputado.
Dada las condiciones, ninguno tenía antecedentes penales y aunque la Fiscalía había solicitado prisión efectiva, el juez Echegaray resolvió otorgar la condena en suspenso. Lejos de significar una absolución, esta figura deja a los acusados con antecedentes penales y bajo un período de prueba, durante el cual, si vuelven a delinquir, deberán cumplir efectivamente esta condena junto con la nueva.
Además de la condena, el juez les impuso una serie de obligaciones concretas, entre ellas fijar residencia, por lo que no podrán mudarse sin autorización judicial, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajo comunitario. En la situación de Juan José Saavedra, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, una medida especialmente relevante si se tiene en cuenta que el agravante de su delito estuvo vinculado justamente al abuso de su función estatal.
— El puntero político, Romeo Saavedra
Dentro de la maniobra ilícita, los Saavedra habrían cumplido roles bien definidos. Romeo Isidoro Saavedra, un histórico puntero político del Partido Justicialista en el municipio de Chimbas, habría sido el jefe operativo y el encargado de ir personalmente a los cajeros automáticos para retirar el dinero con las tarjetas de los beneficiarios.
Su hija, Sol Araceli Saavedra, habría actuado como captadora, reclutando a jóvenes, en especial estudiantes universitarios, a quienes les ofrecía la posibilidad de acceder a programas como la Beca Progresar, destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años que quieren estudiar (nivel primario, secundario, terciario o universitario) y cuyos ingresos familiares no superen los tres salarios mínimos. Es un programa pensado justamente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La familia Saavedra aprovechó ese perfil (jóvenes con necesidades económicas) para reclutarlos fácilmente. En tanto, Juan José Saavedra, hermano de Romeo, habría operado como enlace institucional desde la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde presuntamente facilitaba trámites para habilitar tarjetas y aprobar beneficios.
Un dato clave que ayudó a detectar el sistema de fraude fue que varias tarjetas compartían la misma contraseña. Según la investigación, la familia devolvía solo una pequeña parte del monto a los beneficiarios reales y se quedaba con el resto, en torno del 60% del dinero acreditado. Así, por ejemplo, de un plan de $1.800, la persona recibía apenas $800.
El esquema se derrumbó el 20 de diciembre de 2017 de una manera casi accidental. Romeo Saavedra estaba en un cajero del Banco Hipotecario haciendo múltiples extracciones consecutivas con distintas tarjetas. Otros clientes, hartos de esperar en la fila, alertaron a la Policía. Al ser interceptado, llevaba encima 51 tarjetas sociales y aproximadamente $80.000 en efectivo recién retirados.
Eso disparó una indagación judicial a cargo del juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, que durante años fue construyendo el caso contra toda la estructura familiar. La causa terminó contabilizando 51 hechos delictivos.
Francisco Adorni es diputado provincial bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni. Recientemente rectificó por segunda vez su patrimonio y cambió el valor de su casa de City Bell.
“No fue un error, fue una omisión que ya fue subsanada. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano”, dijo el abogado Marcelo Peña a TN.
El caso se entiende mejor si se sigue la secuencia de hechos. A comienzos de 2026, Francisco Adorni presentó su declaración jurada original al dejar su cargo en el Ministerio de Defensa. El 19 de mayo hizo una primera rectificación en la que incorporó una herencia de $21 millones de su padre, que no había informado, y también modificó datos vinculados a un crédito hipotecario con el Banco Provincia.
Luego, el 8 de junio, presentó una segunda corrección, en la que redujo el valor de su casa en City Bell, de $67.5 millones a $52.6 millones, y sumó cinco cajas de ahorro con poco más de $2 millones que tampoco figuraban en la declaración inicial.
En apenas tres semanas, Francisco Adorni cambió sus bienes declarados al menos dos veces. Su patrimonio total, que en mayo había quedado en $102.750.000, bajó a $89.894.610 tras la segunda corrección.
Sin embargo, la inconsistencia más grave que generó la apertura de la investigación penal luego de conocerse estos números, no fue el valor de la casa, sino la cancelación de un crédito hipotecario con el Banco Provincia por $60 millones en menos de un año. Cancelar ese monto en tan poco tiempo, con los ingresos declarados de un funcionario y diputado provincial, es lo que encendió las alarmas del fiscal Guillermo Marijuán.
— El fiscal federal, Guillermo Marijuan
La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano (monobloque Coherencia), quien tiene un largo historial de denuncias contra figuras del oficialismo, incluyendo al propio Manuel Adorni. La defensa de Francisco caracteriza la denuncia como parte de “una interna política” dentro del espacio de LLA, destinada principalmente a dañar al Jefe de Gabinete.
El problema es que un crédito hipotecario del Banco Provincia es una deuda importante y de largo plazo. Si se cancela de golpe en menos de doce meses, surge la pregunta lógica; ¿de dónde salió ese dinero?
La defensa de Francisco Adorni, a cargo del abogado Peña, tiene una respuesta diferente, afirmando que el crédito nunca fue cancelado y que sigue vigente, tratándose de un préstamo UVA (ajustado por inflación) cuya deuda en realidad creció. Según Peña, lo que ocurrió en la declaración fue una “omisión” de carga, no un encubrimiento de un acto ilícito.
Hay dos movimientos en la segunda declaración que abren interrogantes políticos y judiciales. Por un lado, Francisco Adorni no corrigió al alza el valor de su propiedad, como suele ocurrir cuando alguien omite declarar un bien por error, sino que ahora sostiene que su casa vale menos que lo que había informado semanas antes.
El inmueble pasó de $67.5 millones a $52.6 millones, una diferencia cercana a los $15 millones, que atribuye a una variación en la valuación fiscal. Por otro lado, incorporó cinco cajas de ahorro con $2 millones que no habían aparecido en versiones anteriores, cuando solo había declarado dinero en efectivo.
Los hermanos Adorni bajo la lupa
El caso de Francisco parece ser algo de familia. Su hermano Manuel Adorni, Jefe de Gabinete, también enfrenta una investigación paralela y días antes de la segunda rectificación de Francisco, Manuel admitió públicamente que ocultó aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas, atribuyéndolos a ahorros acumulados en el sector privado e inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. La justicia también analiza vínculos patrimoniales y posibles bienes compartidos dentro del entorno familiar.
Antes de ser legislador, Francisco se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que administra el sistema de jubilaciones militares. Es decir, fue funcionario público de alto rango antes de asumir su banca provincial, lo que lo obliga legalmente a presentar declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.
El fiscal Marijuán ya tiene levantado el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, lo que significa que puede revisar todas sus cuentas, movimientos y transacciones desde el 2020. La Justicia también solicitó información al Banco Provincia específicamente sobre el crédito hipotecario y pidió datos a más de 30 organismos y entidades financieras. Si las explicaciones de la defensa no coinciden con los registros bancarios reales, la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero podría consolidarse. Si coinciden, la causa probablemente sea archivada.
Empleados estatales revelan una posible desviación de recursos organizada en el interior de la Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de administrar, mantener y dar de baja la flota de vehículos del Estado provincial.
De acuerdo a testimonios internos recabados por el medio Realpolitik, el esquema involucraría el saqueo sistemático de repuestos antes de compactar autos oficiales, la manipulación del pesaje de chatarra, y la desaparición de al menos un vehículo histórico restaurado.
El área depende de un extenso abanico de funcionarios de la secretaria General de la Gobernación, bajo conducción de Agustina Vila. Solo cuando determinados vehículos oficiales presentan bajo kilometraje o buenas condiciones mecánicas, existiría un circuito informal para “recuperarlos” antes de enviarlos a compactación. El procedimiento incluiría conversaciones con sectores vinculados a la subsecretaría de Gobierno, administrada por Paula Verónica Ferraris.
— A la izquierda, Verónica Ferraris junto a Agustina Vila
Antes de que los vehículos oficiales sean aplastados por la máquina compactadora, los trabajadores del automóvil deben asegurarse que faros, baterías, ruedas y componentes electrónicos no desaparezcan. Los papeles de los autos dicen que están completos, pero al momento de compactarlos ya fueron vaciados.
“Hay autos que en los papeles están completos y cuando los van a compactar ya fueron vaciados”, afirmó una fuente.
Este tipo de autopartes tiene un valor comercial significativo en el mercado de repuestos usados. Al extraerlas antes de la destrucción, se generaría un mercado paralelo —mercado negro— de componentes que, si bien son piezas del Estado, terminan circulando como si fueran mercancía privada.
Antes de entrar de lleno en el hecho, cabe explicar que la función de la DAEO depende de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense del gobernador provincial Axel Kicillof. Su misión es llevar un registro centralizado de todos los vehículos del Estado provincial, programar su distribución, controlar su mantenimiento, y decidir cuándo un vehículo ya no sirve y debe ser dado de baja. Cuando un vehículo oficial llega al fin de su vida útil, la DAEO tiene la potestad de compactarlo (aplastarlo para convertirlo en chatarra metálica) bajo el marco legal del Decreto 928/2007.
La directora actual del organismo es Rosana Mariel Viscardi, quien reemplazó a Ariel Abelando luego de que éste fuera desvinculado a principios de 2026 en medio de otras denuncias internas.
— Rosana Mariel Viscardi
El esquema no operaría a la vista de todos. Según los testimonios, el vaciado ocurriría fuera del horario laboral, cuando casi no queda personal en los galpones. Esto permitiría actuar con discreción, reducir los testigos y dificultar la trazabilidad de los componentes sustraídos.
Un nombre aparece de forma recurrente en las investigaciones y es el de Germán Sigampa, señalado como figura clave del circuito de compactación y de la gestión de rezagos (los restos o sobrantes de vehículos dados de baja). Conforme a la información, Sigampa recorre los depósitos de la provincia, mantiene vínculos con jefes distritales y tiene asignado un chofer por la directora Viscardi, lo que daría cuenta de su peso operativo dentro del organismo.
— Germán Sigampa
El concepto de “rezagos” es importante, debido a que en el sistema de la administración pública, los rezagos son los bienes sobrantes o inutilizables que deben ser dados de baja siguiendo un procedimiento formal. El control de quién gestiona esos rezagos y cómo se registran es clave para detectar sustracciones.
La trampa del pesaje de chatarra
Una de las denuncias más graves apunta al proceso de pesaje de la chatarra resultante de la compactación. Presuntamente existiría un posible conflicto de interés estructural, ya que la misma empresa que compra la chatarra sería la encargada de pesarla. Esto abre la posibilidad de que se declaren menos kilos de los reales, lo que significaría que el Estado recibe menos dinero del que debería por la venta de esos metales. La doble función —comprador y verificador del peso— eliminaría el control independiente que debería existir en cualquier licitación o contrato transparente.
El episodio más concreto y documentado dentro de la investigación involucra a un Peugeot 205 GLD modelo 1998, que había sido restaurado integralmente por personal de la DAEO. Por su antigüedad y excelentes condiciones tras la restauración, los propios empleados lo consideraban un “auto de museo”, no destinado al uso cotidiano.
Sin embargo, el vehículo fue utilizado por un empleado que no estaba habilitado para desempeñarse como chofer y quedó involucrado en dos incidentes graves en un lapso breve. En primer lugar, dio positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Tandil, hecho que derivó en el secuestro del rodado y su traslado en grúa, una situación que habría sido ocultada a las autoridades políticas del área. Poco después, ese mismo empleado protagonizó un choque en la autopista Buenos Aires–La Plata que terminó por destruir por completo el vehículo.
Desde el accidente, el Peugeot 205 no volvió a aparecer ni figura en los listados oficiales de depósitos. No hay registros fotográficos ni rastros en ningún circuito administrativo conocido. Todo lleva a sospechar que el vehículo podría haber sido incluido de manera encubierta en el proceso de compactación, eliminando así la evidencia de los incidentes. Tanto la subsecretaria de Gobierno Paula Ferraris como la secretaria general Agustina Vila no habrían sido informadas de lo ocurrido, y el manejo del caso quedó en niveles operativos intermedios. En ese encubrimiento aparece mencionado el propio director Abelando —el mismo que fue posteriormente desvinculado.
El patrón previo
Desplazar a Ariel Abelando a principios de 2026 no fue un acto deliberado, sino que se produjo en un contexto de reclamos reiteradas por faltantes de autopartes, reparaciones infladas y facturaciones cuestionadas dentro de la DAEO. Las alertas internas sobre los faltantes de autopartes existían incluso antes del proceso de compactación acelerado que el gobierno de Kicillof impulsó en enero de 2026.
La llegada de Viscardi como nueva directora, lejos de calmar las aguas, generó nuevas dudas. Trabajadores bajo su conducción la acusaron de maltrato, persecución laboral y asignación de tareas con vehículos en condiciones irregulares. A su vez, una investigación paralela del mismo medio reveló que existe un Volkswagen Fox oficial con VTV vencida que aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible en el sistema YPF Ruta, lo que sugiere un patrón más amplio de irregularidades administrativas.
Este hecho no se limita a la sustracción de unas autopartes. Detrás aparecen, al menos, tres dimensiones de gravedad institucional. Por un lado, una probable corrupción en la gestión de bienes públicos, ya que los vehículos del Estado pertenecen a toda la ciudadanía y su vaciamiento constituye un perjuicio directo al patrimonio público. Por otro, una evidente falla en los controles internos, dado que la misma empresa que adquiere la chatarra sería la encargada de pesarlo y, además, los vaciados habrían ocurrido fuera del horario laboral, lo que pone en duda el funcionamiento de los mecanismos previstos por el Decreto 928/07.
Finalmente, surge la sospecha de un posible encubrimiento institucional, ya que el caso del Peugeot 205, con dos hechos graves que habrían sido ocultados a las máximas autoridades, sugiere que no se trataría únicamente de una responsabilidad individual, sino también de una cadena de omisiones y silencios dentro del organismo.
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concluyó el mega operativo simultáneo en varias villas y asentamientos de Buenos Aires para hacer controles, allanamientos y clausuras. Según las coberturas oficiales, el objetivo fue frenar delitos como narcomenudeo, armas ilegales, vehículos con pedido de secuestro y comercios irregulares.
“Vamos a impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Más de 1.500 uniformados formaron parte del procedimiento, entre dos helicópteros, un vehículo blindado, drones y fuerzas especiales, de acuerdo con lo trascendido. La aglomeración policialcomenzó pasadas las 7 de la tarde y se registraron al menos 27 personas y la clausura de 25 comercios.
Los lugares alcanzados incluyeron villas y barrios como 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre. La novedad no fue solo la cantidad de personal, sino la simultaneidad, siendo que la idea fue actuar en muchos puntos a la vez para evitar que los grupos delictivos se lograsen reacomodar.
El operativo apuntó a tres frentes. El primero y más importante, fue capturar personas con pedido de detención, desactivar puntos de venta de droga y revisar vehículos y comercios sospechosos. En los primeros minutos de la misión, incluso se reportó el hallazgo de armas cortas y dosis de cocaína listas para la venta minorista.
Además del componente policial, hubo una parte de “ordenamiento urbano”, con retiro de autos abandonados, control de chatarrerías, inspección de locales, clausuras y limpieza de espacios ocupados de forma irregular. Eso muestra que el gobierno porteño no lo planteó solo como un operativo contra el delito, sino también como una intervención sobre el espacio público.
El nombre elegido por el Ministerio de Seguridad porteño para este despliegue fue el de “Tormenta Negra”. Jorge Macri lo presentó como algo “sin antecedentes en la Ciudad” y lo vinculó con la necesidad de “orden” y “seguridad”. En sus declaraciones, sostuvo que no quieren que el delito de la provincia, administrada por el gobernador Axel Kicillof, se instale en la Ciudad y dijo que van a perseguir a quienes “vengan de afuera a molestar a los porteños”.
En la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, marcó con aerosol uno de los puntos detectados como búnker de venta de drogas. Al señalar la fachada de la vivienda con una cruz roja, destacando que en el lugar “tenían dosis listas para la venta y armas”. Luego de los operativos, personal porteño levanta una pared interior para impedir que la casa vuelva a ser ocupada por narcos y que el punto de venta retome su actividad.
En la villa 31 fueron detenidas cinco personas por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Asimismo, durante los procedimientos se secuestraron envoltorios con marihuana y pasta base, además de teléfonos celulares y armas de fuego. En paralelo, por distintas infracciones de tránsito, las autoridades secuestraron 14 motocicletas y cinco automóviles por falta de documentación.
Además del búnker narco clausurado en la Villa 31, el operativo previó medidas similares en otros tres puntos identificados como centros de comercialización de drogas. Los inmuebles destacados estarían ubicados en las villas 15, Zavaleta y Fraga.
Desde el Gobierno porteño señalaron que estos procedimientos especiales orientados a la prevención del delito se incorporan a los operativos de control que ya se desarrollan en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, precisaron que durante los últimos ocho meses fueron inspeccionados 110.000 vehículos y 123.000 personas en los puntos de ingreso y egreso del territorio porteño, tanto en la avenida General Paz como en los puentes que atraviesan el Riachuelo.
En esos controles aleatorios de identidad fueron detenidas 98 personas con pedidos de captura vigentes por delitos como robo, hurto, lesiones, encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, las autoridades informaron que se labraron 15.000 infracciones a conductores de vehículos.
Más tarde, durante una entrevista con el medio de LN+, Jorge Macri aseguró que se trata del primer operativo de control realizado en las villas porteñas y se remarcó que “en la Ciudad tiene que haber orden y no se puede construir en cualquier lado”.
A la medianoche, felicitó al ministro de Seguridad porteño, al secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro, al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló y a los efectivos que participaron del operativo. A través de un mensaje, agradeció “el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días para que la ley se cumpla y el orden se respete”.
La legisladora porteña Rocío Figueroa (PRO) afirmó que “siete de cada diez” personas en situación de calle que duermen en la Ciudad de Buenos Aires son oriundas del territorio bonaerense y responsabilizó del cuadro al gobernador Axel Kicillof. “Son los pobres, son los indigentes que Kicillof tira a la basura”, sostuvo en una entrevista en el programa Perdón por la Vehemencia, que se emite por CanalEy! y conduce el periodista El Presto.
Figueroa cargó contra la gestión bonaerense y aseguró que la Ciudad cumple con la ley nacional que obliga a contar con centros de inclusión social, mientras, la provincia “no hace nada”. “Nosotros atendemos a 7 de cada 10 personas de la provincia de Buenos Aires, insistió.
La legisladora describió las herramientas con las que cuenta el gobierno porteño para asistir a esa población: la línea telefónica 108, que opera las 24 horas y deriva a los equipos de calle; los Centros de Inclusión Social para hombres solos y familias; y los dispositivos específicos para personas con consumo crítico o cuadros graves de salud mental.
“Si esa persona no se quiere ir, yo no la puedo arrestar. Yo no la puedo obligar tampoco”, aclaró acerca de los traslados a los paradores. Desde ese punto, reclamó una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental: “Necesitamos que en el Congreso Nacional se debata una ley de salud mental razonable y mucho menos ideologizada”.
Sobre el reclamo económico a la provincia, Figueroa respaldó la factura por más de $27.000 millones que el 1 de abril el gobierno de Jorge Macri le envió a Kicillof por la asistencia a 2.327 personas con domicilio en territorio bonaerense. “Le pasamos la factura todos los meses a Kicillof”, precisó, y advirtió que existe “un proceso judicial” que el gobernador “en algún momento va a tener que pagar”.
“El porteño no tiene por qué bancar la no gestión a Kicillof”, cerró.
Impulsada por referentes de la derecha europea y respaldada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la propuesta busca una moratoria migratoria, retornos masivos y mayor control fronterizo, aunque todavía debe completar su registro oficial para tener validez legal en la UE.
El consorcio chino ganó pese a que la auditoría internacional recomendó la oferta argentina, técnicamente superior. El ahorro representa apenas el 0,1% del proyecto y deja sin trabajo a 500 operarios locales y más de 50 PyMEs proveedoras.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
