Denunciaron a Sergio Massa por “malversación de caudales públicos”
El ministro de Economía de la Nación fue denunciado por la Fundación Apolo por usar un vehículo de la cartera ministerial para hacer campaña personal en Córdoba.
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El inicio de esta nueva semana trajo consigo una denuncia para el precandidato a presidente de Unión por la Patria (ex Frente de Todos) y actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. La presentación a la Justicia fue elevada por la Fundación Apolo y se sustenta en el uso indebido de un vehículo de Palacio de Hacienda.
Los letrados e integrantes de la Fundación Apolo Bases para el Cambio José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Otegui fueron quienes avanzaron con la denuncia que dicta: “venimos a denunciar al Sr. Ministro de Economía, Dr. Sergio Massa y a todo otro funcionario que hubiese tomado parte en los hechos que se describen en esta presentación, por la conducta tipificada en el artículo 261 del Código Penal (malversación de caudales públicos), y a solicitar se inicie una investigación por violación del art. 15 de la ley 26.215“, según el documento que otorgaron al medio Mendoza Today.
Seguidamente detalla que procedieron con la presentación luego de que el periodista Gonzalo Ziver denunciará mediante sus redes sociales aportando imágenes y documentación que el ministro Massa viajó a la provincia de Córdoba en carácter presidencial con un vehículo que pertenece a la firma Alliance SA, es proveedora del Ministerio de Economía, alquilando a esa cartera un total de 6 camionetas y 12 automóviles. “Uno de esos vehículos, coincide con el modelo Toyota antes mencionado, por el que el Estado Nacional abona a la contratista una suma superior a los 15 millones de pesos mensuales“, fundamentaron.
Por ello, para los denunciantes “queda claro que la utilización del mencionado vehículo, para una actividad propia de la campaña electoral, importa el empleo, en provecho del denunciado, de un servicio pagado por la administración pública, razón por la cual, el candidato peronista a la Presidencia de la Nación, se encontraría incurso en el delito de Malversación de caudales públicos“.
Massa fue en este vehículo a Córdoba. Según se ve la patente, es AF 477 NX pic.twitter.com/2z19W6odyN
Bajo este pie indicaron que el Art. 15 de Ley 26.215 prohíbe la aceptación por los partidos políticos de aportes de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestatales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; o permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; y, asimismo, de acuerdo con el art. 16 del mencionado texto legal, la prestación brindada para fines proselitistas constituye un aporte en especie.
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Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
Luego de que un funcionario público de La Plata fuera denunciado por el supuesto abuso sexual a sus dos hijos, el abogado Marcelo Peña logró que se archive la causa por “FALSEDAD” y ahora buscará ir contra la mujer y el abogado que la asesoró por llevarse a los hijos a vivir a Brasil.
Según contó Peña en diálogo con medio local El Editor Platense, “este tema es una problemática que viene desde hace tiempo”, y detalló que su representado “hace más de un año que no puede ver a sus hijos por la interposición de denuncias falsas”, y ahora “esta señora, que es la madre de los nenes, se los terminó llevando ilegalmente a Brasil”.
“Nosotros hicimos la denuncia penal, primero una averiguación de paradero, porque nos enteramos por un mail, un mensaje que manda la mamá al colegio de que ellos ya querían radicarlos en Brasil y querían haber comunicado el cese de las actividades escolares y que los niños iban a continuar su desarrollo el año que viene en Brasil”, agregó.
En ese aspecto detalló que “entonces esto puso alerta en el padre, no los encontró por ningún lado, y ahí continuamos con la denuncia penal de sustracción de menores porque con la doctora Cecilia Corfield logramos identificar el uso de WhatsApp desde Brasil”.
De esta forma, para finalizar, Peña señaló: “En esto, es lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es justamente un proyecto de ley para ampliar las penas o los delitos de falsa denuncia y contexto de género, porque justamente yo voy a la protección de la verdadera víctima”.
“Pero hay que empezar, justamente, a ser persuasivos con quienes asesoran con el fin y el norte de buscar una mentira, una falsedad de los hechos. Esto tiene que dejar de ser un juego”, sentenció
Por lo que se pudo saber desde el radiopasillo de Casa Rosada, la vicepresidente Victoria Villarruel sigue en su principal objetivo de mejorar su organigrama territorial. Más aún desde su alejamiento del Partido Demócrata (PD).
Propios y extraños se encargaron de oficializar diferentes reuniones en “off” que mantuvieron los hijos del ex mandatario sanjuanino con la segunda del Gobierno.“Mantiene el ‘Pacto de Damas’ con Karina Milei, pero de a poco juega sus propias cartas”, sentenciaron a este medio, de manera anónima.
De momento, Cruzada Renovadora, el sello de la familia Avelín que cuenta con personería jurídica en 3 provincias (San Juan, Jujuy y Río Negro), tendría como objetivo poderse organizar hacia el ámbito nacional (necesitaría 5). Aún profundizan en afiliaciones y adhesiones en el territorio bonaerense.
¿La provincia de Buenos Aires está fuera del arreglo?
La batalla en provincia de Buenos Aires cada vez sería más complicada, porque el asesor presidencial Santiago Caputo mantendría su propio juego, detrás de lo que sería su “mesa chica” con el diputado bonaerense Agustín Romo a la cabeza. Del otro costado, la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, ofreciendo aval a su alfil Sebastián Pareja, actual titular de Integración Socio Urbana.
En el medio, el famoso “Pacto de Damas” entre Villarruel y Karina, el cual salió a la luz y trataría de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el territorio bonaerense no tendrían injerencia política de Victoria. De esta forma, presuntamente se allanó el camino para la hermana del Presidente.
Sin embargo, el acuerdo de la vicepresidente con Cruzada Renovadora traería un beneficio en lo que es la musculatura del interior del país, por la presencia en provincias como San Juan, Jujuy y Río Negro. ¿Desventajas? El territorio bonaerense también está siendo coordinado de la mano de Esteban Javier Pascual Del Malvar, quién no pretende quedarse afuera de los sufragios intermedios.
No es seguro asimilar si Cruzada Renovadora evitaría sugerir nombres para la provincia de Buenos Aires, o bien si se selló la alianza con el sector de Victoria Villarruel. Pero sobre la mesa se encuentra todo…
El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio por corrupción que también implicó al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
La resolución del Tribunal —integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón— se produjo con una votación dividida. Mientras Castagno abogó por la prisión domiciliaria, Vergara y Garzón coincidieron en enviar a Báez a la cárcel. La medida fue ejecutada inmediatamente, y el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en calle Jozamí al penal ubicado en la intersección de las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná.
La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, argumentó que Báez, al igual que Urribarri y Aguilera, cuenta con recursos económicos que facilitarían una posible fuga. Este argumento fue respaldado por el juez Garzón, quien citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de los delitos y el riesgo de evasión.
El equipo defensor de Báez, integrado por José Velázquez e Ignacio Díaz, solicitó que, de considerarse una medida coercitiva, esta fuera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Además, ofrecieron que la caución de 20 millones de pesos ya abonada se mantuviera como garantía. Sin embargo, el Tribunal rechazó estas solicitudes y dispuso la prisión preventiva en el penal.
La decisión del Tribunal se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente contra funcionarios del urribarrismo. El pasado martes, Urribarri y Aguilera fueron detenidos y trasladados a la misma cárcel. La Cámara de Casación Penal de Paraná había ordenado previamente la detención inmediata de ambos, un antecedente que pesó en la resolución de Báez.
Este no es el primer intento de encarcelamiento para el exministro. En ocasiones anteriores, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando riesgo de fuga, especialmente después de que su abogado defensor no notificara la continuidad de apelaciones contra la sentencia.
Con esta medida, el exministro, quien ocupó un rol clave en el gobierno de Urribarri entre 2007 y 2015, se suma a la lista de altos funcionarios condenados y encarcelados por corrupción en Entre Ríos. A la espera de que se resuelvan sus apelaciones en instancias superiores, Báez comenzará a cumplir su condena en un contexto de creciente presión judicial sobre los actos de corrupción del pasado gobierno provincial.
El Superior Tribunal de Justicia será la última instancia en determinar si Báez, Urribarri y Aguilera continúan en prisión o acceden a la prisión domiciliaria, una decisión que podría redefinir el desenlace de este resonante caso de corrupción.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
En un anuncio que marca el fin de un capítulo controvertido en la historia política, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el cierre definitivo de la planta ex Ciccone Calcográfica, situada en Don Torcuato. La emblemática imprenta, estatizada en 2012 tras un caso de corrupción que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, será subastada en los próximos meses.
“La ex Ciccone ya no es necesaria en manos estatales. Su cierre ahorrará al país 5.040 millones de pesos anuales”, destacó Caputo en su cuenta oficial de la red social X. La decisión incluye la desvinculación de los 270 empleados que trabajaban en la planta, quienes han sido “dispensados” hasta que se definan políticas de reubicación o acuerdos individuales.
– Caputo hizo el anuncio desde Brasil, acompañando al Presidente en la cumbre del G20
El cierre fue acompañado por un operativo que incluye el retiro de maquinaria y el desalojo del inmueble, que cuenta con una bóveda utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para almacenar billetes próximos a ser destruidos. Según Caputo, algunas máquinas serán reutilizadas:
Equipos para la fabricación de chapas patente se trasladarán a depósitos en Retiro.
Tres máquinas de calcografía serán utilizadas para la producción de pasaportes.
Las máquinas importadas para la producción de billetes serán retiradas y redistribuidas.
El ministro aclaró que la planta había dejado de operar el 31 de octubre, cuando el BCRA rescindió el contrato para la producción de billetes a nivel estatal.
Aunque el Gobierno asegura que buscará reubicar a algunos de los trabajadores en la administración pública, no se ha especificado cuántos podrán mantener sus empleos. “Nadie volverá a la planta de la ex Ciccone”, confirmaron fuentes oficiales. El cierre definitivo también simboliza un cambio en la estrategia estatal: Argentina ya no producirá billetes localmente y optará por proveedores internacionales.
“El cierre de la ex Ciccone pone fin a uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.
El escándalo de la ex Ciccone
El cierre de la planta marca el epílogo de un caso que sacudió al país en 2012, cuando se destaparon irregularidades en la compra de Ciccone Calcográfica por parte de testaferros vinculados a Amado Boudou, entonces vicepresidente. La denuncia inicial fue realizada por Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele, quien actuó como intermediario en la operación a través de la firma The Old Fund.
El escándalo llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la empresa en agosto de 2012. Sin embargo, las investigaciones continuaron, y en 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
