Dady Brieva sobre la inflación: “A mí no me mueve la aguja, yo estoy bien económicamente”
El polémico comentario del ex Midachi, vertido en un programa de Uruguay, generó repudio en las redes. "¿Qué queres que haga yo? No soy ministro de Economía".
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El conductor de Peronismo Para Todos, Dady Brieva, generó polémica este lunes tras la viralización de unas declaraciones vertidas en el programa Algo Contigo de Uruguay. “Está complicado allá”, admitió el humorista en relación a la situación económica del país. Consultado por el presentador, Luis Alberto Carballo, Dady siguió y aclaró: “Igual no me mueve la aguja a mí. Yo estoy bien, es literal, yo estoy bien económicamente”.
Ante la abrumadora respuesta, Carballo replicó: “Pero tenes un 50% de la Argentina empobrecido, pasando hambre…”. “Por eso te digo, van a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán”, respondió Brieva. Atónito por las declaraciones, el periodista hizo una pausa y fue interrumpido por Dady que entendió el silencio diciendo: “¿Y qué queres que haga yo? No soy ministro de Economía“.
Ante esa respuesta, el presentador le recordó que es conductor de un programa, trasmitido en C5N, con una clara militancia política del modelo que admitió está llevando al país a la pobreza: “Porque vos me decís ‘yo estoy bien’, ¿y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien”. A lo que Brieva le dijo: “Yo no sé lo que va a pasar, pasará lo que tenga que pasar. A mí no me puede reclamar nada la gente porque yo soy un cómico“.
“¿Hay un mea culpa?”, preguntó Carballo. “¿Qué querés que yo te diga? ¿Querés que te diga que estoy arrepentido, que hago un mea culpa?”, respondió Brieva en tono de molestia y detalló a qué público es dirigido su programa: “Es para los de caza y pesca. Peronismo para todos ¿para quién es?, para los peronistas…”, concluyó.
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Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, MarianoDeLosHeros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.
Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.
El ministro ministro de Desregulación y Transformación, FedericoSturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.
La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.
El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.
Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).
Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo GarcíaEleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.
Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.
En un nuevo episodio de opacidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue señalado por ocultar el proceso de un masivo concurso para la cobertura de más de quinientos cargos en el sistema de salud.
Según relataron fuentes cercanas al proceso a REALPOLITIK, la convocatoria fue organizada sin la debida transparencia y con la aparente intención de concentrar las vacantes en manos de personas afines al kirchnerismo, a través de un pacto entre el ministerio de Salud, que conduce Nicolás Kreplak, y las entidades sindicales especializadas en la materia: la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El llamado a concurso, al que se puede acceder a través de este link, lleva el respaldo formal de las autoridades gremiales y está dirigido exclusivamente a seccionales provinciales. Este tipo de convocatoria, que incluye un cronograma detallado y listado de cargos, típicamente se publicaría en medios de amplia circulación para garantizar que los postulantes calificados tengan acceso equitativo a las vacantes. Sin embargo, este concurso fue omitido de los canales de comunicación oficiales, limitando el acceso solo a aquellos selectos con un vínculo directo con los organizadores.
El documento menciona que los cargos, actualmente cubiertos de manera interina y no adjudicados en el concurso anterior, se ofrecerán exclusivamente dentro de un lapso breve, del 25 al 27 de octubre de 2024, con inscripción del 4 al 11 de noviembre. Esto deja un margen estrecho para la difusión pública y la posibilidad de que profesionales no alineados con el gobierno provincial participen en igualdad de condiciones.
Proceso de selección bajo la sombra
La disposición establece detalladamente los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los aspirantes. Desde la presentación de documentos de identidad, certificados profesionales, hasta la constitución de un domicilio legal en la localidad del puesto concursado, las condiciones son exhaustivas. Este esquema, aunque regulado por ley, se ve empañado por la opacidad con que se ha manejado su comunicación.
El jurado que seleccionará a los profesionales está constituido, en su mayoría, por funcionarios designados por el ministerio que conduce Nicolás Kreplak, con un evidente control sobre el proceso. La disposición establece que un representante del gremio y otro designado por la entidad de matriculación profesional tendrán voz y voto en el comité evaluador, lo que despierta sospechas sobre la imparcialidad de este proceso, dado el rol preponderante de los sindicatos aliados del gobierno.
Este proceso de selección viciado pone en evidencia la falta de transparencia en un área tan sensible como la salud pública. La decisión de ocultar información y reducir la convocatoria para favorecer a sectores afines constituye un atentado contra el acceso igualitario y democrático a los empleos públicos.
Sin dudas, la ciudadanía, organizaciones de transparencia y la dirigencia opositora podrían presionar para que el gobierno rinda cuentas sobre la falta de publicación en los medios y los motivos para limitar el acceso a la información. El presunto favoritismo en la selección podría derivar en acciones legales por parte de profesionales de la salud que se vean afectados.
Según un relevamiento realizado por este medio, el listado de vacantes en hospitales y unidades sanitarias de la provincia de Buenos Aires presenta un total de aproximadamente 515 cargos distribuidos en distintas especialidades y localidades de las regiones I a XII.
En conjunto, las vacantes se concentran en especialidades médicas de atención primaria y urgencias, además de áreas de salud mental y trabajo social. Esto muestra un enfoque en reforzar tanto los servicios clínicos esenciales como el apoyo en salud mental en las distintas regiones.
Regiones I a V:
Principales establecimientos: Hospital José Penna (Bahía Blanca), Hospital Julio de Vedia (Nueve de Julio), Hospital Abraham Piñeyro (Junín), y otros en Carmen de Areco, Pergamino, Vicente López, y San Fernando.
Principales vacantes: médicos en especialidades de cardiología, clínica médica, oftalmología, neonatología, psiquiatría, además de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, farmacéuticos, kinesiólogos, y nutricionistas.
Total de cargos aproximado: 127.
Regiones VI y VII:
Principales establecimientos: Hospital Isidoro Iriarte (Quilmes), Hospital Lucio Melendez (Adrogué), Hospital Mi Pueblo (Florencio Varela), y Hospital Narciso López (Lanús).
Principales vacantes: psicólogos, enfermeros, pediatras, fonoaudiólogos, kinesiólogos, y especialidades médicas como pediatría, neumonología, ginecología y clínica quirúrgica.
Total de cargos aproximado: 120.
Regiones IX, X y XI:
Principales establecimientos: Hospital Materno Infantil Argentina Diego (Azul), Hospital Blas Dubarry (Mercedes), Hospital Alejandro Korn (José Melchor Romero), y otros en Las Flores, Rauch, y Saladillo.
Principales vacantes: especialistas en odontología, psiquiatría, pediatría, neonatología, neurología, fonoaudiología, bioquímica, y áreas relacionadas con rehabilitación y geriatría.
Total de cargos aproximado: 109.
Regiones XI y XII, y Red Provincial de Salud Mental:
Principales establecimientos: UPAs de Los Hornos y Lezama, Hospital Alberto Balestrini (Ciudad Evita), Hospital Paroissien (La Matanza), y unidades de CPA en varias localidades.
Principales vacantes: psicólogos, trabajadores sociales, y médicos en clínica médica, obstetricia, pediatría, terapia intensiva, gastroenterología, nefrología.
El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.
Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.
El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.
La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.
La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.
Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.
El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”
El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.
Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.
En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.