¿Cuáles son los organismos del Estado menos transparentes?

La medición arrojó que existe un bajo cumplimiento en la publicación de las declaraciones juradas, auditorías, subsidios y transferencias.
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*Por: Equipo de Política de Tribuna de Periodistas

La Agencia de Acceso a la Información Pública presentó los primeros resultados del Índice de Transparencia Activa, en el marco del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2022. La medición arrojó que existe un bajo cumplimiento en la publicación de las declaraciones juradas, auditorías, subsidios y transferencias.

Este nuevo índice abarca a 26 organismos centralizados, 92 organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, 55 empresas públicas y 66 universidades. La metodología se pensó y diseñó en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los objetivo de la medición son varios, “por un lado, dar cuenta del relevamiento y control que realiza la Agencia del cumplimiento de las disposiciones del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y por otro, posibilita que la ciudadanía que también controle y obtenga información sobre cuál es el nivel de cumplimiento de los organismos y qué información se publica en mayor o menor medida. Finalmente, les permite a los propios organismos observarse a sí mismos y frente a sus pares. La luz pública siempre mejora la manera en que nos comportamos y es un incentivo al mayor cumplimiento”, expresó Eugenia Braguinsky, directora nacional de Acceso a la Información Pública en comunicación con Periódico Tribuna de Periodistas.

ANSES, obtuvo puntaje cero en casi todas las categorías menos en la publicación de auditorías, donde cumple con un 25%.

“Los resultados son muy buenos, alentadores”, reflexionó Braguinsky, quien agregó: “los organismos demostraron estar comprometidos. Algunos vienen más atrasados, pero no podemos afirmar que es por intención de ocultar sino porque están aún avanzando en la publicación de la información”. Además explicó que hay información más “costosa”: auditorías, declaraciones juradas, nómina de personal. Otras que ya están más “aceitadas”, como el mapa del Estado, presupuesto y ejecución. En el caso de compras y contrataciones señaló que no es información “sencilla” de leer, pero esto no es por responsabilidad de los organismos sino porque la información se linkea con los sitios Comp.Ar y Contrat.Ar.

Entre los Ministerios más transparentes está el de Transporte, Salud y Justicia. Los que menos información tenían publicada al momento del análisis fueron el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría de Asuntos Estratégicos que no publicitaron ninguno de los 8 ítems medidos: solicitudes de acceso a la información pública, autoridades y personal, escala salarial , declaraciones juradas, compras y contrataciones, presupuesto, auditorias, y subsidios y transferencias.

En cuanto a los organismos descentralizados el mejor posicionado fue la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) quedaron con los peores resultados en materia de transparencia. Este último, ANSES, obtuvo puntaje cero en casi todas las categorías, menos en Auditorías, donde cumple con un 25%. Las empresas del Estado con menos transparencia activa fueron Radio y Televisión Argentina S.E. y Trenes Argentinos Cargas. Las instituciones educativas superiores observadas fueron la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba, ambas con un puntaje regular.

“Hay un gran incumplimiento en la publicación de declaraciones juradas, transferencias, subsidios y auditorías. Esto muestra todavía una reticencia por parte de los organismos a seguir publicando información. Este índice permite ver concretamente a quien le falta más transparencia activa, en qué categorías, y habilita a seguir inculcando un mayor cumplimiento de las obligaciones” manifestó Clara Lucarella, abogada del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Participación

Las tres organizaciones antes mencionadas participaron en el diseño de la metodología y en la organización de las categorías. “El índice anterior solo media a la administración pública central. Esta vez se incluyó algunos organismos descentralizados, empresas públicas y universidades, que antes no estaban”.

“Es un gran avance”, añadió Lucarella. Otro avance es que ahora la información de la administración pública central se va a actualizar todos los meses y la de organismos y empresas públicas, cada dos. Para Lucarella, “es una noticia muy buena porque va a permitir tener una foto del cumplimiento. Es importante seguir mirando cómo es la calidad de los datos que aportan, el nivel de actualización y su formato. Y quizás, a partir de ahora, los obligados también se motiven a cumplir con lo que establece la ley. Valoramos el trabajo de la Agencia, esperamos que cada vez más personas lo conozcan y se siga exigiendo más transparencia al Estado”.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

HUMOR por Argüelles​

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