Chaco | Capitanich condimentó su campaña con la visita del chavista ecuatoriano Rafael Correa
El gobernador chaqueño utilizó al ex mandatario de Ecuador para lograr subir su imagen.
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Luego de dejar atrás el mal trago con los médicos residentes y apuntar directamente a la Policía por el accionar malintencionado reprimiendo una protesta pacífica en el microcentro de Resistencia, la gestión oficialista de Chaco sigue mostrándose como si ya estuviese en campaña de cara al 2023. Sin importar los huecos que faltan tapar producto de la crisis económica.
Así como fue el lanzamiento del Plan Quinquenal 2023-2027, que no por una casualidad comprende los años de una nueva gestión provincial o de una posible reelección del gobernador Jorge Capitanich, donde justamente “Coki” se mostró eufórico como si fuese un acto político.
Tweet del gobernador Jorge Capitanich junto al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa
Esta semana, con la “excusa” de una Conferencia Continental de Juristas, la presencia del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, le sirvió al máximo referente político del justicialismo mostrar diferentes “íconos” de lo que sería el socialismo en la provincia.
En esa recorrida, Capitanich se mostró como todo un candidato a algo más que una Gobernación, pero es con lo que hasta el momento se tendrá que conformar, hasta tanto tenga más claridad el panorama nacional.
El mandatario provincial junto al ex jefe de Estado de Ecuador en una obra
Antes del tour por la provincia, el gobernador encabezó la apertura del evento, que contó con personalidades políticas, expositoras y expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Canadá; entre las que se destacaron el ex presidente Correa y el ex juez Raúl Zaffaroni, y dónde se analizaron situaciones y procesos históricos que atravesó y atraviesa el mundo.
Ya como parte de las actividades, el ex presidente de Ecuador visitó el Monumento a los Caídos en Margarita Belén, en un amplio recorrido de más de una hora y media donde se interesó por conocer la historia de la masacre, interiorizándose en los 4 hitos del Parque de la Memoria, pasando por el primero, la Cruz Histórica, colocada por los familiares el primer año luego del retorno de la democracia, y siguiendo por los tres pilares de Memoria, Verdad y Justicia, destacando a estos como principios inseparables de la política de Estado de todas las naciones.
Rafael Correa acompañó a Jorge Capitanich en varias obras
Casi impávidos, desde la oposición no tuvieron reacción alguna a este vendaval de oportunidades que sí aprovechó el oficialismo, marcando una “unidad” en la región del continente, luego de lo que también significó el triunfo presidencial de Luis Inácio Lula Da Silva, y que fue destacado por el gobernador como “un regreso a una democracia en Brasil”.
Justamente, en un sector de la oposición, estuvieron ocupados con otros temas y les salió mal. ¿A qué nos referimos? La visita del diputado nacional Roberto García Moritán a Resistencia, dónde recorrió las obras que se llevan adelante en el barrio La Rubita junto al referente Iván Gyoker.
Uno de los últimos eventos en dónde Correa acompañó a Capitanich
En esa “jugada”, García Moritán filmó viviendas que no tienen nada que ver con las obras de intervención en el barrio La Rubita, que se llevan adelante con inversión del Fondo para la Integración Socio Urbana. Desde el oficialismo nacional y provincial denunciaron: “Es una mentira lisa y llana, que busca deslegitimar el Aporte de las Grandes Fortunas, el cual ejecutamos ya con gran eficacia”, defendieron.
La cuestión está en que venían de una semana en la que había “pifiado” el oficialismo, y estaban empatados en embarrarla. Pero ahora, la gestión provincial aprovechó dos simples hechos para volver a mostrarse sano y cercano a los vecinos que, a veces, es lo que suma y mucho en momentos en los que se empieza a pensar qué boleta se va a introducir en el sobre antes de apuntarle a la urna.
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La Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el manejo de los fondos nacionales destinados a la urbanización de barrios populares y encontró una extensa serie de deficiencias en la administración, seguimiento y control de una política pública que durante los últimos años movilizó importantes recursos del Estado nacional.
El organismo aprobó el 20 de agosto de 2026 el informe 169/2026, correspondiente a la actuación 214/2023, denominado “Gestión de fondos nacionales transferidos en el marco del programa 53 – Integración Socio Urbana, Actividad 42 – Abordaje Integral de Barrios Populares”. La auditoría comprende el período que va desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024.
Se trata de un dato relevante para interpretar sus conclusiones: el período analizado incluye casi dos años completos de la administración de Alberto Fernández y los primeros nueve meses de la gestión de JavierMilei.
Durante la administración de Alberto Fernández, el área estuvo encabezada por Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente del espacio de Juan Grabois, bajo las sucesivas conducciones de Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz en el ministerio de Desarrollo Social. Con la llegada de Javier Milei, pasó a tener rango de subsecretaría y quedó a cargo de Sebastián Pareja, referente del armado bonaerense de Karina Milei, designado desde el 28 de diciembre de 2023. Inicialmente dependió del ministerio de Infraestructura y luego pasó a la órbita del ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
Según surgió durante el tratamiento del informe en el Colegio de Auditores, el trabajo identificó 18 hallazgos, entre ellos problemas vinculados con la selección de cooperativas, desembolsos realizados pese al vencimiento de pólizas de seguro y importantes atrasos en la ejecución de las obras.
Cooperativas y criterios bajo la lupa
Uno de los aspectos más sensibles de la auditoría se relaciona con los mecanismos utilizados para distribuir recursos entre las organizaciones encargadas de llevar adelante parte de los proyectos.
La AGN observó la existencia de discrecionalidad en la asignación de fondos a cooperativas ante la ausencia o insuficiencia de criterios de elegibilidad claramente establecidos, una cuestión particularmente sensible teniendo en cuenta el peso que estas organizaciones adquirieron dentro del esquema de integración socio urbana.
El modelo adoptado durante aquellos años otorgó precisamente un rol central a las entidades de la economía popular.
La propia normativa de integración socio urbana promovió la participación de cooperativas y organizaciones comunitarias en la ejecución de los proyectos. Distintos documentos del programa daban cuenta de que más de la mitad de las intervenciones llegaron a ser ejecutadas por este tipo de entidades, mientras que en los convenios implementados por provincias o municipios también existían obligaciones de participación de cooperativas de trabajo.
La discusión planteada por la auditoría, por lo tanto, no pasa necesariamente por la utilización de cooperativas como herramienta de ejecución, sino por una pregunta más delicada: con qué mecanismos se seleccionaba a las organizaciones que recibían los recursos del Estado y qué controles existían sobre ellas.
Dinero transferido pese a pólizas vencidas
Otro de los hallazgos señalados por la auditoría resulta especialmente llamativo desde el punto de vista administrativo.
De acuerdo con las conclusiones difundidas tras la aprobación del trabajo, la AGN verificó casos en los cuales se realizaron desembolsos de fondos mientras las pólizas de seguro correspondientes se encontraban vencidas.
— Fernanda Miño
Las pólizas constituyen una herramienta básica de resguardo para el Estado ante incumplimientos o contingencias relacionadas con las obras financiadas.
Sin embargo, los problemas no terminaron allí.
Más de la mitad de los convenios, demorados
La auditoría determinó además que aproximadamente el 56 por ciento de los convenios examinados presentaba demoras en la ejecución de las obras.
El número adquiere otra dimensión considerando que la finalidad del programa era intervenir sobre algunas de las zonas con mayores necesidades habitacionales y de infraestructura del país.
El régimen de integración socio urbana tiene como objetivo mejorar las condiciones de los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con intervenciones relacionadas con vivienda, infraestructura, servicios básicos, saneamiento, regularización dominial y mejoramiento del hábitat.
Es decir, detrás de las demoras administrativas aparecen obras destinadas a poblaciones que, en numerosos casos, carecen de infraestructura básica.
Del 97 por ciento de ejecución al cero
Pero la auditoría encontró también una segunda cara del problema.
Si durante los años anteriores el programa había alcanzado niveles de ejecución cercanos al 97 por ciento, durante 2024 la situación cambió radicalmente.
Según los datos presentados por la AGN, ese año registró apenas 6 por ciento de ejecución presupuestaria y 0 por ciento de ejecución física, una virtual paralización de la política pública durante los primeros meses de la administración libertaria.
La fotografía que deja el organismo de control resulta así particularmente incómoda para las dos administraciones comprendidas dentro del período auditado.
Por un lado, durante el funcionamiento intensivo del programa aparecieron falencias en los mecanismos de selección, controles administrativos insuficientes, desembolsos con garantías vencidas y obras demoradas.
Por el otro, el cambio de gobierno no derivó en una corrección y continuidad del programa bajo nuevas reglas, sino en una caída prácticamente total de su ejecución durante 2024.
El caso “Mi Pieza”
El informe también abordó uno de los programas más conocidos vinculados con la política de barrios populares: Mi Pieza, destinado a financiar mejoras, ampliaciones y refacciones habitacionales.
Allí apareció una paradoja significativa.
El esquema requería que las beneficiarias acreditaran los avances mediante una aplicación móvil con herramientas de geolocalización. Sin embargo, el mecanismo de control terminó chocando con las propias características sociales de la población alcanzada: brecha digital, dificultades de conectividad y problemas para utilizar las herramientas tecnológicas exigidas para validar las obras.
En otras palabras, parte del sistema diseñado para controlar una política destinada a los sectores más vulnerables dependía precisamente de recursos tecnológicos que una porción de esos mismos sectores no tenía garantizados.
Una política millonaria que terminó bajo auditoría
El programa 53 de Integración Socio Urbana había adquirido durante los años anteriores un peso creciente dentro del presupuesto nacional.
Ya en auditorías previas de la propia AGN puede observarse la magnitud que había alcanzado el área. En uno de los ejercicios analizados, el crédito destinado al programa 53 pasó de aproximadamente 3.171 millones a más de 10.324 millones de pesos, una ampliación superior al 225 por ciento.
El esquema se encontraba además vinculado con una estructura mucho más amplia de políticas de urbanización, fondos fiduciarios, transferencias a gobiernos locales y participación de organizaciones de la economía popular.
La integración socio urbana había sido concebida para intervenir sobre una de las caras más dramáticas de la pobreza argentina: familias que viven sin títulos de propiedad, cloacas, agua corriente, infraestructura vial o conexiones seguras de servicios.
Precisamente por esa sensibilidad, las conclusiones de la AGN cobran mayor importancia. No se trata solamente de expedientes incompletos o fallas formales.
La auditoría describe una política pública en la cual convivieron una enorme demanda social, importantes recursos económicos, organizaciones encargadas de ejecutar proyectos, deficiencias en los mecanismos de control y numerosos convenios que no avanzaron según lo previsto.
Y la respuesta posterior tampoco solucionó el problema: para 2024, la ejecución física había caído directamente a cero. El resultado es una fotografía difícil de ignorar.
Durante los años de expansión, el Estado no logró garantizar controles suficientemente robustos sobre todo el circuito de asignación y ejecución de recursos. Cuando llegó el ajuste, en lugar de corregir esas deficiencias y continuar las obras bajo mecanismos más transparentes, buena parte del programa quedó paralizada.
En el medio quedaron los barrios populares, los fondos públicos ya comprometidos y una auditoría que, varios años después, comenzó a reconstruir qué ocurrió con una de las políticas sociales más importantes de la última década.
Para la administración colonial de las Islas Malvinas, el nombre del archipiélago constituye una ofensa suficiente para profanar la memoria de los caídos. Así lo confirmó al aire el periodista chileno Samuel Rojas durante una cobertura del ciclo Reportajes Teletrece en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Las cámaras captaron cómo las placas, ofrendas y recuerdos que dejan familiares y visitantes fueron retirados del cenotafio y lanzados fuera del perímetro como material de descarte.
Apostado junto al vallado blanco que rodea las tumbas, el cronista expuso sin rodeos la razón de semejante ultraje: “Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.
A espaldas de la cruz mayor, lejos de la solemnidad que exige un camposanto militar, las imágenes revelaron un basural improvisado entre los pastizales. Allí yacían placas de pueblos patagónicos, mensajes familiares, rosarios, cintas votivas y figuras religiosas. La saña quedó a la vista en un primer plano: una placa acrílica colocada poco antes por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la leyenda “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, apareció arrancada de su sitio y tirada en el barro, junto a listones rotos, pulseras elásticas y cerámicas partidas.
El informe dejó al descubierto además una intervención física sobre el predio. Una retroexcavadora amarilla operó con su brazo mecánico desplegado sobre el límite exacto del cementerio, en la parte posterior del cenotafio, y removió suelo a escasos metros de la cruz mayor, mientras un grupo de operarios trabajaba con palas en el terreno lindero. Esa franja de tierra limita de forma directa con el vertedero de los homenajes censurados.
La recorrida por Darwin formó parte de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago, en el marco de la controversia por una futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. Ante los mismos micrófonos, los isleños reclamaron que el Gobierno argentino abandone su reclamo de soberanía y defendieron la ocupación británica. Uno de los veteranos del Reino Unido apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien exigió dejar en paz el proyecto del buque chileno que abarataría el costo de las frutas y víveres llegados del continente: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.
La misma tranquilidad que pidieron para sí les fue negada a los muertos argentinos. El Cementerio de Darwin recibe con frecuencia a familiares, excombatientes y delegaciones que viajan miles de kilómetros para dejar flores, cartas, banderas y placas junto a las tumbas. Lo que las cámaras mostraron fue una decisión deliberada de la colonia que impide el luto y la memoria, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los mandatos de la Cruz Roja Internacional, que garantizan la integridad de los cementerios militares y de los recuerdos que acompañan a los caídos.
La imagen de “comunidad civilizada y respetuosa del derecho internacional” que Londres proyecta ante los foros multilaterales se derrumbó frente a una cámara extranjera.
La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
Con una carta dirigida al Presidente y una tesis incómoda para cualquier gobierno, el legislador Eugenio Casielles volvió a poner en el aire este domingo Proyecto C. El regreso del ciclo giró alrededor de un fenómeno que atraviesa a casi todas las gestiones: la obsecuencia que rodea a los líderes una vez que llegan al poder y la pérdida de criterio que suele venir con ella.
El estreno llevó por título “El rey está desnudo”, una referencia directa al viejo cuento del emperador al que nadie se animaba a decirle la verdad. La elección no fue casual y marcó el tono de una emisión que, con distintos invitados, volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: qué le pasa a quien manda cuando a su alrededor solo quedan voces que asienten.
En la sección Carta al presidente, Casielles le habló de frente a Javier Milei y condensó su planteo en una sola frase: “El problema no es equivocarse: es obligar a todos a aplaudir”. La crítica, sin embargo, no se quedó en la Casa Rosada. El legislador repartió responsabilidades y alcanzó también al kirchnerismo, al que le atribuyó su cuota de culpa en el “fanatismo” que domina la escena política.
¿Qué pasa cuando nadie se anima a decirle al poder lo que no quiere escuchar? En el tercer capítulo de PROYECTO C, “El rey está desnudo”, ponemos el foco en la obsecuencia: los que aplauden todo, los que callan para conservar su lugar y los que confunden lealtad con obediencia.
Para darle sustento al debate, el programa sumó la mirada de Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, quien analizó cómo el poder transforma a las personas que lo ejercen y de qué manera la adulación termina por erosionar cualquier forma de liderazgo.
Más tarde, la Mesa Picante reunió a Natalia Volosin, doctora en Derecho y periodista, y a Tatiana Scorciapino, periodista de C5N. En ese tramo, la conversación giró hacia la figura de Karina Milei y su influencia en las decisiones del Gobierno. Casielles fue tajante al describir el destino de quienes se animaron a desafiar a la hermana del Presidente, y no se excluyó de la lista: “Los que fueron contra ella perdieron todos, incluyéndome”.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta habilitó la caza comercial de la iguana colorada para la temporada 2026/2027, con un cupo de 30.000 cueros y un pago de $10.000 por cada uno. La Resolución 899, firmada el 2 de noviembre y publicada dos días después en el Boletín Oficial, rige hasta el 31 de marzo de 2027 en Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y el municipio de El Galpón, en Metán.
La presa es la Salvator rufescens, también conocida como lagarto colorado o caraguay, un reptil que puede medir hasta 1,30 metros del hocico a la cola. Cada cuero deberá tener al menos 30 centímetros de ancho, y los que no lleguen a esa medida irán a decomiso.
Los $10.000 se pagarán al contado al cazador. El acopiador abonará a la Provincia una tasa de $300 por pieza antes de obtener la guía de legítima tenencia. El precio subió mucho en pocos años: la resolución de 2023/2024 había fijado $3.000 y la de 2024/2025, $5.000. El cupo, en cambio, bajó desde los 40.000 cueros del ciclo anterior.
La norma obligó a los acopiadores a inscribirse en un registro, con un arancel equivalente a 50 litros de nafta premium. También deberán anotar el nombre, el DNI y el paraje o la comunidad de cada cazador, junto con la cantidad de cueros, la fecha y el pago, con firmas y recibo. Los traslados requerirán hojas de ruta certificadas por fuerzas de seguridad y, fuera de Salta, guías de tránsito. El incumplimiento podrá costar la inhabilitación por una o más temporadas, según el daño ambiental.
El Gobierno justificó la medida en el uso tradicional del animal por parte de comunidades originarias y criollas del Chaco salteño, que lo cazan en verano, cuando está activo. Según el texto oficial, la venta de cueros alivia sus “deprimidas economías”. También recordó que la especie figura en el Apéndice II de CITES, la convención que regula el comercio internacional de fauna y flora silvestres, y que no tiene restricciones nacionales ni internacionales para su comercio.
Para vigilar las poblaciones, los técnicos contarán los cueros, registrarán medidas y sexo y analizarán los datos para detectar cambios demográficos que justifiquen futuras habilitaciones o restricciones. Ese monitoreo surgió de una Carta Acuerdo firmada en 2000 con la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, en el marco del Proyecto Tupinambis. La resolución citó además la Ley 5513, que dispone que las autorizaciones para la caza comercial serán solicitadas “sólo cuando no produzcan una alteración del equilibrio biológico”.
Según un informe de CITES de 2022, la Argentina exportó casi 31 millones de cueros de iguana entre 1941 y 1998, destinados sobre todo a botas y mallas de reloj. Desde el pico de los años 80, ese comercio cayó más de un 90%. El mismo documento advirtió que la principal amenaza para la especie es la expansión agrícola y la pérdida de hábitat.
En tres temporadas, la Provincia más que triplicó el pago a los cazadores. Para controlar a la especie, exigirá contar, medir y registrar el sexo de cada pieza.
En la Cámara de Diputados, los jefes comunales también cuestionaron el recorte del programa Remediar, que redujo de 128 a seis los medicamentos gratuitos que la Nación envía a los centros de salud, y advirtieron que sostienen la atención con fondos propios.
Se trata de grandes actores de mercado cruzados por polémicas en sus negocios y que van a contramano de lo que el referente espiritual dice en sus encíclicas.
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