Chaco | Capitanich condimentó su campaña con la visita del chavista ecuatoriano Rafael Correa
El gobernador chaqueño utilizó al ex mandatario de Ecuador para lograr subir su imagen.
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Luego de dejar atrás el mal trago con los médicos residentes y apuntar directamente a la Policía por el accionar malintencionado reprimiendo una protesta pacífica en el microcentro de Resistencia, la gestión oficialista de Chaco sigue mostrándose como si ya estuviese en campaña de cara al 2023. Sin importar los huecos que faltan tapar producto de la crisis económica.
Así como fue el lanzamiento del Plan Quinquenal 2023-2027, que no por una casualidad comprende los años de una nueva gestión provincial o de una posible reelección del gobernador Jorge Capitanich, donde justamente “Coki” se mostró eufórico como si fuese un acto político.
Tweet del gobernador Jorge Capitanich junto al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa
Esta semana, con la “excusa” de una Conferencia Continental de Juristas, la presencia del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, le sirvió al máximo referente político del justicialismo mostrar diferentes “íconos” de lo que sería el socialismo en la provincia.
En esa recorrida, Capitanich se mostró como todo un candidato a algo más que una Gobernación, pero es con lo que hasta el momento se tendrá que conformar, hasta tanto tenga más claridad el panorama nacional.
El mandatario provincial junto al ex jefe de Estado de Ecuador en una obra
Antes del tour por la provincia, el gobernador encabezó la apertura del evento, que contó con personalidades políticas, expositoras y expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Canadá; entre las que se destacaron el ex presidente Correa y el ex juez Raúl Zaffaroni, y dónde se analizaron situaciones y procesos históricos que atravesó y atraviesa el mundo.
Ya como parte de las actividades, el ex presidente de Ecuador visitó el Monumento a los Caídos en Margarita Belén, en un amplio recorrido de más de una hora y media donde se interesó por conocer la historia de la masacre, interiorizándose en los 4 hitos del Parque de la Memoria, pasando por el primero, la Cruz Histórica, colocada por los familiares el primer año luego del retorno de la democracia, y siguiendo por los tres pilares de Memoria, Verdad y Justicia, destacando a estos como principios inseparables de la política de Estado de todas las naciones.
Rafael Correa acompañó a Jorge Capitanich en varias obras
Casi impávidos, desde la oposición no tuvieron reacción alguna a este vendaval de oportunidades que sí aprovechó el oficialismo, marcando una “unidad” en la región del continente, luego de lo que también significó el triunfo presidencial de Luis Inácio Lula Da Silva, y que fue destacado por el gobernador como “un regreso a una democracia en Brasil”.
Justamente, en un sector de la oposición, estuvieron ocupados con otros temas y les salió mal. ¿A qué nos referimos? La visita del diputado nacional Roberto García Moritán a Resistencia, dónde recorrió las obras que se llevan adelante en el barrio La Rubita junto al referente Iván Gyoker.
Uno de los últimos eventos en dónde Correa acompañó a Capitanich
En esa “jugada”, García Moritán filmó viviendas que no tienen nada que ver con las obras de intervención en el barrio La Rubita, que se llevan adelante con inversión del Fondo para la Integración Socio Urbana. Desde el oficialismo nacional y provincial denunciaron: “Es una mentira lisa y llana, que busca deslegitimar el Aporte de las Grandes Fortunas, el cual ejecutamos ya con gran eficacia”, defendieron.
La cuestión está en que venían de una semana en la que había “pifiado” el oficialismo, y estaban empatados en embarrarla. Pero ahora, la gestión provincial aprovechó dos simples hechos para volver a mostrarse sano y cercano a los vecinos que, a veces, es lo que suma y mucho en momentos en los que se empieza a pensar qué boleta se va a introducir en el sobre antes de apuntarle a la urna.
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Javier Milei no oculta su fascinación por el judaísmo, o mejor dicho, por una interpretación política y espiritual que lo lleva a visitar el Muro de los Lamentos con la frecuencia de quien busca un certificado de pureza.
Para el mandatario, que se autodefine como “el presidente más sionista del mundo”, cualquier cuestionamiento a esta devoción es tratado como una afrenta personal. Lo demostró recientemente al celebrar como una “master class” de derecho la denuncia contra el comunicador Tomás Rebord, cuyo “pecado” fue referirse al muro como una simple pared.
Meme en respuesta al retuit reciente de Milei.
El fervor por la Tierra Prometida se traduce, en suelo criollo, en una generosidad fiscal sin precedentes para su amigo y ex-anfitrión del Hotel Libertador, el empresario judío Eduardo Elsztain, situación de la que ya hablamos en Data 24 recientemente.
Pero esta vara de medir lealtades y purezas religiosas se vuelve extrañamente flexible cuando se trata de purgar a los propios y cobijar a los conversos de última hora.
Javier Milei junto al empresario Eduardo Elsztain.
Catolicismo prohibido y aliadas conversas
La obsesión de Milei por la pureza ideológica tiene víctimas predilectas: a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula en dos elecciones, la sentenció al ostracismo interno bajo el cargo de ser “católica y nacionalista”. Para el presidente, defender los valores tradicionales y la soberanía argentina parece ser un pecado imperdonable que impide cualquier convivencia política sana.
Sin embargo, esa intransigencia se evapora cuando se trata de figuras como Sabrina Ajmechet. Mientras Milei castiga el nacionalismo de su vice, abraza con entusiasmo a una diputada que no sólo reniega de la identidad nacional, sino que ha hecho del desprecio por los símbolos patrios su marca personal. En el universo mileísta, parece que “ser colonia” es un mérito que el nacionalismo no puede comprar.
Javier Milei junto a Victoria Villarruel.
El prontuario de la “inglesa” y el cargo como religión
Antes de descubrir las mieles y las cremas del pseudo-liberalismo, Ajmechet cultivó un perfil de desprecio nacional digno de una oficina de prensa británica. En 2012, mientras la mayoría recordaba la gesta, ella se preguntaba: “¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”, en un tuit donde afirmaba que las Malvinas sonbritánicas. Para ella, la soberanía argentina es un estorbo: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas” y “Las Falkland Islands son de los kelpers”.
Incluso, con una soberbia notable, celebraba que otros bajaran los brazos: “Ahora muchos empiezan a pensar que las Malvinas no son argentinas y que el deseo de los kelpers vale. ¡Bienvenidos!”. Su postura no deja lugar a dudas sobre su lealtad: “Entre patria o colonia, elijo colonia, sin dudas”.
Esa aversión por lo propio alcanzó también a los símbolos patrios.“Detesto la bandera argentina con el sol”, disparó en 2014, sumando su desprecio por la estética de la soberanía: “Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio”. Para la actual diputada nacional, el sentimiento por las islas es algo que debe desaparecer: “Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio”.
Sin embargo, esta anglofilia militante que la hacía exclamar en 2018 “ninguna duda que lo que se necesita es Inglaterra campeón”, entró en pausa en 2021. Sólo cuando el calendario electoral le puso una banca de diputada a tiro, la misma que considera “irracional” el reclamo por las islas, ensayó una retractación de compromiso para maquillar su historial y manotear el cargo. El cinismo fue premiado y la inglesa terminó cobrando del Estado argentino, demostrando que su anti-patriotismo se acaba donde empieza su recibo de sueldo.
Ajmechet y Milei, actualmente aliados políticos y religiosos.
Del insulto al veleteo por la banca
El salto de Ajmechet a las filas de “Las fuerzas del cielo” no fue una conversión mística, sino un ejercicio de supervivencia ante lanecesidad de renovar su cargo. Durante 2022 y 2023, la diputada se dedicó a fustigar a quien hoy es su jefe con una saña notable. En octubre de 2022, los acusaba de ser funcionales al sistema: “Milei, Villarruel y Píparo están en sus casas, ¿así piensan terminar con el populismo?”.
Ajmechet en 2022 criticando a Milei, Villarruel y Píparo.
La virulencia escaló durante la campaña presidencial de 2023. Ajmechet no sólo defendía a Patricia Bullrich afirmando que Milei la atacaba con mentirasycampaña sucia, sino que apeló a la grosería directa para celebrar un cruce en el debate: “La tenés adentro, @JMilei. La casta la tenés adentro. Y lo aceptás”, disparó en sus redes sociales.
Ajmechet criticando a los que serían sus aliados.
Sin embargo, cuando el poder cambió de manos y su reelección corría peligro, la inglesa que mandaba a Milei a callarse con términos de vestuario ensayó un veleteo digno de una profesional del cargo público. Aquellos a quienes acusaba de quedarse en sus casas se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus nuevos jefes; y aquellos que consideraba casta pasaron a ser sus nuevos compañeros de bloque. Hoy, con la sumisión de quien sabe que su sueldo depende de esa obediencia, Ajmechet milita los tuits de Milei esperando que “el presidente más sionista del mundo” le garantice transitar con facilidad los siguientes cuatro años de privilegio estatal.
Cuando Ajmechet militaba a Bullrich y acusaba a Milei de mentir.
La “superioridad judía”
El último capítulo de esta comedia del absurdo ocurrió cuando Ajmechet publicó una estadística sobre los premios Nobel: “Los judíos representamos el 0,2% de la población mundial y aún siendo tan poco, ganamos más del 20% del total de premios Nobel de la historia”. El posteo incluía un desglose por especialidades (40% en Economía, 26% en Medicina, etc.).
Javier Milei no tardó en citar el tuit con una sentencia lapidaria: “PRIMERO LOS DATOS. Fin”. Sin embargo, lo que pretendía ser una validación terminó en una humillación digital.
La reacción en la red X fue inmediata y demoledora. El periodista Juan Luis González —autor de “El Loco”, biografía de Javier Milei— fue directo al hueso al preguntarle a la diputada: “O sea digamos: ¿hay razas inferiores y razas superiores?? ¿De qué régimen totalitario me suena esto che?”.
En la misma sintonía, el ex-campeón del mundo de MMA, Emiliano Sordi, le propinó un cachetazo de realidad: “¿Estás queriendo decir que son mejores? ¿Una raza superior? Suena un poco nazi tu post”.
Desde otros sectores, la respuesta fue igual de despiadada. Pablo Muñoz Iturrieta, escritor y conferencista argentino, utilizó un sarcasmo corrosivo para exponer lo peligroso del planteo: “Ah, mi amiga supremacista, mientras otros hablan de sus pequeños éxitos, siempre hay que recordarles a los goyim la verdadera superioridad racial de la raza judía”. En su texto, menciona irónicamente a Einstein como un “sangre pura” y cierra con un contundente: “¡Heil a la superioridad judía, que eclipsa meras estadísticas!”.
Por su parte, el ingenio popular la liquidó con memes. Circularon montajes de Milei sosteniendo a un niño con la bandera de Israel mientras deja que uno con la de Argentina se ahogue en una pileta, bajo el titular “soy el presidente más sionista del mundo”, y otro de Osvaldo Laport con la cara del mandatario: “Necesito hacer algo judío”.
Ajmechet intentó vender una superioridad estadística y terminó logrando que las redes le recordaran que su identidad actual es tan cuestionable como su patriotismo.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre de 40 años durante allanamientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El operativo se enmarcó en una investigación por robos calificados cometidos bajo una modalidad reiterada en distintos locales comerciales, en la que el sistema de videovigilancia Lince, que incorpora inteligencia artificial, resultó una herramienta central para reconstruir el recorrido de los delincuentes.
La causa está a cargo del fiscal Alejandro Carón del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se inició a partir de un robo ocurrido el 27 de enero de este año en un local comercial cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al local, redujo a las personas presentes y sustrajo efectivo y pertenencias para luego escapar rápidamente.
A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince: una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.
El procesamiento de ese material permitió detectar un vehículo asociado al robo y reconstruir su recorrido por distintos sectores de Rosario mediante el cruce de registros captados por los múltiples puntos de monitoreo que tiene la ciudad. La investigación también contó con el aporte de cámaras privadas, permitiendo así ampliar la trazabilidad del vehículo y agregando elementos probatorios para orientar las tareas de campo de las Fuerzas de Seguridad.
A través de estas tareas los agentes lograron establecer vinculaciones con otros hechos de características similares. Entre ellos, un robo ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en un comercio de Lima al 1000 y otro episodio registrado el 13 de abril de 2024 en un local de Corrientes al 900.
Todos los hechos presentaron un modus operandi coincidente y habrían sido cometidos por un mismo grupo delictivo que actuaba de manera coordinada.
En continuidad, se allanaron tres domicilios. En uno de ellos se detuvo a Matías Miguel R (de 40 años) sindicado integrante de esta banda vinculada a una serie de robos calificados. También se secuestraron tres teléfonos celulares, dos bandoleras y un DVR correspondiente al sistema de cámaras del domicilio.
Sobre la utilización de la plataforma tecnológica en el caso, el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares, señaló: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados”. El funcionario agregó que “este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.
El sistema Lince, detallaron fuentes de la provincia, permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo, identificar vehículos o patrones de movimiento y reconstruir trayectorias a partir del cruce de cámaras ubicadas en distintos puntos de monitoreo, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague más de $101 millones, más intereses y costos judiciales.
Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climático en el norte argentino.
“Hemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infracciones”, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas Rodríguez.
Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.
Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectáreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectáreas en la zona del Quemado Nuevo.
En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió “con el fin de promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos”.
La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podía ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que “no es un salvoconducto para evadir sanciones ambientales”, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.
Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.
La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería inválida. El tribunal, tras analizarla, la declaró válida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.
Según la resolución, los desmontes investigados constituyen un “cambio de uso de suelo” sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una “deforestación masiva” que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente Perín.
La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberá ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderá la resolución en las instancias siguientes.
Historial judicial
La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.
Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aún más su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y está vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda “Ganaderos de Formosa”, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. Allí se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrían sido desconocidos. En ese expediente la Justicia también ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.
Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas más amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.
Además, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas “en negro”, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. También se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.
Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo Insfrán. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fácilmente verificadas mediante imágenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
Regresó a LLA
Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como “diferencias irreconciliables”. En los hechos, una serie de críticas públicas a la conducción política y a decisiones estratégicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachándolo de “impostor” e “impresentable”.
El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este “parte de la casta”. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.
“No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLA”, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legítimos y que incluso mantenía de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio político y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, “Libertad, Trabajo y Progreso”.
Posteriormente, integraría su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
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