Chaco | Capitanich condimentó su campaña con la visita del chavista ecuatoriano Rafael Correa
El gobernador chaqueño utilizó al ex mandatario de Ecuador para lograr subir su imagen.
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Luego de dejar atrás el mal trago con los médicos residentes y apuntar directamente a la Policía por el accionar malintencionado reprimiendo una protesta pacífica en el microcentro de Resistencia, la gestión oficialista de Chaco sigue mostrándose como si ya estuviese en campaña de cara al 2023. Sin importar los huecos que faltan tapar producto de la crisis económica.
Así como fue el lanzamiento del Plan Quinquenal 2023-2027, que no por una casualidad comprende los años de una nueva gestión provincial o de una posible reelección del gobernador Jorge Capitanich, donde justamente “Coki” se mostró eufórico como si fuese un acto político.
Tweet del gobernador Jorge Capitanich junto al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa
Esta semana, con la “excusa” de una Conferencia Continental de Juristas, la presencia del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, le sirvió al máximo referente político del justicialismo mostrar diferentes “íconos” de lo que sería el socialismo en la provincia.
En esa recorrida, Capitanich se mostró como todo un candidato a algo más que una Gobernación, pero es con lo que hasta el momento se tendrá que conformar, hasta tanto tenga más claridad el panorama nacional.
El mandatario provincial junto al ex jefe de Estado de Ecuador en una obra
Antes del tour por la provincia, el gobernador encabezó la apertura del evento, que contó con personalidades políticas, expositoras y expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Canadá; entre las que se destacaron el ex presidente Correa y el ex juez Raúl Zaffaroni, y dónde se analizaron situaciones y procesos históricos que atravesó y atraviesa el mundo.
Ya como parte de las actividades, el ex presidente de Ecuador visitó el Monumento a los Caídos en Margarita Belén, en un amplio recorrido de más de una hora y media donde se interesó por conocer la historia de la masacre, interiorizándose en los 4 hitos del Parque de la Memoria, pasando por el primero, la Cruz Histórica, colocada por los familiares el primer año luego del retorno de la democracia, y siguiendo por los tres pilares de Memoria, Verdad y Justicia, destacando a estos como principios inseparables de la política de Estado de todas las naciones.
Rafael Correa acompañó a Jorge Capitanich en varias obras
Casi impávidos, desde la oposición no tuvieron reacción alguna a este vendaval de oportunidades que sí aprovechó el oficialismo, marcando una “unidad” en la región del continente, luego de lo que también significó el triunfo presidencial de Luis Inácio Lula Da Silva, y que fue destacado por el gobernador como “un regreso a una democracia en Brasil”.
Justamente, en un sector de la oposición, estuvieron ocupados con otros temas y les salió mal. ¿A qué nos referimos? La visita del diputado nacional Roberto García Moritán a Resistencia, dónde recorrió las obras que se llevan adelante en el barrio La Rubita junto al referente Iván Gyoker.
Uno de los últimos eventos en dónde Correa acompañó a Capitanich
En esa “jugada”, García Moritán filmó viviendas que no tienen nada que ver con las obras de intervención en el barrio La Rubita, que se llevan adelante con inversión del Fondo para la Integración Socio Urbana. Desde el oficialismo nacional y provincial denunciaron: “Es una mentira lisa y llana, que busca deslegitimar el Aporte de las Grandes Fortunas, el cual ejecutamos ya con gran eficacia”, defendieron.
La cuestión está en que venían de una semana en la que había “pifiado” el oficialismo, y estaban empatados en embarrarla. Pero ahora, la gestión provincial aprovechó dos simples hechos para volver a mostrarse sano y cercano a los vecinos que, a veces, es lo que suma y mucho en momentos en los que se empieza a pensar qué boleta se va a introducir en el sobre antes de apuntarle a la urna.
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El informe pertenece al Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por la ONG Argentinos por la Educación de los especialistas Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, en busca de responder no solo cuántos chicos terminan la primaria “a tiempo”, sino cuántos la terminan habiendo aprendido lo esperado.
“Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos”, afirmó Irene Kit, coautora del relevamiento.
Para eso combina dos fuentes de datos oficiales. El Relevamiento Anual (que mide trayectoria escolar: repitencia, abandono, sobreedad) y las pruebas Aprender (que miden desempeño en Lengua y Matemática). La edición 2025 sigue a la cohorte que ingresó a primer grado en 2020 —en plena pandemia— y llegó a sexto grado en 2025.
Durante años, el indicador que más se usaba para medir la calidad del sistema educativo era la tasa de promoción, siendo cuántos chicos pasan de grado sin repetir ni abandonar. Ese número, en Argentina, es alto y viene mejorando, pasando del 88% en la cohorte 2011-2016 al 94% en la cohorte 2020-2025.
El problema es que ese dato, por sí solo, puede ser engañoso, ya que un chico puede pasar de grado todos los años sin haber adquirido las competencias mínimas de lectura o cálculo. El IRE corrige esta distorsión exigiendo ambas condiciones simultáneamente, como una trayectoria sin retraso y desempeño satisfactorio o avanzado en las dos materias evaluadas.
Al aplicar ese doble filtro, el resultado nacional cae a la mitad. Solo 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Dicho de otro modo, aunque el 94% completa la trayectoria escolar sin atrasos, entre ese grupo solo el 54% alcanza el nivel de aprendizaje esperado en ambas materias a la vez.
Al desagregar por materia, la deuda es más marcada en Matemática que en Lengua. Mientras el 79% de los que llegaron a sexto sin sobreedad alcanzó un nivel satisfactorio en Lengua, en Matemática esa proporción cae al 58%. Esto confirma un patrón que se repite en casi todas las provincias, en donde el sistema educativo argentino tiene la brecha de aprendizaje más profunda es con las matemáticas.
La serie histórica muestra que el IRE nacional atraviesa una mejora reciente, aunque el indicador registra antecedentes de retroceso y fluctuaciones a lo largo del período analizado. Los valores permiten observar una evolución que pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y alcanzó el 50% en 2016-2021. Luego, descendió al 45% en 2018-2023, antes de volver a ubicarse en el 50% en 2020-2025. En este contexto, el resultado más reciente recupera el nivel máximo registrado en la serie y evidencia una mejora respecto de la caída observada en la cohorte anterior.
“Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos”, sostuvo al respecto el director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski.
— Cohorte 2020-2025 ordenado por nivel socioeconómico (NSE) promedio de los alumnos de las provincias
La caída a 45% en la cohorte 2018-2023 se explicó por un retroceso en el componente de aprendizajes (posiblemente afectado por la pandemia), y la recuperación a 50% en la medición más reciente indica una mejora de 5 puntos respecto a esa medición previa, aunque todavía sin superar el techo histórico.
Una Argentina desigual
El dato nacional esconde una brecha territorial muy amplia. Considerando solo el componente de aprendizajes (entre quienes llegan a sexto sin sobreedad), CABA lidera con 73% de desempeño satisfactorio simultáneo en Lengua y Matemática, seguida por Córdoba (61%) y Buenos Aires (52%); en el otro extremo aparecen Chaco (33%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (38%).
En cuanto a la trayectoria escolar (llegar a sexto sin repetir ni abandonar), también hay disparidades, aunque menores. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los alumnos llegan a tiempo, mientras que en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la proporción no alcanza el 90%.
“Consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”, destacó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.
Por un lado, Corrientes está entre las jurisdicciones con mayor rezago escolar, con la proporción de chicos que llega a sexto grado a tiempo, sin repetir ni abandonar, quedando por debajo del 90% nacional. Por otro lado, en el componente de aprendizajes hay una mejora reciente. De acuerdo las Pruebas Aprender 2025 difundidas por la ministra de Educación provincial, Ana Miño, en Lengua el porcentaje de alumnos en los niveles más altos de desempeño pasó del 61.2% al 74.2% (un salto de 23 puntos), mientras que los que quedaron por debajo del nivel básico bajaron del 13.4% al 5.6%.
En Matemática la mejora fue más moderada. Los niveles satisfactorios subieron del 47.2% al 51.4%, y los estudiantes por debajo del nivel básico bajaron del 26.2% al 22.4%. Es decir, Corrientes mejora en aprendizajes pero sigue arrastrando un problema de trayectoria escolar (retraso, repitencia o abandono) que la aleja del promedio nacional.
El propio informe de Argentinos por la Educación advierte que Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de información educativa nominalizado a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento longitudinal de cohortes reales de estudiantes y obliga a construir estos índices con datos agregados de distintas fuentes.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.
Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.
Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.
La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.
Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.
Manotazos de ahogado
No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.
Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.
El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.
El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.
Todos los hombres de Chávez
Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto: “el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.
— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)
Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.
La ruta del dinero
Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.
Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:
Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.
Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.
Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.
El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país.
(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.
b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.
c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.
Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
Capitanich Agropecuaria SAS, la firma fundada en 1983 por Héctor Wilmar Capitanich —hermano mayor del exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich— atraviesa una crisis financiera severa.
La empresa familiar acumula 188 cheques rechazados por más de $3.697 millones, sostiene una deuda bancaria superior a $7.292 millones y enfrenta demandas judiciales, embargos y un conflicto por una cosecha de algodón en Santiago del Estero.
— A la izquierda, Héctor Capitanich junto a sus dos hijos, Leonardo Capitanich e Iván Alejandro Capitanich
La información trascendida une dos planos. Por un lado, el escrutinio sobre negocios familiares vinculados a dirigentes políticos con poder político territorial. Por otro, el deterioro estructural del sector agropecuario chaqueño-santiagueño, donde varias empresas del rubro (como Italar SRL, con $16.200 millones de deuda) muestran el mismo patrón de insolvencia.
Aunque se constituyó formalmente como sociedad por acciones simplificada (SAS) en noviembre de 2019, la actividad agropecuaria de la familia Capitanich se remonta a 1983, cuando arrancó cultivando algodón y girasol sobre apenas 100 hectáreas en Chaco. Con los años, la firma escaló hasta explotar alrededor de 6.000 hectáreas entre Chaco y Santiago del Estero, diversificando en soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y ganadería bovina, combinando campos propios con tierras arrendadas.
En 2021 llegó a tener notoriedad nacional al quedarse con el primer lote de trigo de la campaña, mostrando un perfil de crecimiento con incorporación de tecnología. Hoy la administran Leonardo, Iván y Gisella Capitanich, hijos de Héctor, mientras el propio Héctor —hermano mayor de Jorge— sigue identificado como cabeza visible de la firma.
Para dimensionar la gravedad del problema, conviene distinguir dos indicadores que utiliza el Banco Central para evaluar la salud crediticia. Los cheques rechazados, documentos de pago que la entidad girada devuelve, por lo general por falta de fondos, y que quedan asentados en la Central de Cheques Rechazados del BCRA. En el caso de Capitanich Agropecuaria, ya suman 188 por más de $3.697 millones, y lo más preocupante es que los últimos rechazos corresponden a la misma semana del informe, una señal de que la tensión de liquidez sigue agravándose en tiempo real y no responde a un episodio aislado del pasado.
A su vez, la deuda bancaria clasificada en la Central de Deudores del BCRA ordena a cada deudor en una escala que va de la situación 1, considerada normal, a la 5, catalogada como irrecuperable, según su capacidad de pago. En ese registro, buena parte de las obligaciones de la empresa ya figura en situación 3 y 4, categorías que reflejan un deterioro crediticio importante y la proximidad del incumplimiento total antes de una declaración de pérdida irrecuperable.
Los principales acreedores bancarios son Banco Galicia ($1.828,9 millones) y John Deere Credit ($1.749,8 millones, la financiera vinculada a la venta de maquinaria agrícola), seguidos por Santander, Banco del Sol, Nuevo Banco del Chaco, Banco Nación, BBVA, Banco Ciudad y varias sociedades de garantía recíproca (SGR). Este último dato es relevante porque las SGR son entidades que avalan créditos a pymes agropecuarias con garantía estatal indirecta, así que su exposición añade un componente de riesgo sistémico regional, no solo privado.
De las demandas a los embargos
La crisis financiera ya se trasladó a los tribunales comerciales, donde se acumulan juicios ejecutivos de Banco Ciudad, Syngenta Agro, Depsa Valores, Polo Valores, Innova SGR y Crecer SGR. El hecho más ilustrativo es el de Syngenta Agro, la multinacional agroquímica que reclama U$S466.606,20 después de que Capitanich Agropecuaria incumpliera un convenio de refinanciación firmado en 2025, en el que había reconocido una deuda original de U$S582.447 y solo pagó la primera cuota completa y parte de la segunda, lo que aceleró el vencimiento de todo el pasivo.
Como consecuencia, la Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa en Galicia, Santander, Nuevo Banco del Chaco y otras entidades por ese monto más U$S100.000 de intereses y costas. En otra causa, Depsa Valores obtuvo el embargo de créditos y derechos de cobro por U$S111.979, que incluso alcanza pagos pendientes que le debe Aceitera General Deheza a la firma por operaciones comerciales. Esto significa que la empresa ya no solo debe dinero, sino que sus propios ingresos futuros están comprometidos legalmente antes de llegar a su caja.
“Estamos buscando que cesen estos actos de atropello e impunidad con lo que se maneja Capitanich”, afirmó uno de los representantes legales de la corporación santiagueña Halgon S.A.S., Lucas Cabañas.
Paralelamente, Capitanich Agropecuaria disputa con la firma Halgon S.A.S. el derecho a explotar un establecimiento rural llamado “La Montenegrina”, en Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra (Santiago del Estero). El litigio no es sobre la propiedad del campo sino sobre quién tenía derecho contractual a levantar una cosecha de unas 520 hectáreas de algodón en tierras arrendadas. Halgon denuncia que Capitanich ingresó al predio y cosechó la producción pese a contratos vigentes a su favor, e inició acciones penales por presunto hurto de cosecha y daños.
“Nos apuntaron con armas, impidiendo cualquier tipo de diálogo”, relató Cabañas al medio Info del Estero.
El conflicto escaló en julio, cuando la defensa de Halgon recusó a los fiscales que investigan la causa, denunciando un supuesto favorecimiento hacia Capitanich, y alertó que los rollos de algodón podrían venderse antes de que la Justicia resolviera el fondo del asunto. Efectivamente, de acuerdo a reportes posteriores, hombres vinculados a Capitanich habrían violado una medida cautelar que prohibía la circulación y comercialización del algodón, sacando los rollos hacia una planta desmontadora en Quimilí, sin que la Fiscalía de Tierras del Ministerio Público Fiscal santiagueño haya respondido a los pedidos de intervención de los abogados de Halgon. Esto agrega una dimensión de posible incumplimiento de resoluciones judiciales, no solo de deudas comerciales.
Distintas fuentes del sector agropecuario mencionan con fuerza la posibilidad de que la empresa solicite un concurso preventivo de acreedores, aunque hasta el momento no hay ninguna presentación judicial formal en ese sentido. Un concurso preventivo es el mecanismo legal argentino (Ley 24.522) que permite a una empresa insolvente pero no liquidada renegociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra directa, que sería el mismo camino que ya tomó otra empresa agropecuaria chaqueña, Italar SRL, con sede en Charata, que también acumula más de 40 cheques rechazados y una deuda bancaria aún mayor, de $16.200 millones.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Los aranceles que paga el PAMI subieron 130% desde diciembre de 2023, contra una inflación de más del 300%. El atraso derivó en siete meses de recortes escalonados que afectaron a casi 300.000 jubilados de la región patagónica.
Acorralados tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por tentativa de homicidio, La Derecha Diario y Javier Negre montaron una operación a contrarreloj. Borraron rastros, cambiaron titularidades y emitieron un comunicado que choca de frente con los archivos que lo proclamaban como dueño, socio y fundador.
Presentada como una exposición sobre ética e IA, la irrupción de Javier Milei en la escuela ORT derivó en ataques a la prensa y alusiones al misticismo. La bajada de línea encendió el repudio de exalumnos y agrupaciones comunitarias que cruzaron a la dirigencia de la DAIA por avalar el acto.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
