09 agosto, 2025

CFK: “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial se hacen sobre mí”

Cristina publicó una carta dirigida al presidente, exigió cambios en el gabinete y reclamó que “honre esa decisión y a la voluntad del pueblo”.
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En medio de la crisis política interna dentro del Gobierno, que salió a la luz “después” de las PASO, la vicepresidente Cristina Kirchner, lanzó una contundente carta contra el presidente, Alberto Fernández. “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo”, sealó, en el panfleto publicado en su sitio web.

“El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina’. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad“, sentenció la burócrata.

“Es más grave aún: en la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra”, continuó diciendo.

LEE LA CARTA COMPLETA ACÁ

Como siempre… sinceramente.

Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez. Hace ya casi un año, el 26 de octubre de 2020, me dirigía a los argentinos y las argentinas con el documento “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”.

Allí desgranaba reflexiones acerca del funcionamiento institucional, y de lo que considero el problema central de la economía argentina y la necesidad de abordarlo desde un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas.

Hoy, releo aquellas líneas de inusitada actualidad en las que también mencionaba que las decisiones en el Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el Presidente de la Nación y en las que decía sin eufemismos ni operaciones de prensa en off, que había funcionarios y funcionarias que no funcionaban.

También recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos junto al Presidente de la Nación, cuando expresé textualmente: “… pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento -el crecimiento económico del año 2021 que acertadamente pronosticara el compañero que me había precedido en el uso de la palabra- se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas.”. En esa oportunidad también señalé: “por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor… hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora… sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional.

En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 07/09/2021, siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno.

También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar “muy bien” las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era “no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad”. Una realidad que me indicaba que en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia, con el mayor salario en dólares de Latinoamérica -que representaba más del doble del salario actual-, con una inflación que era menos de la mitad que la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo que ya tenía, sino que sólo iban a cambiar las cosas que estaban mal.

Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores.

El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: “Alberto jaqueado por Cristina”. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún: en la Provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra.

Recuerdo que, cuando perdimos las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del año 2009, con Néstor como candidato a Diputado Nacional -después de la 125 y de la crisis global del 2008-, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones no sólo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete, entre otros. Y ¡ojo!… habíamos perdido en la Provincia de Buenos Aires pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada.

Sin embargo ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?

El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía). Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1). Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a Gobernador de la Provincia de Tucumán en el 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no sólo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo.

Aunque en realidad, nadie debería sorprenderse por mi propuesta: el 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a Presidente de la Nación a Alberto Fernández.

¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo.

A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio.

Por la misma razón me comuniqué con el Ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido.

Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia.

He sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año ’30. Soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo.

También estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 44 mil millones de dólares, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc… votando al macrismo o votando sus ideas.

Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino.


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Redacción

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Kicillof echó a 24 jefes de la Bonaerense tras acusarlos de “conspirar” para un candidato de LLA

El gobernador Axel Kicillof cesanteó a veinticuatro oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras una auditoría de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que “constató la veracidad de las denuncias anónimas” sobre una maniobra política dentro de la fuerza. Los operativos sorpresa se realizaron el miércoles pasado en dependencias de conducción ubicadas en el Bosque de La Plata y otras delegaciones.

Entre los desafectados quedó la cúpula completa de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, incluido el comisario mayor responsable del área. Fuentes oficiales indicaron que “están involucrados en esta maniobra, oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la Policía”. También fueron puestos en disponibilidad preventiva efectivos de Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó en Radio 10 que Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar al ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza‑PRO a diputado provincial por la estratégica Tercera Sección del Conurbano.

Según Alonso, los implicados “diseñaron una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Las auditorías hallaron conversaciones de WhatsApp, nombres, audios, hojas con membretes de LLA, computadoras con fondos de pantalla del “León” que identifica al presidente Javier Milei y borradores de proyectos de ley sobre seguridad destinados a la Legislatura. Además, se detectó la redacción de un proyecto de reforma de la Policía en el que los involucrados se autoincluían en niveles de conducción jerárquica.

Por infringir el Decreto‑Ley 9.550 (artículo 58, inciso 10), que prohíbe la participación político‑partidaria del personal en actividad, los efectivos fueron cesanteados y puestos en disponibilidad preventiva. La cartera de Seguridad bonaerense elevó las actuaciones a la Justicia Penal para establecer si cometieron delitos.

Las medidas también suscitaron críticas de la oposición. Patricia Bullrich escribió en X: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”. En la misma línea, Cristian Ritondo posteó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta ‘vinculación política’. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía”.

Bondarenko —concejal de Florencio Varela, coordinador de LLA en ese distrito y ex candidato de Facundo Manes— fue propuesto por Karina Milei y responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente partidario en la provincia. El sábado, anunció en redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”. Agregó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”.

– El ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso

La Tercera Sección, que abarca diecinueve distritos con casi cinco millones de votantes, constituye un bastión peronista donde Kicillof apuesta gran parte de su capital político. Bondarenko competirá contra Verónica Magario, vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, por un escaño en la Legislatura, tras una disputa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner que frustró la postulación de Mayra Mendoza.

Alonso advirtió que la intervención evitó “un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense” y recordó que el presidente Milei planteó una intervención federal tras calificar de “baño de sangre” la situación en el Conurbano. Fuentes de Seguridad señalaron que los oficiales proyectaron purgas y retiros obligatorios para quedarse al frente de áreas clave de la institución.

Si Bondarenko asume su banca el 10 de diciembre, sus vínculos con los jefes desplazados podrían quedar bajo la lupa judicial.

Redacción

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Ritondo tras la alianza del PRO con LLA: “Unimos fuerzas para derrotar al populismo”

Ritondo destacó que la coalición responde a los aprendizajes de errores cometidos en elecciones anteriores, especialmente las del año 2023, enfatizando la necesidad de unidad en la oposición. Según explicó, el PRO tomó esta decisión por “responsabilidad” más que por “conveniencia”, llamando a la ciudadanía a fiscalizar activamente los comicios. “Entendimos algo que la gente nos repite en cada encuentro: vayan juntos. Basta de dividir el cambio. Basta de especulaciones”, afirmó.

Por su parte, Karina Milei defendió el acuerdo con un discurso combativo contra el kirchnerismo, afirmando que la elección presenta solo dos opciones: “Esto es kirchnerismo o libertad”. Durante la presentación formal, efectuada simbólicamente en el Día de la Independencia, Sebastián Pareja, representante territorial de LLA, enfatizó que esta alianza marca el fin definitivo de la era kirchnerista en Buenos Aires.

Sin embargo, persisten importantes conflictos internos. Algunos intendentes del PRO, especialmente cercanos a Jorge Macri y Daniel Angelici, cuestionan las condiciones impuestas por LLA. Un punto crítico es la distribución desigual de espacios: el PRO recibiría únicamente el 20% de las listas de legisladores provinciales, equivalente a seis lugares.

En Vicente López, la negociación entre Soledad Martínez (PRO) y Luis Palomino (LLA) enfrenta desafíos mayores debido a las exigencias libertarias, que incluyen obtener más del 50% de la lista de concejales y el control sobre cargos municipales clave, como el Defensor del Pueblo.

En Puan, Diego Reyes rechazó categóricamente las condiciones de LLA y considera alternativas políticas como aliarse con el peronismo no kirchnerista o la UCR. En Pergamino, Javier Martínez también evalúa opciones fuera del acuerdo, como una alianza con los hermanos Passaglia, líderes del espacio “Hechos”.

Asimismo, dirigentes del PRO como Ritondo y Diego Santilli sospechan que Jorge Macri podría estar incentivando la resistencia interna en algunos municipios. Esta tensión interna también llevó a algunos intendentes del PRO a considerar competir con boletas cortas, es decir, presentarse sin alianza.

Sobre el rol del expresidente Mauricio Macri, Ritondo afirmó contar con su respaldo, aunque fuentes internas señalaron que Macri desconfiaba inicialmente de LLA, recomendando una directriz genérica: “Hagan el mejor acuerdo posible”.

La coalición electoral se inscribirá formalmente bajo el nombre Frente La Libertad Avanza, adoptando los colores y símbolos de LLA, excluyendo el tradicional amarillo del PRO. Este último punto también generó malestar en ciertos sectores del PRO, evidenciando la fragilidad subyacente del acuerdo. Todos estos conflictos y detalles deberán resolverse antes del cierre definitivo de listas previsto para el próximo 19 de julio.

Redacción

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SANTA FE | Comenzó la Convención para reformar la Constitución provincial


La ceremonia de apertura tuvo lugar ayer en el recinto de la Legislatura provincial.
Una situación de salud que afectó a uno de los convencionales electos modificó el orden del acto y provocó demoras en el cronograma oficial.

El gobernador Pullaro, en su doble rol de convencional, encabezó la apertura. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidente de la Cámara de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, encargado de tomar los juramentos.

Este último fue quien abrió la sesión con el juramento de Osvaldo Sosa, el convencional de mayor edad, quien asumió como presidente provisional. Candela Rodríguez, la más joven del cuerpo, asumió como secretaria.

Una vez completado ese paso, el pleno eligió sus autoridades definitivas. Felipe Michlig (UCR) resultó designado como presidente; Diego Giuliano (PJ) como vicepresidente primero; Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) como vicepresidente segundo; y Daiana Gallo Ambrosis (Partido Socialista) como vicepresidente tercera.

Durante su discurso, Pullaro afirmó que “reformar no es un gesto técnico, es un acto político y cultural, un momento fundacional que expresa qué sociedad queremos ser”. La declaración provocó el rechazo del bloque de Amalia Granata, cuyos integrantes se retiraron del recinto en señal de protesta.

La composición política de la Convención quedó determinada por los resultados de las elecciones del 13 de abril, convocadas por la Legislatura a través de las leyes 14.384 y 14.152.

En cuanto a la distribución partidaria, el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo 33 bancas; Más para Santa Fe, 12; La Libertad Avanza, 10; Somos Vida y Libertad, 7; Activemos, 4; y el Frente de la Esperanza, 3.

El proceso deliberativo tendrá una duración inicial de 40 días, con posibilidad de extenderse hasta 20 días más si así lo aprueba la Convención. La fecha límite establecida es el 12 de septiembre de 2025.

Durante este período, los convencionales tratarán 42 artículos previamente seleccionados. Entre los temas figuran la reelección del gobernador, autonomía municipal, límites a mandatos, reforma judicial, derechos ambientales, digitales, de género y la modernización del Estado. Pullaro propuso incluir en la nueva Constitución medidas como la “Ficha Limpia”, la prohibición del nepotismo en cargos públicos y la obligación de mantener equilibrio fiscal en la administración estatal.

Las comisiones iniciarán su trabajo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, tras la aprobación del reglamento interno durante las próximas sesiones plenarias.

Desde el Ejecutivo provincial expresaron que la reforma apunta a establecer una base institucional firme para las próximas décadas y promover el desarrollo sostenido de la provincia. En su mensaje final, Pullaro convocó al consenso y al respeto institucional. Afirmó que “en Santa Fe somos capaces de construir acuerdos sin agravios” y exhortó a todos los bloques a sostener una reforma seria y responsable.

Redacción

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Máximo Kirchner declaró $8.300 millones y casi duplicó su patrimonio en un año

Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.

Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.

El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.

Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.

Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.

Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.

El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.

Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.

*Con información de Lucía Salinas (Clarín)

Redacción

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Villarruel cerró el jardín del Senado que inauguró Boudou

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.

El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.

El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.

Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.

En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.

La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.

Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.

Redacción

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Por la presión fiscal de Llaryora | En Córdoba, viajar en colectivo interurbano es más caro que volar a Buenos Aires

En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido. 

En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.

La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.

La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas. 

Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.

Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.

La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.

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Redacción

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