CFK: “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial se hacen sobre mí”

Cristina publicó una carta dirigida al presidente, exigió cambios en el gabinete y reclamó que “honre esa decisión y a la voluntad del pueblo”.
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En medio de la crisis política interna dentro del Gobierno, que salió a la luz “después” de las PASO, la vicepresidente Cristina Kirchner, lanzó una contundente carta contra el presidente, Alberto Fernández. “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo”, sealó, en el panfleto publicado en su sitio web.

“El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: ‘Alberto jaqueado por Cristina’. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad“, sentenció la burócrata.

“Es más grave aún: en la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra”, continuó diciendo.

LEE LA CARTA COMPLETA ACÁ

Como siempre… sinceramente.

Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez. Hace ya casi un año, el 26 de octubre de 2020, me dirigía a los argentinos y las argentinas con el documento “27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas”.

Allí desgranaba reflexiones acerca del funcionamiento institucional, y de lo que considero el problema central de la economía argentina y la necesidad de abordarlo desde un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas.

Hoy, releo aquellas líneas de inusitada actualidad en las que también mencionaba que las decisiones en el Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el Presidente de la Nación y en las que decía sin eufemismos ni operaciones de prensa en off, que había funcionarios y funcionarias que no funcionaban.

También recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos junto al Presidente de la Nación, cuando expresé textualmente: “… pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento -el crecimiento económico del año 2021 que acertadamente pronosticara el compañero que me había precedido en el uso de la palabra- se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas.”. En esa oportunidad también señalé: “por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor… hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora… sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional.

En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 07/09/2021, siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno.

También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar “muy bien” las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era “no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad”. Una realidad que me indicaba que en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia, con el mayor salario en dólares de Latinoamérica -que representaba más del doble del salario actual-, con una inflación que era menos de la mitad que la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo que ya tenía, sino que sólo iban a cambiar las cosas que estaban mal.

Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores.

El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: “Alberto jaqueado por Cristina”. No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún: en la Provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra.

Recuerdo que, cuando perdimos las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del año 2009, con Néstor como candidato a Diputado Nacional -después de la 125 y de la crisis global del 2008-, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones no sólo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete, entre otros. Y ¡ojo!… habíamos perdido en la Provincia de Buenos Aires pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada.

Sin embargo ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?

El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía). Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi Ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi Ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A (H1N1). Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a Gobernador de la Provincia de Tucumán en el 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no sólo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo.

Aunque en realidad, nadie debería sorprenderse por mi propuesta: el 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a Presidente de la Nación a Alberto Fernández.

¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo.

A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio.

Por la misma razón me comuniqué con el Ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido.

Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, con ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia.

He sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año ’30. Soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo.

También estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 44 mil millones de dólares, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc… votando al macrismo o votando sus ideas.

Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino.


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Gualeguaychú aprobó un presupuesto financiado sin fondos de Nación ni de Provincia

El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por mayoría el presupuesto general 2026, conformado por el cálculo de recursos y gastos para el año próximo. El monto superó los 80 mil millones de pesos y se financió “íntegramente por recursos propios”.

El departamento Ejecutivo presentó el proyecto al finalizar el mes de octubre y, desde entonces, los concejales de todos los bloques lo trataron y analizaron en Comisiones Conjuntas. En la reunión realizada el jueves 11 de diciembre, y tras las explicaciones sobre los alcances del presupuesto brindadas por el secretario de Hacienda, Daniel Acuña, el proyecto obtuvo despacho favorable y luego se aprobó por mayoría.

En ese marco, el Jefe de Gabinete Luciano Garro se mostró sorprendido por el logro: “Hace mucho no pasaba eso. Siempre se inflaban (los montos de los presupuestos) con obras que bajaban de Nación y Provincia. A falta de recursos, el Intendente Mauricio Davico propone la optimización del Estado para hacer nuestra propia obra pública”.

Ejemplo de esta directriz es la planta asfáltica inaugurada en octubre de este año por el municipio entrerriano. En aquel momento, el intendente Davico destacó que el objetivo es integrar la mejora vial con la promoción de la inversión privada: “Eliminamos el 66% de las tasas municipales. Es un combo para generar trabajo y atraer capitales”. 

En esa línea, Garro comentó que la planta permitió la ejecución de 5.500 metros lineales de asfalto en un mes que fueron financiados con recursos propios. 

Además remarcó que durante el primer año de gestión se invirtió para mejorar el acceso al agua potable y que se compraron maquinarias de primera línea “pensadas para que queden a la ciudadanía por muchas gestiones”.

– El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico

“Absolutamente todo se ha hecho con fondos municipales ya que nos dedicamos a optimizar recursos”, y agregó que “el plantel de maquinaria pesada no se renovaba desde hace 10 años”.

Por último, Garro valoró las inversiones privadas que se realizaron en la ciudad y mencionó proyectos como Mostaza, un hotel y un predio para eventos privados en la zona del Boulevard de León, con capacidad para más de 20.000 personas.

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Casi el 70% de los trabajadores quiere que la cuota sindical deje de ser obligatoria

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix habría arrojado un dato contundente, siendo que el 67.5% de los argentinos se pronuncia a favor de que la cuota sindical pase a ser voluntaria, y si se suman quienes se ubican en una posición neutral el consenso social escala al 82,2%. Apenas el 17,8% defiende mantener la obligatoriedad vigente. 

Para entender la polémica hay que distinguir dos conceptos que a menudo se confunden y que forman el corazón de la llamada “caja” sindical. La cuota de afiliación es el aporte que paga quien decide asociarse al sindicato para acceder a sus beneficios (por ejemplo campings, turismo, actividades recreativas y asesoría legal), es voluntaria y, por eso, rara vez genera controversia. En cambio la cuota solidaria —el epicentro del conflicto— es un descuento que el sindicato aplica a todos los trabajadores del rubro, aunque no estén afiliados, y suele rondar entre el 1% y el 3% del salario.

Los gremios la justifican argumentando que sus negociaciones paritarias benefician a la totalidad de los empleados, por lo que corresponde que todos contribuyan al financiamiento de esa representación; sus críticos replican que obligar a no afiliados a pagar vulnera la libertad de asociación y redistribuye recursos sin consentimiento individual.

La encuesta revela que la mayoría de la gente siente que este “aporte solidario” funciona en la práctica como un impuesto al trabajo o un “peaje” obligatorio, donde el trabajador ve reducido su salario para financiar una estructura de la que no eligió ser parte y que, según la percepción del 63%, no lo representa.

Tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden de manera clara en que los aportes sindicales deben ser voluntarios. Esta convergencia es extraordinaria en un clima político altamente polarizado, donde casi no existen consensos.

Lo particularmente significativo es que incluso entre votantes peronistas, la base sociológica histórica del sindicalismo, la percepción negativa alcanza el 30,2%. Este dato evidencia que la erosión de legitimidad gremial ha llegado hasta sus propios votantes tradicionales.

Existiría una visión extendida de que los sindicatos operan como estructuras burocráticas encapsuladas desde hace décadas, donde las dirigencias se han renovado muy poco y parecen desconectadas de los problemas reales de los trabajadores.

En algunos casos, como el del sindicato de Camioneros, el aporte solidario equivale al 3% del salario más un 4% adicional sobre el básico, lo que genera ingresos anuales de aproximadamente 206.500 millones de pesos para el gremio. En el sector de transporte pesado, estos descuentos pueden alcanzar más de 800.000 pesos anuales por trabajador.

El rechazo se inscribe en una demanda más general de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El 55% de los encuestados apoya que se actualicen o reemplacen las normas laborales vigentes. Esto sugiere que la población percibe el marco legal laboral como rígido, desactualizado y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas.

El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó en 2025 una serie de cambios que impactan de lleno en el sistema sindical. En marzo se publicó el Decreto 149/2025, que impide que los convenios colectivos establezcan aportes obligatorios destinados a cámaras empresariales o asociaciones sindicales cuando se trate de empleadores o trabajadores no afiliados. Aunque la norma apuntó primero a los aportes patronales, el oficialismo dejó claro que su intención es extender esa misma lógica al financiamiento de los gremios.

A esto se suma la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo planea debatir en las sesiones extraordinarias, un paquete más amplio que contempla la flexibilización de convenios —dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los de rama—, nuevas regulaciones sobre jornadas y bancos de horas, y modificaciones que, según advierten las centrales sindicales, podrían traducirse en la eliminación o una fuerte restricción de las cuotas solidarias.

Alerta por la carne de cerdo brasileña en Argentina: advierten que llega “llena de agua” y con un aditivo prohibido en 160 países

“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.

Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.

En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.

“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil

Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.

Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.

-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?

Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.

El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.

“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.

En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.

E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.

“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.


*Fuente: BichosDeCampo.com

“YO QUIERO SER PALESTINE” | Militantes de izquierda piden la ciudadanía Palestina para luchar contra “la extrema derecha” de Trump y Milei

La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.

Bajo el lema “Yo quiero ser palestino, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.

Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.

Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.

El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.

En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.

La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”

Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino. 

La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”. 

Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.

Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.

La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias. 

Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

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