“Catástrofe generacional” | La oposición pide declarar emergencia educativa

Trotta ofreció repartir notebooks en la Ciudad, pero rechazaron el ofrecimiento. "Ese no es el problema de fondo", aseguran.
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*Por: Nicolás Eisler

La oposición en la provincia de Buenos Aires denunció que más de la mitad de los alumnos del distrito que concentra casi el 40% de la población del país, tienen problemas de conectividad que le impiden mantenerse en el sistema educactivo. “Estamos ante el riesgo de una catástrofe generacional”, advirtió el jefe de los diputados de Cambiemos, Maximiliano Abad.

No es la primera voz que se alza, algunas incluso del oficialismo, para reclamarle al ministro de Educación, Nicolás Trotta, que diseñe un plan de emergencia que atienda a los cientos de miles de chicos que la suspensión de las clases está dejando afuera del sistema educativo.

Esta visión no es compartida por el propio Trotta. “El impacto educativo es profundo, la desigualdad no surgió con la pandemia, es previa. No hay país que haya desplegado los recursos educativos para combatir los efectos de la pandemia como hizo la Argentina”, aseguró el ministro de Educación a La Política Online.

El ministro viene de protagonizar un fuerte contra punto con la Ciudad porque rechazó el plan ideado por la administración de Rodríguez Larreta para tratar de reinsertar en el sistema a los chicos que no tienen computadora o acceso a internet.

Este jueves Trotta intentó zanjar el diferendo que mantiene con la Ciudad por la vuelta parcial a clases con la entrega de computadoras, algo que rechazaron en la Ciudad. “Ya estamos entregando notebooks, no es ese el problema de fondo. De los 6500 chicos que abandonaron la escuela ya llamamos a 2500. Una tercera parte dijo que la ausencia en este tiempo respondía a la falta de conectividad, pero la mayoría no. El tema es mucho más profundo”, rechazaron desde el gobierno porteño.

Lo cierto es que la Educación es el territorio de una de las mayores tensiones que generó la pandemia, por poner en contraposición dos activos esenciales para cualquier Nación como es la educación de su población y la salud pública. Distintos países están en este momento lidiando con la enorme complejidad que representa el regreso a clases. Francia, por caso, este viernes tuvo que cerrar 22 colegios por el repunte de casos y España enfrenta desafíos similares. Pero han decidido mantener el regreso a clases.

Abad presentó un documento con 15 propuestas para que “los chicos y chicas de la Provincia y el país vuelvan a las aulas” donde reclama “declarar a la educación como actividad esencial y lograr la emergencia en educación en el Congreso” para discutir cómo retomar las actividades. “El comienzo para que esto cambie es una decisión política, no una cuestión técnica o pedagógica. Eso viene después”, aseguró.

Se estima que la mitad de los alumnos de escuelas secundarias de la Argentina no pudo participar de las clases que se dictan por videollamada o a través de Whatsapp desde que comenzó la cuarentena en marzo.

“Hay un problema de conectividad, porque durante el gobierno anterior fue desconectado el programa Conectar Igualdad. Cuando empezamos reconocimos la problemática educativa, nuestra agenda es analógica y por eso ya repartimos 36 millones de cuadernillos y en pocas semanas vamos a llegar a los 45 millones. También repartimos 80 mil computadoras“, aseguró Trotta a este sitio respecto de las máquinas que encontraron en un depósito del Correo Argentino y que el macrismo se había negado a entregar.

Según la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica, un estudio realizado por Nación y UNICEF “menos de la mitad de los hogares en la Argentina cuenta con acceso fijo de buena calidad en la señal a Internet, 3 de cada 10 de hogares no tienen acceso fijo a Internet: 27% accede sólo por celular y 3% no tiene internet de ningún tipo. En hogares con Internet fija, la tercera parte tiene problemas en la señal. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo“. Además en Educación corroboraron que “el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas privadas duplica a los que asisten a las públicas”.

Trotta también destacó que existen plataformas de 57 universidades nacionales que por un convenio con el Enacom, pueden acceder a los contenidos de los sitios web y a las plataformas virtuales de esos centros de estudios sin consumir datos.

Para describir la situación de la Argentina los expertos hablan del proceso de “desaprendizaje” de quienes acceden a las clases pero no tienen un contacto cara a cara con el docente y quedan a la merced de la ayuda familiar, que no está capacitada para la docencia.

Un especialista en educación aseguró a La Política Online que los problemas que enfrenta la gestión de Trotta tienen que ver con la fuerte interna que atraviesa la cartera. Esa tensión comenzó cuando siguiendo la lógica política que prima en un gobierno de coalición, se acordó repartir los principales cargos de la cartera entre diferentes corrientes políticas y educativas.

“La interna del Ministerio pesó. Que hayan decidido lotearlo entre distintas miradas pesó y ahora Trotta tiene que resolver cuestiones importantes con un Ministerio fragmentado. No hay que perder de vista que son el Consejo Federal de Educación y los ministerios de educación provinciales los que tienen la administración de las escuelas”, explicó la fuente consultada.

Esas internas tuvieron un primer desenlace con la renuncia Adriana Puiggrós, la viceministra de Trotta, pero están lejos de terminar.

“Después de una buena primera reacción con el programa Seguimos Educando, el Ministerio se quedó en eso no planificó ni estableció reglas demasiado claras sobre cómo podía ser el regreso a clases”, agregó el especialista, en referencia al portal educativo con videos, libros digitales, juegos, orientaciones a docentes y familias, que se complementa con la emisión diaria de programas de TV y Radio que lanzó Nación cuando comenzó la pandemia.

*Fuente: La Política Online


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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