Cancillería contrató a una empresa estadounidense por 432 mil dólares para difundir la agenda de Guzmán

Se trata de Glover Park Group, una compañía de lobby y comunicación corporativa, que paga la Cancillería.
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*Por: Román Lejtman

En plena negociación con los acreedores privados, la Cancillería contrató a una poderosa empresa de lobby en Washington que puso a disposición a Thomas Shannon, un legendario diplomático que trabajó bajo las órdenes de diez presidentes de los Estados Unidos y se retiró como secretario interino del Departamento de Estado durante la administración republicana de Donald Trump.

Shannon hace lobby para la Argentina en representación de la compañía Arnold & Porter, que firmó con la Cancillería –a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio– un contrato de un año por 1.932.000 dólares. Arnold & Porter cobrará 161.000 dólares al mes, y formalmente debe reportarse al titular de la Agencia de Inversiones, Juan Usandivaras, que a su vez depende de Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, y pese al contrato firmado por Usandivaras y Arnold & Porter, Shannon cumple instrucciones del Ministerio de Economía, como reconoció Solá durante una entrevista exclusiva con Infobae. “Martín Guzmán, el representante de Argentina en el FMI, Sergio Chodos, y el embajador Jorge Argüello me plantearon la necesidad de contratar una compañía de lobby (Arnold & Porter), como tienen todas las embajadas en Washington. Y así lo hicimos”.

¿Por qué el contrato está firmado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional? —preguntó Infobae.

Fue lo mejor desde el punto técnico para apurar la contratación —replicó Solá.

Durante las negociaciones con los bonistas de Wall Street, Shannon estaba a disposición de Guzmán. El ex secretario de Estado de Trump, conocido por Cristina Fernández de Kirchner y con muy buena relación con Alberto Fernández, fatigaba los principales despachos de Washington y explicaba cómo era la hoja de ruta de la Argentina para resolver sus compromisos internacionales.

“Shannon es un experto en América Latina. Y nos abrió muchas puertas en Washington. Creo que con lo que hizo en la negociación de la deuda, el contrato firmado ya quedó amortizado”, dijo Solá para describir la actuación del lobista de Argentina en DC.

Pero Shannon y Arnold & Porter no son expertos en comunicación corporativa, y decidieron contratar a Glover Park Group, que opera desde New York para sus clientes alrededor del planeta. Entonces, Glover Park Group firmó un acuerdo con Arnold & Porter, que a su vez fue contratada por el director Usandivaras, que responde al canciller Solá, que dice que toda la acción de lobby en Estados Unidos se hace bajo la responsabilidad del ministro Martín Guzmán.

El contrato de Arnold & Porter con Glover Park Group es de 36.000 dólares mensuales, y tiene una duración de un año. Es decir: cobrarán un total de 432.000 dólares.

La tarea de comunicación de Glover Park Group (GPG) es fácil de describir. En plena negociación con los acreedores privados, remitió un mail por día con declaraciones de Guzmán a medios en Estados Unidos, y cuando hizo falta que el ministro o algún miembro de su staff tomara contacto con cierto periodista extranjero, desde GPG se llamaba por teléfono o se ponía un mensaje de WhatsApp.

Y nada más: todo por un fee mensual de 36.000 dólares.

La representación formal de Glover Park Group (GPG) está en manos de Joshua Gross, que aparece como Senior Vice President en las comunicaciones enviadas al Palacio de Hacienda. Gross respondió sólo uno de los mails enviados por Infobae, pero no dio detalles de las actividades que hizo para Guzmán.

“Le escribo para cotejar información que tengo sobre el contrato que firmó para trabajar con la República Argentina. Aguardo su respuesta”, escribió Lejtman (periodista de Infobae que escribe esta nota) al mail corporativo de Gross.

“Hola Román. Un gusto estar en contacto. Bienvenidas tus preguntas, pero ya te aviso que no voy a poder informarte mucho más que lo que publicaste del contrato en FARA. Será bueno estar en contacto. Saludos Josh”, replicó al instante Gross, alegando silencio por una presunta restricción legal acorde al derecho de los Estados Unidos.

Cuando Gross mencionó a FARA (Foreign Agents Regulation Act), se refiere a la regulación federal norteamericana sancionada en 1938 para los lobistas que representan intereses extranjeros. Fue la respuesta a una operación de acción psicológica montada por Adolfo Hitler para difundir el nazismo en los Estados Unidos.

Obvio que Gross puede dar la información, ya que está trabajando para un país con sistema democrático y en las antípodas de la ideología que aplicó Hitler en Alemania. Sin embargo, se escudó en las normas de FARA, y no explicó en detalle qué hace Glover Park Group, además de cortar y pegar declaraciones de Guzmán y llamar a periodistas para ofrecer notas con funcionarios del Palacio de Hacienda.

Tampoco hubo explicaciones oficiales en la Cancillería y en el Ministerio de Economía. Sólo comentarios extraoficiales, alegando que se trataba de un trabajo de comunicación que recién se iniciaba.

—¿Y cuando terminé la negociación con los bonistas, que hará Glover Park Group? —preguntó Infobae a un miembro del Gobierno que recibe los mails del señor Gross.

—Lo que hizo hasta ahora. Gacetillas. Y llamadas de teléfono.

*Fuente: Infobae


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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