“Calmate, Mauricio” | Gobernadores PRO le piden a Macri que no complique la relación con Milei
Los mandatarios intentan tener una buena relación con el Presidente para evitar más motosierra. La gestión local, por encima de las peleas partidarias y los egos.
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Los cinco gobernadores del PRO, buscan tener una agenda diferente a la del presidente del partido, Mauricio Macri, en cuanto a su relación con el presidente Javier Milei. Para los mandatarios provinciales, la clave es mantener un buen diálogo con el gobierno nacional para no poner en riesgo la gestión en cada distrito.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) concidieron en la necesidad de mantener un equilibrio entre el presidente del PRO y el vínculo con el gobierno nacional. Hay quienes temen que la motosierra de Milei afecte, aún más, el envío de fondos a las provincial.
“PRIMERO LA GESTIÓN” EXCLAMAN LOS GOBERNADORES PRO
Los mandatarios provinciales no quieren que se repita la lógica que imperó en el PRO en los últimos seis meses con el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri. “Nosotros tenemos que gestionar, junto a Patricia porque es ministra. Ninguno se va a pelear con ella”, afirmó un mandatario provincial del macrismo.
“No queremos integrar el gobierno nacional, nos interesa gestionar nuestras provincias y que nos envíen los recursos que corresponden por ley. Si nos traspasan competencias, queremos el dinero. Nada más”, agregó otro gobernador del PRO.
Los mandatarios provinciales saben que, tras la sanción de la ley ómnibus y el paquete fiscal, se abre un nuevo período en la relación entre la Casa Rosada y las provincias aliadas. De hecho, la semana pasada Frigerio se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo, para a dialogar sobre las transferencias de obra pública y recursos de Nación a provincias.
EL GRAN DILEMA DE LOS GOBERNADORES
En la nueva era del PRO, los gobernadores coinciden en alinearse detrás de Macri y dar por terminada la guerra con Patricia Bullrich, quien insiste en una fusión entre el partido amarillo y La Liberta Avanza de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, quieren evitar la interferencia del expresidente en la relación que supieron construir con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Toto Caputo.
“Necesitamos saber si el gobierno quiene mantener una relación como la que tuvimos con el tratamiento de la ley ómnibus y si nos ven como aliados. Tenemos que mejorar la gestión y ordenar nuestras cuentas. Sobre todo con la vista puesta hacia adelante”, consideró otro gobernador del PRO.
Macri tiene como prioridad recuperar la identidad del partido, llevarlo nuevamente a ser competitivo y extender el poder territorial del espacio. En los planes del exmandatario no está enfrentarse a los gobernadores y quiere que sean parte del modelo de conducción que busca construir.
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*FUENTE: Gonzalo Prado – Letra P
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La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
El sector agropecuario argentino expresó su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés), que estableció nuevas restricciones a productos asociados a la deforestación.
Las entidades del agro afirmaron que la regulación “afectó nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”.
– “Desde el año 2013 entró en vigor el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). El objetivo es garantizar que la madera y los derivados comercializados en el mercado de la UE procedan de prácticas legales y sostenibles”
El encuentro para debatir la postura argentina se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. El subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, presidió la reunión. Allí, las instituciones agropecuarias entregaron un documento donde detallaron sus argumentos en contra del EUDR y solicitaron que este “no entre en vigencia” o, en su defecto, se contemplaran modificaciones para mitigar el impacto comercial negativo para el país.
El texto presentado también planteó que no hubiera inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de nuevos productos en la norma. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina”, señalaron las entidades, que, en paralelo, se comprometieron a avanzar en esquemas de trazabilidad para evitar posibles pérdidas de mercado, aclarando que esta acción no debe interpretarse como un aval al reglamento.
– Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados
Durante la reunión, los funcionarios argentinos coincidieron en relanzar “negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), declaró: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral”.
En un contexto de cambios legislativos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió postergar por un año la entrada en vigor de la normativa 1115. Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se extendió la fecha original del 30 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026.
Entre otros puntos, la regulación apunta a impedir la comercialización de productos, como soja y carne bovina, que provengan de tierras deforestadas después de 2020.
La nueva versión del texto incluyó la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación, a la que se sumarían las categorías ya existentes de “riesgo bajo”, “estándar” y “alto”. El Parlamento Europeo informó que estos cambios pretendieron “permitir a las empresas adaptarse” y disminuir requisitos en los países clasificados como “sin riesgo”. Sin embargo, la propuesta quedó sujeta a nuevas negociaciones, luego de que el texto regresara a la Comisión de Medioambiente. La Comisión Europea, por su parte, tendrá que finalizar el sistema de evaluación comparativa de cada país antes del 30 de junio de 2025.
Frente a la postergación de la norma, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. Agregó que se trató de “un avance que parecía imposible” tras el trabajo que venían realizando desde hace dos años. A la vez, subrayó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”.
En representación del sector agropecuario participaron la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Finalmente, el gobierno nacional y las entidades del agro acordaron mantener una mesa de trabajo de seguimiento, con el objetivo de sostener el diálogo y las negociaciones en el ámbito local e internacional. “Las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino”, aseguraron en un comunicado, en el que reiteraron el pedido de “no aplicación” del EUDR y el firme reclamo por la defensa de la soberanía nacional y de la competitividad de la producción argentina.
El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.
“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.
El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.
Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.
En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.
Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo.Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, denunció tareas de espionaje dentro de su cartera y apuntó directamente contra la presidente del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.Según el funcionario, la legisladora, mano derecha de Karina Milei, publicó en redes sociales información reservada sobre su custodia y la seguridad de su familia.
“La diputada Ramírez exhibe y hace pública diversa información confidencial respecto a mi custodia y al Ministerio en general, que no son de acceso público. Lo más grave de todo es que lo hace en redes y se jacta de hacerlo”, explicó Wolff. Por este motivo, presentó una denuncia formal y solicitó que Ramírez sea citada a declarar para esclarecer el origen de la información. En sus declaraciones, el ministro enfatizó la gravedad del asunto, señalando que la filtración de datos sensibles podía comprometer su seguridad personal y también la de otros funcionarios del ministerio.
En su presentación judicial, Wolff habló de una “violación de secretos en el marco de tareas de espionaje dentro del Ministerio de Seguridad” y advirtió que la filtración de datos puso en peligro su vida y la de su familia. “Desconozco la identidad del autor y/o autores de los hechos denunciados. Sin perjuicio de que tal extremo será esclarecido con el devenir de la investigación”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que la decisión sobre la cantidad de custodios que le son asignados no depende de él, sino de la División Custodia de la Policía de la Ciudad, que determina el nivel de seguridad necesario ante las amenazas que ha recibido. Wolff también recordó que ha sido víctima de amenazas de diversas organizaciones, incluidas “Hamás, Hezbollah y el kirchnerismo”, lo que justificaba la rigurosa protección con la que contaba.
El cruce entre ambos ya había escalado durante una reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, realizada hoy jueves, donde se analizaban las fugas de presos en la Ciudad. Allí, Wolff le recordó a Ramírez su pasado kirchnerista: “Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo”. También la señaló como parte de un entorno que “rodea muy mal a Javier Milei”.En su intervención, Wolff hizo un repaso de los antecedentes de persecución que sufrió por parte de la gestión anterior, incluyendo investigaciones en su contra que, según él, buscaban perjudicarlo políticamente.
La Justicia podría citar a Ramírez en el marco de la investigación por espionaje. La legisladora, sin embargo, insistió con sus críticas y ratificó su pedido de renuncia del ministro de Seguridad. “Si usted no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro, como le dije el otro día, váyase a su casa y deje a un buen ministro que lleve adelante la tarea que hoy nos ocupa, que es la fuga de presos”, expresó Ramírez. Wolff, por su parte, desestimó el reclamo y reafirmó su compromiso con la seguridad de la Ciudad.
Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.
“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.
La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente.“La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.
A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.
Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.
María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
