CABA | Larreta aumentará 500% el valor fiscal de las propiedades y culpa a los K
Tras el acuerdo del FMI, aprobado con el apoyo de la “oposición”, AFIP dispuso el aumento que es parte del trato con el organismo financiero. El jefe de Gobierno porteño lo define como “ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica”.
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A través de un comunicado, el intendente de CABA, Horacio Rodríguez Larreta le pidió a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que revea y revoque el dictamen dispone un aumento del 500% a la valuación de bienes inmuebles.
“Sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones. Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”, señaló el alcalde.
NO AL REVALÚO INMOBILIARIO. VAMOS A SEGUIR DEFENDIENDO A LOS VECINOS DE LOS ATAQUES DEL GOBIERNO NACIONAL. pic.twitter.com/IHBU8j2rIG
La situación ocurre en un contexto en el cual el Estado desea aumentar los impuestos patrimoniales. A partir del memorándum con el FMI, el Gobierno impulsará un revalúo inmobiliario en “coordinación con los gobiernos provinciales”. Ya que se buscará “que las tasaciones de las propiedades reflejen mejor los verdaderos valores”.
Dicho acuerdo aprobado en el Congreso, fue aprobado por la “oposición” a la que pertenece Larreta.
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En un anuncio que marca el fin de un capítulo controvertido en la historia política, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el cierre definitivo de la planta ex Ciccone Calcográfica, situada en Don Torcuato. La emblemática imprenta, estatizada en 2012 tras un caso de corrupción que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, será subastada en los próximos meses.
“La ex Ciccone ya no es necesaria en manos estatales. Su cierre ahorrará al país 5.040 millones de pesos anuales”, destacó Caputo en su cuenta oficial de la red social X. La decisión incluye la desvinculación de los 270 empleados que trabajaban en la planta, quienes han sido “dispensados” hasta que se definan políticas de reubicación o acuerdos individuales.
– Caputo hizo el anuncio desde Brasil, acompañando al Presidente en la cumbre del G20
El cierre fue acompañado por un operativo que incluye el retiro de maquinaria y el desalojo del inmueble, que cuenta con una bóveda utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para almacenar billetes próximos a ser destruidos. Según Caputo, algunas máquinas serán reutilizadas:
Equipos para la fabricación de chapas patente se trasladarán a depósitos en Retiro.
Tres máquinas de calcografía serán utilizadas para la producción de pasaportes.
Las máquinas importadas para la producción de billetes serán retiradas y redistribuidas.
El ministro aclaró que la planta había dejado de operar el 31 de octubre, cuando el BCRA rescindió el contrato para la producción de billetes a nivel estatal.
Aunque el Gobierno asegura que buscará reubicar a algunos de los trabajadores en la administración pública, no se ha especificado cuántos podrán mantener sus empleos. “Nadie volverá a la planta de la ex Ciccone”, confirmaron fuentes oficiales. El cierre definitivo también simboliza un cambio en la estrategia estatal: Argentina ya no producirá billetes localmente y optará por proveedores internacionales.
“El cierre de la ex Ciccone pone fin a uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.
El escándalo de la ex Ciccone
El cierre de la planta marca el epílogo de un caso que sacudió al país en 2012, cuando se destaparon irregularidades en la compra de Ciccone Calcográfica por parte de testaferros vinculados a Amado Boudou, entonces vicepresidente. La denuncia inicial fue realizada por Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele, quien actuó como intermediario en la operación a través de la firma The Old Fund.
El escándalo llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la empresa en agosto de 2012. Sin embargo, las investigaciones continuaron, y en 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA), espacio liderado por Javier Milei, manifestó su desacuerdo con la dirección del partido. En una reciente entrevista en Radio con Vos, el legislador señaló que la política no debería consistir en “quién aplaude más fuerte” y criticó duramente el entorno de Milei, al que responsabilizó de imponer una lógica verticalista y poco democrática.
Casielles, quien acompañó a Milei desde los primeros días de LLA, se mostró especialmente decepcionado con la estructura actual del partido, que, según él, está dominada por decisiones impulsivas y caprichosas que no tienen en cuenta el diálogo interno ni la competencia profesional. “Yo trato de mantener siempre una línea, y el espacio tiene una volatilidad que no me representa”, explicó, subrayando que cada vez encuentra menos coincidencias con el rumbo de LLA, aunque por el momento asegura no haber abandonado el espacio.
El diputado también puso como ejemplo de esta falta de estabilidad la rotación constante de funcionarios en altos cargos del gobierno de Milei, que considera perjudicial para el desarrollo de una política coherente y sólida: “En diez días se fue un Secretario de Energía, un Canciller y quien dirigía la Aduana”.
Casielles no solo lamentó la salida de Mondino, sino que defendió su lealtad y profesionalismo. Según el legislador, la decisión de apartarla se basó en un desacuerdo con el rumbo de la política internacional, un tema sensible para LLA y que, según Casielles, debería discutirse en profundidad en lugar de resolverse mediante “movimientos erráticos”. En sus redes sociales, Casielles manifestó su descontento por la velocidad con la que la Administración cambia sus funcionarios, dejando al descubierto lo que describe como “una ausencia de planificación y una falta de rumbo a largo plazo”.
La situación generó tensiones también en el bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, donde, aunque mantienen una estructura de interbloque, la unidad empieza a mostrar grietas. Casielles describió el espacio como más verticalista que liberal, con una dinámica donde la crítica y el disenso son mal recibidos. “En LLA no hay lugar para gente que piense distinto”, afirmó en una entrevista en el programa “Rosca y Casta”, agregando que la política no puede sustentarse en la lealtad ciega sin un plan de país claro.
Según el legislador, su intención es que el partido construya un proyecto a mediano y largo plazo que permita a Argentina avanzar de forma sólida y estable, con un país “fuerte y eficiente”. Sin embargo, para Casielles, este objetivo se desvanece en un contexto en el que se prioriza la lealtad por encima de las ideas y la competencia. “Si lo que vale es quién aplaude más fuerte, poco podemos construir”, sentenció.
Maximiliano Uceda, quien fuera secretario de Gestión Cultural durante el gobierno de Alberto Fernández, tuvo un breve y cuestionado paso por el ministerio de Cultura de la Nación bajo la conducción de Tristán Bauer, donde era responsable del Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Su renuncia, precedida por el cierre de todas sus redes sociales, levantó sospechas y especulaciones sobre posibles conflictos internos dentro del oficialismo de aquel momento, aunque mediáticamente se confirmó que el exsecretario había estado vinculado a reiterados episodios de maltrato. La denuncia de una trabajadora en redes sociales marcó el golpe final.
Desde mayo, el nuevo cargo de Uceda lo posiciona bajo la órbita de la subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural de la provincia de Buenos Aires, liderada por Cynthia Ottaviano. Desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tendrá la responsabilidad de impulsar proyectos en sectores clave de la economía cultural de la provincia, en un contexto de alta expectativa y escrutinio público.
El nombramiento no solo revive las dudas sobre su salida del ministerio de Cultura, sino que también refuerza la percepción de que el kicillofismo continúa reciclando figuras polémicas dentro de espacios estratégicos con el único objetivo de sumar cuerpo de cara a la contienda presidencial 2027.
Como es de esperarse, Maximiliano Uceda no es nuevo en la administración pública. Antes de ser desvinculado del ministerio de Cultura de la Nación por maltrato laboral, desempeñó funciones en la provincia de Mendoza durante la gestión del gobernador Francisco Pérez. quien lo designó asesor en el ministerio de Cultura provincial en 2012 y 2015. Luego, fue designado para conducir el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Entre 2016 y 2018 además cobró un contrato en la Universidad Nacional de las Artes. Ese mismo año ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, mientras que a la par se mantuvo vinculado al gobierno de la provincia de Mendoza, que lo cobijó incluso durante la era Javier Milei.
Vale destacar que el flamante funcionario de Kicillof es hermano de la ex diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Lourdes Uceda, quien viene de ocupar una banca en el periodo 2019–2023. Finalmente, tras el fin de su mandato, Marisa tampoco optó por la actividad privada: consiguió otro contrato en la Cámara de Diputados de la Nación, donde actualmente desempeña tareas bajo el legajo 800861, en el escalafón A-3-T.
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la “inmediata detención” del exgobernador Sergio Urribarri por la causa en la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la justicia provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no está firme.
Asimismo, se dispuso y se concretó, la orden de detención para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarrique también fue condenado en la causa.
El ex mandatario entrerriano fue detenido en horas del mediodía en su vivienda de la ciudad de Concordia y trasladado a la Jefatura Departamental a la espera de ser trasladado a la cárcel de Paraná.
La orden de detención de Urribarri fue dispuesta esta mañana y comunicada por la presidenta de la Cámara de Casación provincial, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, con la instrucción de que una vez detenido, Urribarri fuera “alojado” en la Unidad Penal 1, de Paraná.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
La fiscalía ya había pedido la detención del exgobernador, pero hasta ahora su planteo había sido rechazado. Esta mañana, finalmente, se ordenó la prisión preventiva “hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
Urribarri, no obstante, tiene la posibilidad de apelar esta prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, que podría revocar lo ordenado y disponer que Urribarri espere en libertad la definición de la Corte Suprema.
El argumento central del fallo de la Casación provincial de hoy fue el peligro de fuga. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo de hoy, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”, recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales, se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
ASÍ TRASLADABAN AL EX GOBERNADOR K
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva de Sergio Daniel Urribarri y, en ese marco, el ex gobernador justicialista y exembajador en Israel fue trasladado desde su casa ubicada sobre calle Néstor Garat al 200 de Concordia hacia la Unidad Penal Nº1 de Paraná.
Periodistas locales registraron en imágenes la caravana de vehículos que transportó al dirigente hasta la cárcel de la capital entrerriana para que cumpla con la condena a ocho años por cinco causas de corrupción.
El Gobierno anunció que dará de baja la jubilación presidencial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner. La confirmación de la eliminación del beneficio la hizo el vocero Manuel Adorni este jueves en Casa Rosada, tras confirmarse la condena de seis años contra la exmandataria en la causa Vialidad.
“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión” expresó Adorni.
Según explicó el funcionario, “la baja dispuesta por resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
De acuerdo a la resolución del Gobierno, “el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo”.
Adorni indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.
Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción
La Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por corrupción en la Causa Vialidad. La expresidenta ahora apelará la decisión en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario.
La lectura del veredicto ocurrió unos minutos después de las 11, en Comodoro Py. Mientras esto ocurría, la expresidenta participaba de una actividad con mujeres en Moreno.
Frente a este escenario, tanto el PRO y LLA están a favor de la Ley de Ficha Limpia, para que personas con condenas penales por delitos dolosos graves no puedan ser candidatas a cargos electivos nacionales. Para el partido amarillo es una “bandera histórica del espacio”, mientras que el oficialismo también piensa en la resolución de otros proyectos antes de que termine el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
