31 mayo, 2025

BURROS K | Ahora en las escuelas secundarias de Santa Fe, los alumnos no rendirán exámenes para pasar de año

El gobierno de Omar Perotti sorprendió a los docentes con una nueva reforma educativa que busca eliminar los exámenes.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

El Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó que, a raíz de una nueva reforma, los alumnos de instituciones secundarias no tendrán que realizar exámenes para pasar de año, en cambio, deberán cumplir objetivos.

Esto se traduce en que, los chicos deberán asistir a clases hasta el 23 de diciembre (se lleven materias o no) y que no deberán ser sometidos a mesa de examen, sino que deberán realizar ” actividades de cierre de ciclo lectivo con formatos alternativos, como taller, seminario, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos y ruedas de convivencia, propuestas aportadas por el Plan Nacional de Lectura y boletines pedagógicos ESI, entre otras”, dice explícitamente el comunicado.

Adriana Cantero, ministra de Educación de Santa Fe

Al contrario de cómo se venía manejando el sistema educativo, que dictaba clases hasta los primeros días de diciembre y los restantes funcionaban como “recuperatorio”, ahora todos los alumnos de la provincia de Santa Fe deberán asistir hasta el 23 de diciembre.

Desde los gremios educativos no apoyaron la reforma impuesta por la ministra de Educación, Adriana Cantero, en conjunto con el gobernador kirchnerista, Omar Perotti. El primer sindicato en salir al cruce contra la reforma fue Amsafé, seguidamente se sumó el representante de los docentes de colegios privados (Sadop), Martín Lucero quien directamente apuntó contra el gobierno acusándolos de querer “destruir la escuelas secundarias”.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe por el Frente de Todos

Lucero cuestionó duramente la medida alegando que la “vara está muy baja”: “Deben presentar un trabajo integrador para aprobar varias materias” y lo aprueban solamente con tener el “25% del contenido correcto”. Antes rendíamos un examen por material y con un tribunal, ahora se deja la vara muy baja“, se lamentó.

El sindicalista también señaló que es injusto para los alumnos que sí se esfuerzan y aprobaron de manera correcta todas las materias, dado que al igual que otros alumnos que no cumplieron, tienen que asistir al colegio días previos a Navidad a realizar “talleres que nadie sabe cómo van a ser”.

Secretario General de Sadop Rosario, Martín Miguel Lucero

“Sería bueno saber cómo el Ministerio le va a explicar a una familia que su hija ya aprobó y alcanzó los contenidos, pero tiene que ir hasta el 23 de diciembre para hacer ronda de palabras”, finalizó Lucero.

En la misma línea, Amsafé Rosario salió al cruce y anunció su rechazo ante la presentación de la cartera de Educación que “impone la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre desconociendo la importancia de esta etapa de recuperación y examenes a los que se encontrarán abocados los docentes”, sostuvieron.

Juan Pablo Casiello, secretario gremial de Amsafé Rosario

El gremio expresó que “de ninguna manera las escuelas podrán establecer jornadas paralelas de recuperación mientras se sostienen los pretendidos talleres para quienes no tengan que recuperar espacios curriculares”.

Ambos gremios coincidieron en lo dañina que es la reforma educativa, tanto para los docentes, como para los alumnos, por ello subrayaron: “Desde Amsafé Rosario defendemos la total autonomía de las escuelas para organizar y llevar adelante las actividades necesarias para cerrar de la mejor manera el ciclo lectivo”.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

“Es el un único candidato que me representa”: El fuerte respaldo de Álvaro Zicarelli a Ramiro Marra que dejó mudo a los periodistas

El periodista y analista político Álvaro Zicarelli sostuvo que estas elecciones legislativas del 18 de mayo “no tienen por qué debatir el modelo argentino”, sino el “modelo meritocrático” necesario para ocupar bancas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Somos una provincia que tiene problemas que deben solucionarse también desde lo legislativo”, afirmó.

Fiel a su estilo, cuestionó a los candidatos que “están hablando exclusivamente de Milei” y remarcó que deberían discutirse prioridades porteñas. Elegir representantes que funcionen como “escribanos en forma de legisladores del Gobierno nacional” resulta contraproducente, consideró.

En ese marco, el analista confrontó a Alejandro Kim, el candidato de Guillermo Moreno: “A mí me gustan las propuestas que tiene Marra para la ciudad”. Rechazó la comparación con otros libertarios al considerar que la Legislatura necesita proyectos concretos y no alineamientos automáticos con la Casa Rosada.

Zicarelli reprochó a Kim haber llamado “fisura” a Marra y lo instó a proponer reformas de salud mental: “Si en la ciudad hoy no tenemos una normativa realmente seria e integral en torno a la salud mental, Ramiro, que ya lo planteó”

El politólogo insistió en que los contendientes “traten temas de la ciudad” y “dejen de hablar de Milei, a favor o en contra”. Reiteró que Marra “habló justamente de los temas porteños”, por lo que concluyó: “Háblenle a la gente de la ciudad y propongan soluciones locales”.

Redacción

info@data24.com.ar

El Gobierno lanzó el Plan Guacurarí para reforzar seguridad en la frontera con Brasil

El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.

“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.

La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.

La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”

La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo. 

Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.

El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.

Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.

Redacción

info@data24.com.ar

Frigerio cerró la intervención del Iosper y advirtió a los gremios: “Si la lucha es por la caja van a perder”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.

Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.

El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.

Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.

En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.

El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.

Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.

El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.

– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos

Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.

Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.

Redacción

info@data24.com.ar

Javier Milei recortó casi 50.000 cargos y ahorró 1.885 millones de dólares

Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.

El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.

Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.

El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.

El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.

Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.

Redacción

info@data24.com.ar

¿Quiénes son los kirchneristas y larretistas que se esconden en la lista de Adorni?

*Por Augusto Grinner

¿“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”? Esa consigna quedó obsoleta, ahora el debate dentro del espacio libertario está en “kirchnerismo o libertad”. Pareciera ser que la hermana del Presidente quiere poner el último clavo del ataúd del kirchnerismo absorbiendo a cuanto kirchnerista se pase a sus filas.

El análisis de la nómina de candidatos a la Legislatura porteña de La Libertad Avanza, encabezada por el aún vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la directa influencia del armado de Karina Milei y la jefa del partido en la Ciudad, la ex-camporista Pilar Ramírez, evidencia que los principales puestos de la lista, con chances de ingresar al parlamento local, están ocupados por figuras con pasados y vínculos en estructuras políticas que el propio espacio suele criticar con vehemencia. Esta conformación, lejos de ser un fenómeno aislado en el distrito porteño, se inscribe en una aparente estrategia de La Libertad Avanza a nivel nacional y con un patrón definido.

Candidatos kirchneristas y larretistas

En los primeros lugares de la boleta porteña se observan nombres con claras conexiones en la política pre-Milei.

La segunda y el tercero en la lista, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz, ambos acomodados por el esposo de Pilar RamírezDarío Wasserman— como directora del Banco Nación y presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, respectivamente. Ambos responden a la ex-camporista Ramírez, quien supo ser amiga del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del senador kirchnerista y ex director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Ramírez decidió cambiar de amistades, ahora se junta con la secretaria general de presidencia. Lejos quedó aquella época en la que Ramírez presidía la fundación de Mariano Recalde, siendo luego expulsada de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Mauricio Macri, deviniendo en un juicio al Estado por parte de esta mujer.

– Mariano Recalde, Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de La Libertad Avanza de CABA).

En el caso de Pakgojz, además, se trata de un retirado funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante más de cinco años, y de hecho fue militante del ex jefe de gobierno durante 2023.

Los vínculos con Ramírez y su entorno también son notorios en varios tramos de la lista, como es el caso de la cuarta candidata, Andrea Freguia, la jefa de despacho de Pilar y ex asesora de la retirada Senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, por entonces parlamentaria de Cristina Fernández.

– Nicolás Pakgojz junto a Karina Milei y Pilar Ramírez

Antes de seguir en orden numérico, podemos mencionar también al número nueve, Diego Vartabedián, quien actualmente trabaja para Karina Milei con un cargo con 24 palabras de extensión, habiendo sido previamente destinado a Nación Seguros por el esposo de Ramírez. O también llama la atención la número doce, Patricia Holzman, y del número quince, Yamil Minakowski, quienes supieron vivir del contribuyente respectivamente durante siete años y tres años de la gestión larretista. Y si al lector no le alcanza con la jefa de despacho y los amigos de Ramírez, sepan que también tendrán de candidato a Dante Di Carlo, secretario de la legisladora ex-camporista.

El desembarco de figuras con pasados kirchneristas o peronistas en las filas del mileísmo es un patrón que se repite en distintos niveles y distritos del país, evidenciando una fórmula de armado que trasciende ideología. Ejemplos notorios incluyen a Daniel Scioli, ex Vicepresidente y Gobernador kirchnerista, hoy en el gabinete nacional; su hermano Nicolás Scioli, también con trayectoria K; Leila Gianni, ex funcionaria del kirchnerismo y ex La Cámpora, actualmente referente en La Matanza; Sebastián Pareja, armador provincial de LLA con pasado en el kirchnerismo incluso como aportante de campaña; Manuel Quintar, ex candidato jujeño del kirchnerismo y cercano a Milagro Sala; Ramón “Nene” Vera, diputado provincial de LLA en Buenos Aires también ex candidato kirchnerista; y Sonia Limache, actual referente de LLA en Quilmes, anteriormente referente K.

Entre el sexto y el octavo puesto, tenemos bancas que intentan renovar, como es el caso de Lucía Montenegro quien, entre otras cosas, fue noticia en 2022 por haber contratado como asesor a un filo-nazi ex candidato de Alejandro Biondini.

¿Por qué Pilar Ramírez tiene tanto poder?

En el contexto del armado de listas, circula una versión, persistente en ciertos círculos políticos, sobre un supuesto video con cámara oculta que registraría un importante aporte monetario para la campaña de 2023, en el cual, Karina Milei estaría contando dinero en efectivo de un enorme pago realizado por Darío Wasserman. El marido de Pilar Ramírez estaría extorsionando a la hermana del Presidente con algo tan básico. La versión busca explicar el particular ascendente de estas figuras con pasados kirchneristas dentro del espacio, y alimenta las suspicacias sobre las razones detrás de algunas designaciones.

Redacción

info@data24.com.ar

Avanza en Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.

El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.

La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.

Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.

La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.

Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín, cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.

Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad. 

El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.

Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now