AstraZeneca es cuestionada en la UE y aceptada en Argentina
De las firmas que producen y distribuyen la vacuna, la mexicana es la que recibe mayores críticas. Argentina mantiene una postura blanda ante las promesas incumplidas.
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México y Argentina trabajan en conjunto con AstraZeneca en la producción de más de 200 millones de dosis para cubrir la demanda de América Latina. A comienzos de enero, Argentina comenzó a enviar los cargamentos del principio activo para comenzar con el envasado. Accionar totalmente innecesario, dado que el envasado y fraccionamiento podrían realizarse en un laboratorio de la provincia de Córdoba y de la ciudad de La Plata.
Si un país tiene mayor poder de compra, puede acaparar más dosis, dejando a otros más pobres con menos capacidad de acceso. Si la producción se concentra en un número restringido de fábricas, cualquier problema en una de ellas retrasa la entrega de vacunas.
Walter Goobar (analista internacional), descubrió y denunció que Sigman resolvió desviar más de 12 millones de dosis para hacer vacunas a Ohio, Estados Unidos, ante la falta de respuesta Mexicana. Paralelamente, se habla de intereses corporativos dentro del propio Ministerio de Salud, opción que no debe ser descartada.
¿Sabés por qué el gobierno no toma ninguna medida sobre el laboratorio de Hugo Sigman ante el incumplimiento de los contratos de AstraZeneca? Porque la actual viceministra de Salud es Sonia Tarragona, que presidía la Fundación Mundo Sano, propiedad de Sigman. Un gobierno de CEOs.
En la región, Alberto Fernándezes el aliado favorito de López Obrador. ¿Será por esto por lo que el presidente no reacciona, mezclando amiguismo con responsabilidad de Jefe de estado?
Por otro lado, la Unión Europeaha bloqueado la exportación de la vacuna AstraZenecatras verificar que había stockeado alrededor de 29 millones de dosis de vacunas listas para irse a Gran Bretaña. “Todo lo que se produzca en suelo europeo será distribuido a los europeos”, anunció este domingo el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton.
Motivo por el cual, varias organizaciones emprendieron una campaña pública para exigir que Argentina prohíba la exportación de la vacuna y se haga cargo de la producción propia de forma integral. Mientras tanto, Sigman se mantiene en silencio.
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*Por Walter Klix – Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad y referente político en Escobar, Prov. de Buenos Aires
Cada mañana cuando salgo de mi casa me cruzo con una pequeña bandera con el lema “Fuerza Mauricio”. Recuerdo que la tenía colgada sobre mis hombros en la última marcha del “Si se puede” en la ciudad de Buenos Aires posterior a la contundente victoria en las PASO de Alberto Fernández. Volvían ellos y con ellos lo inevitable.
Acababa de ser padre primerizo y me preguntaba a qué país estaba trayendo a Delfina.
En esa marcha, estaba defendiendo un proyecto de país, mis valores, mis ideas.No sé si son las acertadas, pero son en las que creo y las que considero mejor para mi país y, por ende, para que todos vivamos mejor.
Hace varios meses, a raíz del distanciamiento político entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, me vienen preguntando de qué lado estoy. Hago política desde los 19 años, desde el 2003. Siempre lo hice al lado de Macri, pero no por una cuestión de fanatismo, porque fanatizarse con un político es carecer de ideas propias. Confíe siempre (y lo sigo haciendo) en el proyecto de país que planteaba y plantea Mauricio, y si eso significaba ser del PRO, bueno soy un “chico PRO” (como nos decían promediando el primer mandato en la ciudad de Escobar, Entre Ríos).
El PRO, las ideas de Macri, siempre se caracterizó por reglas básicas como el respeto a las instituciones, los valores morales, el respeto a las ideas y las opiniones del otro, la democracia. Y, por supuesto, luchar contra quienes se oponen a todo eso, llámese en este caso “Kirchnerismo”
La democracia siempre tiene razón, y en las últimas elecciones decidió que el PRO no fuera parte del balotaje.Y allí estuvimos, sin mezquindades de por medio ni solicitud de cargos apoyando a quien iba a enfrentar al Kirchnerismo, en este caso Javier Milei. Y lo ayudamos a que pudiera ganar, y por suerte ganó y evitó la continuidad del modelo K.
Y ahora toca ayudarlo a gobernar, en caso que el presidente desee ser ayudado, y entiendo que así debe ser, NOSOTROS MÁS QUE NADIE SABEMOS A DÓNDE CONDUCE LA ARROGANCIA Y LA SOBERBIA.Los del club del helicóptero están siempre preparados para abrirle la puerta de salida al presidente de turno. El desafío entonces es doble, requiere de una enorme grandeza de quien conduce el barco, llámese Milei, como de quien quiere colaborar a llegar a buen puerto.
¿Es coherente entonces que el presidente elija a la mejor ministra del gobierno de Mauricio para ir a su gabinete al mismo lugar en el que ya supo lucirse? Por supuesto que sí, y eso no debiera generar malestar alguno y en nadie, menos en quienes decimos defender una idea de país.
Por otra parte, entiendo también que existan a contrapuntos con algunas acciones o formas del gobierno de Milei, y que desde la buena leche tratemos de colaborar con una crítica constructiva, porque en definitiva no somos lo mismo, somos parecidos pero no lo mismo, por eso fuimos en listas separadas en las elecciones. Pero esa crítica, además de ser con altura, debe estar basada y fundada en la coherencia. ¿Es coherente pedir que se restituya el porcentaje de coparticipación qué le corresponde a la ciudad de Buenos Aires y que tiene además fallo positivo de la corte suprema? Por supuesto que sí. ¿Es coherente hacer esa crítica desde una fundación cuya cúpula directiva en el balotaje apoyó abiertamente a Massa? Definitivamente no.
Soy y seré del PRO mientras sus ideas no se tergiversen. Porque en definitiva ser de un partido político no es ser hincha de un club de fútbol donde por supuesto uno se deja llevar por la pasión. Ser parte de un espacio político nos obliga a actuar con la razón.
Celebro y acompaño que nuestro líder quiera presidir el partido y por ende las ideas, pero siempre respetando lo que hemos pregonado, el valor de la palabra. Por eso no me gustó en absoluto que no se respete lo acordado y que desplacen a Patricia de la presidencia de la asamblea, por más mal rodeada y asesorada qué esté. Patricia fue la cara visible de nuestro espacio los últimos 4 años y encabezó la lucha contra el avasallamiento K en cada rincón del país, no merece semejante destrato.
El kirchnerismo perdió las elecciones, pero aún está. Está en el Senado, está en diputados, está en la provincia más grande del país, está en la Justicia.Está agazapado esperando que volvamos a equivocarnos.
Nosotros tenemos algo que el presidente Milei aún no tiene, y es la experiencia de verlos volver a causa de errores propios. La Argentina nos pone de nuevo el desafío de estar a la altura de la historia, porque estamos en ese punto de inflexión en el que salimos definitivamente de la debacle o nos sumergimos en ella para siempre.
Estar a la altura requiere grandeza, por supuesto en primer lugar de quien gobierna, pero también de quienes queremos que a Milei le vaya bien para que en definitiva nuestras ideas triunfen. Porque eso es en definitiva lo que debería importar, qué ganen nuestras ideas más allá de si las enarbola el PRO o no.
Apelo a la grandeza de los 3 grandes líderes qué tuvo la política no Kirchnerista del siglo 21 como lo son Mauricio, Patricia y Milei, para que las ideas le ganen a la soberbia y podamos definitivamente encontrar el rumbo que saque a la Argentina de la pobreza, la desidia y el abandono al cual nos ha llevado el Kirchnerismo.
La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.
La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.
“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.
La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.
A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.
Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.
En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.
Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
La concejal Noelia Oxley denunció a Carlos Romo por promover “ataques” en redes para que renuncie a su banca. “Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo.
Arde la interna libertaria en San Miguel, donde el bloque de Milei se fracturó en las últimas horas en medio de acusaciones de ataques en redes y presiones para empujar renuncias, a la par de advertencias ante posibles “accidentes”.
En el foco de la polémica está el armado que a nivel local coordina Agustín Romo, diputado y director de comunicación digital durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei.
El concejal Carlos Romo, padre del legislador bonaerense, informó su alejamiento del bloque que integraba con su par Noelia Oxley, quien se refirió en plena sesión al tema y acusó a los “descarrilados soldaditos” de Romo de asediarla buscando su renuncia a la banca.
“Si los bajos ataques continúan, ya todos saben quien los organiza y a quiénes hago responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrirme”, dijo Oxley luego de marcar: “El grupo de ‘trabajo’ de Carlos Romo es el autor de los ataques que sufrí y actualmente sigo sufriendo en redes sociales”.
La concejal detalló la difusión de información falsa y cadenas de mensajes de WhatsApp contra su persona que comenzaron en diciembre del año pasado y que -aseguró- aumentaron luego de pedirle a Romo que cesaran con esas maniobras.
“Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo Oxley, que acusó a Romo padre de perseguir “intereses personales y nepotistas”.
Tanto en San Miguel como en el armado provincial de La Libertad Avanza, diferentes fuentes aseguran que los Romo buscan armar una estructura política que haga viable el deseo de Agustín de suceder a Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel.
Cabe recordar que el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano tocó al diputado provincial Agustín Romo como parte de “La Banda del Opus Dei”, que tuvo fuerte injerencia en las contrataciones del ministerio de Pettovello.
En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.
EL VIDEO DE LA DETENCIÓN
Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.
Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.
Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico
A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como“Chaki Chan”.
En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.
