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La Libertad Avanza (LLA) del diputado nacional Javier Milei continúa en su periplo por lograr obtener un armado en el territorio bonaerense, lo cual aún no ha podido obtener. Sin ir más lejos, los sellos son varios, las personerías jurídicas se tambalean y la militancia no sabría a quién responder.
Si bien el armado territorial continúa en manos de los coordinadores Carlos Kikuchi y Karina Milei, la realidad de la provincia de Buenos Aires es muy compleja, y más aún en la Quinta Sección Electoral, en dónde son varios los nombres propios: Susana Mezzadri (Partido Demócrata), Alejandro Carrancio (Crear Mar del Plata) y Virginia Luján “La Rusita” Sosa (Movimiento de Integración Federal). Entendiendo que aún no hay un “jefe” en Unión Celeste y Blanco.
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.
Más allá de que Carrancio llegó a indicar que están “creciendo” ante los medios, la realidad trataría de que aún no estaría encontrando poder armar la sección electoral debido a la falta de liderazgo. Ya que, fuentes oficiales del espacio Unión Celeste y Blanco remarcaron a Data24 que el líder de Crear Mar del Plata los comunicó “de manera desesperada porque no tiene nada”.
Bajando en Mar del Plata, entre la danza de nombres el más fuerte es del empresario gastronómico y dirigente del MIF, César Moraiz, quién iría como precandidato a intendente. Este mismo es reconocido como ex aspirante comunal desde el Frente Patriota (FP), espacio del neonazi Alejandro Biondini.
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En el primer día del nuevo Gobierno Nacional, el vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a cinco preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada, e hizo una especial acotación a los rumores que giran en torno a la posible drástica reducción de la planta de empleados estatales.
“Es decisión del presidente (Javier) Milei poner en valor al empleado público. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante, el que está por una cuestión política y que no aporta nada“, simplificó el periodista designado a labor gubernamental.
Los puntos más importantes de la primera reunión de Gabinete
“No veo ningún tipo de conflicto ni veo que ningún empleado público deba estar preocupado por su puesto de trabajo”, señaló antes de advertir que la inquietud solo debe pesar sobre “la persona que no trabaja, que está ocupando una silla y cobra un sueldo que pagamos todos, incluso el empleado público y la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa. En eso hay una decisión firme del presidente Milei, que es terminar con ese empleo político, ese empleo militante.Ese empleo va a dejar de existir”.
El funcionario remarcó el compromiso del Jefe de Estado con la puesta en valor del empleo estatal y fue insistente a la hora de advertir que aquellos que no cumplen con sus funciones y no resulten productivos estarán debajo de la lupa. Según el análisis de Adorni, estos individuos son quienes restan recursos y productividad a quienes sí cumplen con sus funciones dentro del Estado.
“Esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios que se le dan al que sí trabaja, esa injusticia se va a terminar, no va a seguir ocurriendo en la República Argentina”, concluyó.
La funcionaria Magalí Marazzo registró la Casa del Puente (patrimonio público e histórico) a su nombre para poder venderlo y el Municipio lo detectó. En las últimas horas, se conoció que la directora del Museo Casa sobre el Arroyo registró el logo del espacio a su nombre ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), alegando que era para “proteger” el espacio.
Sin embargo, la Municipalidad busca recuperar la titularidad ante el temor que Marazzo la venda. La polémica inició en octubre de este año cuando Marazzo registró a título personal los nombres “Casa del Puente” y “Casa sobre el Arroyo”, al igual que el logotipo y su color.
Cabe mencionar que la titularidad le permite confeccionar el merchandising y utilizar la marca y el logo del inmueble con fines comerciales.
Tras haber sido descubierta, la funcionaria oficialista admitió que “busca resguardar la casa, porque nadie la patentó, es más, ningún museo de la ciudad está patentado y cualquier persona que decida hacerlo a su nombre, puede”. “Vengo luchando desde hace muchos años. En estos últimos diez, vengo pidiendo que se registre el nombre de la casa. El primero que lo registra es el dueño de la marca y, por eso, decidí patentarla a mi nombre, antes que algún privado lo haga”, sumó.
Alertados sobre los hechos, desde la Municipalidad de General Pueyrredon solicitaron el traspaso inmediato de la titularidad a la institución y señalaron como prioridad recuperar la marca: “Vamos a hacer todo lo necesario para eso. Una opción es que ella la entregue voluntariamente. Si no, se buscarán otros caminos”, advirtieron.
Por último, aseveraron: “Ella registró la marca de la Casa siendo funcionaria del municipio. Debió haberlo hecho a nombre del municipio” y agregaron que, “una vez que se recupere la marca, el intendente definirá los pasos a seguir respecto de la funcionaria”.
LA REINAUGURACIÓN DEL MUSEO
En abril de este año, ante la presencia del presidente Alberto Fernández, Marizzo encabezó un acto para reinaugurar la “Casa del Puente”, también conocida como la “Casa sobre el Arroyo”. “El Estado Nacional invirtió más de 100 millones de pesos para recuperar por completo esta asombrosa obra, cuyos trabajos de restauración llevaron un año y medio.”, detallaron desde Nación.
Es que, tras medio siglo abandonado, el museo presentaba graves daños en el interior, incluyendo el de dos incendios. “En 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno nacional giró al municipio los fondos necesarios que le permitieron adquirir parte del predio arbolado de la calle Quintana al 3900. En 2017, tras la promesa de restaurar por completo la casa, no se avanzó en ese proceso y el deterioro se hizo cada vez mayor”.
Finalmente, este año se habilitó el patrimonio de “La Feliz” con la renovación de absolutamente todas las mesadas, mamposterías, vidrios, espejos, instalaciones eléctricas, barandas y luminarias, entre otros.
La inflación proyectada para el cierre de este diciembre de 180%, casi tres veces más que la estimada en el Presupuesto 2023, lo que generó que desde Nación solicitaran una ampliación presupuestaria para poder cubrir los gastos, pagos y demandas de cada cartera. Así lo hicieron saber en el Decreto publicado este viernes que exige una ampliación por $1.87 billones.
La medida fue elevada este jueves, pero publicada finalmente este viernes 1ro de diciembre, a 9 días de finalizar la gestión del presidente Alberto Fernández y sus respectivos ministros que también acompañaron el Decreto de Necesidad y Urgencia con su firma.
En los “considerandos”, el documento fundamenta que el aumento de la autorización de gastos a ejecutar en lo que resta de este año en que “corresponde adecuar el Presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.
Las modificaciones con variaciones incrementales del gasto elevaron la partida inicial de $28,95 billones a $40,1 billones. En tanto, la de recursos pasó de $26,96 billones a $28,26 billones. Lo que generará, en consecuencia, un incremento del déficit total que ahora se ubicó de casi $2 billones a $11,8 billones.
Las áreas que resultaron más favorecidas con este DNU, con montos mayores a los 10 mil millones de pesos, son:
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $392.745 millones
Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, Ministerio de Economía $208.598 millones
Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación $190.839 millones
Asistencia en Servicios Económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro $188.931 millones
Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Ministerio del Interior $120.220 millones;
Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial de la Nación $96.268 millones
Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación $84.203 millones;
Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Seguridad $74.699 millones
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $63.261 millones
Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Gendarmería Nacional, Ministerio de Seguridad $47.607 millones
Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte $42.449 millones
Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público $37.644 millones, entre otros.
Este miércoles asumirá la diputada electa nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, y presentará un proyecto para eliminar los 1555 registros automotores existentes en todo el país. El fundamento principal de Vásquez es que éstos son manejados por amigos, “amantes y familiares” de dirigentes políticos que ven al Estado como su billetera personal.
En parte, se ha comprobado por varias denuncias de periodistas y fiscales que hay decenas de registros automotores que están comandados por familiares del expresidente Eduardo Duhalde, Carlos Saúl Menem, del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soría e incluyendo a la hermana de la portavoz Presidencial Gabriela Cerruti, entre tantos otros. Sin embargo, legalmente no existe ninguna ley que contemple estas designaciones como ilegales ni irregulares, aunque muchos sí las ven como inmorales.
El curro de los Registros Automotores y la política.Abro hilo:1. la Presidente Previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la de la foto al lado de CFK, tiene un Registro Automotor en Santiago del Estero. pic.twitter.com/YpHOsG1CxS
Por ello, ante los oídos sordos de la Justicia, la legisladora electa adelantó que buscará eliminar tales dependencias: “Quiero eliminar los registros automotores, quiero terminar con esta burocracia y este curro de la política”, dijo en su cuenta de TikTok con un video que se hizo viral.
Bajo ese pie aseguró que en ningún otro país existe la intermediación por la que los registros automotores mueven al año más de 60 mil millones de pesos, “el el 6% del valor de lo que transfieras se los llevan impuestos y formularios. Basta, no damos más con esto”, proponiendo un único impuesto sin importar el valor y gama del vehículo. Así cómo también la facilitación de trámites online y que la patenta “sea de por vida”.
La diputada Patricia Vasquez y su proyecto para eliminar los registros de automotores pic.twitter.com/W2A3giI98D
La propuesta fue bien recibida por parte de los seguidores de Juntos, así como también de los militantes de Javier Milei que pidieron a sus diputados acompañar este proyecto cuando sea presentado.
Tras el apoyo recibido en redes, Vásquez volvió a hablar de su propuesta y apuntó contra los funcionarios que usan a su beneficio dichos registros. Lo que busca es la eliminación de los Registros Automotores “en manos de familiares, amigos y amantes de dirigentes políticos”, terminar con esas cajas negras de la política y, aún más importante, “eliminar la la burocracia, gastos y complicaciones que padecen los ciudadanos cuando inscriben un 0Km o transfieren cualquier tipo de vehículo”.
Patricia Vásquez, diputada electa de Juntos por el Cambio, junto a Diana Mondino canciller de La Libertad Avanza
“Nosotros proponemos un registro único nacional y digital que reúna la base de datos de embargos, denuncias de robos, deudas de patentes y multas de tránsito. Y lo más importante es que desde una plataforma digital se elimina la intervención de un Estado ineficiente y los negocios de los registros automotores, entregados como prenda política desde el año 1958. Por lo que se les acaba el curro a los titulares de los registros automotores que se tendrán que dedicar a otra cosa”, remarcó.
Además, denunció: “Llevan años cobrando una fortuna, el año pasado facturaron más de 60 mil millones de pesos y se quedaron con el 70% de lo recaudado”. Ante lo delicado de la propuesta, admitió que está consciente “que con este proyecto estoy pateando el kiosco de muchos amigos de la política, que con este curro armaron Pymes por las que cobran fortunas por ser intermediarios del Estado en perjuicio de los ciudadanos”, pero que apuesta por una ley como la estadounidense y en otros lugares del mundo.
El actual jefe de Gabinete de Ministros de Nación y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, no resiste un archivo. En el año 2015, cuando Sergio Massa se lanzó como candidato a presidente opositor al instalado kirchnerismo con el Frente Renovador, Agustín Rossi, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa en el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, lo acusó de tener vínculos con los narcos.
Puntualmente, en plena campaña Massa había afirmado que -de llegar a la presidencia (2015)- recorrería todos los barrios precarios para atacar a los narcos, a lo que el ministro de Defensa de aquel entonces aseveró: “Los narcos están en Nordelta y él quiere meterse a las villas”.
Cabe destacar que Nordelta es un lujoso barrio privado del municipio del Tigre, donde Massa era intendente en ese año, y se probó por el propio Eduardo Costantini, el empresario que desarrolló el countrie, que varios líderes narco se instalaron allí.
Bajo ese pie, ahondó sobre la propuesta del tigrense (enviar a las fuerzas armadas a las villas y a controlar las fronteras) y recordó que “los países de la región que utilizaron las fuerzas armadas para la lucha contra el narcotráfico están reviendo la posición, ya que en ninguno ha mejorado la situación, sino que ha aumentado el nivel de violencia y generado corrupción dentro de la fuerza”.
“Los narcos no están en los barrios populares, viven más cerca de la casa de Massa“, deslizó Rossi.
Los últimos días de gestión de Unión por la Patria están plagados de resoluciones, adjudicaciones y contrataciones, algunas -casualmente- favorecen a los propios. Una de ellas fue la resolución publicada este 1 de diciembre donde la titular del Ministerio de Desarrollo Social,Victoria Tolosa Paz, apretó el acelerado y -mediante 7 informes- confirmó el pase a Planta Permanente de 243 militantes.
Según consta en la Resolución 2323/2023, se suman dos agentes como Analistas de Administración y Gestión de Personal. Mientras que en la Resolución 2345/2023, son cinco los empleados confirmados como Especialistas de Planificación e Implementación de Políticas Públicas con orientación en Estrategias de Inclusión Social.
Los anexos que acompañan estas resoluciones fueron firmados el miércoles 22 de noviembre, es decir, el segundo día hábil tras la derrota electoral de Sergio Massa. Pero esta significativa derrota no desalentó a los ministros para continuar engrosando las filas de trabajadores públicos.
A pesar de tener los días contados, Tolosa Paz se encargó de dejarle un deficitario recordatorio al próximo titular de la cartera dado que, además de las designaciones, también programó cuatro promociones y 13 prórrogas de designaciones transitorias para garantizarle el lugar a los mismos que están ocupándolos actualmente.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.