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Alberto Fernández quiere darle fin a la causa que lo condenó socialmente frente a los argentinos, fue por ello que en la tarde de este lunes sus abogados presentaron ante el fiscal federal Fernando Domínguez una propuesta. Según expusieron fuentes periodísticas de Infobae, Alberto pretende cerrar la causa donando $1,6 millón, que serán destinados al sistema de salud. Aún está a la espera de la confirmación o rechazo de dicha propuesta.
El jefe de Estado ya había realizado una propuesta similar el año pasado, pero esta fue rechazada por el primer fiscal de la causa, Ramiro González. En aquella oportunidad Alberto había ofrecido donar la mitad de su sueldo por cuatro meses.
No sería el primer caso: La estilista de Fabiola Yáñez donó $200 mil al hospital Provincial Petrona V. de Cordero ubicado en San Fernando y resultó sobreseída.
Con respecto al acuerdo al que llegaron con Carolina Marafioti, -la estilista de Fabiola- el fiscal había declarado: “Es difícil mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de la reparación, sin embargo, si puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”.
La donación se toma como una “reparación integral” prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Para llegar a esta instancia en la que se acepte dicha reparación, debe ser aceptada por el fiscal a cargo y luego debe ser homologada por el juez Lino Mirabelli.
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El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, RocíoBonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
“Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, tuiteó Sturzenegger
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.
La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.
El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.
La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.
El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.
No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.
Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.
El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero
“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.
Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.
“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.
“Fue una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giúdici, que es además la secretaria Parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, que tuvo como idea modificar la actual ley 24.018 que habla sobre las pensiones de privilegio”, comenzó Florencia De Sensi.
En este sentido, afirmó que “en realidad lo que busca esta modificación es quitar la jubilación de privilegio en aquellos casos donde se hayan cometido delitos de índole sexual, delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones que tienen estas personas que perciben esta jubilación denominada de privilegio”.
“Este tipo de privilegio lo perciben los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes tambiény no se da ante una denuncia, sino que la ley se activaría ante un fallo de segunda instancia por el cual se podría ratificar la primera de las instancias”, detalló la diputada nacional.
A su vez, indicó que “la idea cuando uno presenta siempre un proyecto de ley es que el texto pueda ser tratado en el recinto y siempre lo que se busca es poder dialogar con otros bloques que tengan un pensamiento similar para que el proyecto se transforme en ley y luego sea reglamentado”.
“En este caso entendemos que el bloque de La Libertad Avanza como otros bloques dialoguistas, como podría ser Hacemos Coalición Federal o el radicalismo, podrían empatizar y adherir a este proyecto para llevarlos todos juntos al recinto porque nosotros no buscamos levantar una bandera política desde el PRO”, contó De Sensi.
Florencia De Sensi, diputada nacional del Pro, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la presentación de un proyecto que le quitaría a ex presidentes su pensión de privilegio en caso de cometer delitos de índole sexual, de corrupción, en el ejercicio de la función.
En consonancia, advirtió: “A nosotros como partido si hay algo que nos caracteriza son los valores que tenemos, es siempre haber luchado en contra de la corrupción, esa fue siempre nuestra bandera, no es algo de ahora y ante cada atropello kirchnerista nosotros vamos a estar ahí dándole una respuesta a la sociedad. Las jubilaciones de privilegio fueron algo que María Eugenia Vidal eliminó cuando ella fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y eso comprueba que esa fue una bandera que siempre fue nuestra”, resaltó la dirigente amarilla.
Finalmente, concluyó: “El gobierno anterior se dio después de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera elegir que la fórmula se componía por Alberto Fernández y ella como su vicepresidente y esta situación de atropello y aberraciones el ex presidente no las cometió solo, y no me refiero de los golpes a Fabiola, sino que hablo de la causa de los seguro que involucra a muchos funcionarios que pertenecen al kirchnerismoy se encuentra involucrados”.
En un discurso que tuvo lugar hoy en los tribunales de Comodoro Py, la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, arremetió contra el feminismo, movimiento del cual “tomó distancia” en los últimos años. Durante su testimonio en el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, aprovechó para hacer un repaso de los ataques y las “agresiones” del periodismo que vivió durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015), denunciando la falta de solidaridad de las militantes feministas en esos momentos críticos.
Fernández de Kirchner evocó, entre otros incidentes, un episodio ocurrido en 2008 durante el conflicto con el campo, cuando apareció ilustrada públicamente con un ojo morado, caricaturizada en Clarín por el reconocido artista argentino, Hermenegildo Sábat: “El negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro… miren qué contexto actual”, expresó la burócrata, en un claro guiño a la denuncia de Alberto, alegando que el hecho fue un acto de violencia simbólica y mediática contra ella por ser mujer, pero que nunca recibió el apoyo de las feministas.
A pesar de haber sido la primera y única mujer electa presidenta, Cristina subrayó que el movimiento feminista jamás la respaldó en situaciones del estilo, lo que consideró un acto de indiferencia ante la “misoginia” que enfrentaba. “Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto”, reclamó a las mujeres del movimiento. En esa línea, la exmandataria fue enfática al recordar que nunca se identificó con el llamado feminismo radical, afirmando que “todos saben que no soy feminista”.
EL DISCURSO DE CRISTINA CONTRA LAS FEMINISTAS
Esta declaración no es la primera vez que Cristina Kirchner se muestra crítica. En mayo de 2024, durante la inauguración del “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria, la condenada hizo hincapié en que su perfil nunca fue feminista —un intento evidente de distanciarse de un movimiento que, según su percepción, perdió apoyo popular—. Así, dejó claro que, aunque en algún momento el feminismo fue un aliado estratégico, hoy visto como un lastre que espanta a votantes, sobre todo en un escenario político donde el fenómeno libertario desplazó a las corrientes progresistas de la agenda.
Las palabras de la expresidenta en Comodoro Py, cargadas de críticas hacia aquellos que considera responsables de la violencia en su contra, podrían verse como un último intento de reposicionar su figura en el tablero político. Sin embargo, la reacción de los distintos sectores, tanto feministas como no feministas, ante sus declaraciones pone en cuestión la efectividad de esta nueva narrativa. La relación de la líder del kirchnerismo con el feminismo fue siempre ambigua, y sus recientes declaraciones parecen ser un esfuerzo por marcar una diferencia con la línea feminista más radical que, en sus palabras, “ha espantado hasta a las propias mujeres”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
