Alberto “amasa” poder propio en las provincias

Alberto Fernández viene dispensando especial atención a esas visitas provinciales ¿cuáles son sus objetivos?
Alberto busca acercarse a los gobernadores
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Alberto busca acercarse a los gobernadores

Por: José Ángel Di Mauro

Atento a que no habría demasiado novedoso para anunciar y el efecto desencanto que vienen generando los fines de semana las sucesivas extensiones de la cuarentena obligatoria, el Presidente decidió adelantar esta vez la presentación quincenal en la que reitera que lo peor está por venir y que, a la espera del pico de contagios, el encierro debe seguir acumulando jornadas. Así, Alberto Fernández optó por hablar un jueves, y la sorpresa fue, en todo caso, que esta vez extendiera la cuarentena tres semanas más.

Tiene sentido. Está claro que no habrá mayores novedades en la próxima quincena, ¿entonces para qué reiterar ese acto en dos semanas? Tal vez haya un panorama más claro para fin de un mes en el que muchos especialistas anticiparon que podría darse el tan mentado pico de la pandemia. Aunque con la curva claramente en alza, lo más probable es que el encierro incluya también el mes de julio. Seguramente entero. En una cuarentena que ya cuando concluya este nuevo tramo superará el centenar de días; más que en el resto de los países.

El alivio vendrá en lo sucesivo con promesas de flexibilización. Tal vez anticipando fechas para el retorno del fútbol, o la apertura de peluquerías, por ejemplo. Si no hay anuncios concretos, mejor vender expectativa.

Alberto busca acercarse a los gobernadores

Lucía cansado el Presidente el jueves. No es para menos: siempre pensó que no le esperaba un camino sencillo, pero sus primeros seis meses han sido inusualmente azarosos, pandemia mediante. Con Horacio Rodríguez Larreta a su derecha, que lució didáctico, tratando de recomponer imagen ante su propio electorado luego de que la semana anterior lo aporrearan en las redes por estar tan alineado a la cuarentena estricta; y a su izquierda Axel Kicillof, que volvió a mostrarse enojado, empeñado en justificar la necesidad de mantener el encierro para evitar el desmadre que lo desvela.

Los tres guardando entre sí una distancia no exhibida en las anteriores presentaciones. Parece que el Presidente tomó conciencia de que además de ser, hay que parecer, y que no se puede exigir a los demás lo que personalmente se soslaya. Su paso por Formosa dio demasiado que hablar en materia de no apego a las normas de distanciamiento social, más allá de que algunas imágenes profusamente difundidas correspondieran a una visita anterior, y que la provincia siga manteniendo junto con Catamarca el privilegio de ser las únicas del país libres de coronavirus. Habrá que ver cuánto testean.

Alberto Fernández viene dispensando especial atención a esas visitas provinciales. Le sirven para verificar en el territorio su impensado despegue en la consideración pública que el manejo de la pandemia le generó; y para acentuar la cercanía con los gobernadores, que siempre quiso cultivar, como una suerte de contrapoder para equilibrar fuerzas en su propio gobierno, donde es tan potente la figura de su vice.

Alberto busca acercarse a los gobernadores

Experto en el arte del equilibrio, Alberto lo practica en cada visita que realiza al interior: siempre son dos provincias, con gobernadores de distinta procedencia. Cuando visitó en Tucumán a Juan Manzur, quizá su gobernador más cercano, compensó con el santiagueño Gerardo Zamora, bien próximo a Cristina Kirchner; anduvo a las palmadas con el inoxidable Gildo Insfrán y luego se corrió hasta Misiones, donde gobierna Oscar Herrera Ahuad, de otro partido provincial. Y al día siguiente de anunciar la nueva extensión de la cuarentena se fue a La Pampa y Neuquén: un gobernador peronista y otro provincial.

En La Pampa puso en duda a la represa Portezuelo del Viento, desvelo de los mendocinos, donde gobierna la oposición. Pero una marcha atrás de “la obra del siglo” será un duro golpe para el peronismo local. ¿Qué pensará Anabel Fernández Sagasti?

A propósito de La Pampa, su gobernador Sergio Ziliotto desbarrancó en la semana al sugerir que “a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños”. Está bien que se refería a los que protestaron contra la cuarentena -aunque muchos de ellos eran en realidad de Tigre, provincia de Buenos Aires-, pero llamó la atención que desde la oposición apenas algunas voces aisladas salieran a contestarle. Está claro que si hubiera sido al revés, cuanto menos hubieran puesto en aprietos al INADI para que se pronunciara. Y máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires es uno de los cuatro distritos que gobierna Juntos por el Cambio, y el único donde manda el PRO, ninguno de cuyos miembros alzó la voz para responderle al gobernador pampeano. ¿Será que Rodríguez Larreta también ha optado por practicar equilibrismo en esta coyuntura?

Alberto busca acercarse a los gobernadores

Cierto es también que esta última semana la oposición dio un golpe en el tablero que si bien pudo pasar desapercibido para el gran público, generó inusual impacto en el oficialismo. Fue en el Senado, la Cámara donde JxC está en mayor desventaja ante el Frente de Todos, pero se dio el lujo el jueves de dar una módica demostración de fuerza, de alcance moderado pero de proyección importante.

Fue el corolario de una sucesión de acciones del kirchnerismo destinadas a esmerilar a la gestión anterior, como la decisión de avanzar en la investigación de la deuda contraída durante el macrismo, agitar los manejos judiciales y de inteligencia registrados por la anterior administración y echar mano a un par de DNU firmados por Mauricio Macri para derogarlos. Precisamente esto último fue lo que generó la reacción de la que hablamos. Estaba claro desde la semana anterior que el oficialismo iba a votar en contra de los decretos que trasladaron las escuchas telefónicas desde la Procuración General de la Nación -entonces en manos de Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema y en Juntos por el Cambio no tendrían manera de impedir esa derrota. Por eso fue que desde la principal oposición reclamaron airadamente contra esa decisión y las otras que se vienen acumulando los últimos días, recordando que se había acordado oportunamente con el oficialismo que mientras el Congreso operara de manera remota, solo se tratarían temas relacionados con la pandemia.

En efecto, ese acuerdo quedó escrito en el decreto 0008/20 de la presidencia de la Cámara alta, del 4 de mayo, donde se estableció la forma como el Senado funcionaría durante los 60 días venideros. Allí se transcribía la postura de Juntos por el Cambio, que consideraba “importante acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento, limitándola exclusivamente a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia y por un plazo máximo de 60 días, que podrá ser prorrogado de continuar las actuales circunstancias sanitarias, previo acuerdo político de los bloques parlamentarios”. Mientras que el Frente de Todos coincidía en “acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan”.

Así las cosas, la presidencia de la Cámara estableció entonces en el artículo 2° de ese decreto que “las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid-19, sobre aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del H. Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el Covid-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos”. Nada indica que las escuchas telefónicas tengan alguna relación con el coronavirus…

Para expresar su rechazo a la decisión del oficialismo, la oposición decidió no habilitar el tratamiento de dos proyectos que había avalado en comisión, sobre alquileres y educación a distancia. Como los dos habían obtenido dictamen dos días antes, se necesitaba el aval de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento, y Juntos por el Cambio resolvió votar en contra. El tema es que el interbloque que conduce Luis Naidenoff tiene 25 miembros y necesitaba 29 votos, que los obtuvo del salteño Juan Carlos Romero, el santafesino Carlos Reuteman y -sorpresa- la neuquina Lucila Crexell y la riojana Clara Vega. En rigor, los cuatro están en sus bancas por haber integrado listas de Cambiemos (el Lole) y Juntos por el Cambio, pero Crexell y Vega se enemistaron con los radicales que trataron de bloquear la llegada de ambas a la Cámara.

El dato es que este simple resultado le dejó claro al gobierno que la oposición está en condiciones de bloquear la designación de Daniel Rafecas como procurador. Y así lo reconoció Anabel Fernández Sagasti al día siguiente: “No vemos que en este contexto, o por lo menos en lo inmediato, podamos avanzar con esto”.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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