Ahora Insfrán se burló de Gabriela Neme y Vidal y las trató de “retrasadas mentales”
Gildo Insfrán se refirió a la exgobernadora de Provincia de Buenos Aires y a la concejal formoseña como "retrasadas mentales" y las dirigentes salieron al cruce.
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Gildo Insfrán, el gobernador que quiere mantenerse eternamente en el poder de Formosa, provincia la cual está sumergida en la pobreza, tuvo reprochables palabras contra Gabriela Neme y María Eugenia Vidal.
En su gira por el interior del país, la diputada María Eugenia Vidal visitó la provincia de Formosa y fue increpada por varias personas a las cuales identificó como “enviados del gobierno peronista de Insfrán”.
“No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”, sostuvo la dirigente que recorrió distintos barrios y mantuvo encuentros con comerciantes, productores y emprendedores, mientras que también tuvo reuniones con referentes del PRO y Juntos por el Cambio provincial y brindó una conferencia de prensa con medios formoseños.
“Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer”, sostuvo la legisladora en rueda de prensa y agregó: “Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan 3 punteros me van a callar, no me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán”.
Vidal y Neme recorrieron barrios de Formosa
Tras la visita y las declaraciones de Vidal, el tirano formoseño Insfrán tuvo una desafortunada frase contra la ex gobernadora y la diputada Gabriela Neme, quien acompañó a Vidal, tratándolas de “atrasadas mentales”.
“El problema no es el odio cegado que nos tiene el gobernador, sino que use la discapacidad como insulto y el gobierno nacional lo apañe. ¿ @vikidonda @inadiok cuando van a hacer algo?” ironizó la concejal Neme en referencia a la inacción por parte del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
A Insfran le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un “retraso mental”. Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo. pic.twitter.com/IkncF9UMpT
La respuesta de Vidal
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El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
Un nuevo round se sumó este fin de semana al escándalo cada vez más visible entre dos de las diputadas más polémicas del oficialismo: Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Lo que comenzó como una burla en redes terminó en un duelo cargado de insultos, chicanas personales y hasta una propuesta para someterse a estudios físicos y psicológicos en un hospital público. Todo, claro, a la vista del electorado y en medio de una interna libertaria que ya dejó de disimular sus heridas.
La chispa que encendió el último fuego fue un posteo de Lemoine en X (ex Twitter), donde se rió abiertamente del proyecto de ley presentado por Pagano sobre “Ficha limpia psicológica”, una iniciativa que propone que los funcionarios públicos se realicen estudios de aptitud mental antes de asumir cargos. Para acompañar su burla, usó tres emojis de risa y un mensaje sarcástico que derivó en algo mucho más personal.
Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9
Minutos después, Lemoine volvió a comentar su propio posteo, esta vez yendo directo al hueso: le pidió a Pagano que revele la identidad del padre de su hija. “Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso”, escribió, sin detallar a qué tipo de fondo o beneficio hacía referencia. El comentario detonó una réplica feroz por parte de la experiodista.
“Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos”, disparó Pagano, quien además aprovechó el mensaje para tildar a su compañera de bancada de “lacra” y de usar su banca exclusivamente en beneficio personal. La diputada también aseguró que la identidad de su hija es pública y que suele llevarla al Congreso durante las sesiones.
Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ
Pero la cosa no terminó ahí. Pagano fue más lejos y acusó a Lemoine de “faltar el respeto al presidente por celos”. “Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer”, arremetió con dureza, en un posteo que generó respuestas divididas incluso dentro del espacio oficialista.
Como cierre de esta cadena de agravios, Pagano lanzó un reto público: se ofreció a someterse a todos los estudios previstos en su propio proyecto de ley, incluyendo análisis de sangre, orina, test psicológico y examen físico. “Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc.”, escribió, desafiando a Lemoine a acompañarla a un hospital público para realizarse juntas la pericia psicofísica… y una rinoscopia.
Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de…
El enfrentamiento entre ambas diputadas no es nuevo. Ya se habían cruzado fuertemente durante una sesión en el recinto, con insultos cara a cara e incluso forcejeos que incomodaron a más de un legislador oficialista. Pero este nuevo capítulo, más violento en lo simbólico y personal, suma tensión a un clima interno que el bloque de La Libertad Avanza no logra descomprimir.
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.
“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.
El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.
La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.
Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.
El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.
La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.
Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.
La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
