03 julio, 2025

AFI | Empleados de la entidad denuncian persecución política, despidos y aprietes

Exempleados de la AFI aseguran que fueron despedidos en el marco de una caza de brujas y que aún no han cobrado su liquidación final. La intervención minimiza los hechos y afirma que las demoras se deben a la crisis generada por la pandemia de Coronavirus.
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Una de las primeras medidas que anunció Alberto Fernández al jurar como presidente fue la de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Según dijo ante la Asamblea Legislativa, así impulsaría “una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado” y terminaría con la “Justicia contaminada por los servicios”. Para ejecutar esta ambiciosa misión eligió a una persona con fama de “incorruptible” y “trabajadora”: la ex fiscal Cristina Caamaño, miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y ex titular de la DAJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

Caamaño tomó posesión del cargo el 23 de diciembre. Desde entonces, buscó imprimirle austeridad e intensidad a su gestión. Su primer gesto fue anunciar que donaría su sueldo ($ 288.000) al plan “Argentina contra el Hambre” que lidera Victoria Tolosa Paz. También, redujo en un 60% las direcciones del organismo y se propuso tomarle examen a los agentes.

Este último punto no cayó bien entre los espías, que vieron en la medida el inicio de una persecución con final inevitable: la purga. Caamaño recibió la Agencia con 1470 empleados, un 20 por ciento menos de los que habían encontrado Gustavo Arribas y Silvia Majdalani el 10 de diciembre de 2015 cuando llegaron a 25 de Mayo 11 de la mano de Mauricio Macri. No obstante, de los 1470, alrededor de 850 habrían sido nombrados por la administración macrista. Y de ellos, 500 en planta permanente. Desde la gestión saliente explicaron a Perfil, en enero, que durante su paso por La Casa “se cambió mucho personal” y que “mucha de la gente que entró lo hizo a través de los cursos que se hicieron en la Escuela Nacional de Inteligencia”.

Según pudo saber Periodismo y Punto, hasta el momento habrían sido despedidas 900 personas en la ex SIDE. Y en la razzia no sólo cayeron agentes de inteligencia sino también empleados administrativos y de mantenimiento. Muchos de ellos denuncian haber sido echados “por las malas”, tras sufrir hostigamiento por parte de sus superiores e incluso amenazas. Este portal habló con algunos de los damnificados.

Los casos

Entre los casos más asombrosos se destacan cuatro. El primero: una empleada administrativa de 34 años, con dos hijos y un embarazo en curso. “Sin cumplir con lo que dice el Gobierno de no despedir gente, fui echada con dos meses de embarazo. Hasta el día de la fecha no me pagaron la liquidación final y estoy sin obra social. La AFI es el único ente del Estado que no ampara la obra social por tres meses (después del despido)”, dijo la mujer a Periodismo y Punto. Otro caso doloroso fue el de un empleado de mantenimiento de 36 años, padre de seis hijos, que había ingresado a la Agencia en 2015 y asegura haber votado por la fórmula “Fernández-Fernández” en las últimas elecciones. Se quedó en la calle sin más.

Según los denunciantes, con el personal técnico el trato fue peor. Uno de los agentes cesanteados confió a Periodismo y Punto cómo fue su estadía y final en la AFI. “Entré a trabajar en la Agencia con la gestión del doctor Parrilli. Durante el gobierno macrista, me desempeñé en el área de Orden Constitucional. Trabajé para el jefe de departamento (NdR: en cumplimiento de la Ley de Inteligencia mantendremos su identidad bajo reserva). Siempre se me identificó con la gestión con la que entré. Al ingreso de la gestión actual, siendo yo Máster en Inteligencia Estratégica de la Universidad de La Plata, se me envía en los primeros días del mes de enero a trabajar a la base de la calle Estados Unidos. A fines del mes de febrero, voy a cumplir con mis obligaciones y no se me permite el ingreso. Me hacen pasar luego a una habitación de la planta baja y se me comunica que por haber colaborado con la gestión macrista estaba fuera. Me enfatizan que en el mundo de la política las cosas son así. Me echaron con mi hijo discapacitado, me quedé sin OSDE. ¡Mi trabajo era de orden técnico! ¡Yo no debo ser objeto de venganzas políticas! A mis más de cincuenta años no voy a volver a conseguir trabajo. Me siento desilusionado, yo creí en Fernández y Fernández me echó”.

El último caso que recibió el citado portal fue aún más complejo e incluyó amenazas: “Me desempeñé en un cargo ejecutivo. Pedí la adscripción a otra entidad en el mes de octubre de 2019. Sabiendo que me podían despedir por razones políticas y no profesionales, me desempeñé hasta marzo de 2020. Me citaron en la Central y me dieron de baja. Entonces, me negué a firmar la baja. En ese momento bajaron los matones a ponerme en posición de aceptar. Como me negué, me dijeron que no podría salir de la institución sin firmarla. Me patotearon, infringiendo todos los derechos constitucionales. Me amenazaron para que no divulgara lo sucedido, y me dijeron que no me olvidara de que tengo dos hijos y una esposa grande. La doctora Caamaño transformó la Agencia en un centro de matones”.

Qué dice la AFI

Ante este panorama, Periodismo y Punto se contactó con fuentes oficiales para conocer su versión de los hechos. Desde la intervención minimizaron la cantidad de despidos, reconocieron que “por error” se echó a dos mujeres embarazadas e invitaron a quienes hayan sido víctimas de hostigamiento a presentarse ante la Justicia. Finalmente, atribuyeron al parate producido por la pandemia de Coronavirus la demora en los pagos de las correspondientes liquidaciones.

“El contexto en el que se despide a una persona de su empleo, sea en el ámbito que sea, nunca es grato para ninguna de las partes. En el caso concreto de la AFI, la interventora dio instrucciones a todas las personas a cargo de las áreas para que extremen los cuidados”, indicaron desde el entorno de Caamaño. Y ahondaron: “Los agentes despedidos fueron desvinculados luego de un proceso de análisis del caso a caso, con criterios específicos -que preferimos mantener en reserva- y cuya última palabra la tuvo Caamaño como interventora de la Agencia”.

También enfatizaron que “de ninguna forma se realizaron despidos masivos, como quiere hacerse creer desde algún sector”. Y aclararon que si bien hubo despedidos, es falso que hayan sido 900. “Ese número no es real. No vamos a difundir cuántos fueron, pero la cifra es muchísimo menor”. “Considerá que el día que comenzó la intervención había aproximadamente 1400 agentes. Si se hubieran despedido a 900, la Agencia estaría vacía”, agregaron.

Sobre las formas en que se instrumentaron los despidos, indicaron que “en el caso de que un director haya hostigado o presionado a algún ex agente en ese proceso, corresponde que esa persona ejerza su derecho a presentar su descargo correspondiente donde lo crea oportuno”. Y apuntaron: “De hecho, el supuesto ‘hostigamiento’ fue planteado específicamente al momento de la firma de la notificación del despido. Esa notificación está prevista en la legislación como un derecho para las partes, a partir de la cual se pueden oponer objeciones si las hubiese. La no firma de esa notificación no da derecho a continuar con la relación laboral, pero genera una dificultad en el pago de la liquidación, dado que la ley requiere esa condición”.

“De quienes cuestionaron esa notificación y las tomaron como un hostigamiento, en realidad cuestionaban su despido, lo cual puede considerarse lógico, dado que estaban perdiendo su empleo”, concluyeron.

En relación a los casos de despidos de mujeres embarazadas, desde la intervención reconocieron “dos por error del área de personal”. Y aseguraron que “esas mujeres volvieron a sus puestos apenas tomamos conocimiento de la situación, dado que la ley prevé una protección especial”.

Por último, respecto a los plazos de las liquidaciones, afirmaron que “se abonaron y se siguen realizando como corresponde”. Sin embargo, concedieron que “puede haber casos específicos respecto de agentes desafectados recientemente, cuyos plazos corrieron durante el inicio de la Aislamiento Social Obligatorio, en el marco de la crisis generada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19, quienes aún no hayan cobrado su liquidación”.

“Cabe aclarar además que la Agencia recién inició el proceso de bancarización de los salarios a partir de la Intervención decretada por el Presidente de la Nación. Tanto los pagos mensuales, como las liquidaciones se abonan en efectivo y puede haber dificultades puntuales por el contexto actual”, completaron.

¿Piensa que una persona desafectada tras ser hostigada y amenazada por personal de la Agencia Federal de Inteligencia acudiría a la Justicia en busca de auxilio?, preguntó este periodista al hombre designado por la conducción para atender este tema. “Hay un montón de juicios laborales”, fue la respuesta.

*Fuente: Periodismo y Punto – Camilo Cagnacci


Redacción

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Fracasó en el Senado bonaerense la iniciativa K para habilitar la reelección indefinida

La sesión del Senado bonaerense convocada para debatir la eliminación del límite a las reelecciones de legisladores cayó por segunda vez en dos semanas al no alcanzar el quórum. Aunque Unión por la Patria contó con 20 propios y el respaldo de tres “libertarios” dialoguistas, la banca 24 —clave para iniciar el tratamiento— quedó vacía cuando la senadora del Frente Renovador, Sofía Vanelli, decidió no presentarse.

El recinto estaba citado a las 15.00. Media hora después, sin los números necesarios, se pasó a un cuarto intermedio “sin fijación de hora” y, finalmente, a las 18.20 la presidenta del bloque oficialista, Teresa García, admitió la derrota: “Nosotros tenemos una responsabilidad en el recinto. Uno puede perder votaciones, pero no puede perder la discusión político. Lamento que los presidentes de las bancadas de la oposición se hayan comunicado conmigo para decirme que no van a dar quórum en esta sesión”. 

García cuestionó a los ausentes: “¿Cuál es el problema de dar una discusión política? cuando uno asume una responsabilidad política, se sienta y discute. Se puede ganar o perder. Esconderse para no dar quórum es una actitud poco menos que cobarde”, y agregó: “Es triste que hoy no esté sentada la oposición, como un acto de extorsión”.

El ex libertario Carlos Kikuchi acompañó la queja oficialista: “Lamentamos enormemente lo que está ocurriendo. Somos servidores públicos y nuestra obligación es venir a debatir por la positiva o la negativa cualquier tema”.

Desde la oposición, la estrategia fue unificada. El bloque libertario celebró “un rotundo fracaso de la casta” y afirmó: “Es una derrota del kirchnerismo y una victoria de los bonaerenses que exigen una política distinta”. El PRO apuntó en la misma línea: “Gracias a la firmeza y el trabajo coordinado de los bloques del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, frenamos un nuevo intento del oficialismo de debilitar las reglas de la democracia”.

Senadores LLA – PBA on X (formerly Twitter): “NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i / X”

NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i

Los radicales también justificaron la ausencia. “Muchos municipios siguen golpeados por las consecuencias del temporal, y la situación es crítica en materia de seguridad, salud y educación. No vamos a convalidar debates que no pongan en el centro a los bonaerenses”, señalaron. El jefe del bloque, Agustín Maspoli, reforzó: “Hoy no dimos quorum porque no avalamos la idea de habilitar reelecciones indefinidas. Es momento de discutir los temas que realmente importan. La provincia enfrenta urgencias que no pueden esperar”.

Vanelli, cuyo voto era decisivo, anticipó su postura en redes: “La sesión de hoy… ¡atrasa! Tomé la decisión de NO asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores???? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos”.

El proyecto impulsado por el senador kirchnerista Luis Vivona proponía modificar el artículo 13 bis de la Ley 5109 y permitir la reelección indefinida de senadores y diputados, sin incluir a los intendentes. Paralelamente, la senadora Ayelén Durán presentó otra iniciativa para extender el beneficio también a los jefes comunales, siguiendo un acuerdo del gobernador Axel Kicillof con los intendentes afectados por la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La ley vigente limita a dos mandatos consecutivos —completos o no— la permanencia en el cargo y exige un período de intervalo para postularse nuevamente. De prosperar los cambios, figuras de peso como Teresa García o el camporista Facundo Tignanelli podrían buscar un tercer mandato consecutivo este año.

Redacción

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Frigerio congeló salarios de funcionarios públicos por la caída de ingresos

En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.

El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.

Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.

Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.

La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.

Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.

Redacción

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Leila Gianni expuso el modus operandi K para usurpar terrenos en La Matanza

Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.

“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.

La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.

El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.

Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.

“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.

“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”

Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.

“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.

Redacción

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INTERNA K, AL ROJO VIVO | Kicillof exigió disciplina y verticalismo de cara a las elecciones: “Aplaudan, no salgan a matarme”

Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.

Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.

En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.

Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.

La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.

Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.

Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.

A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.

Redacción

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El Gobierno irá a instancias judiciales para frenar la cautelar por el feriado del Día del Trabajador del Estado

El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.

Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.

El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.

Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.

El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.

La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.

En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.

Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.

Redacción

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Entre Ríos adhirió a un régimen que avisa al consumidor sobre los impuestos que paga

La provincia de Entre Ríos decidió adherirse formalmente al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido por el Título VII de la Ley Nacional 27.743, con el objetivo principal de informar detalladamente a los consumidores sobre la carga tributaria que soportan al adquirir productos o servicios.

El impulsor del proyecto, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), destacó que esta iniciativa busca garantizar claridad y transparencia en las transacciones comerciales cotidianas: “Se trata de que cada consumidor sepa cuánto es lo que paga de impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que compra un producto o un servicio”.

Sarubi explicó que, hasta el momento, únicamente la provincia de Chubut había adherido a esta normativa y puso de relieve que esta práctica ya tiene una larga trayectoria en otros países sudamericanos. “En otros países de Sudamérica este régimen se viene llevando adelante desde hace muchísimos años”, señaló.

Asimismo, el diputado aclaró explícitamente que esta medida no implica ningún incremento en la carga tributaria ni en los procesos administrativos actuales: “No se trata de un nuevo impuesto ni de más burocracia”, subrayó.

Redacción

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