Acorralada por tuiteros libertarios, la diputada Ponce negó haber recibido retornos pero no aclaró su situación
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
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A mediados del mes pasado, DATA24 reveló que la diputada nacional por Córdoba, María CelestePonce, les exigía a sus asesores una parte significativa de sus sueldos. Una de las afectadas, María GuillerminaRuiz, comentó: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 mil y yo me quedaba con 200 mil”.
A finales de julio, el periodista EduardoPrestofelippo, conocido como El Presto, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por los presuntos delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, bajo la dirección de Julián Ercolini.
En la tarde de hoy, tras más de veinte días de silencio, presiones por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza y de los usuarios de las redes, quienes le pedían que esclarezca su situación judicial, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: "ES FALSO". En ese sentido, publicó que "esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia". Además, alegó que todo es una"operación política" contra el oficialismo, a pesar de las capturas de los comprobantes de transferencias bancarias publicadas por este medio.
El posteo, con casi cincuenta mil reproducciones, generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: "Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos". Finalmente, pidió a la comunidad en redes que "entiendan" que es diputada: "No soy una tuitera".
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Tal como adelantó DATA24.COM.AR la semana pasada, y como trascendió en muchos medios, la diputada nacional por Córdoba del bloque de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, fue acusada de extraerle sumas de hasta $500.000 por mes a su exasesora, la bahiense María Guillermina Ruiz Nieto.
Esto correspondería a más del 70% del sueldo de $700.000 que percibía la afectada. La acusación no sólo fue reafirmada, sino que fue agravada.
Antes de que Ponce se expresara al respecto, la diputada de LLA Lilia Lemoine apareció para defender a su compañera de banca compartiendo la captura de una publicación ajena, donde argumentaba que “gana el que es difamado”.
La diputada nacional acusada por los hechos de corrupción, lejos de defenderse o excusarse, casi una semana después de que estallara el escándalo, se limitó a publicar que “Dios está con ella”, y le sumó una frase bíblica donde indirectamente indicaría que “todo es mentira”.
Esta peculiar forma de defenderse fue imitada por otros de sus compañeros del partido, como la diputada Lemoine o el biógrafo oficial del presidente Javier Milei, el escritor y abogado NicolásMárquez, quien afirmó creer en Ponce porque su exasesora no se atrevió a denunciarla formalmente ante la Justicia, pese a que la presunta víctima afirmó haber sido intimidada para no hacerlo.
A partir de otro de los tuits donde Márquez decidió expresar su absoluto apoyo a Ponce por tener “lealtad al gobierno”, la diputada del partido de Javier Milei decidió hablar nuevamente sobre las acusaciones y evidencias en su contra, pero no desmintiéndolas de alguna manera o explicando su absoluto silencio al respecto, sino calificando todo de “idioteces” y de “operaciones berretas” que forman “parte de la farándula”.
Además, señaló que esto le está sucediendo porque acompaña al presidente y porque hay personas que “no la ven”.
LA EXASESORA SUMA INFORMACIÓN Y RECONFIRMA SU ACUSACIÓN
Luego de que algunos referentes y militantes del partido involucrado defendieran que la acusación había sido desmentida simplemente porque Ponce había publicado una cita bíblica, su exasesora volvió a arremeter contra ella públicamente agregando que “sí se llevaba dinero de sus asesores”, sumando de esta manera a más personas presuntamente extorsionadas, pero sin dar los nombres de estos involucrados en este acto de corrupción, y afirmando que tampoco denunció esta situación, pero sin aclarar si estas personas también se manejaban mediante transferencias.
A partir de todo esto, la exasesora expuso públicamente una disputa con el periodista Augusto Grinner (más conocido como “Depe” o “DePeroncho”), mediante la cual, él le criticaba no haber realizado ninguna denuncia formal contra Ponce, y afirmaba que esto sería denunciable por incumplimiento de los deberes de funcionario público (Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, Nº25.188).
LAS CONVERSACIONES REVELADAS POR “DEPE”
Desde que arrancó la controversia, ésta fue seguida de cerca por Grinner a través de su perfil de X y de su canal de YouTube, aparente razón por la cual Ruiz lo había contactado en privado para brindarle más información sobre las circunstancias. Esto lo sabemos porque fue el propio youtuber quien reveló la antesala de la discordia con la ex-asesora.
También me enteré que creen que Ruiz dijo que “era todo mentira”.No, dijo que informamos que ella fue a una comisaría (nunca lo dijimos) y que iba a hacer una denuncia (tenemos audio donde lo dice).Como ven, Ruiz dice todo lo que dijimos Y MÁS.Siguen defendiendo a corruptos. https://t.co/Y9qwiyt6Yj pic.twitter.com/x3SMHrKsbB
Mediante capturas de imagen y de video, el comunicador publicó toda la conversación que supo tener con la acusadora. Aquí, en horas de la madrugada, Ruiz señala que consideraba a Ponce su amiga, y trae de vuelta lo que publicó en su perfil, que no fue ella quien liberó las capturas de las transferencias, sino “más gente” que “ahora se esconden”.
Luego, introdujo a la diputada Lemoine en la riña, afirmando que la cosplayer y Ponce sostenían que Ruiz “no iba a laburar y que tenía problemas mentales” y que “querían hacerme quedar como una ñoqui”.
No siendo esto suficiente, Grinner publicó aún más. En primer lugar, una captura en video de 2 minutos y medio; se trata de una parte del chat privado de X, donde Ruiz se muestra muy molesta porque Abigail Luna, colega del periodista, señaló en un video de su canal que la exasesora haría una denuncia contra Ponce en la Justicia, y la mujer señala que ella no tiene intenciones de hacerlo, que eso “es mentira”.
Ya que funcionarios, militontos y ñoquis de LLA salen a decir que “Ruiz dijo que mentimos”, y esta Ruiz mostró chats privados (donde puso sólo mi respuesta a ella insultándome)…… les dejo todo el chat que tuve por MP donde ella dice LO MISMO QUE YA LES DIJE que ella dice…
Ruiz aclara que no renunció por los hechos de corrupción señalados, sino que simplemente discutió con Ponce, pero que además las capturas de las transferencias (que reafirma que son reales) no las hizo ella, sino los asesores que la reemplazaron en el gabinete de la diputada mileísta. Vuelve a sostener que “hay más gente perjudicada” y que “hay más denunciantes que ya se arrugaron y ahora no se animan”, pero nuevamente encubre a Ponce no revelando los nombres de sus presuntas víctimas, ni exponiendo los testimonios de los demás afectados.
Les dejo otros CUATRO MINUTOS DE AUDIO de Guillermina Ruiz REAFIRMANDO QUE CELESTE PONCE LE SACABA PLATA y que TODOS LOS ASESORES LO SABÍAN.Lo que dice que “mentimos” es porque -explico de nuevo- la tiene con que dijimos que había hecho una denuncia (no lo dijimos) y porque… https://t.co/8WaVu4OWDl pic.twitter.com/wrsW2Rn4vH
En un segundo video, esta vez de más de 4 minutos, Ruiz reafirma que las capturas fueron realizadas por otros asesores, y que es por ese motivo que considera que Abigail Luna y Grinner “mintieron” al sostener que las capturas fueron realizadas por ella, y al haber dicho que denunciaría a Ponce. Sin embargo, “Depe” asegura tener grabaciones de Ruiz Nieto afirmando que realizaría una denuncia contra la diputada de Milei.
¿POR QUÉ NO HACE LA DENUNCIA?
Fue después cuando llegó lo verdaderamente llamativo. En un extenso audio, Ruiz explicó el motivo por el cual decidió no denunciar ante la Justicia el presunto acto de corrupción cometido durante meses y con muchos damnificados, por supuesto que todo financiado por el contribuyente.
Si bien sorprende que la bahiense sostenga que los demás asesores “tienen miedo” de realizar la denuncia, dice que este no es el caso de ella, sino que Ruiz Nieto no realizó (ni realizará) la denuncia porque… no tiene ganas.
Pero la respuesta se tornará aún más asombrosa para el lector cuando sepa que trascendieron varias publicaciones de la exasesora indicando que sí tiene ganas de denunciar ante la Justicia a otras personas.
Ruiz Nieto afirmó en reiteradas oportunidades que denunciará ante la Justicia a los periodistas Abigail Luna y Augusto Grinner por dos razones imperdonables: primero por haber dicho que las capturas de las transferencias las realizó ella; y segundo por haber indicado que Ruiz denunciaría a Ponce en algún momento. Pero esto sabemos que no es así, que Ruiz Nieto no denunciará por corrupción a la diputada Ponce… Porque “no tiene ganas”.
A mediados del corriente mes, DATA24.COM.AR publicó una investigación que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. Para su labor legislativa la funcionaria nombró asesores, y fueron éstos quienes expusieron su modus operandi:“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba $500 mil y yo me quedaba con $200 mil”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión.
"Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión", expresó la damnificada, aportando las capturas de pantalla correspondientes a las transferencias. Finalmente, tas manifestar que no cedería parte de su sueldo a la burócrata, la asesora fue despedida.
Hoy, el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como "El Presto", denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por la presunta comisión de los delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) recayó sobre el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini.
En el documento judicial al que accedió este portal puede leerse los hechos reunidos por el periodista. En primer lugar, se fundamenta la exigencia de dinero por parte de Ponce a sus a empleados. "Abusando de su posición como Diputada de la Nación, habría establecido un esquema coercitivo para extorsionar a sus asesores parlamentarios. Según diversas fuentes y testimonios, la diputada exigía a sus asesores que le entreguen una parte significativa de sus salarios bajo la amenaza explícita de perder sus trabajos en caso de negativa. Este requerimiento de dinero se hacía de manera sistemática y sostenida, obligando a los asesores a realizar transferencias directas a cuentas personales de la diputada".
Julián Ercolini
Luego, se aborda el abuso de autoridad. Allí se detalla que Ponce exigiría parte del sueldo utilizando su autoridad para intimidar a sus asesores. Les dejaba claro que cualquier resistencia a sus demandas resultaría en su inmediato despido o en la negativa de renovar sus contratos laborales. "Este uso indebido de su poder no solo constituyó una forma de coacción, sino también una clara violación de los derechos laborales de los asesores, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad" de María Celeste Ponce, se detalla en el documento.
Finalmente, la denuncia refiere al desvió de fondos, dinero que "provienen del salario legítimo de los asesores y, por lo tanto, del erario público. Este accionar no solo denota una falta de ética grave, sino que además podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito, dado que los montos exigidos no se encuentran justificados en ninguna normativa o política" del Congreso.
En sus fundamentos, la denuncia menciona la coacción (Art. 149 bis, CP), exacciones Ilegales (Art. 266, CP) y enriquecimiento Ilícito (Ley 25.188).
La primera imputación se basa en la utilización de amenazas para coaccionar a sus asesores a realizar pagos indebidos. Según la denuncia, tal como ya se relató, Ponce habría exigido una parte significativa de los salarios de sus asesores bajo la amenaza de despido en caso de negativa. Este acto, de acuerdo con la normativa penal vigente, configura un delito decoacción, ya que implica el uso de la intimidación para obtener un beneficio económico ilegítimo.
El segundo fundamento legal señala el requerimiento de sumas de dinero no autorizadas bajo amenaza de despido, lo cual constituye exacciones ilegales. Este artículo del Código Penal se aplica a situaciones donde un funcionario público abusa de su posición para exigir pagos indebidos, aprovechando su autoridad para obtener un beneficio patrimonial ilegítimo. En este caso, la diputada Ponce habría abusado de su cargo para extraer dinero de sus asesores, configurando así este delito.
Por último, las acciones descritas en la denuncia podrían ser indicativas de enriquecimiento ilícito. La Ley 25.188 establece que cualquier aumento patrimonial de un funcionario público que no pueda ser justificado con sus ingresos legítimos es considerado ilícito. Los fondos exigidos por Ponce, según el documento judicial, no se corresponden con las atribuciones y deberes propios de su cargo público, lo que sugiere un caso de enriquecimiento ilícito.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso firme en la regulación del uso de celulares en las escuelas, anunciando una serie de restricciones que entrarán en vigor en el ciclo lectivo actual. La medida fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en conjunto con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y está diseñada para abordar las distracciones que los dispositivos móviles generan en el entorno educativo.
La nueva resolución prohíbe el uso de teléfonos móviles en los niveles inicial y primario, tanto durante las clases como en los recreos. En las escuelas secundarias, aunque la regulación es menos estricta, los estudiantes deberán mantener sus celulares guardados durante las horas de clase, salvo que los docentes los soliciten para actividades pedagógicas específicas. Esta normativa afectará a 2.291 escuelas, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas, y está dirigida a 566.000 estudiantes.
El objetivo principal, según explicaron desde el Ministerio de Educación porteño en su comunicado oficial, es “estimular la concentración” en el aula y “fomentar la socialización” en los recreos. Además, la medida establece que cada escuela tiene la libertad de implementar restricciones adicionales si así lo considera necesario, permitiendo a las instituciones desarrollar sus propios protocolos internos.
Durante la presentación de la resolución, Jorge Macri subrayó los desafíos que enfrentan los docentes en el aula debido al uso inadecuado de celulares por parte de los alumnos. “No hay forma de que los profesores puedan competir con las distracciones que generan los celulares”, afirmó Macri, destacando que los dispositivos móviles han causado una “disrupción brutal” en la dinámica educativa.
Macri también abordó el impacto de los celulares durante los recreos y almuerzos escolares, señalando que “hay chicos que no comen o lo hacen muy rápido para seguir jugando con el celular”. Según el funcionario, este comportamiento está afectando negativamente el desarrollo de habilidades sociales y de expresión oral desde edades tempranas.
La ministra Mercedes Miguel, por su parte, aclaró que la medida no implica una prohibición total de la tecnología en el ámbito educativo. “Queremos que la tecnología siga siendo una herramienta útil en la educación, pero necesitamos regular su uso para evitar distracciones innecesarias”, explicó. Además, Miguel enfatizó que la alfabetización digital sigue siendo una prioridad, con la continuidad del Plan Sarmiento y el uso de tablets, computadoras y kits de robótica en las aulas.
La decisión del gobierno porteño se apoya en estudios internacionales que indican que la regulación del uso de celulares en las escuelas puede mejorar significativamente los resultados académicos. Ejemplos de este tipo de medidas se han implementado con éxito en países como Francia, Italia y China, entre otros. Según datos recientes, el 80% de los docentes en CABA considera que los celulares dificultan la atención y participación de los estudiantes en clase, mientras que el 70% de las familias coincide en que los dispositivos tienen un impacto negativo en el bienestar de sus hijos.
El Ministerio de Educación porteño también ha elaborado una guía de “Recomendaciones para el uso responsable de las tecnologías en casa”, dirigida a las familias, y tiene previsto organizar talleres para padres y madres con el fin de abordar este tema. La iniciativa forma parte del programa Buenos Aires Aprende, que busca fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática, áreas fundamentales en el desarrollo académico de los estudiantes.
En un contexto donde la tecnología está omnipresente, la resolución del gobierno de CABA representa un esfuerzo por equilibrar su uso con las necesidades pedagógicas y el bienestar de los estudiantes. “El amor a veces es decir que no, no es decir siempre sí”, concluyó Macri, llamando a las familias a involucrarse en esta nueva etapa educativa.
La concejal Noelia Oxley denunció a Carlos Romo por promover “ataques” en redes para que renuncie a su banca. “Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo.
Arde la interna libertaria en San Miguel, donde el bloque de Milei se fracturó en las últimas horas en medio de acusaciones de ataques en redes y presiones para empujar renuncias, a la par de advertencias ante posibles “accidentes”.
En el foco de la polémica está el armado que a nivel local coordina Agustín Romo, diputado y director de comunicación digital durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei.
El concejal Carlos Romo, padre del legislador bonaerense, informó su alejamiento del bloque que integraba con su par Noelia Oxley, quien se refirió en plena sesión al tema y acusó a los “descarrilados soldaditos” de Romo de asediarla buscando su renuncia a la banca.
“Si los bajos ataques continúan, ya todos saben quien los organiza y a quiénes hago responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrirme”, dijo Oxley luego de marcar: “El grupo de ‘trabajo’ de Carlos Romo es el autor de los ataques que sufrí y actualmente sigo sufriendo en redes sociales”.
La concejal detalló la difusión de información falsa y cadenas de mensajes de WhatsApp contra su persona que comenzaron en diciembre del año pasado y que -aseguró- aumentaron luego de pedirle a Romo que cesaran con esas maniobras.
“Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo Oxley, que acusó a Romo padre de perseguir “intereses personales y nepotistas”.
Tanto en San Miguel como en el armado provincial de La Libertad Avanza, diferentes fuentes aseguran que los Romo buscan armar una estructura política que haga viable el deseo de Agustín de suceder a Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel.
Cabe recordar que el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano tocó al diputado provincial Agustín Romo como parte de “La Banda del Opus Dei”, que tuvo fuerte injerencia en las contrataciones del ministerio de Pettovello.
En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.
Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.
UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN
La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.
Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.
El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.
MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES
La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.
Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.
La Libertad Avanza (LLA) se ha convertido en un negocio redondo para la política, debido a la imagen positiva que cosecha el presidente Javier Milei y su aura de “algo nuevo contra la ‘casta”, que aún mantiene la popularidad creciente como la espuma. Hasta para algunos, es un lavado de cara automático, si es que saltan a tiempo desde los 2 costados de la “grieta”.
Un coordinador de General Rodríguez para La Libertad Avanza (LLA) le hizo llegar amenazas al nuevo integrante del espacio de Javier Milei en Mar del Plata, César Moraiz. El hombre que le hizo llegar las amenazas se trata de Miguel Martínez, el cual trabaja con los equipos de Sebastián Pareja, armador bonaerense y actual subsecretario de Integración Socio Urbana.
Quién manejaría el negocio libertario en la provincia de Buenos Aires es el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el cual no quiere que nada se le escape de las manos. Más aún porque cuenta todo ello con el aval de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
Ahora bien, el desembarco del diputado José Luis Espert a la provincia de Buenos Aires con vuelo propio de armado, ha generado malestar en el Clan Menem y compañía. De hecho, ya hay diferentes núcleos que iniciaron su travesía, como es el caso del empresario gastronómico de Mar del Plata, César Moraiz, quién visitó General Rodríguez y ya probó el veneno de Pareja y sus alfiles.
“Me llamaron los peronistas de General Rodríguez. Están re enojados con vos”, inicia el audio filtrado a La Postal de Mar del Plata. Y siguió con total impunidad aclarando: “Tené cuidado que podés tener un accidente si andás por ahí. Están recontra enojados mal”.
La voz es del dirigente político cercano al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el peronista Miguel Martínez. Este último, al tener amistad con César Moraiz, le pudo filtrar lo ocurrido por los hombres del armador bonaerense, quiénes vieron con malos ojos que haya una nueva facción libertaria que responda a José Luis Espert directamente en General Rodríguez.
Todo empezó tras filtrarse la reunión que hubo en el pasaje entre Luján y General Rodríguez, en dónde diferentes facciones de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y ex Unión del Centro Democrático (UCeDe), coordinaron junto al empresario gastronómico de Mar del Plata un espacio que responda al presidente Javier Milei, sin tener que pasar por Karina Milei y su “mano derecha” Sebastián Pareja. Este último puso el grito en el cielo, remarcaron en “off” a La Postal de Mar del Plata.
Resulta propicio dejar en claro que Sebastián Pareja puso “a dedo” como coordinador y candidato libertario a Sandro Paggi. Este último dio aviso a los suyos por el desembarco de Moraiz como representante de Espert en General Rodríguez.
En la respuesta de César Moraiz, indicó que “ninguno era peronista de los que estaban ahí en la mesa” junto a él. Y siguió: “Estos son todos radicales, del PRO…”.
Sin embargo, poco le importó a Miguel Martínez, que le aclaró: “Justamente por eso. ‘¿Quién es este payaso?’, me preguntaron. Y les dije que sos amigo mío. Están re enojados con vos”.
Ante toda la problemática ocasionada, se deja en claro que Sebastián Pareja quiere monopolizar las cajas de La Libertad Avanza, y Karina Milei no le pone ningún freno. ¿Cuándo el Gobierno dejará de permitir comportamientos de “casta” en el espacio?
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
