*Por: Camilo Cagnacci
Una fuerte denuncia contra la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ingresó esta semana en los tribunales de Comodoro Py. La misma recayó en el juzgado federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, y fue presentada por el abogado Miguel Ángel Perrotta, quien hasta junio de 2020 fue jefe de Asuntos Internos de esa institución y hoy se encuentra imputado en la causa por presunto espionaje ilegal de Lomas de Zamora.
En su presentación -a la que Periodismo y Punto accedió-, el letrado denunció la existencia de un “entramado manipulatorio e ilegal” que funciona dentro del SPF con la anuencia de su conducción con el fin de “perjudicar ilegalmente al Estado y algunos funcionarios y ex funcionarios, y del mismo modo ocultar la verdadera intención de la dirigencia, que es perpetuarse en los negocios y la impunidad”.
En este sentido, Perrotta señaló: “Pueden verse estas maniobras ilegales y descaradas en mi pase a disponibilidad, donde figuran las firmas del Inspector General Juan Carlos Lafuente, la Inspector General Sonia Mariela Álvarez, el Inspector General Raúl Eduardo Medina, el Inspector General Dr. Hugo Eduardo Medina, el Inspector General Adrián David Espinosa, la Inspector General Silvia Liliana Aquino, el Inspector General Lic. Sabino Oscar Guaymas y el Prefecto Ricardo Hipólito Martin siendo que todos ellos fueron investigados por el dicente, tanto en su relación con negocios con empresas relacionadas con el narcotráfico internacional, apremios ilegales a detenidos, acoso sexual, negociaciones incompatibles con la calidad de funcionario público y una gran variedad de delitos y que en muchos casos se han detenido las investigaciones al momento de reemplazarme como Jefe de Asuntos Internos por otro oficial de dudosa reputación y compromiso con la ética y legalidad”.
También, apuntó que “en la actualidad se está utilizando la estructura del Departamento de Asuntos Internos para realizar espionaje ilegal sobre el personal penitenciario que realiza manifestaciones reclamando mejoras salariales” y que “la División Investigaciones Especiales a cargo de la Alcaide Laura Alicia Recalde envió agentes bajo su mando para infiltrarse en las manifestaciones que se realizaron” tanto en la puerta de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario como en la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por otro lado, Perrotta repasó otro tipo de irregularidades. Como cuando, luego de ser allanado por la causa por presunto espionaje ilegal de Lomas de Zamora, se iniciaron dos sumarios administrativos en su contra, de los cuales uno derivó en una auditoría en la oficina de Asuntos Internos, por la que el 7 de julio pasado el Alcaide Mayor Dante Medina dispuso “que no se tramiten actuaciones administrativas, denuncias, etc.”.
“Cabe destacar que se trataban de unos mil doscientos sumarios ordenados por la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Federal y unas doscientas investigaciones en marcha, mas unas treinta tareas de investigación ordenadas por distintos juzgados del país. Es como si por una denuncia del juzgado se ordenen paralizar el resto de los expedientes. Evidentemente les preocupaba qué y a quién se estaba investigando, y ese era el verdadero motivo del sumario en cuestión”, indicó el denunciante.
Y amplió: “Cuando advierten la aberración administrativa en que habían incurrido, el 13 de julio de 2020, por orden del Inspector General Sabino Guaymas mediante NO-2020-44456003-APN-SDNSPF#SPF7 se detienen todos los sumarios administrativos, ratificando la petición del Oficial Superior Medina. Lo sugestivo es que Guaymas ordenó detener sumarios que él no inició o nunca pudo haber iniciado, por lo que requirió una acción por parte de la interventora, ya que solo ella podría definir cualquier cuestión relacionada con un sumario ordenado por un Director Nacional”.
Sin embargo, no fue ésa la única anomalía que se produjo en el área de Asuntos Internos: “Días después, mediante NO-2020-50266954-APN-U28#SPF8 de fecha 01 de agosto de 2020 el Instructor Alcaide Mayor Dante Eric Medina lleva a conocimiento de la Jefatura del Departamento de Asuntos Internos que en fecha 03 de agosto del corriente año, a las 10:30 horas aproximadamente, se presentará con personal IDONEO/ESPECIALIZADO para realizar un profundo análisis del contenido de las computadoras y resguardo de la información existente en ambas sedes del Departamento de Asuntos Internos”, repasó Perrotta.
Y completó: “Mientras se realizaba ese ‘profundo análisis’ se realizó un backup y siendo que esa acción tomaría horas, dejaron en una oficina con la llave asegurada a las computadoras realizando esa tarea, de madrugada un oficial irrumpe en esa oficina con el objeto de buscar una lamparita (¿?) 9 y 10 días después se produce el allanamiento ordenado por el Juez Auge en el marco de la causa antes mencionada. Puede inferirse entonces que aquellas investigaciones e información de vital importancia para combatir la corrupción institucional fueron borradas por otro acto de corrupción”.
Desde el 12 de junio pasado, el Servicio Penitenciario Federal se encuentra intervenido por decisión del presidente Alberto Fernández, quien puso al frente de dicha institución a la ex jueza y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, María Garrigós de Rébori, contra quien también cargó.
El ex penitenciario recordó que “cuando la intervención se hizo cargo de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal una de sus primeras medidas fue dar de baja las estadísticas del sitio web oficial, junto con quitar del listado de unidades a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se encuentran alojados militares y ex militares presos por delitos de Lesa Humanidad” y “redujo el horario de atención telefónica de la línea 0800-777-2238, deshabilitando la posibilidad de realizar denuncias anónimas y del mismo modo se dio de baja la denuncia a través de la página web del Servicio Penitenciario Federal”.
“Eso sin olvidar que los instructores de ambos sumarios fueron sumariados previamente por el suscripto, el Inspector General Raúl Eduardo Medina por encontrarse involucrado en una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación de cuando revistaba en el Complejo Penitenciario Federal 2, que tramita en la Jurisdicción Federal de Morón, en donde el suscripto era instructor del respectivo sumario y el otro, el Alcaide Mayor Dante Eric Medina, fue sumariado por una causa de ACOSO SEXUAL de una suboficial recién ingresada y bajo su dependencia jerárquica en un ambiente verticalista”. Escandaloso.
*Fuente: Periodismo y Punto
