08 septiembre, 2024

Aborto: el derecho a asesinar

Analicemos algunos puntos de este proyecto de… ¿exterminio?
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10 Years Experiences

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*Por: Rogelio López Guillemain

“El derecho de la vida humana y felicidad, y no su destrucción, es el primer y único objeto del buen gobierno”

Thomas Jefferson

“ARTÍCULO 1º… acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la mortalidad prevenible.”

Claro guiño a la ideología de género, antítesis de la ciencia médica. Más allá de como quiera percibirse una persona (tiene todo el derecho de hacerlo, pero no de imponerlo), sólo las mujeres pueden gestar, punto. Luego omite el tema ético y lo lleva al plano de la salud pública y de la mortalidad materna, invisibilizando la salud y mortalidad del bebé.

“ARTÍCULO 3º… Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por la REPÚBLICA ARGENTINA…”

En este artículo repasan descaradamente y con un cinismo inusitadamente perverso… ¡los tratados que se piensan violar! Todos los organismos internacionales de Derechos Humanos RECONOCEN (no otorgan) el derecho a la vida desde la concepción (entendiéndolo como el comienzo de la vida) y aclaran la sinonimia en sus tratados de los conceptos persona y ser humano.

“ARTÍCULO 4º… derecho a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana CATORCE inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior… si el embarazo fuere resultado de una violación”.

Acá, en la excepción, no se fija fecha límite para el aborto, por lo que podría realizarse el mismo hasta un rato antes del parto… ¿se entiende?

“ARTICULO 5 La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada”.

Aquí prohíbe, por ejemplo, que se le muestre a la paciente como se mueve y como late el corazón del bebé en su vientre. Claramente es un intento por “deshumanizar” a su hijo y por ocultar la verdad (típico del negacionismo dialectico del posmodernismo), es un bebé no un cúmulo de células.

“ARTÍCULO 8º.- la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada en los casos de personas menores de TRECE (13) años de edad, mediante su consentimiento informado. No se deberá requerir autorización judicial alguna…entre TRECE (13) y DIECISÉIS (16) años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica.”

Niñas menores de 13 años pueden abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres, claro atropello a la patria potestad. Luego afirma que una niña de 14 años (que tiene restricciones para ir al cine) posee la madurez suficiente para decidir si aborta o no. Tremendo contrasentido.

“ARTÍCULO 10. El profesional de salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia… deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.”

Este artículo muestra hasta donde llega la imposición y la falta de libertad de los ciudadanos, en este caso del médico. Si bien dice que puede ejercer la objeción de conciencia, luego agrega que debe “garantizar el acceso a la práctica”, o sea, debe ser cómplice de un acto que rechaza por ser inhumano. Es como si le dijeran que no está obligado a torturar al hijo de su vecino, pero que debe “garantizar el acceso” a la picana para que otro lo torture.

“ARTÍCULO 12. Capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los docentes, a los profesionales y demás trabajadores de la salud”.

Esto se llama adoctrinamiento. Pretenden “lavarnos el cerebro” no solo para que aceptemos sus irrealidades, ¡sino para que las militemos!

“ARTÍCULO 14.- INCORPORACIÓN AL CÓDIGO PENAL: Será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial… (el) personal de salud que dilatare, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.”

Directamente no se incluye la objeción de conciencia. Abortar es obligatorio.

“ARTÍCULO 17.- SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO PENAL: Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año, la persona gestante que, luego de la semana 14 de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”.

La falta de definición acerca de “qué circunstancias” hacen “excusable” el aborto, deja abierta la puerta a cualquier motivación, hasta la más banal.

En síntesis, este proyecto de ley quizás sea solo una maniobra provocativa y distractora para alejar la opinión pública de los problemas reales del país, hecho que es de por sí deplorable.

Pero si esto resulta ser un genuino intento por imponer parte de la agenda posmodernista que denigra al ser humano, que ataca y procura el exterminio de su individualidad, destruyendo su soberanía personal para someterlo a la soberanía de “los colectivos”, si esto es así, nuestra sociedad corre peligro. Estamos bajo un bombardeo continuo de ideologías anti persona (derechos humanos o individuales) y pro conjunto (derechos colectivos) que no tienen otro fin que el de convertirnos en un rebaño manipulable a través de la ingeniería social, un rebaño integrado por corderos desechables.

No se vos, yo no pienso ser un cordero desechable jamás.


Rogelio Lopez Guillemain

Medico Cirujano . rogeliolopezg@hotmail.com

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Arrieta denunció a Mayoraz por violencia de género

El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, Rocío Bonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.

Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.

Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.

La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.

Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.

Redacción

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Diputados debaten la “Ley Finocchiaro” para declarar a la educación como servicio esencial

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.

La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.

Educacion-Esencial-Dictamen

El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.

La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.

El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.

No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.

Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.

El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero

“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.

Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.

“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.

Redacción

info@data24.com.ar

Empleados bonaerenses se movilizan contra las promesas incumplidas de Axel Kicillof

En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.

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Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.

UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN

La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.

Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.

El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.

MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES

La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.

Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Lemoine cruzó a Villarruel por su silencio tras la visita de diputados libertarios a represores condenados

La tensión dentro de La Libertad Avanza sigue escalando y, nuevamente, tiene a Lilia Lemoine como protagonista. La diputada no escatimó palabras al criticar el silencio de Victoria Villarruel frente a las duras críticas que recibieron seis diputados del bloque, quienes se reunieron con ex represores de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza, entre ellos, el tristemente célebre Alfredo Astiz.

“Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?”, lanzó Lemoine en su programa de radio, dejando claro su enojo por la falta de reacción de la vicepresidenta ante un hecho que generó un gran revuelo en el ámbito político. Lemoine, cercana al presidente Javier Milei, recordó que durante la campaña, el apoyo a las víctimas de la última dictadura fue un pilar de la retórica de Villarruel, lo que hace aún más incomprensible su silencio en esta ocasión.

Lemoine dejó en claro que no participó en la visita al penal y subrayó que, bajo ninguna circunstancia, se habría reunido con Astiz. “Fue su leitmotiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso”, sentenció, marcando distancia respecto de sus colegas de bancada.

La diputada también se mostró molesta por la cobertura mediática que la ha señalado en esta controversia, a pesar de su no participación en el encuentro. “Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que responde a Victoria Villarruel fue a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse“, cuestionó, en lo que parece ser un llamado de atención a la vicepresidenta.

Pero las críticas de Lemoine no se detuvieron ahí. También se refirió a un incidente ocurrido durante la campaña, cuando anarquistas la atacaron rociándola con nafta en un homenaje a las víctimas de la dictadura, organizado por Villarruel en la Legislatura porteña. “A mí durante la campaña me rociaron con nafta unos anarquistas chiflados… Y yo esperaba que Victoria me dijera: ‘¿Estás bien? ¿Te pasó algo?’. Y nada, ni una palabra”, relató, dejando en evidencia el malestar que aún arrastra por la falta de apoyo recibido.

El malestar de Lemoine también se dirigió a su compañera de bancada, Marcela Pagano, con quien tuvo un cruce tras la fallida sesión en Diputados el miércoles pasado. La expeluquera de Milei acusó a Pagano y a otras dos diputadas libertarias (Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta) de no haber dado quórum en la sesión, lo que desató una fuerte respuesta de Pagano, quien la calificó de “mitómana” a través de su cuenta en X: “No solo estuve presente y di quórum en la última sesión, sino que también lo hizo mi compañera Lourdes Arrieta”, replicó Pagano, desmintiendo las acusaciones de Lemoine.

Redacción

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Macri delegó a Ritondo la misión de consolidar al PRO en Provincia de Buenos Aires

El PRO se encuentra en plena ebullición política en la provincia de Buenos Aires. Con la mirada puesta en las elecciones legislativas de 2025, el partido busca fortalecer su estructura territorial en el distrito más grande del país. Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del PRO en Buenos Aires, recibió respaldo directo de Mauricio Macri para liderar este proceso, en un momento en que la formación política enfrenta desafíos internos y externos.

La estrategia del PRO en Provincia de Buenos Aires

Desde abril, Macri retomó un papel activo en la conducción del PRO, apuntalando su liderazgo en un escenario político en permanente fluctuación. Sobre principios del corriente mes, en un acto en La Boca, el ex presidente criticó duramente al gobierno de Javier Milei y enfatizó la necesidad de reforzar la identidad partidaria. Este mensaje se reflejó también en las órdenes dadas a Jorge Macri (en la Ciudad de Buenos Aires) y a María Eugenia Vidal (con la Fundación Pensar). Ahora, Macri delegó a Ritondo la misión de consolidar al PRO en Buenos Aires, una tarea que requiere no solo de liderazgo sino de una estrategia clara para enfrentar las próximas elecciones.

Ritondo junto a Macri en el lanzamiento del “Nuevo PRO”

La provincia de Buenos Aires, con su enorme peso electoral, es vista como “la madre de todas las batallas”. No solo es el distrito más poblado del país, sino que históricamente fue un bastión del peronismo K. En este contexto, el PRO necesita fortalecer su presencia y evitar fugas hacia La Libertad Avanza (LLA).

El diputado Ritondo —con el apoyo de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez— está organizando un acto clave para finales de agosto o principios de septiembre. La excusa formal será la presentación de las nuevas autoridades del PRO en mencionada provincia, pero el objetivo real es mostrar el músculo político del partido y enviar un mensaje tanto a los militantes como a sus rivales.

Además, el acto buscará marcar una diferencia clara con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y líder de una facción interna del PRO que mostró una inclinación hacia una fusión con LLA. Ritondo, en cambio, apoya la idea de una colaboración puntual con los libertarios, pero rechaza una fusión total, en línea con la visión de Macri.

Desafío electoral y el factor “Colo” Santilli

El panorama electoral será determinante para el partido que lidera Macri. En Provincia se pondrá en juego seis bancas de la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por figuras como Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Hernán Lombardi. En la Ciudad de Buenos Aires, se renovarán tres escaños, incluidos los de María Eugenia Vidal y Fernando Iglesias.

Diego Santilli, conocido por su alta exposición y experiencia en campañas electorales, es visto como una figura clave para mantener la cohesión dentro del PRO y atraer a los votantes que podrían sentirse tentados por la oferta de La Libertad Avanza. Santilli, triunfante en la interna versus Facundo Manes del 2021 y precandidato a Gobernador en 2023, es considerado por Macri y Ritondo como el candidato ideal para liderar una convergencia que permita al PRO enfrentar con éxito al peronismo y a los libertarios.

Redacción

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“Esto no es el cambio” | El PRO toma distancia y rechaza el decreto de fondos reservados para la SIDE

El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.

El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.

El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.

La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.

“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.

UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES

La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.

Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.

El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.

Redacción

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