02 mayo, 2025

Abogado de la familia de Lázaro Báez fue nombrado apoderado de La Libertad Avanza

Santiago Viola, ex abogado de Leandro Báez, hijo del bancario que se volvió millonario durante la era K, procesado en Cámara y sobreseído en Casación por presentar testigos falsos, fue nombrado como apoderado del espacio de Javier Milei.
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Santiago Viola, el ex abogado de Leandro Báez, hijo del humilde bancario que se hizo millonario durante la “década ganada”, fue nombrado como apoderado de La Libertad Avanza (LLA), el espacio que comanda el diputado nacional y precandidato a presidente Javier Milei.

Según el quinto ítem del acta constitutiva de LLA donde se firmaron -entre otras cosas- cómo se distribuirán los fondos en las provincias, actuarán como apoderados del Grupo A: Karina Milei (hermana de “El León”) y Andrea Valeria Juárez. Del Grupo B: Carlos Kikuchi (armador de campaña de Milei), Jorge PauliGustavo CuervoJavier Zoulemian Facundo Correa. Y en el Grupo C aparece el personaje mencionado en último lugar: Mariano GervanMauro FiaschiSantiago Oria (camarógrafo de Milei) y Santiago Viola.

Javier Gerardo Milei, diputado nacional y precandidato a presidente.
Javier Gerardo Milei, diputado nacional y precandidato a presidente

Los apoderados son las autoridades electorales a las que se les otorga “amplias facultades para efectuar objeciones a todas las actuaciones de otras fuerzas políticas en las distintas etapas del tracto electoral, percibir los fondos y espacios de publicidad que correspondan referidos en las leyes 26.215, 26.571 y/o aquellas que las reemplacen y sus respectivos decretos reglamentarios, como así también a realizar cuantos actos, gestiones, diligencias fueren necesarias para el cumplimiento de su cometido pudiendo también interponer recursos y desistirlos”, de acuerdo a lo expresado en las mismas líneas.

Pero, ¿por qué en el espacio libertario se encendieron las alarmas? Como si no hubiera generado suficiente ruido el nombramiento de la hermana de Milei como la encargada de distribuir los fondos de campaña, ahora también se le suma la designación del polémico abogado.

Leandro Báez, ex defendido de Santiago Viola

Viola fue acusado de “montar una operación” contra el juez Sebastián Casanello, incluso presentando testigos falsos. En el año 2015, el letrado sostuvo que el magistrado había visitado la Quinta de Olivos y se había reunido con la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, con el claro objetivo de desplazarlo de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

Finalmente, las versiones que ubicaban a Casanello en la Casa de Gobierno fueron desmentidas por la Justicia. Dos años después, luego de probarse la falta de mérito, Viola fue indagado y procesado bajo el fundamento de querer desplazar al juez con una operación para que deje de investigar la causa que finalmente encarceló al padre de su defendido, Lázaro Báez. En síntesis, se probó que el abogado plantó testigos.

Javier Milei y su equipo de campaña.
Javier Milei y su equipo de campaña

En el curso del expediente se estableció que los dos testigos (Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino) que avistaron a Casanello en Olivos intercambiaron un total de 238 llamados entre el celular del fiscal Eduardo Miragaya y el teléfono del estudio que tenía Viola en aquel entonces.

SE APARTÓ DEL CASO BAÉZ POR “MOTIVOS PERSONALES”

Tras el intento de apartar a Casanello, la abogada Claudia Balbín y Viola, quienes trabajaban en conjunto defendiendo a MartínLeandro y Luciana Báez, renunciaron repentinamente. En una entrevista al medio TN, Viola fundamentó que la renuncia se debió a “motivos personales”, aunque no precisó cuáles.

Abogado de la familia de Lázaro Báez fue nombrado apoderado de La Libertar Avanza

Santiago Viola, ex abogado de Leandro Báez, hijo del bancario que se volvió millonario durante la era K, procesado en Cámara y sobreseído en Casación por presentar testigos falsos, fue nombrado como apoderado del espacio de Javier Milei.

Además, admitió que “existió una diferencia entre la estrategia judicial a llevar a cabo y por eso decidimos apartarnos de la defensa, porque entendimos que era mejor para ellos que sean asesorados por otros profesionales”, se limitó a responder en aquel entonces el licenciado.

DETENIDO POR HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO

Por otra parte, en el año 2018 Viola estuvo detenido por “homicidio culposo agravado”, tras ser protagonista de un terrible incidente vial que dejó sin vida a Leopoldo Martín Fexesta Maidana, de 65 años.

En aquel entonces, los informantes judiciales explicaron que el desenlace tuvo lugar debido a que Viola conducía “con un nivel de alcohol en sangre mayor al permitido y por un posible exceso de la velocidad máxima”. Finalmente, dos días después del hecho, el abogado fue excarcelado.

*Fuente: RealPolitik

Redacción

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Vicentin confirmó el cierre de sus dos plantas en Santa Fe: más de mil trabajadores en vilo

La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.

En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.

El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.

Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y BungeViterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.

JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES

En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.

El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.

DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:

A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.

El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.


*Fuente: Agencias

Redacción

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La bronca de Karina Milei: teme una fuerte derrota en las elecciones de Santa Fe

Karina Milei teme debutar como estratega política del gobierno de su hermano con una derrota aplastante. Es la posibilidad que este miércoles conmovió a la Casa Rosada cuando llegaron las primeras encuestas sobre las elecciones de este domingo de convencionales constituyentes en Santa Fe.

Se trata de la elección que abre el calendario electoral y según los números que maneja el gobierno, su candidato el diputado Nicolás Mayoraz puede terminar tercero o cuarto. Incluso Rosario, el ex periodista y libertario bullrichista Juan Pedro Aleart podría perder ante el candidato del intendente Pablo Javkin.

Los sondeos de cierre coinciden que el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza cómodamente la intención de votos con 40 puntos, duplicando al peronista Marcelo Lewandowski y relegando al libertario Mayoraz al tercer lugar que podría bajar al cuarto o quinto puesto con Amalia Granata, si el candidato de la segunda lista peronista, Juan Monteverde, sigue creciendo en Rosario.

El impacto de una eventual derrota sobre Karina y los Menem es total porque ellos monopolizaron el armado en Santa Fe, con una dosis de capricho alta que incluyó boicoter la alianza con Granata, que propiciaba Santiago Caputo. Este miércoles, Romina Diez, la delegada de Karina en Santa Fe, tuvo que improvisar un cierre de campaña con caravana y bengalas sin la hermana del presidente, a quien ahora tratan de salvar de una catástrofe.

Es que Karina Milei saboteó todos los intentos de acuerdos con Amalia Granata y se lanzó a la aventura con libertarios puros con la convicción de que el sello ganaba caminando. Pero la estrategia falló y Mayoraz enfrenta el próximo domingo una pelea reñida.

En Casa Rosada ya activaron las defensa para intentar amortiguar el impacto sobre Karina. La idea es adjudicarle la derrota a Lule Menem, quien sugirió el nombre de Mayoraz para encabezar la lista. Una situación que Santiago Caputo piensa aprovechar al máximo por su enfrentamiento con los Menem.

Además, el mal resultado amenaza con arrastrar a Patricia Bullrich y a su delegado en Rosario, Federico Angelini, que impulsaron al conductor del programa más visto de Rosario, Juan Pedro Aleart, que comenzó la campaña liderando las encuestas pero se derrumbó como un piano luego de las fallidas operaciones que intentó instalar el equipo de trolls que lidera Esteban Glavinich, hijo de una funcionaria kirchnerista devenido en libertario fanático.

Asesorado por este troll que opera bajo el nombre TraductorTeAma, Aleart primero inventó una entrevista con un supuesto empresario que terminó siendo candidato de La Libertad Avanza y después minimizó la crisis vial debido al abandono del estado Nacional.

Los malos pronósticos quedaron en evidencia este miércoles, cuando las principales figuras libertarias dejaron sola a la diputada Romina Diez que se tuvo que conformar con una gigantografía de Milei en la caravana que encabezó por Rosario, que se limitó a unos pocos autos, pero suficientes para cortar la avenida Belgrano en hora pico y generar un tremendo embotellamiento, cuando medio Rosario volvía del trabajo a sus casas.


*FUENTE: LPO

Redacción

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Argentina desplegó un operativo militar para blindar las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil

El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.

Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.

La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.

Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.

“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.

El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.

El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.

Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.

Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.

Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.

Redacción

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Funcionario de Kicillof se negó al test de alcoholemia y terminó sin registro

El funcionario de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, ministro de gobierno de Kicillof, protagonizó un incómodo episodio en plena madrugada del domingo. Fue detenido en un control de alcoholemia sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata y, lejos de colaborar, se negó a realizar el test. La negativa le costó cara: le retuvieron la licencia de conducir y el hecho quedó catalogado como “presunto positivo”.

El funcionario manejaba un Volkswagen Vento gris —patente AA 698 RV— que, casualidad o no, es propiedad del Gobierno de la Provincia. El operativo tuvo lugar en la zona del peaje Dock Sud, partido de Avellaneda.

Según el acta que se labró en el lugar, Bianco no sólo se negó a soplar la pipeta, sino que también habría pedido que no se grabara la escena. Todo un gesto de transparencia.

Alcohol Cero… ¿para todos?

En la provincia de Buenos Aires tiene vigencia la Ley de Alcohol Cero al volante. La norma no distingue entre funcionarios y simples peatones por lo que, negarse al test, equivale a haber dado positivo. Los agentes cumplieron el protocolo: acta, retención del registro, y a seguir viaje. El auto, sin embargo, no fue secuestrado.

Casualmente,  Bianco suspendió su habitual conferencia de prensa de los lunes sin dar explicaciones. Oficialmente se adjudicó la ausencia a una cumbre política nocturna entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, en medio de la interna que atraviesa al Frente de Todos. 

El incidente ocurrió apenas unas horas después del anuncio de Kicillof sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, una decisión que cayó como una bomba dentro del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, que hasta hace poco eran aliados, ahora se preparan para medir fuerzas en las urnas.

¿Quién es Carlos Bianco?

Licenciado en Comercio Internacional, profesor universitario y funcionario de carrera, Bianco es el ladero político e ideológico de Kicillof desde hace más de dos décadas. Fue jefe de Gabinete bonaerense y hoy ocupa el cargo de ministro de Gobierno. 

Irónicamente, en 2019, puso su Renault Clío a disposición del entonces candidato a gobernador, en un gesto de campaña que quedó grabado como símbolo de la “humildad militante”. A cinco años de aquel recorrido, el panorama -y el automóvil- es otro.

Redacción

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Frigerio anuló 770 “contratos truchos” y exigió recuperar los millones de pesos robados por la corrupción peronista

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.

La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.

Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.

– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares

Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.

El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.

El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.

En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.

Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.

Redacción

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Laner presiona para imponer prisión preventiva a reincidentes y cerrar la puerta giratoria

La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.

El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.

El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.

La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.

En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.

Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.

Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.

Redacción

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