El proyecto para que las grandes fortunas de la Argentina hagan un “aporte extraordinario” en medio de la pandemia no solo afectará a los hombres que se dedican exclusivamente a los negocios.
Por lo menos tres senadores que tendrán que levantar la mano para aprobar o rechazar el aporte a la riqueza deberían pagar este tributo, según los cálculos que realizó La Nación a partir de los datos patrimoniales de todo el Congreso relevados por la ONG Directorio Legislativo. Y, quizás sean sujetos de este aporte extraordinario otros dos diputados, entre ellos Máximo Kirchner, uno de los ideólogos de la iniciativa.
El legislador más rico del Congreso es José Alperovich, con una fortuna de $803 millones a fines de 2018, según su presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA). Con todo, el exgobernador de Tucumán, que deberá desembolsar casi $19 millones si el proyecto es aprobado sin modificaciones, no tendrá que votar sobre el aporte a la riqueza ya que se encuentra de licencia en el Senado después de haber sido acusado de violación y abuso sexual por una sobrina y empleada de su despacho.
La principal fortuna del legislador tucumano está invertida en la empresa familiar conocida como León Alperovich de Tucumán SA, que se dedica a la venta de automotores, con acciones por $434 millones. También informó activos millonarios en las firmas Avanco SRL y La Galesa SRL y un plazo fijo por 4,8 millones de dólares.
Otro que debería pagar el aporte a la riqueza es el senador Eduardo Costa, quien declaró bienes por $662 millones a fines de 2019, el triple que el anterior período. El referente radical en Santa Cruz explota los supermercados Híper-Tehuelche en la Patagonia, que representan la mayor parte de su patrimonio, con acciones por $528 millones. De acuerdo a los valores previstos en el proyecto original, Costa debería desembolsar unos $13 millones para el tributo extraordinario.
“El régimen vigente de declaraciones juradas presenta varias dificultades: continúa permitiendo que se exprese el valor de los bienes en términos fiscales, lo que no permite establecer el patrimonio real de los legisladores y, además, siguen sin declararse los bienes de los familiares, que también son parte del patrimonio”, sostuvo Mercedes de los Santos, responsable de Ciudadanía e Instituciones en Directorio Legislativo.
Roberto Basualdo es otro de los senadores que quedarían alcanzados por el aporte extraordinario. El legislador sanjuanino informó bienes por $352 millones a fines de 2018. Amante de los autos de lujo, este empresario declaró la mayor parte de sus activos en los Estados Unidos: bonos argentinos con jurisdicción en ese país por $180 millones y un plazo fijo por 2,6 millones de dólares.
El aporte extraordinario impactaría con más fuerza sobre el patrimonio de Basualdo, ya que el proyecto prevé el pago de un porcentaje más alto para las personas físicas que declaren bienes en el exterior. Solo por esos activos en los Estados Unidos, el senador debería desembolsar cerca de $10 millones, más el porcentaje menor que se aplica sobre los bienes registrados en la Argentina.
Una situación parecida enfrentará Juan Carlos Romero. El senador y exgobernador salteño declaró un patrimonio de $214 millones para fines de 2019 e informó como su principal activo una mansión en Punta del Este que valuó en $145 millones. Informó, además, una casona en Buenos Aires y otra en Salta, más inversiones en la firma Inversora Horizontes SA, por $40 millones.
¿En qué situación está Máximo Kirchner? El jefe del bloque kirchnerista en Diputados declaró un patrimonio de $143 millones a fines de 2018 en su última declaración jurada disponible en el sitio web de la OA. Sus activos más valiosos son plazos fijos por casi tres millones de dólares que heredó de su padre. Ante la consulta de La Nación, desde el entorno del legislador no aclararon si el patrimonio del diputado superó en 2019 el piso de $200 millones sobre el que se calcula el aporte extraordinario a la riqueza, pero aseguraron que si le corresponde, lo pagará.
Los activos de Máximo Kirchner fueron embargados por la Justicia en 2016 y, hasta la actualidad, son manejados por un interventor, informaron fuentes judiciales. Si el referente de La Cámpora mantuvo los plazos fijos en dólares durante 2019, devaluación mediante, sería entonces sujeto del cobro de este aporte extraordinario. El desembolso mínimo, según establece el proyecto que impulsa su bloque de diputados, es de $4 millones.
*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz – Iván Ruiz
