Una consultora reveló el ranking de imagen diferencial de los principales políticos nacionales
El relevamiento de la Consultora Escenarios posiciona a Rogelio Frigerio como el líder en imagen diferencial a nivel nacional. El gobernador de Entre Ríos encabeza el ranking, seguido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, quienes completan los primeros lugares.
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En un reciente relevamiento realizado por la Consultora Escenarios, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se posicionó como el dirigente con la mejor imagen diferencial a nivel nacional, destacándose con un diferencial positivo de 8,93%. Este resultado proviene de una encuesta a nivel país que incluyó 1.057 casos, con un nivel de confianza del 95% y llevado a cabo entre el 24 de junio y el 14 de julio de 2024.
Según el análisis, Frigerio posee una imagen positiva del 32,56% y una negativa del 23,63%. En segunda posición, se encuentra la vicepresidenta VictoriaVillarruel con un diferencial de 6,57% (45,26% positiva y 38,69% negativa). El presidente JavierMilei sigue en el tercer lugar con un diferencial de 4,64% (47,64% positiva y 43% negativa), y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupa el cuarto puesto con un 3,8% (47,1% positiva y 43,3% negativa). Por otro lado, el gobernador de Santa Fe, MaximilianoPullaro, se encuentra en el quinto lugar, pero su diferencial es negativo con -0,66% (26,98% positiva y 27,65% negativa).
En comparación con otros gobernadores, Frigerio también se destaca favorablemente. En el ranking de la consultora CB, que evaluó a los 23 gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Frigerio se ubica en una posición intermedia. A pesar de los resultados negativos para otros mandatarios provinciales como Axel Kicillof y Jorge Macri, Frigerio mantiene una imagen favorable en comparación con estos líderes, quienes tienen diferenciales negativos. Kicillof presenta un diferencial de -6,43% y Macri de -5,15%.
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El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
El Gobierno nacional otorgó una suma fija para todo el personal de las fuerzas de seguridad y de la Armada en actividad. El bono será de $60.000 y alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, a aquellos con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); al personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Todos ellos dependientes del Ministerio de Seguridad.
Esta suma fija que será “remunerativa, excepcional, por única vez y de percepción única por persona” también le corresponderá al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, como así también a los oficiales de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tal como se establece, el bono se cobrará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre.
“El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con los créditos que se asigne a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”, establece los Decretos 781/2024 y 778/2024, publicados en Boletín Oficial.
REFUERZO EN LOS SALARIOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: LOS MOTIVOS
Con respecto a las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo explicó que el propósito de otorgar esta suma es “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”.
A su vez, indicaron que “esta medida tiende a garantizar la igualdad del personal antes mencionado, en relación con las actualizaciones acordadas para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.
Por otro lado, el decreto que establece el pago de la suma fija a las Fuerzas Armadas plantea que, “para garantizar el camino de recuperación económica, el Gobierno nacional considera necesario mejorar los ingresos de los trabajadores con el fin de mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla el personal involucrado en esta medida”.
NUEVO CAMBIO EN EL COBRO DE LOS SALARIOS DE LAS FFAA
La medida se hizo efectiva dos días después de que el Gobierno publicara un DNU que mejora el tiempo de cobro de los aumentos salariales en las Fuerzas Armadas, puesto que, anteriormente, los uniformados percibían los incrementos con un mes de demora en relación con el resto de los estatales.
Con la firma del total de los ministros del Gabinete nacional, y tras una gestión del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la Ley N° 11.672 complementaria de Presupuesto para permitir que las FFAA puedan percibir los aumentos en el mismo mes en el que son otorgados al resto de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una “demanda histórica” del personal castrense, según señalaron fuentes oficiales.
El Decreto 775/2024, publicado el viernes en el Boletín Oficial, reemplazó el artículo 86 de la Ley N° 11.672, que regula los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva en el Estado nacional. El texto incluye un agregado que extiende estas retribuciones a los militares, con el fin de equiparar la situación con el personal civil de las FFAA que ya gozan de este derecho.
Con la legislación anterior, según explicaron desde el Gobierno, el personal militar cobraba sus aumentos con un mes de demora respecto al resto de los empleados estatales. Esto generaba un perjuicio económico y una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Tras la epidemia que azotó al país el verano pasado y la dificultad de los usuarios para conseguir repelentes, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles pidió implementar políticas públicas que permitan frenar el avance del mosquito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, el legislador se pronunció en sus redes sociales. “¿Y si nos anticipamos esta vez? Estamos en época invernal y es por eso que de dengue se habla poco. Pero lejos estamos de haber solucionado el problema”, comenzó diciendo y precisó que “algunos informes indican que en lo que va de 2024 ya hubo más de 25 mil afectados. Esto triplica lo registrado en 2022/2023 y es más de 8 veces lo que se registró en 2019/2020”.
“Y es lógico. Porque el dengue, sabemos, es algo que vino para quedarse. La cuestión es qué hacemos con eso. Santa Fe, sin ir más lejos, anunció la compra de más de 160 mil vacunas. Córdoba otras 150 mil y más de 60 mil tests”, remarcó Casielles.
Al mismo tiempo que advirtió que “sin embargo, en nuestra Ciudad, que tiene particularidades que la hacen sumamente vulnerable a la proliferación de mosquitos y al desarrollo de la enfermedad, todavía estamos esperando novedades. ¿Qué se va a hacer en cuanto a infraestructura hospitalaria para afrontar lo que se viene? ¿Qué se va a hacer en cuánto a vacunación?”.
“Estamos en agosto y parece que falta mucho, pero la epidemia está a la vuelta de la esquina. ¿No es esta una prioridad?”, sentenció el diputado libertario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.
El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.
“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana
Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.
La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación.“Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.
La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
La provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, profundiza su situación de default al anunciar que no pagará el vencimiento de deuda previsto para el 24 de agosto. La deuda en cuestión, reestructurada hace tres años y con vencimiento en 2028, incluye bonos internacionales por un total de US$ 300 millones, originalmente emitidos para financiar un parque eólico.
El gobierno riojano justificó la falta de pago alegando que se encuentra en proceso de negociación con sus acreedores para reestructurar la deuda. El monto adeudado, que asciende a US$ 26 millones, es similar al impago de febrero, lo que generó preocupación y descontento entre los bonistas, quienes ya iniciaron acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En medio de esta crisis financiera, Quintela recurrió a la emisión de cuasimonedas provinciales, conocidas como “Chachos”, para cubrir parte de los gastos de la administración, convirtiendo a La Rioja en la primera provincia en emitir cuasimonedas en 20 años. Esta situación no solo deterioró la reputación crediticia de la provincia, sino que también complicó las relaciones con sus acreedores internacionales.
Los bonistas, que ya habían emprendido acciones legales en el pasado, recalcan que La Rioja tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento”, siendo la única provincia argentina que volvió a caer en default tras una reestructuración. Además, señalan que la provincia vendió activos importantes, como el emprendimiento Vientos de Arauco Renovables por US$ 171 millones, antes de incumplir sus obligaciones, lo que consideran un acto de “desprecio imprudente” hacia sus compromisos financieros.
Esta situación no solo afecta a La Rioja, sino que también socava los esfuerzos del Gobierno nacional para mejorar la percepción del mercado crediticio internacional sobre Argentina.
