Un juez demandó a Alberto Fernández por daños y prejuicios y reclama un resarcimiento de 40 millones de pesos
Leopoldo Bruglia, trasladado a la Cámara Federal porteña por Mauricio Macri, fue objeto de críticas de Alberto Fernández que, según la demanda del juez, afectaron su "buen nombre y honor".
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El juez federal Leopoldo Bruglia, trasladado durante el Gobierno de Mauricio Macri a la estratégica Cámara Federal porteña, demandó el viernes pasado al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios. Lo acusa de haberlo difamado y le reclama un resarcimiento de 40 millones de pesos.
Según Bruglia, el Presidente debe retractarse de sus dichos porque fue el responsable de una “difamación pública” en su contra “con argumentos falaces y ataques a la investidura” de juez federal, y porque eso le causó “daño al honor, reputación y dignidad (con afectación moral) daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.
Leopoldo Bruglia, juez de la Cámara Federal penal de la Capital Federal.
El juez acusa a Fernández de haber propagado sus falsas acusaciones, vertidas en Twitter, “exponencialmente” y “sin límite alguno”. Dice que el Presidente llegó con su mensaje “a la comunidad toda” y que incluso transgredió “los límites nacionales” con “fuertes implicancias” en el ejercicio de su actividad de magistrado.
“Provocando además (afirmó Bruglia), daño a mi buen nombre y honor, con repercusiones sobre mi dignidad y afectación a la intimidad, hiriendo diversos aspectos de mi vida por la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación efectuada por el accionado en la red social Twitter, incurriendo así en la transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe, entre otros”, señaló.
Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.
“Los que deben primar en el trato entre las personas en general y en especial porque los hechos públicamente transmitidos son absoluta y totalmente mendaces, en tanto, no cuentan con asidero ni sustento real ni legal alguno resultando injustificados, falsos y contrarios a derecho“, expresó.
Bruglia le reclama también a Fernández “la retractación pública por el mismo medio y cuenta personal y/o mediante una publicación equivalente a la efectuada el día 02/11/2022”. Ese día el Presidente publicó los tuits que el juez objeta. Eran mensajes contra fallos dictados por el magistrado y Pablo Bertuzzi (también trasladado a la Cámara Federal por Macri) relacionados con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, cuya investigación ordenaron elevar a juicio de inmediato, sin esperar a que se determinara si hubo autores intelectuales aún no identificados.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron.Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri,
“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional“, dijo el Presidente en el primero de los tuits de la cadena que dedicó a los camaristas.
“Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, añadió.
La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura.
Bruglia dijo en su demanda, presentada el viernes pasado en la Justicia civil: “El demandado es abogado, hijo de Juez, profesor universitario y Presidente; características que lo convierten en un personaje especialmente cualificado, lo que provoca que su conducta asuma ribetes que no son ordinarios, así como tampoco las consecuencias dañosas de sus dichos”.
“Y su escondida motivación solo él la sabrá, tal vez intentar agradar, quedará solo en el campo de lo condicional y de las suposiciones. Lo que ya no puede conjeturarse fue la clara intención política; por su consecuencia que fue la degradación verbal a la que sometió al suscripto y el origen del enojo, que determinó el desborde de sus expresiones”, concluyó.
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La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027, una iniciativa que fija gastos por $2.743.395 millones y un déficit financiero de $137.955 millones. Dentro de ese esquema, el Estado provincial reservó $298.631 millones —casi $300.000 millones— a los llamados “gastos figurativos”, movimientos de fondos que la administración pública realiza dentro de sí misma.
Los gastos figurativos son las transferencias que una repartición del Estado envía a otra dentro del mismo sector público: figuran como gasto en el organismo que gira los recursos y como “contribución figurativa” en el que los recibe. El proyecto lo deja a la vista, porque frente a los $298.631 millones de gastos figurativos previó un monto idéntico de contribuciones figurativas, su contrapartida de financiamiento. Las dos puntas se compensan al consolidar las cuentas y no incrementan el gasto total de la provincia. La mayor parte, unos $293.232 millones, corresponde a la Administración Central, y se reparte entre $287.475 millones para transacciones corrientes y $11.155 millones para transacciones de capital.
El resultado financiero negativo de $137.955 millones prácticamente triplica el desequilibrio calculado para 2026, estimado en $49.192 millones, un salto del 180,4%. El cálculo oficial previó recursos por $2.605.439 millones frente a erogaciones por $2.743.395 millones, una brecha equivalente al 5% del gasto total. A eso se suma un resultado económico negativo de $54.651 millones, porque los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir las obligaciones ordinarias del Estado. La administración justificó el rojo en la rigidez del gasto público —salarios, servicios esenciales y transferencias concentran el grueso de las erogaciones— y en la quita de partidas y programas que la Nación financiaba con anterioridad.
En qué crece y en qué se recorta el gasto
El gasto global trepó a $2,74 billones, contra los $2,28 billones contemplados para 2026, una expansión nominal del 20,2%. Las partidas de personal crecieron 20% interanual y los bienes de consumo e insumos, 18,75%. Los servicios no personales y operativos, en cambio, se redujeron 8,89%. En conjunto, el gasto operativo registró un incremento del 12,84%. En la distribución por finalidad, los Servicios Sociales quedaron como el principal destino de los fondos: concentran el 63,11% del presupuesto total, la porción ligada a la atención directa de las necesidades de la población.
El programa macroeconómico del Ejecutivo tomó como referencia una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, un crecimiento del Producto Bruto del 3,2% y un dólar oficial de $2.017. La pauta salarial fijó como techo la masa de haberes de diciembre de 2026 con un incremento vegetativo del 4%, sin ajustes automáticos por la suba de precios.
En materia de empleo público, el texto autoriza 18.400 cargos entre la administración general y el sistema educativo: 11.450 puestos de planta permanente y no permanente, 700 autoridades superiores y 6.950 cargos docentes, además de un cupo de 1.008.000 horas cátedra. El proyecto suspendió para 2027 la cobertura de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2026 y de las que se generen durante el ejercicio, con la salvedad de que el Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones para servicios prioritarios.
En paralelo, creó un régimen de retiro voluntario para el personal permanente con al menos diez años de antigüedad, con un cupo del 5% de los cargos y la eliminación definitiva de las vacantes liberadas. Quedaron afuera del régimen los médicos, los policías y los agentes penitenciarios. El documento asignó $38.351,8 millones al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), con un tope de 2.050 beneficiarios, y fijó 266 beneficiarios para la Pensión de Guerra de los veteranos de Malvinas.
El proyecto reordena la carga tributaria sobre los sectores productivo y financiero. Desde el 1 de enero de 2027, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) suspenderá las bonificaciones de hasta el 15% que beneficiaban a los contribuyentes cumplidores en Ingresos Brutos, de modo que el sector comercial deberá tributar el 100% de la alícuota general; la Agencia reintegrará además un 4,20% de la recaudación incremental a la Tesorería provincial. En los yacimientos de hidrocarburos, en cambio, el gravamen de Ingresos Brutos bajará del 3% al 1,5%. Las actividades de apoyo a la pesca pasarán del 0,75% al 5% conjunto y los servicios agropecuarios pagarán una alícuota consolidada del 5%.
El esquema destina un 7% de la recaudación total de Ingresos Brutos al Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social antes del reparto hacia los municipios, lo que reduce los recursos coparticipables locales. En Sellos, la modificación eliminó la alícuota para los contratos de vivienda única y familiar y aplicó una tasa del 15 por mil a los alquileres comerciales.
Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
En una entrevista con Radio Mitre, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció abiertamente que durante 2025 los suicidios dentro de las fuerzas de seguridad federales aumentaron un 30% respecto de 2024, sin precisar cifras absolutas ni un desglose por institución (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria).
La funcionaria no se limitó a admitir el dato, sino que lo enmarcó dentro de una tendencia nacional, afirmando que “se incrementaron los suicidios en el país. Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”. Esa declaración fue la que generó revuelo, porque pareció responsabilizar institucionalmente a la gestión actual del presidente Javier Milei, presentando la situación como parte de un fenómeno social más amplio en lugar de un problema concreto del personal de las fuerzas de seguridad.
Al ser consultada sobre las causas, Monteoliva vinculó el fenómeno con dos factores concretos. Por un lado, hizo hincapié en los problemas de salud mental y el nivel de endeudamiento, “muchas veces formales e informales”, que atraviesan los efectivos por los bajos salarios que perciben. Esa mención al endeudamiento resultó políticamente sensible porque conecta directamente con declaraciones recientes de Milei, quien calificó las deudas de las familias argentinas como “una transacción entre privados” que “tienen que arreglar entre privados”, y que remató con la frase “nadie les puso una pistola en la cabeza” para tomar un préstamo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, repitieron el mismo argumento. La contradicción que manejan es más que evidente, siendo que mientras el Gobierno considera que el sobreendeudamiento es un asunto exclusivamente privado, su propia ministra de Seguridad admite que ese mismo endeudamiento está empujando a suicidios dentro de las fuerzas del Estado, la supuesta “transacción entre privados” deja de ser tan privada cuando compromete la vida de los uniformados.
Cabe señalar que para entender por qué Monteoliva relativizó el aumento dentro de las fuerzas, hay que mirar el cuadro general que su propio ministerio publicó en el informe “Estadísticas Criminales 2025”, elaborado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Según este, Argentina registró 5.209 suicidios consumados en 2025, la cifra más alta desde que existen registros comparables, un 22.6% más que los 4.249 casos de 2024. La tasa nacional trepó a 11.8 casos cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio mundial de la Organización Mundial de la Salud, que es de 9.1.
El relevamiento más impactante del estudio es comparativo. Solo en 2025 el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta del país, superando a los homicidios dolosos (1.676 casos) y a los siniestros viales. Es decir, murieron más argentinos por su propia mano que por manos ajenas o por accidentes de tránsito, algo que rompe con la percepción tradicional de la “inseguridad” centrada en el delito.
Los números muestran además que casi ocho de cada diez víctimas son varones, con mayor concentración entre los 18 y 34 años, y que el fenómeno no es parejo en el territorio. Provincias como Entre Ríos, San Luis y Salta presentan las tasas más altas del país. En la primera mitad de 2026 la tendencia no paró, y ya en el primer cuatrimestre mostró un salto del 56.4% en suicidios respecto del mismo período de 2025.
Dentro de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, los factores que describen especialistas e incontables reportes coinciden con el diagnóstico oficial, pero con matices propios del ámbito castrense. Una medición de la Fundación Encuentro detalla que el salario inicial de un gendarme arranca en $688.000, un prefecto en $757.000, un policía federal en $848.000 y un soldado del Ejército apenas por encima de $600.000, con una caída del salario real del 40% desde diciembre de 2023.
A esto se suma el colapso económico de una dos obras sociales formadas luego de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) respectivamente, que acumula un déficit que supera los $213.000 millones, lo que se traduce en menos y peores prestaciones médicas y psicológicas justo cuando más se necesitarían.
Seguridad y Defensa: crisis en infraestructura, salarios, deudas y salud mental
Casos actuales en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Santiago del Estero muestran un patrón repetido de endeudamiento, salarios por debajo de la línea de pobreza, licencias psiquiátricas y el acceso al arma reglamentaria como factor de letalidad. De acuerdo con Santiago Galar, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP y CONICET, en su trabajo académico sobre el suicidio policial en Argentina identifica como “circunstancias precipitantes más frecuentes” los problemas de pareja, la violencia intrafamiliar, las enfermedades graves y, de forma reiterada, las “situaciones de deudas financieras”.
“El suicidio, además de complejo y multicausal, es un fenómeno de carácter psico-social, por lo que es imposible reducirlo a instancias privadas o individuales”, sostiene Galar, siendo primordial la disponibilidad permanente del arma de fuego reglamentaria que —incluso fuera de servicio, por el llamado “estado policial”— es un factor de riesgo estructural que distingue a este colectivo de la población general. Cerca del 25% del personal militar y de seguridad registra retrasos graves superiores a 90 días en sus compromisos crediticios, con el Ejército suponiendo la morosidad estatal con un 29.3%, seguido por el Servicio Penitenciario (28.1%) y la Policía Federal (23.8%)
En paralelo a esta problemática, el propio Estado vendría recortando recursos en el área que debería contener este cuadro crítico. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte sufrió una caída acumulada del 46% en su presupuesto real entre 2023 y 2026, y el gasto en salud mental proyectado para 2026 equivale a apenas 1.42% del presupuesto sanitario, muy por debajo del mínimo legal recomendado. Esto conecta con la crítica que hacen organizaciones como el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), ya que los suicidios se multiplican y el ajuste fiscal disminuye justamente los programas de salud mental que podrían mitigar el fenómeno.
— Gráfico de la ejecución presupuestaria histórica del Ministerio de Salud de la Nación, mostrando una fuerte contracción en las partidas presupuestarias hacia 2025
Asimismo, no habría una serie estadística legítima, pública y actualizada que permita establecer una tasa nacional confiable sobre reportes de suicidios de personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas argentinas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) del ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Alberto Presti.
“Yendo a números (no oficiales), entre los años 2021 y 2025 dentro de la fuerza se registraron un total de 33 casos de suicidio (exitosos e intentos). Esta cifra, en relación a una población aproximada de 50.000 efectivos, representa una tasa acumulada de 66 casos cada 100.000 miembros”, remarca el oficial del Ejército Argentino, Mayor Ariel Martín Torres, en una de las poquísimas indagaciones sobre el tema.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor de la Armada, admitió ante el medio Infobae quelos destructores MEKO 360 y las corbetas MEKO 140 tienen “prácticamente más de cuarenta años” de antigüedad, y que las opciones de renovación de la flota y de la Fuerza de Submarinos siguen “a disposición del Poder Ejecutivo” sin una decisión concreta tomada aún.
La desactualización, indicó, se vería principalmente en los sistemas de vigilancia y control, así como en algunos sistemas de armas. Esta brecha tecnológica, subrayó, se denota frente a otras fuerzas navales.
La renovación de la flota depende de decisiones del Poder Ejecutivo. Romay destacó que la Armada ya elevó propuestas orientadas a recuperar y ampliar sus capacidades, aunque la incorporación de nuevos buques y equipamiento debería portarse en un momento presupuestario más favorable.
La falta de cobertura
El caso del Hospital Médico Policial Churruca Visca, dependiente de la Policía Federal Argentina y bajo la órbita de Luis Alejandro Rollé, funciona como una radiografía de cómo actúa la crisis de las obras sociales de las fuerzas. Renuncias de médicos en especialidades críticas como cirugía, traumatología y terapia intensiva, guardias con cobertura insuficiente y salarios que perdieron poder adquisitivo frente al sector privado configuran un escenario de creciente deterioro, en tanto la conducción gubernamental no ha dado soluciones para revertir el panorama.
— Luis Alejandro Rollé
“Estamos totalmente colapsados”, aseguraron desde el nosocomio dirigido por el director Pablo Farina, con salarios que rondan los $750 mil mensuales por unas 35 horas semanales, ingresos que consideran insuficientes frente al costo de vida. “Hay gente que a mitad de mes ya tiene problemas para trasladarse hasta acá por no poder pagar el traslado”, añadieron.
Trabajadores de la institución denunciaron un ambiente laboral marcado por una pérdida de profesionales de la salud, faltantes de insumos médicos básicos, dificultades para garantizar la cobertura de distintas áreas y una creciente sobrecarga laboral para quienes aún permanecen en funciones. Las dificultades resultan sensibles para las familias que necesitan prestaciones vinculadas con discapacidad. Conforme a información recabada por Realpolitik, centros y profesionales directamente evitarían trabajar con la cobertura de la Policía Federal debido a las demoras y los incumplimientos en los pagos.
La situación llevaría a los afiliados a dedicar semanas a la búsqueda de prestadores, solicitar múltiples presupuestos y atravesar una extensa serie de trámites que suelen acabar sin una solución. Todo fue brindada bajo reserva de identidad. Conforme a lo relatado, la decisión respondería al temor de sufrir represalias, sumarios administrativos o cambios de destino en caso de hacer públicos con nombre propios sus reclamos.
— Pablo Farina
“Se fue gente de todas las especialidades”, resumió uno de los trabajadores. Médicos, enfermeros, residentes y otros profesionales dejaron sus puestos por diferentes motivos, entre ellos los bajos salarios, las jubilaciones, la posibilidad de acceder a mejores propuestas laborales y, en algunos casos, por malos tratos dentro de la institución.
Prácticamente todos los servicios registraron bajas y las más afectadas fueron cirugía vascular, cirugía cardiovascular, cardiología, hematología, kinesiología y odontología, además de distintos sectores de áreas cerradas y unidades de emergencia.
La reducción de personal también habría obligado a derivar pacientes con cuadros complejos hacia otros establecimientos. De los centros mencionados aparecen el Hospital Británico, el Hospital Italiano y la Fundación Hospitalaria. No obstante, los empleados sostuvieron que estos convenios tampoco serían completamente estables y podrían interrumpirse ante eventuales inconvenientes relacionados con los pagos.
La vicepresidenta pidió al Estado que envíe al Congreso proyectos para incentivar el “salario digno” de las familias, menos retenciones al campo y un reclamó de más infraestructura, empleo y conectividad para fortalecer el interior productivo.
El Estado destina casi $220 millones mensuales a 12 asignaciones vitalicias que alcanzan 46 jubilaciones mínimas. Mientras el Gobierno abandera la causa anticasta, el manto de protección sobre la herencia de la corrupción del menemismo expone las contradicciones del discurso oficial.
