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El diputado de Propuesta Republicana (PRO), Luciano Laspina, afirmó que la inflación del próximo año alcanzará tranquilamente “los 3 dígitos” si el Gobierno continúa con la receta inflacionaria de emisión monetaria y subsidios descontrolados. Al mismo momento, con el viejo estilo del ahora ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, terminó apostando “un lechoncito” a su par oficialista Carlos Heller.
“Ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el Gobierno logra bajar la inflación”, dijo el legislador “amarillo” Luciano Laspina durante el debate del proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos en la Cámara baja.
“Quiero marcar diferencias en la naturaleza política de lo que estamos votando. No estamos votando un alivio impositivo, estamos votando una mayor indexación del régimen”, expresó el legislador santafesino, al dar su opinión en el recinto sobre la iniciativa presentada por el presidente de Diputados, Sergio Massa.
Allá vamos. A inflación de 3 dígitos. Mientras la Vicepresidente habla, el país se incendia. https://t.co/i5KCS2xlQe
En este sentido, el economista consideró que se trata de “un mal camino”. “Cuando uno indexa más la economía, la inflación en lugar de bajar tiende a acelerar y en esa aceleración deja un montón de gente en el camino, por ejemplo los jubilados y los pensionados”, aseveró.
Del mismo modo, Laspina recordó que durante 2017, el ex presidente Mauricio Macri bajó la actualización de jubilaciones de 6 a 3 meses. “Ahora la inflación pega en el 100%, roza los 3 dígitos y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de tres dígitos y le juego un lechón a más de uno”, rememoró.
Carlos Heller no se achicó y aceptó el reto. A lo que Laspina respondió: “Ahí Heller habló. Tomo una apuesta porque no tengo tanto patrimonio”. “Ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el Gobierno logra bajar la inflación”, concluyó.
Acto seguido, Heller pidió la palabra para hacer una intervención y expresó: “Es sensacional. En media hora en su discurso la inflación pasó del 60% al 100%”. “Estaría bueno que de una vez por todas nos demos un debate en serio sobre la inflación”, cerró.
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El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se reunió este miércoles con la diputada Julia Calleros y las autoridades de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) en la provincia. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle la situación de la entidad y las medidas que se están tomando para atender las necesidades de sus afiliados.
“Venimos hablando de la planificación para este año, de cara a la sesión preparatoria y la asamblea legislativa, y hoy nos enfocamos en el tema salud. Vengo de la ruralidad, me interesa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y sus familias. Por eso me acompañaron la delegada y el subdelegado de Osprera”, comentó Calleros.
La delegada de Osprera en Entre Ríos, Patricia Bardier, recordó que la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, y explicó que, junto a su equipo, están trabajando para resolver diversos problemas prestacionales. “Hablamos con Hein sobre nuestro trabajo para ayudar a los prestadores, para poder hacer un circuito en el que las obras sociales funcionen más normalmente y evaluar futuros aumentos. Fue una reunión muy efectiva”, afirmó.
Durante la audiencia, Hein consultó sobre las principales dificultades que enfrentan los beneficiarios. Al respecto, Bardier manifestó: “En la zona rural hay casos de discapacidad, que se están cubriendo”.
En relación con el acceso a la salud de los 31.000 afiliados que la obra social tiene en la provincia, la delegada señaló: “Se han estado resolviendo muchísimas cuestiones prestacionales y contamos con el apoyo de muchos prestadores que nos dan acceso a planes de pago y reuniones para poder llegar a acuerdos y aumentos”.
La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la atención y mejorar los servicios que la obra social brinda a los trabajadores rurales y sus familias.
El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó a través de su vocero Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo la reducción y eliminación de los derechos de exportación (DEX) para diversos productos agropecuarios. El anuncio incluyó la rebaja temporal de la soja, que bajó de 33% a 26%; de sus derivados (aceite y harina), de 31% a 24,5%; y de trigo, maíz, cebada y sorgo, de 12% a 9,5%. El girasol disminuyó de 7% a 5,5%. Además, se eliminaron de forma permanente los DEX para economías regionales que aún tributaban entre 2,5% y 5%, como azúcar, algodón, arroz y productos forestales.
La reducción comenzaría la próxima semana y se extendería hasta el lunes 30 de junio. Para acceder a estas alícuotas más bajas, los productores debían liquidar sus ingresos en el mercado de cambios en un plazo de 15 días tras presentar la declaración jurada de ventas de exportación (DJVE), aunque las exportaciones efectivas podrían concretarse más adelante.
La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que la iniciativa representó “un paso positivo ‘en la dirección correcta’” para el campo. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que la quita de retenciones sea definitiva. “Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, expresaron en un comunicado conjunto.
Las entidades explicaron que venían advirtiendo “sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas” por la baja de los precios internacionales, la sequía que afectó a cultivos de soja y maíz y la alta presión impositiva. Precisaron que el jueves anterior solicitaron públicamente un “alivio fiscal” y alertaron sobre la crisis que atravesaba la actividad. En ese mismo encuentro, acordaron pedir una reunión con el ministro Caputo, quien prometió recibirlos el 6 del mes próximo.
La Comisión de Enlace afirmó que “la eliminación de este impuesto no debe ser sólo una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino”. También recordó que “desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200.000 millones de dólares en retenciones”, y estimó que “ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”.
En cuanto a las economías regionales, las cuatro entidades destacaron que “la eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio”. Subrayaron, además, que “para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”.
El legislador porteño Eugenio Casielles presentó oficialmente su nuevo espacio político Transformación, durante un acto en la ciudad de Mendoza ante más de 200 personas. El lanzamiento se produjo en medio de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional a raíz del escándalo con $LIBRA.
En su discurso, el dirigente se refirió con dureza a la gestión presidencial y a la polémica por las memecoins, señalando: “Sáquenle Twitter y que se encargue de las políticas públicas”. El reclamo hacia el Ejecutivo también incluyó un pedido expreso para que “den la cara”.
“Siempre la máxima autoridad es el responsable, pero es una cadena, el entorno del presidente es nefasto”, sostuvo Casielles, aludiendo directamente al jefe de Estado. Asimismo, agregó críticas por lo que considera un desvío de las responsabilidades presidenciales: “Tiene que dejar de lado su rol privado una vez que asume el rol de presidente”.
El legislador hizo hincapié en las consecuencias de las decisiones gubernamentales para la población: “Lo que debiese preocupar realmente es el destino de los 45 millones de argentinos que vivirán por años las consecuencias de ese sistema de toma de decisión”.
EL POSTEO DE CASIELLES:
Durante su visita a distintos departamentos de la provincia, como San Rafael y Guaymallén, Casielles conversó con empresarios y productores locales. Allí manifestó su desacuerdo con la falta de respuestas oficiales, enfatizando: “Se tienen que ocupar de las políticas publicas, los mendicinos viven preocupados, ¿Dónde está el gobierno?”.
SOBRE $LIBRAEn estas horas se han dicho muchas cosas. Y probablemente sigamos hablando de esto varios días más. En mi caso, quisiera apuntar a tres cuestiones, apelando a la prudencia que demanda el caso:En primer lugar, es absolutamente necesario saber qué pasó realmente,…
En contraposición a otras voces políticas, el dirigente apuntó contra los extremos: “Tenemos de un lado al kirchnerismo pidiendo juicio político y por el otro Milei culpando a la casta. En el medio, los argentinos”. Además, señaló responsabilidades en el círculo cercano al mandatario, cuestionando el rol del vocero oficial: “Adorni debería haber salido a hablar y dar la cara, ese es el rol del vocero”.
El legislador anticipó que continuará recorriendo el país para sumar adhesiones y reforzar su propuesta de gobierno de cara al futuro panorama electoral.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibió a los referentes de la Mesade Enlace en el Palacio de Hacienda en un encuentro que duró alrededor de una hora. Los dirigentes del campo pidieron la extensión de la baja temporal de los derechos de exportación —principal reclamo del sector—, pero el funcionario sostuvo que, por el momento, no existían las condiciones para prorrogar el beneficio más allá del 30 de junio. A la vez, deslizó que analiza reducir el impuesto al cheque “en la medida que haya superávit fiscal”, según coincidieron en señalar tanto el propio Caputo como fuentes de las entidades agropecuarias.
El Gobierno buscó que los productores “aprovecharan” la ventana de venta de soja con retenciones reducidas. Caputo asistió a la reunión junto con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Por la Mesa de Enlace estuvieron presentes Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina).
“Fue una reuniónprotocolar, nos comprometimos a seguir trabajando juntos, hablamos retenciones y el alivio fiscal que necesita el sector, esta temporalidad de las retenciones, lo pusimos en consideración”, dijo Sarnari a la salida de la reunión. Agregó: “Nos dijo que el impuesto al Cheque es el próximo impuesto en la mira y es un reclamo que venimos haciendo hace tiempo”.
Según Castagnani, el ministro afirmó que “viene bien el plan, mejor de lo esperado” y que bajar impuestos estaba dentro de las proyecciones oficiales, aunque “en ninguno de los dos casos dio fecha”. Añadió que Pazo expuso una serie de cuentas que mostraron una “oportunidad —para comercializar la soja— que antes no había”. En ese sentido, Castagnani sostuvo: “Ahora hay una oportunidad que antes no había”. Sarnari coincidió: “Se trabajaron algunos puntos que de acá en adelante nos hemos comprometido a seguir trabajando juntos, principalmente en cuestiones que necesita el sector. Hablamos de retenciones, y en el alivio fiscal que necesita el sector. Hemos conversado sobre la temporalidad y se ha puesto en consideración”. La Mesa de Enlace también presentó una propuesta general de eliminación de retenciones y pidió a las autoridades “salir al interior productivo” para explicar la medida, detallando la baja de las alícuotas de 33% a 26% para la soja.
El decreto oficializado la semana pasada redujo un 20% los derechos de exportación para la soja, sus derivados, el trigo y el maíz hasta el 30 de junio, con la condición de que las divisas se liquiden 15 días después de presentadas las declaraciones juradas. Desde el Gobierno remarcaron que esta decisión buscó incentivar el adelanto de exportaciones en un contexto de caída de reservas. Tras la reunión, Pino apuntó: “Se habló de cómo se tomó la medida, por qué se tomó. El ministro ratificó que claramente en la medida que el déficit se vaya controlando y tenga permanencia en el tiempo, este tipo de medidas se van a seguir tomando, pero que hay que ir de a poco y ver cómo reacciona la macro”.
A su vez, las autoridades indicaron que precisaban apuntalar la recaudación para sostener el déficit cero, un compromiso sensible en las negociaciones con el Fondo Monetario, donde se discute un crédito por hasta 12.000 millones de dólares. En 2024, la recaudación cayó 5,5% en términos reales, pero en enero subió 5,6% al restituirse el impuesto a las Ganancias, incrementarse las contribuciones sociales y sumarse el alza del impuesto a los Combustibles. Estos cambios, sin embargo, deben compensar el bache de 800.000 millones de pesos que el Estado afronta por la baja temporal de retenciones.
– Sergio Iraeta, Carlos Castagnani, Andrea Sarnari, Luis Caputo, Nicolás Pino, Lucas Magnano y Juan Pazo
La agenda incluyó la posibilidad de avanzar en obras de infraestructura. Según expusieron los dirigentes, Caputo se comprometió a realizar licitaciones de rutas nacionales con posible participación privada. “Van a poder participar todos los que quieran”, indicaron fuentes de una de las entidades rurales. Magnano, de Coninagro, precisó que también se trató el desarrollo de la cuenca del Río Salado y la Hidrovía. Además, los productores plantearon inquietudes sobre el cepo cambiario y sobre el futuro de organismos como el INTA y el Senasa, dado que se habló de 50 entidades nacionales que podrían sufrir fusiones o eliminaciones. “No nos indicaron que estos estuvieran en alguna lista específica; al contrario, solicitamos que, ante cualquier medida o decisión, se nos comunique o se nos informe”, comentó Magnano.
Si bien algunos empresarios señalaron que Pazo había sugerido en reuniones anteriores la posibilidad de hacer “carry trade”, Castagnani aclaró: “Esa es una opinión que emitió el funcionario. Los productores van a vender en la medida que tengan que vender para cumplir sus compromisos”. Por su parte, Sarnari cerró: “No dieron fecha. Las fechas no las van a decir, sino que van a hacerlo en el momento adecuado en que se puedan realizar. Manifestaron optimismo y se han comprometido en que, mientras las señales sean claras y las respuestas buenas, vamos a ir conversando cómo se puede avanzar en que vengan medidas que fomenten el desarrollo productivo”.
En un informe publicado esta mañana por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se supo que 2.723 hectáreas han sido totalmente calcinadas, dadas las condiciones extremas del ambiente, como la baja probabilidad de lluvias, provocó “múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallin del Medio por alrededor de 9 kilómetros”.
Se detalló que “cinco medios aéreos y aproximadamente 300 personas” continúan trabajando en la contención del incendio en El Bolsón. El objetivo principal según declararon es evitar “rebrotes” y “dar frente a un evento de enorme magnitud”.
Según el reporte, el fuego se inició el 30 de enero a las 16 horas, cuando se detectó “una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches, próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul”. Desde entonces, las llamas “continúan activas” debido a las condiciones meteorológicas adversas en la región. El viento, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 20 km/h y que podrían llegar “hasta 35”, siguen siendo un factor clave.
Medios locales informaron que “más de cien viviendas fueron afectadas” por los incendios y que, hasta el momento, “un poblador rural perdió la vida” a causa del avance del fuego. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, afirmó que “está probado que el incendio fue intencional”, luego de que se hallaron botellas en la zona donde se originó. Sin embargo, aclaró que no existe vínculo político detrás del hecho, destacando que lo ocurrido representa un daño “a la vida”.
Son más de 192 brigadistas y voluntarios quienes trabajan en el terreno con apoyo de diferentes equipos especializado y no especializado, con un total de 33 herramientas de extinción entre móviles, aviones hidrantes, camiones cisterna, helicópteros, entre otros.
Diversas organizaciones de emergencia han emitido un comunicado conjunto en el que hacen un llamado urgente al Estado Nacional, exigiendo que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) “habilite de manera urgente los recursos de despliegue” necesarios para el traslado de fuerzas auxiliares.
Entre los firmantes se destacan el Soporte de Alerta Temprana de Eventos Meteorológicos (SATEM), el Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia (CASA), y la Asociación Civil de Rescatistas Voluntarios Argentinos (RVA), junto a otras entidades.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la formación, la voluntad y la experiencia. Lo único que falta es la decisión política que por ahora brilla por su ausencia”, subrayan en su reclamo, recalcando que “el fuego no espera”.
La Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones, el 6 de enero, el proyecto que propuso demoler parcialmente y ampliar el estadio Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007. La iniciativa fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, quien controla el recinto a través de DF Entertainment, en el marco de una concesión de 40 años. El plan incluyó elevar la capacidad de 8.400 a 13.000 espectadores —o incluso 14.030, según una carta de intención— y generó controversia debido a que la normativa vigente prohíbe modificaciones estructurales en bienes protegidos.
La resolución se firmó en apenas dos meses, un plazo inusualmente corto para este tipo de trámites y en pleno receso de verano. Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la falta de transparencia del proceso y solicitaron sin éxito acceso a la documentación oficial. Según dichas entidades, la modernización del estadio sería posible sin transgredir la normativa patrimonial.
El proceso estuvo encabezado por Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por el vocal Juan Vacas, quien además se desempeñó como subsecretario de Paisaje Urbano en el gobierno de Jorge Macri. Este doble rol llamó la atención, especialmente porque la administración porteña había rechazado inicialmente la viabilidad de las reformas. Finkelstein, por su parte, pagó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión del estadio y debe abonar un canon anual del mismo monto.
La historia del Luna Park tomó un giro decisivo en 2013, cuando, tras la muerte de Ernestina Devecchi —viuda de Tito Lectoure—, el estadio pasó a manos de la Iglesia Católica al quedar como única heredera. El 23 de octubre pasado, la sociedad propietaria del recinto, Stadium Luna Park SA, firmó una carta de intención para concesionar el estadio por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20, a Live Nation Entertainment y DF Entertainment. El acuerdo contempló la construcción de un edificio independiente dentro del perímetro actual y la elevación del techo en cuatro metros para alojar nuevas gradas. También consideró la restauración de fachadas y la reconfiguración de los accesos, lo que generó reparos por la posible alteración de las icónicas entradas del estadio.
El Luna Park ocupó un lugar central en la cultura argentina: allí fue velado Carlos Gardel, se realizó el mayor acto nazi en Latinoamérica, se conocieron Juan Domingo y Eva Perón, se disputaron históricas peleas de boxeo y se llevaron a cabo recitales memorables. Además, albergó el último acto político de Néstor Kirchner y la presentación del último libro de Javier Milei. Pese a su protección patrimonial, la Comisión Nacional de Monumentos avaló avanzar con las modificaciones, y ahora la última palabra recayó en el Gobierno de la Ciudad y en el papa Francisco, ya que el recinto pertenece a la Iglesia Católica.
