TENSIÓN | El kirchnerismo no quiere que privados financien el Festival de Cine en MDQ
El Municipio busca que empresas privadas de streaming se hagan cargo del Festival. El kirchnerismo se opuso, "como si ellos no miraran Netflix los días de lluvia", sentenció el senador Rabinovich.
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El intendente de la ciudad costera, Guillermo Montenegro, anunció que busca que un empresas privadas vinculadas a la industria financien la edición 39° del histórico Festival de Cine de Mar del Plata. “Mi idea es hacer el Festival de Cine Netflix, el Festival de Cine Star+ o el Festival de Cine HBO”, expresó el jefe comunal como una alternativa para conseguir los recursos.
Sobre las conclusiones a las que arribaron, manifestó que el espíritu es “ponernos creativos y trabajar con el sector privado, con productoras, cadenas de streaming, todo lo que tiene que ver con la industria del cine”. El objetivo es que “nuestra ciudad mantenga el Festival Internacional de Cine pero también que por ese festival no se le puede sacar la plata a los vecinos ni aumentar impuestos”.
Mientras tanto, el kirchnerismo salió a criticar esa postura, alegando una “pérdida de soberanía nacional y cultural”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se preguntaron “por qué tienen que ser Amazon o Netflix los que cuenten nuestras historias”.
Esta avanzada de ultraproteccionismo K fue duramente criticada por el senador bonaerense de la Quinta sección, Alejandro Rabinovich: “El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan Nicolás Kreplak y Axel Kicillof, la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes”.
El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan @nkreplak y @Kicillofok , la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes.Necesitan… pic.twitter.com/ltA5rlf0nj
“Necesitan mantener los espacios donde se refuerce su propia mística. Desde chiquitos, en lugares de adoctrinamiento, todos igualitos, todos con la misma gorrita o todos haciendo los dedos en V, ¿por qué? No se lo cuestionan, porque sí”, sostuvo.
“Dirigen sus películas y necesitan donde proyectarlas para que vayan sus diputados, concejales y militantes a hacer de cada reunión un acto partidario. Y canten ‘Ya de bebé en mi casa había una foto de Perón en la cocina’. Y se rasguen las vestiduras hablando de la cultura. Como si fuera de ellos. Y como si ellos no miraran Netflix los días de lluvia“, agregó además.
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La organización conocida como Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por José María “Pepe” Di Paola, sacerdote católico y referente histórico de los curas villeros, con un estrecho vínculo orgánico con el kirchnerismo, celebró la resolución judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La entidad religiosa estuvo a favor de la idea de que el sistema “no cuenta con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”. Anteriormente, había promovido un hábeas corpus presentado el 31 de agosto en defensa de personas vinculadas con sus espacios, en el marco del debate sobre el régimen de imputabilidad juvenil a partir de los 14 años.
La presentación fue realizada por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones integrantes de la Federación, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori.
— José María “Pepe” Di Paola, más conocido como Padre Pepe
La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a una medida cautelar dentro de ese hábeas corpus y suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. A su vez, ordenó fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10, convocando a autoridades que responden al gobernador bonaerense Axel Kicillof del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que informen qué medidas adoptaron, cuáles planean y en qué plazos.
La magistrada con treinta años de experiencia en protección infantil, sostuvo que “no sé trata de discutir la ley en abstracto”, con los dispositivos bonaerenses no estando en condiciones de recibir una población mayor sin riesgo para los derechos fundamentales. Su razonamiento se sustentó, entre otras normas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de La Habana y las Reglas de Beijing.
Pascual remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, y volvió a justificar la suspensión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
— Marta Elba Pascual
Los defensores del fallo sostienen que un juez no necesita esperar a que ocurra el hacinamiento para proteger derechos, porque el hábeas corpus bonaerense cubre amenazas inminentes y el encierro de adolescentes exige estándares reforzados. La jurisprudencia interamericana ha considerado que el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios en instituciones juveniles pueden vulnerar la integridad personal y los derechos especiales de la niñez.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich en una publicación en su cuenta oficial de X, sumando cuestionamientos al propio funcionamiento “garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Los críticos responden que una jueza de primera instancia no debería suspender en toda una provincia una ley penal nacional aprobada por el Congreso, particularmente mediante una estimación general sobre detenciones futuras. Usina de Justicia denunció a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, alegando que el riesgo sería hipotético y que la decisión invade competencias legislativas.
En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww
El fallo tiene un componente institucional relevante, siendo que la Ley 27.801 es nacional, pero su implementación cotidiana necesita jueces, fiscales, defensores, supervisores, centros, personal y programas que en gran medida dependen de cada provincia. El decreto reglamentario reconoce expresamente que la aplicación efectiva exige coordinación con las jurisdicciones provinciales y creó una Mesa Federal para ese fin.
El fallo no derogó la ley, no la declaró inconstitucional y no resolvió definitivamente la discusión sobre la edad de punibilidad en Argentina, solo buscó evitar que ingresaran más adolescentes al sistema bonaerense de encierro antes de verificar que existieran instalaciones, profesionales y programas adecuados.
La crisis económica actual afecta seriamente el acceso a medicamentos. Diversos informes alertan que los pacientes postergan tratamientos (especialmente no urgentes), buscan opciones más baratas, e incluso abandonan terapias crónicas.
Una parte de los pacientes ya no puede comprarlo en la cantidad, la marca o en el momento indicados. Según Vania Ilchuk, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones, señaló que bajaron las ventas, se compra solo lo urgente, quienes tienen obra social buscan marcas con menor coste y algunas personas endeudadas están abandonando incluso tratamientos crónicos.
“Estamos en una situación complicada que nos atraviesa a todos. En nuestro sector han caído mucho las ventas, los medios de pago también han cambiado, y hay muchos intentos desregulatorios a nivel nacional que hacen mella con mucha circulación por fuera de las farmacias”, afirmó Ilchuk.
A nivel nacional el escenario es similar, con la pobreza alcanzando a más del 30% de la población, el desempleo rondando el 8%, y la inflación –aunque volvió a niveles moderados en 2024– sigue disminuyendo ingresos. Esto se refleja en una fuerte caída del consumo de medicamentos, ya que en 2025 se vendieron millones de unidades menos que en 2023.
En este contexto, los farmacéuticos misioneros han denunciado demoras en pagos de PAMI y aumentos continuos de costos operativos, amenazando con interrumpir la provisión de medicamentos a jubilados. Las consecuencias en salud pública incluyen riesgo de agravamiento de enfermedades crónicas, más consultas de urgencia y mayores costos futuros.
“Antes, la gente se armaba su botiquín o una bolsa de reserva de medicamentos, pero ahora solamente se compra lo que necesita en el momento. Se está dejando de lado todo lo que no sea de urgencia”, sostuvo Ilchuk, haciendo hincapié en que los medicamentos están compitiendo directamente con otros gastos indispensables, como alimentos, servicios, transporte y vivienda, por lo que algunas compras vinculadas a la salud comienzan a postergarse o reducirse.
— Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones
Argentina vendría teniendo una seguidilla de años de inflación muy alta y ajuste económico. De acuerdo a fuentes oficiales, la pobreza nacional fue del 32.3% en el primer semestre de 2026 y el desempleo trepó a 7.9% en el segundo trimestre. Estos indicadores son peores en regiones del Noreste argentino como Misiones, una provincia de 1.3 millones de habitantes tradicionalmente con altos niveles de pobreza e informalidad laboral.
La combinación de alta inflación de años anteriores y ajustes a subsidios ha dejado a muchos hogares con menor poder adquisitivo. Por ejemplo, el gobierno de turno del presidente Javier Milei aplicó recortes salariales y quitó subsidios a servicios básicos, mientras que liberalizó el comercio de importaciones. Todo esto castiga especialmente a los jubilados, trabajadores informales y pacientes crónicos de bajos recursos.
En Misiones, se observa una situación similar. La provincia, gobernada por Hugo Mario Passalacqua desde 2023, tiene un PIB de unos U$S17.000 millones aproximados solo en 2018, y dependería en parte de programas sociales nacionales (como el PAMI). Los pronósticos de organismos independientes hablan de que la pobreza podría rondar el 35% a fin de 2026. Aunque no hay estadísticas públicas provinciales actualizadas de consumo farmacéutico, los datos nacionales sirven de referencia.
— La sede del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones, ubicado en Posadas
En 2025 las farmacias de todo el país vendieron 5.4 millones de unidades de medicamento menos que en 2023. Esa caída (8.2% menos en el tercer trimestre de 2025 respecto a igual período de 2023) indica que la demanda se retrae ante la pérdida de ingresos.
Argentina tiene un sistema de salud fragmentado, con obras sociales sindicales, el PAMI (para jubilados), prepagas privadas, y un sistema público gratuito. Se estima que decenas de millones de argentinos cuentan con cobertura de alguna obra social o prepaga, pero esa cobertura está debilitándose.
El ministro de Salud de Buenos Aires, el Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós reportó que unos 1.2 millones de personas perdieron su obra social o prepaga en 2024 y pasaron al sistema público. En Misiones, además de PAMI (que cubre jubilados nacionales) existe el IPS/Salud Pública Provincial para empleados públicos y las prepagas locales muy restringidas. En general, las obras sociales cubren un porcentaje (a veces el 100%) de ciertos medicamentos, pero pueden aplicar coseguro (co-pago) sobre otros. En PAMI, por ejemplo, muchos medicamentos crónicos tienen cobertura total (sin coseguro) o coseguros reducidos, pero eso varía según cada tratamiento.
Impacto en Farmacias
“Hay muchos clientes que están con muchas deudas y van dejando sus tratamientos que, en algunos casos, son de patología crónica, porque no pueden comprar los medicamentos que necesitan”, subrayó Ilchuk, añadiendo que “mucha gente está con las tarjetas colapsadas por sus gastos generales”.
Las farmacias misionesas vienen alertando sobre un deterioro grave de la cadena de suministro de medicamentos. Un comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos de Misiones ya había señalado su “hartazgo” ante los pagos incumplidos por PAMI. Desde 2025 los establecimientos afrontan aumentos constantes de costos operativos (insumos, alquileres, servicios, remuneraciones) y no reciben a tiempo la compensación de medicamentos entregados a jubilados. Como describen algunos gremiales, la inflación acumulada y los incrementos reiterados en los precios de los medicamentos “están asfixiando la cadena de financiamiento del sector”.
Cuando alimentos, vivienda, transporte, servicios y deudas absorben una proporción mayor del presupuesto, el hogar elimina primero cosméticos, productos de cuidado personal, medicamentos de reserva y otras compras postergables; después compra solamente la dosis inmediata, busca una presentación más barata o paga con crédito; en los casos más graves, espacia dosis o suspende el tratamiento.
El problema no comenzó con esta declaración. En agosto de 2025, el Colegio ya informaba una retracción interanual superior al 20%, compras de dosis mínimas y búsqueda de genéricos. Durante 2026, otras referencias del sector situaron la caída local de ventas aproximadamente entre 20% y 25%, aunque esos porcentajes son estimaciones sectoriales y no una estadística oficial exhaustiva de todas las farmacias misioneras.
El coseguro es la parte del precio que queda a cargo del paciente después de aplicar la cobertura de la obra social o prepaga. Es decir, una cobertura nominal del 40% no garantiza que el usuario pague exactamente el 60% de cualquier marca, ya que suele intervenir un precio de referencia, el vademécum y las condiciones particulares del plan, por eso una marca con descuento puede terminar costando más que otra alternativa equivalente.
Buscar una opción más económica no es, por sí mismo, una mala decisión sanitaria. La normativa argentina establece la prescripción por nombre genérico y permite que, a pedido del consumidor, el farmacéutico sustituya la marca sugerida por otra de menor precio que mantenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y cantidad similar de unidades.
La diferencia clave es entre sustitución segura y ajuste improvisado. Cambiar de marca con asesoramiento farmacéutico puede mantener el tratamiento y reducir el gasto. Ahora reducir la dosis, alternar días, partir comprimidos sin indicación, mezclar productos o suspender el medicamento modifica el tratamiento y puede hacerlo ineficaz o peligroso.
El dato económico regional ayuda a entender por qué una reducción moderada de ingresos puede afectar rápidamente la compra de remedios. En el primer semestre de 2026, el INDEC estimó que el 41.5% de las personas de los aglomerados urbanos del Nordeste estaban bajo la línea de pobreza, frente al 32.3% del total de los 31 aglomerados relevados.
Eso no prueba por sí solo que una persona pobre abandone medicamentos, ni permite medir cuántos misioneros lo hicieron. Sí muestra que en el NEA hay una proporción elevada de hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica total, lo cual vuelve verosímil que alimentos, servicios y medicamentos compitan dentro de presupuestos muy restringidos.
Las farmacias enfrentan un problema distinto pero conectado, siendo que entregan medicamentos con cobertura, pagan a las droguerías para reponerlos y cobran de obras sociales o convenios semanas más tarde. Ilchuk explicó que plazos que estaban entre 45 y 60 días volvieron a ubicarse entre 60 y 90 días, con una brecha financiera que solo aumenta los costos fijos y dificulta sostener stock.
¿Por qué preocupa lo crónico?
Una enfermedad crónica —como hipertensión, diabetes, epilepsia, asma o ciertos trastornos de salud mental— necesita continuidad durante meses o años. Como el beneficio del medicamento suele consistir en mantener estable al paciente y prevenir una complicación futura, la falta de dinero puede inducir una falsa sensación de que “se puede esperar” cuando todavía no existen síntomas intensos.
— Informe del INDEC sobre los indicadores seleccionados de la industria farmacéutica en Argentina para el segundo trimestre de 2026
La Organización Mundial de la Salud advierte que la baja adherencia impide obtener el beneficio completo de los medicamentos, empeora la calidad de vida y puede llevar a intervenciones más costosas, como consultas de urgencia e internaciones. Por eso, el ahorro inmediato de no comprar una caja puede convertirse después en un costo sanitario, familiar y público mucho mayor.
El efecto tampoco es igual para todos. Están más expuestos los adultos mayores, las personas con varias enfermedades simultáneas, quienes toman numerosos medicamentos, los hogares sin cobertura de obra social y quienes viven lejos de centros urbanos, porque acumulan gasto farmacéutico, consultas y transporte.
A esto se suma el debilitamiento de vías públicas de acceso. El programa Remediar tiene como función distribuir medicamentos esenciales directamente a centros de salud, pero un análisis del IECS señaló una fuerte reducción nacional de tratamientos dispensados entre 2022 y 2025 y ubicó a Misiones entre las jurisdicciones particularmente afectadas.
Así aparecen dos crisis simultáneas. Del lado de la demanda, el paciente compra menos porque no puede pagar. Mientras que del lado de la oferta, la farmacia vende menos y cobra tarde, pero debe reponer mercadería y sostener salarios, alquileres e impuestos. Si esa cadena se deteriora, una dificultad económica individual puede transformarse en menor disponibilidad o menor capacidad de atención del sistema local.
La búsqueda desesperada de precios bajos también puede empujar medicamentos hacia redes sociales, kioscos, supermercados o intercambios entre particulares. El Colegio misionero advirtió que esos circuitos impiden garantizar origen, conservación, vencimiento y trazabilidad, y recordó que la regulación provincial mantiene la venta de medicamentos dentro de farmacias habilitadas.
El hecho ocurrió durante los festejos por el 115º aniversario de La Colina, una localidad perteneciente al partido bonaerense de General La Madrid. La celebración comunitaria estuvo organizada conjuntamente por instituciones de la zona y el municipio. Para agasajar a los vecinos, se prepararon mil chorizos a la pomarola en un enorme paellero instalado sobre la plaza José Hernández.
Pero detrás de los preparativos se registró una postal gravísima que dejó al descubierto una falta total de controles bromatológicos. Las imágenes capturadas en el lugar muestran con claridad el momento en que se utilizaba un balde plástico, rotulado con las letras visibles de un potente herbicida a base de glifosato, para volcar los ingredientes directamente sobre el paellero destinado a todo el público.
Uno de los videos que sirvieron como evidencia.
Ausencia de controles
Desde la comuna de la 6ª sección electoral, conducida por el intendente radical Martín Randazzo, reconocieron la veracidad de las imágenes y los hechos.El Ejecutivo municipal asumió la responsabilidad absoluta por la falta de supervisión y control en la organización del evento gastronómico.
Pese al reconocimiento oficial, la justificación de los organizadores encendió aún más la polémica entre los vecinos. Intentaron minimizar el peligro al argumentar que el recipiente había sido sometido a un triple lavado y que se recurrió a él por una supuesta falta de otros envases disponibles para acarrear agua y verduras.
El comunicado oficial del municipio.
Peligro sanitario y respuesta opositora
La utilización de un recipiente que contuvo agrotóxicos desató una profunda preocupación debido a las normativas vigentes que prohíben terminantemente reutilizar estos envases para fines domésticos o alimentarios. La Ley Nacional 27.279 y las reglamentaciones provinciales establecen que los recipientes de fitosanitarios no pueden volver a usarse bajo ninguna circunstancia, ya que los plásticos de alta densidad absorben las moléculas de los químicos y ningún lavado casero garantiza la eliminación de la toxicidad residual.
Ante esta situación, el bloque de concejales opositores presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir respuestas urgentes al Departamento Ejecutivo. Los ediles advirtieron que la salud pública exige absoluta transparencia y adelantaron que evaluarán el inicio de acciones legales de tipo penal para determinar si existió un riesgo sanitario real contra los asistentes y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Cada soldado que entra al Ejército Argentino empieza a pagar una revista que casi nunca recibe. El descuento aparece en el recibo de sueldo bajo el concepto “Periódico Soldados” y hoy es de $2.060 por mes. En lo que va del año, esa publicación se imprimió una sola vez.
Según fuentes castrenses, la fuerza ya retuvo al menos mil millones de pesos de los haberes de su personal, mientras que el costo de esa edición no superaría los $100 millones. Hasta ahora nadie explicó dónde está la diferencia.
La sospecha aparece poco después del escándalo de la Armada, que denunció ante la Justicia Federal 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. En esa causa, el juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y dispositivos resguardados en el edificio Libertad, y el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, ordenó formalizar la denuncia.
Las publicaciones del Ejército bajo la lupa son dos, Soldados y El Soldado Argentino, y ambas las edita la Fundación Soldados (FUNDASOL). En los papeles es una entidad civil, pero su consejo de administración está integrado por militares y su estatuto establece que el presidente lo designa el Estado Mayor General del Ejército. Tiene sede en avenida Santa Fe 4815, maneja la FM Soldados y figura como responsable de la Revista del Suboficial, un portal digital y el programa televisivo Nuestro Ejército.
El descuento es automático. También lo pagan los voluntarios que pasan pocos meses en la fuerza y se van sin haber tenido un ejemplar en la mano. El recibo de un soldado voluntario de segunda, fechado el 30 de agosto de 2026, muestra dos retenciones a favor de FUNDASOL, una de $2.060,51 por Soldados y otra de $1.236,30 por El Soldado Argentino. Un coronel y un cabo registraron en agosto el mismo monto por la primera. Un año antes, un cabo primero pagaba $1.638,60.
“Nadie la conoce”, dijo un jefe militar sobre El Soldado Argentino. Sobre Soldados, admitió que dejó de llegar hace meses. “Te descuentan por un servicio que no se da”, resumió. Cualquier uniformado puede darse de baja de la suscripción, aunque en la práctica nadie lo hace porque desconoce el trámite.
Los números muestran la caída. En sus 29 años, Soldados promedió unas diez ediciones anuales. En 2025 salieron cinco, y en 2026 solo la n.º 289, con una tirada de 57 mil ejemplares de 44 páginas. Una fuente castrense señaló otro detalle: “Adrede, las ediciones no indican en qué mes fueron impresas, para no levantar sospechas”. El período, agregó, solo puede reconstruirse a partir de las noticias que publica cada número.
El Ejército rechaza cualquier irregularidad. Su vocería sostiene que Soldados no tiene una periodicidad fija y que sale según las actividades principales de la fuerza, que El Soldado Argentino difunde contenidos de instrucción técnica y que a fin de año se enviará en papel un calendario 2027 dedicado a los 45 años de Malvinas. La demora del número actual, según esa explicación, se debe a que esperan incluir la entrega del segundo escuadrón de tanques modernizados TAM 2C A2 y un ejercicio anfibio en Rosario.
La fuente castrense no aceptó esa explicación. “¿Qué tiene que ver el ejercicio militar del fin de semana en Rosario? Acaso no hubo otras actividades antes o es que solo se imprime cuando hay algo”, respondió. También negó que la versión digital se envíe por mail a los uniformados, como sostiene la fuerza.
Clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa cortaron por completo la atención a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) el 24 de agosto, algo que —según los propios prestadores— nunca había ocurrido, “ni en 2001”.
“Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento”, afirmó el dueño de un sanatorio. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa”, añadió.
Estas instituciones atienden a casi 300.000 jubilados de la región patagónica, donde PAMI representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones totales. La medida es la escalada final de un conflicto que se viene arrastrando desde febrero de 2026, con recortes progresivos que fueron endureciéndose mes a mes.
El corazón del conflicto sería puramente económico. Desde diciembre de 2023 los aranceles que PAMI paga a los prestadores subieron 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó el 300%, lo que implica una brecha del 75% entre lo que cobran y lo que necesitarían cobrar para empatar los costos.
Solo en lo que va de 2026, con una inflación acumulada de 19.3%, el Gobierno ofreció un aumento de apenas 6% a los prestadores, recién efectivo en octubre. Distintas cámaras del sector —como la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS)— hablan de un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023, con incrementos recientes de únicamente 1.9% mensual, muy por debajo del índice de inflación del INDEC.
Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, resumió el diagnóstico del sector: “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”. Los prestadores explican que el sistema de “módulos” con el que PAMI paga —que incluye honorarios médicos, insumos, medicamentos y uso de quirófano— quedó completamente desactualizado frente al costo real de los materiales, hasta el punto de que algunos módulos “no alcanzan ni para cubrir el material descartable” que se usa en una práctica.
Desde febrero de 2026, la crisis comenzó a traducirse en una interrupción progresiva de las prestaciones. En ese mes se registraron las primeras suspensiones de prácticas programadas y ambulatorias debido a deudas impagas y a la falta de respuesta a los reclamos de los prestadores.
En abril, la situación se profundizó aún más con la suspensión de cirugías programadas en las cuatro provincias patagónicas, en reclamo de una recomposición del 70% que abarcó a 30 instituciones. Para junio, las restricciones alcanzaron las guardias, la recepción de derivaciones y la asignación de nuevos turnos en consultorios externos a nivel nacional.
— Andrés Sabalette, quien se desempeña como Gerente en el Sanatorio Juan XXIII, en General Roca, provincia de Río Negro
El proceso desembocó en un escenario inédito para los afiliados, con el corte total de las prestaciones por primera vez en la historia argentina. Esta evolución escalonada muestra que no se trata de una decisión repentina sino del punto final de casi siete meses de advertencias, negociaciones fallidas y medidas parciales que no alcanzaron para destrabar el conflicto.
Los intentos de solución
El PAMI, a través de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, ofreció incrementos de 1.9% para mayo y otro 1.9% para junio, cifras que el sector calificó de “inaceptables” frente a una inflación proyectada del 19% para el primer semestre. Más adelante, el ministro de Salud Mario Lugones habría “destrabado” un 1.9% adicional, pero según denuncian los prestadores esa promesa no se tradujo en pagos concretos.
— Esteban Leguízamo
En paralelo, existió un boletín oficial de PAMI que aprobó un aumento del 8% para ciertas prestaciones específicas (Centros de Día y Residencias de Larga Estadía) a partir de junio 2026, tomando como base los aranceles de diciembre de 2025, una cifra que —de todos modos— sigue muy por debajo de la inflación acumulada en ese lapso.
Esta crisis arancelaria coincidió, además, con la salida del exviceministro de Salud Guido Giana, cuya renuncia estuvo directamente vinculada al manejo de este conflicto, en un contexto que —según trascendió— casi terminó también con la salida del propio Lugones.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA de los Trabajadores (IEF-CTAA) aporta el marco estructural detrás de estos cortes regionales. En el primer trimestre de 2026 las prestaciones de PAMI cayeron 41.3% en términos reales respecto al mismo período de 2025, mientras la deuda acumulada con médicos, clínicas y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).
— Guido Giana
El mismo relevamiento señala que el Tesoro nacional redujo drásticamente las transferencias a la obra social, de 0.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 0.2 billones en el mismo período de 2026, con marzo de 2026 en cero transferencias. Esto ocurrió en simultáneo con un superávit fiscal primario de 6.8 billones de pesos en ese mismo trimestre, lo que alimenta la lectura de que el ajuste sobre PAMI forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del gobierno del presidente Javier Milei.
El detonante estructural fue la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, un tributo que aportaba el 28% de la recaudación del PAMI. El Gobierno prometió cancelarla en varias etapas, pero terminó recurriendo a un mecanismo cuestionado, pagándole a las farmacias no con dinero en efectivo sino con Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), o sea, bonos con vencimiento a fin de julio. Esta modalidad generó fuertes críticas porque, sostuvieron, permitía “maquillar” el superávit fiscal trasladando el costo financiero a los propios prestadores, que además reclamaban un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023.
El 9 de abril de 2026 el PAMI publicó la resolución 1107/2026, que modificó el esquema de pago a los médicos de cabecera, elevando el pago fijo mensual por paciente de 946 a 2.100 pesos, pero eliminó los adicionales por consulta presencial, visitas domiciliarias e incentivo al posgrado. El sindicato de la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA) reportó que esto implicaba, en la práctica, un recorte salarial del 50% para los profesionales, lo que desató una huelga de médicos y odontólogos de 72 horas ese mes que agravó aún más la falta de atención.
La protesta del jubilado
Este trasfondo numérico se traduce en historias concretas como la de un jubilado de 66 años que, en medio de un reclamo público, relató que pese a haber aportado 30 años y contar con cobertura de PAMI, enfrenta trabas para acceder a los controles anuales que necesita tras haber sido operado de próstata. Su frase de “me están dando vueltas para darme la atención” resume la experiencia de miles de afiliados que hoy se enfrentan a tres únicas alternativas cuando su clínica cierra la atención: pagar la consulta de forma particular, recurrir al sistema hospitalario público, o postergar el tratamiento.
Los afiliados denunciaron una cadena de recortes muy tangibles a lo largo del año. Demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad, cobro de “plus” médicos no contemplados en la cobertura, dificultad para acceder a medicamentos gratuitos, y hasta la eliminación de actividades recreativas como clases de natación y gimnasia para adultos mayores. Una vecina de Mar del Plata, integrante de la Multisectorial de Jubilados, subrayó que “para operarnos cobran la anestesia y en varios lugares nos han cerrado la atención en cardiología, traumatología, dermatología y nutrición”. En paralelo, los haberes jubilatorios mínimos rondaban apenas los 400.000 y 450.000 pesos mensuales, una cifra que los propios beneficiarios calificaban de insuficiente para cubrir remedios y alquiler.
Cada vez habría menos trabajadores formales aportando al sistema mientras crece la población de jubilados, que además vive más años. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados (una caída del 4,2%), lo que reduce los aportes que sostienen al organismo justo cuando más se necesitan. Sobre esto pesa además la Ley de Emergencia Sanitaria —vigente desde 2001 y prorrogada hasta diciembre de 2026— que protege a unos 5.000 prestadores privados de ejecuciones fiscales por sus propias deudas con el Estado, y cuya eventual no renovación podría agravar aún más el escenario.
A diferencia de las restricciones previas —que preservaron guardias y urgencias mientras recortaban turnos programados y cirugías electivas—, el corte anunciado para el 24 de agosto sería la primera suspensión total de cualquier tipo de prestación en la historia del sistema, incluyendo probablemente las urgencias en los establecimientos adheridos. Es un salto cualitativo respecto de las medidas de fuerza anteriores, y explica por qué los propios prestadores insisten en que “esto no pasó nunca, ni en 2001”, una referencia directa a la crisis económica y social más severa que atravesó la Argentina en las últimas décadas. El desenlace dependerá de si el aumento del 6% previsto para octubre —o el 1.9% adicional que Lugones habría comprometido— se concreta antes de esa fecha, o si la falta de respuesta empuja efectivamente a que las clínicas patagónicas ejecuten el corte total anunciado.
El terremoto político que sacudió a La Derecha Diario tiene su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde Fernando Cerimedo quedó en el centro de una causa judicial de máxima gravedad tras el violento atentado contra Nadia Beller. La investigación expuso no sólo su rol como estratega de poder e influencia regional en el gobierno de Rodrigo Paz, sino también el abrupto derrumbe de su entramado político y mediático.
Fernando Cerimedo junto a Nadia Beller, víctima del atentado contra su vida.
Esta caída arrastra de manera directa su histórico posicionamiento en el ecosistema digital mileísta, donde operó como un armador clave en el armado comunicacional que catapultó a Javier Milei a la presidencia. Lejos de ser un actor aislado, Cerimedo tejió una sólida sociedad operativa con figuras centrales del aparato digital oficialista como Juan Pablo Carreira (conocido en redes como “Juan Doe”, actual director nacional de comunicación digital del gobierno), el streamer Daniel Parisini (“Gordo Dan”) y el legislador bonaerense Agustín Romo (presidente del bloque de LLA), entre muchos otros, conformando el núcleo duro de la estructura de choque y difusión digital del espacio.
Fernando Cerimedo junto a Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura Bonaerense.
En paralelo a este entramado de poder político y redes, los antecedentes de los involucrados revelan una red de negocios millonarios y operaciones de consultoría a medida que funcionan como telón de fondo. Entre ellos sobresalen los lucrativos contratos vinculados a la hidrovía del río Paraná (Santa Fe), los fondos millonarios destinados a la campaña de influencia de Israel en Estados Unidos (en Data 24 ya hablamos de esto) y las polémicas maniobras de consultoría internacional, como las exigencias impuestas por Javier Negre a una activista colombiana para condicionar su postura sobre Israel a cambio de proyección política presidencial (también hemos hablado de este tema), consolidando un perfil corporativo donde los negociados y la propaganda geopolítica caminan de la mano.
El falso relato del despegue y las contradicciones documentales
Frente al escándalo internacional, la reacción de La Derecha Diario y de su director, Javier Negre, consistió en activar un blindaje comunicacional y emitir un comunicado oficial con pretensiones exculpatorias. En el texto, el medio sostiene de manera tajante que Fernando Cerimedo y que jamás fue propietario ni fundador, argumentando que a comienzos de 2024 —coincidiendo con la supuesta adquisición del portal por parte de Negre— Cerimedo había reducido su participación patrimonial hasta desvincularse por completo.
El comunicado oficial de La Derecha Diario: intentan negar que Cerimedo fuera dueño o fundador y aseguran que se desvinculó a principios de 2024.
Sin embargo, el relato oficial se desploma al chocar contra el archivo sistemático del propio medio y los registros públicos. Lejos de la supuesta desvinculación temprana, el propio entramado digital de La Derecha Diario y los tuits de Javier Negre se encargaron de desmentir a su propia patronal de manera sistemática.
Tuit del 22 de noviembre de 2024: el propio portal presentaba a Cerimedo como “el dueño de La Derecha Diario”.
Sin ir más lejos, en febrero de 2025 —un año entero después de la presunta venta esgrimida ahora— el medio y su director celebraban premios y defendían causas judiciales refiriéndose a Cerimedo de manera inequívoca como “nuestro socio”.
Febrero de 2025: un año después de la supuesta venta, el medio seguía llamando públicamente “nuestro socio” a Cerimedo. El tuit de Javier Negre de febrero de 2025 que destruye el relato de la desvinculación al exigir disculpas para “mi socio”. Cerimedo llama “amigo” a Negre.
Otro fragmento del comunicado niega que Cerimedo haya sido propietario del medio, sin embargo el propio portal se refería a él como “el dueño de La Derecha Diario”en coberturas resonantes frente a cruces públicos y causas internacionales.
Nota de noviembre de 2024. La Derecha Diario presentaba a Cerimedo como su dueño. Difusión oficial de febrero de 2025 ratificando a Fernando Cerimedo en calidad de dueño.
Por otro lado, el comunicado oficial también negó que Cerimedo haya tenido alguna participación en la fundación del portal, pero resulta que, en julio de 2025, el propio Negre le agradecía públicamente por haber creado el medio.
Julio de 2025: Negre le agradecía públicamente a Cerimedo por haber “creado e impulsado” el medio.
Maniobra de ocultamiento y huida digital
El operativo de limpieza no se limitó a la redacción de un comunicado formal, sino que exigió una intervención sobre los registros digitales del medio para borrar cualquier rastro que vinculara a Javier Negre con su socio detenido en Bolivia. La urgencia por reescribir la historia digital quedó al descubierto con la modificación sistemática de las biografías institucionales dentro de la propia web de La Derecha Diario.
El perfil web de Cerimedo el 21 de agosto de 2026, figurando textualmente como “socio de La Derecha Diario”.
Pero Negre mandó a cambiar este perfil e intentó ocultarlo ante la caída en desgracia de Cerimedo: pocos días después, el término “socio” desapareció por completo de la plataforma, reduciendo su descripción a un genérico “Consultor político”, con el fin de maquillar su salida.
La misma biografía el 25 de agosto de 2026: tras el escándalo, borraron de urgencia la palabra “socio”.
En paralelo al cambio en el sitio web, la trastienda legal y administrativa del portal experimentó movimientos idénticos en los registros oficiales. Los datos de NIC Argentina (donde se registran los sitios web con terminación en “.ar”) evidencian que el 22 de agosto de 2026, en plena ebullición del escándalo internacional y con Cerimedo ya incomunicado en el penal de Palmasola, se ejecutaron cambios súbitos en la titularidad y gestión del dominio deLa Derecha Diario.
Registros de NIC Argentina que exponen la maniobra exprés sobre el dominio ejecutada el 22 de agosto de 2026.
Intentando blindar la estructura societaria de Negre frente a las derivaciones judiciales de la causa por tentativa de homicidio, el dominio del portal dejó de estar a nombre de Cerimedo.
Frente a este tipo de evidencias, el propio Javier Negre recurrió a operaciones de blindaje discursivo en redes sociales, buscando apoyarse en descargos de terceros para despegar su responsabilidad personal y la del portal frente al derrumbe de su socio histórico.
El descargo de Javier Negre intentando blindar su gestión tras el estallido judicial, citando a Nadia Beller.
En definitiva, el blindaje discursivo montado a través del comunicado oficial y los descargos en redes sociales carece de cualquier sustento frente a una marea probatoria irrefutable. Ninguna operación de cirugía digital, borrado de biografías o transferencia exprés de dominios puede borrar años de archivos, notas y cruces públicos donde los propios protagonistas proclamaban a viva voz una sociedad comercial y política innegable.
La maniobra de Javier Negre para simular un despegue tardío no es más que un intento desesperado por eludir responsabilidades corporativas y judiciales, dejando en evidencia que el relato oficial construido por La Derecha Diario se derrumba por su propio peso ante la contundencia de los hechos.
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