Se organiza nueva marcha opositora en CABA contra el Gobierno en la Plaza San Martín
La protesta tendrá eje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se llevará a cabo en Maipú 1210.
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Grupos nacionalistas organizan una importante gesta a llevarse a cabo en la Plaza San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ubicada en Maipú al 1210. La manifestación se realizará el próximo 19 de noviembre a las 15, en la previa del Día de la Soberanía.
Según fuentes oficiales que se comunicaron con Data24, indicaron que “se trata de un acto patrio sin banderas políticas y reclamando por la República”. Y sentenciaron: “Hay que marcarle la cancha al Gobierno, para que sepa que aún hay patriotas que piensan hacer frente”.
Publicación con el flyer de la manifestación opositora del próximo 19 de noviembre
Por otra parte, este medio pudo vislumbrar que se trata de un acto por la Soberanía, bajo el lema de “resistir para reconquistar”. En el mismo se espera llevar adelante una nueva marcha patriótica titulada “Volveremos”.
Asimismo, se espera la presencia de muchos dirigentes políticos de la oposición, aunque se ha hecho pedido expreso de no llevar banderas de espacios políticos, tan solo la que une a todos, la de Argentina.
La Plaza San Martín, en dónde se manifestarán movimientos opositores
En la previa al Mundial de Fútbol de Qatar y el Día de la Soberanía (en el cual el Gobierno ya mermó que se tratará de un día feriado), podría tratarse de una de las últimas manifestaciones del 2022 contra el Gobierno nacional. Por lo cual se espera una presencia abultada.
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“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.
Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.
En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.
“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil
Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.
Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.
-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?
–Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.
El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.
“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.
En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.
E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.
“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.
El gobierno de San Luis estableció esta semana que los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia podrán perder total o parcialmente el beneficio económico del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. La medida se formalizó mediante un decreto que el gobernador Claudio Poggi firmó para modificar la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del mencionado programa.
La nueva normativa estableció que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia. Así, los alumnos que incurran en prácticas de bullying (acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal) ya sea de manera personal o virtual, quedarán alcanzados por un esquema de sanciones que contemplará descuentos importantes en el beneficio económico, la exclusión parcial del programa o la pérdida total de las estampillas acumuladas.
Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, la normativa precisó que los alumnos que incurran en alguna de esas conductas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento del hecho.
– El gobernador de San Luis, Claudio Poggi
En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades, en un mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, el Ministerio de Educación procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta esa fecha y los ‘imputados’ podrían perder hasta 1200 dólares. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.
El decreto incorporó además la obligación de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado no solo con sus compañeros, sino también con docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, a modo de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo.
Encabezada por Guillermo Araujo, la cartera educativa señaló que el programa buscó fomentar el ahorro escolar y propuso convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las escuelas de la provincia de San Luis.
– El ministro de Educación de San Luis, Guillermo Araujo
En diálogo con medios locales, el ministro ahondó en la iniciativa: “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”.
Asimismo, sumó que la intención es concientizar acerca de que el bullying es un flagelo que “no se puede dejar pasar”.
La medida decretada por la provincia “es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias”, consideró el burócrata.
¿Cómo es el programa de ahorro del gobierno de San Luis?
El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” se implementó en San Luis en el año 2011 como un estímulo educativo y una herramienta de concientización del ahorro. Las estampillas funcionaron como un incentivo que los alumnos de escuelas públicas y privadas acumularon a lo largo de la primaria y la secundaria. Cada año, el estudiante que promocionó el grado o curso anterior recibió la estampilla correspondiente y la coleccionó en una libreta. En el nivel primario, cada estampilla tuvo un valor equivalente a u$s50; en el nivel secundario, las estampillas valieron u$s100 de 1º a 6º año y u$s300 en el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logró un ahorro equivalente a u$s1.200, que pudo canjear en pesos para financiar estudios superiores o emprendimientos.
El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.
Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”.
La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.
La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.
Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”.
Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”.
EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN
El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes.
Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios.
Tras las sanciones impuestas por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) al equipo de Estudiantes luego del polémico “pasillo de honor” de espaldas a Rosario Central, la senadora electa Patricia Bullrich volvió a cuestionar con dureza a la conducción del fútbol argentino y advirtió que analizará la transparencia del organismo desde el Senado.
En diálogo con Radio Mitre, horas antes de asumir su banca, Bullrich aseguró que existen “muchas irregularidades” en la AFA y apuntó directamente contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total”, afirmó de manera contundente. “Me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, agregó.
El conflicto estalló por una muestra simbólica de rebelión. En la previa de un partido reciente, el plantel de Estudiantes de La Plata fue obligado por un protocolo de la AFA a realizar un pasillo a Rosario Central, al que la Asociación había reconocido como “campeón” mediante una resolución administrativa —una decisión percibida por muchos como un título de escritorio, motivado ya sea por el liderazgo en la tabla anual o por una validación en asamblea. Los jugadores de Estudiantes, alineados con su presidente Juan Sebastián Verón —histórico crítico de la gestión de Tapia— cumplieron el pasillo pero se plantaron de espaldas frente a los futbolistas de Central, transformando el gesto de cortesía en una protesta visible.
La AFA consideró la acción una ofensa grave y respondió con sanciones ejemplares, suspendiendo a Verón por seis meses, aplicando dos fechas de sanción a los jugadores involucrados y ordenando una multa económica junto a la reducción del aforo de público.
Fueron citados los 11 jugadores que participaron del pasillo y Lucas Alario, quien apareció en las imágenes televisivas advirtiendo a los rivales sobre la acción pese a no haber ingresado. Sin embargo, Estudiantes resolvió que ningún futbolista declarará de manera individual.
Puso la lupa sobre el entorno del titular de la AFA y cuestionó el sistema de conducción interna, argumentando que “está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias. ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?”.
En relación al episodio que desató el conflicto, Bullrich consideró desproporcionadas las sanciones aplicadas al club platense. “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Es una cosa increíble”, expresó. Y añadió: “¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a otros quien actúa fuera de la ley?”. Por último, la senadora señaló que la AFA mantiene una relación de dependencia con los clubes: “Los tiene de rehenes. Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad”, concluyó.
El club platense alega que la normativa que permitía sancionar al club y a los jugadores por un “pasillo incorrecto” no existía antes del partido. Para la defensa de Estudiantes, la AFA habría cargado el Boletín Oficial 6625 (con la nueva regla sancionatoria) al sistema web después de terminado el partido, pero con una fecha anterior, siendo creado y editado el 23 de noviembre a las 19:21.
Estudiantes califica esto como un “delito cibernético” y falsificación de documento público para justificar un castigo retroactivo después del triunfo 1-0 en los cuartos de final del Clausura, y que solo a partir de ese momento quedó accesible para consulta.
El municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, gobernada por la intendente Mariel Fernández del Partido Justicialista por Unión por la Patria (UxP), aprobó una nueva ordenanza fiscal que establece una tasa municipal denominada “Aviso de Obra”, la cual grava los trabajos de mantenimiento y reparación en viviendas particulares.
La medida fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante del año, en el marco del tratamiento del presupuesto municipal y la reforma fiscal prevista para 2026.
Los artículos 224 y 225 de la ordenanza establecen que deberán pagar la tasa quienes realicen revoque, limpieza o pintura de fachadas principales en cualquier hogar, como cambio de revestimientos y soldaduras externas; trabajos en vereda exterior y cerco perimetral; o desmonte y/o relleno de espacios. Resulta particularmente insólito que la medida grave labores de mantenimiento ordinario —y no grandes obras constructivas—, de modo que tareas tan mundanas como pintar el frente de una vivienda o reparar una reja perimetral quedan alcanzadas por la tasa.
Los vecinos expresaron indignación, argumentando que lejos de incentivar el mejoramiento urbanístico, la tasa castiga a quienes desean vivir mejor e invertir en sus propias viviendas. Algunos incluso compararon la medida con el absurdo episodio de Los Simpsons donde el alcalde de Springfield impone impuestos ridículos.
Los empleados municipales reportaban que “hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes” y demandaban paritarias y bonos extraordinarios. El municipio debe financiar servicios básicos (alumbrado público, infraestructura, seguridad) con recursos limitados.
La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA) calificó la medida como una política de “afanar” a los vecinos y comparó a Moreno con Bolivia, argumentando que Fernández estaba buscando “afear más su municipio” al desincentivar mejoras en las viviendas.
Para entender la medida es crucial conocer la situación financiera de Moreno. El municipio atraviesa una crisis fiscal aguda, caracterizada por una reducción drástica de sus ingresos propios —los recursos tributarios locales han caído en relación con la coparticipación provincial— y por una fuerte dependencia de transferencias provinciales que limita su autonomía fiscal. A esa fragilidad se añadió un ajuste en las transferencias a raíz de las políticas del gobierno nacional del presidente Javier Milei, que ha reducido los fondos hacia provincias y municipios y trasladado la presión fiscal a los gobiernos locales.
Además, la ordenanza fiscal 2026 incorpora un sistema de indexación trimestral de tasas vinculado al IPC —con una estimación aproximada del 10% para enero y del 35% al cierre del primer trimestre—, y esa cláusula de actualización automática agrava aún más la carga tributaria.
El oficialismo argumenta que esta medida simplemente “explicita lo que se cobra” —refiriéndose a derechos de construcción que existen en todos los municipios— y busca “generar exenciones para sectores de menores ingresos”.
En efecto, el derecho de construcción es un tributo tradicional en municipios argentinos, basado en la valuación de metros cuadrados de edificación. Sin embargo, existe una diferencia crucial, ya que mientras que los derechos de construcción típicamente se aplican a construcciones significativas (nuevas estructuras o ampliaciones substanciales), lo que Moreno está haciendo es cobrar tasas por mantenimiento ordinario, que históricamente estuvieron exentos.
No es la primera vez que se ven intentos de ampliar la base tributaria municipal en Buenos Aires. El municipio de Pilar aprobó recientemente una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre compras en comercios, lo que provocó una respuesta pública del ministro de Economía Luis Caputo instando a los ciudadanos a “compren en otro lado”.
La Unión Industrial Argentina ha documentado que la ausencia de contraprestación es uno de los principales problemas de las tasas municipales —entre 2021 y 2024, la queja sobre la falta de servicios a cambio subió del 51% al 81%—.
La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.
Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.
No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.
Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.
A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.
La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.
La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
