Salta: Un informe revela que las denuncias por abuso policial superaron las del 2021
Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta reveló que en lo que va de este año se presentaron 1388 denuncias en la provincia, cifra superior a las registradas durante el año pasado.
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Un informe llevado a cabo por el medio Nuevo Diario de Salta, reveló que las denuncias por abuso policial, superaron a las cifras del año pasado. Del total, la mayoría corresponde al Distrito Centro, seguidas por Tartagal y Orán, y menos de la mitad de éstas fueron remitidas a Derechos Humanos para su tratamiento.
En este contexto existen graves denuncias por parte de organismos, como el Comité de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, que recientemente inició una investigación sobre la muerte de tres internos de servicios penitenciarios por causas no naturales. A esto se le suma otro de los datos más reveladores, consiste en que, de la totalidad de las denuncias, solamente hubo 116 imputados, 16 condenados, de los cuales sólo 6 cumplen prisión efectiva.
Los casos de abuso policial en Salta aumentaron en relación al año pasado
Los siguientes números corresponden al presente año, desde enero a la fecha 2/11/22. El total de ingresos corresponde a 1388 denuncias en la provincia. De las cuales: 1110 corresponden al Distrito Judicial Centro, 154 corresponden a Sede Tartagal, 101 a Sede Orán 23 abarcan a Sede Metán.
El total de averiguaciones preliminares (AP) fueron 198. Hubo 388 comunicaciones con el Juzgado de Garantías y otras situaciones; mientras que actuaciones provenientes de otras fiscalías y remitidos a Derechos Humanos fueron 476 ingresos. Los legajos en trámite suman 23 solamente, entre personal policial y penitenciario. El total de imputados fueron 116, los que alcanzaron sentencias 16 condenados, 6 de los cuales son de cumplimiento de prisión efectiva y 6 absoluciones.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
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Karina Milei teme debutar como estratega política del gobierno de su hermano con una derrota aplastante. Es la posibilidad que este miércoles conmovió a la Casa Rosada cuando llegaron las primeras encuestas sobre las elecciones de este domingo de convencionales constituyentes en Santa Fe.
Se trata de la elección que abre el calendario electoral y según los números que maneja el gobierno, su candidato el diputado Nicolás Mayoraz puede terminar tercero o cuarto. Incluso Rosario, el ex periodista y libertario bullrichista Juan Pedro Aleart podría perder ante el candidato del intendente Pablo Javkin.
Los sondeos de cierre coinciden que el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza cómodamente la intención de votos con 40 puntos, duplicando al peronista Marcelo Lewandowski y relegando al libertario Mayoraz al tercer lugar que podría bajar al cuarto o quinto puesto con Amalia Granata, si el candidato de la segunda lista peronista, Juan Monteverde, sigue creciendo en Rosario.
El impacto de una eventual derrota sobre Karina y los Menem es total porque ellos monopolizaron el armado en Santa Fe, con una dosis de capricho alta que incluyó boicoter la alianza con Granata, que propiciaba Santiago Caputo. Este miércoles, Romina Diez, la delegada de Karina en Santa Fe, tuvo que improvisar un cierre de campaña con caravana y bengalas sin la hermana del presidente, a quien ahora tratan de salvar de una catástrofe.
Es que Karina Milei saboteó todos los intentos de acuerdos con Amalia Granata y se lanzó a la aventura con libertarios puros con la convicción de que el sello ganaba caminando. Pero la estrategia falló y Mayoraz enfrenta el próximo domingo una pelea reñida.
En Casa Rosada ya activaron las defensa para intentar amortiguar el impacto sobre Karina. La idea es adjudicarle la derrota a Lule Menem, quien sugirió el nombre de Mayoraz para encabezar la lista. Una situación que Santiago Caputo piensa aprovechar al máximo por su enfrentamiento con los Menem.
Además, el mal resultado amenaza con arrastrar a Patricia Bullrich y a su delegado en Rosario, Federico Angelini, que impulsaron al conductor del programa más visto de Rosario, Juan Pedro Aleart, que comenzó la campaña liderando las encuestas pero se derrumbó como un piano luego de las fallidas operaciones que intentó instalar el equipo de trolls que lidera Esteban Glavinich, hijo de una funcionaria kirchnerista devenido en libertario fanático.
Asesorado por este troll que opera bajo el nombre TraductorTeAma, Aleart primero inventó una entrevista con un supuesto empresario que terminó siendo candidato de La Libertad Avanza y después minimizó la crisis vial debido al abandono del estado Nacional.
Los malos pronósticos quedaron en evidencia este miércoles, cuando las principales figuras libertarias dejaron sola a la diputada Romina Diez que se tuvo que conformar con una gigantografía de Milei en la caravana que encabezó por Rosario, que se limitó a unos pocos autos, pero suficientes para cortar la avenida Belgrano en hora pico y generar un tremendo embotellamiento, cuando medio Rosario volvía del trabajo a sus casas.
Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos desembarcó este lunes en La Paz y Santa Elena con dos jornadas de prevención que reunieron a centenares de estudiantes preocupados por el avance de las apuestas en línea. Las actividades, organizadas por la Dirección de Control de Adicciones del Ministerio de Salud provincial, contaron con la diputada Carolina Streitenberger y el diputado Bruno Sarubi como referentes legislativos de una iniciativa que busca dotar al Estado de herramientas para frenar lo que ya califican como “una futura epidemia”.
Streitenberger explicó que “la Cámara lleva adelante una campaña, con el proyecto del cual soy autora y otros que estaban en comisión y han sido unificados”, y detalló que la demanda surgió de establecimientos educativos del Departamento La Paz, motivo por el cual se articularon las charlas con la cartera sanitaria. La primera se realizó en el salón de actos de la Escuela Secundaria N.º 15 Domingo French; la segunda, por la tarde, en el Club Urquiza de Santa Elena.
Según la legisladora, “los jóvenes son muy participativos; conviven con compañeros o familiares atrapados por plataformas ilegales y ya no ven el problema como algo lejano”. Esa realidad, añadió, los expone a “un consumo problemático que puede derivar rápidamente en adicción”.
Mientras tanto, la comisión de Desarrollo Social —que ella preside— pule los últimos ajustes del proyecto de ley que regulará los juegos en línea. “Nos quedan pocos detalles por corregir; en una reunión o dos tendremos dictamen y el texto llegará al recinto para su votación”, adelantó.
Las jornadas contaron también con la presencia de docentes, directivos, la directora departamental de Escuelas Alejandra Marusich y el director provincial de Prevención y Control de Adicciones Pablo Cymbalista. Antes de regresar a Paraná, Streitenberger y Sarubi fueron recibidos por el intendente de La Paz, Walter Martin, y concejales del oficialismo, quienes se comprometieron a respaldar la iniciativa cuando llegue al recinto.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
