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La muerte de otra niña wichí sacude a la provincia del norte. Según fuentes salteñas, el deceso fue el día miércoles de la semana pasada, pero recién el sábado pudieron trasladar su cuerpo. La pequeña de 1 año y 7 meses, ya había sido internada en el hospital de acuerdo a la Gerente General, Dra. Carolina Serrano al Programa “Gente de Radio” (LRK 438 Radio Profesional), aseguró que sus padres la sacaron del nosocomio sin permiso, por lo que se comenzó la búsqueda dentro de la jurisdicción del Área Operativa XXVIII.
Tanto el ex gobernador, Juan Manuel Urtubey, como el actual gobernador Gustavo Saenz, ignoran los decesos de la comunidad wichí y no hacen mención a ellos en sus discursos ni en políticas que aplican.
El padre de la bebé, indicó que la madre se la había llevada a Ballivián y la salud de la pequeña comenzó a desmejorar y tuvo que ser trasladada al Centro de Salud, donde fue derivada al hospital y ahí se constató su fallecimiento, que de acuerdo a los profesionales que la atendieron y tras descartar malos tratos de sus progenitores, se confirmó que la causa de la muerte fue por sepsis con falla multiorgánica y desnutrición severa. Un dato a tener en cuenta, es que la menor al momento de su muerte pesaba 5 kilos.
Dentro del Área Operativa XXVIII, ya son 12 niños wichis que fallecieron por múltiples causas, donde la más común, es la desnutrición.
*Fuente: Agenda Salta
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Un grupo de originarios wichís que se identifica con la Guardia Whasek fue el causante de violentos episodios en la Misión Nueva Pompeya. Sobre esta comunidad, el fiscal federal, Carlos Amad, señaló que detrás de esa bandera se esconde una suerte de fuerza parapolicial que porta armas y realiza controles: “Ellos se autotitulan guardia ambiental, pero están todos uniformados, utilizan autos oficiales, cargan nafta con vales oficiales, hacen controles en las rutas, detienen a personas e incluso se involucran en procedimientos federales”.
En diálogo con Radio Mitre, agregó además que él mismo los imputó por por sedición, tenencia ilegítima de armas y privación ilegítima de la libertad.
El dirigente chaqueño, Lucas Figueras, respondió los interrogantes de este medio sobre la problemática (que es de larga data y esconde trasfondos políticos) que aqueja al norte argentino. La Guardia “se armó más o menos en 2018, 2019 por ahí. Los de Whasek no es joda… están envueltos en polémicos episodios y Capitanich lo que hizo fue, en vez de combatirlos con la ley en su momento, los fue empujando y les dio cierto reconocimiento, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es plena responsabilidad de él”.
La situación económica en Chaco es complicada, “más para los pueblos originarios, que están muy afectados por la pobreza, lamentablemente. Es muy crítica la cuestión, se mueren como lauchas, no tienen para atenderse en hospitales, no hay medicamentos, no hay comida, ni viviendas, nada. Y son usados muchas veces como carne de cañón. Los wichís recibieron muchas promesas que el Gobierno obviamente no cumplió, y bueno, lo de las desapariciones de los jóvenes de la comunidad fueron la gota que rebalsó el vaso”.
Para Figueras, el tema está en que, sumado de la pésima situación en la que viven los wichís, “Capitanich expone a la Policía de Chaco ante un incumplimiento de promesas suyas, por eso se enojan los originarios”.
En los primeros días de noviembre de 2021, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió las instalaciones del hospital Iriarte junto a un séquito de asesores y periodistas elegidos a dedo por la secretaría de Prensa de su gestión.
La visita, que se enmarcó en el plan integral de Infraestructura Hospitalaria encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, finalizó con un breve discurso en el que aseguraron que la inversión en el nosocomio sería de 50 millones de pesos, apuntados a la reparación y puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica de planta baja, primero y segundo piso. Además, se remodelaría la instalación pluvial, con reparación de filtraciones en cubiertas inclinadas y losas, reparación de membranas y numerosos trabajados de demolición, albañilería, revestimiento, cielorraso, aberturas y pinturas.
Adictos a la burocrática costumbre de bautizar numerosos planes para abarcar una misma actividad, el director provincial de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, confundió el nombre del plan y lo llamó “Hospitales a la Obra”.
Poco menos de dos años después, cuando las luces de las cámaras se apagaron y las noticias pasaron a otra cosa, el hospital Iriarte de Quilmes se encuentra en deplorables condiciones. Poco y nada de lo prometido sucedió. Promesas y palabras que se las llevó el viento y se pudrieron bajo los putrefactos líquidos que aún gotean de los techos y cielorrasos del viejo hospital.
Durante el 2021, la intendente de Quilmes junto a autoridades del gobierno de Axel Kicillof anunciaron un plan de inversión de 50 millones para renovar las instalaciones. Días atrás, tuvieron que clausurar el pabellón central y las salas de pediatría porque “cae agua sin llover”.
La falta de atención por parte de los funcionarios de las gestiones de la intendente Mayra Mendoza y del gobernador Axel Kicillof respecto al Iriarte se hicieron evidentes en las primeras olas de calor, cuando tanto los familiares de los enfermos como los profesionales de la salud pidieron en vano una respuesta a las elevadas temperaturas de las salas. Finalmente, a mediados de febrero la propia cooperadora del hospital, ante el silencio oficial, decidió recolectar dinero y donar ventiladores que hicieron poco más que revolver el aire caliente del lugar.
Apenas quince días después, explotó un caño de agua que cruza los pisos superiores. El agua comenzó a correr por las escaleras y los huecos de los ascensores como si se tratara de los últimos minutos del Titanic. En pocos minutos, se inundó el pabellón de internación, las salas de pediatría y hasta el hall central. La dirección del hospital no tuvo otra opción que clausurar los espacios afectados y negarle el acceso al público.
Promesas que parecieran quedar en la nada y discursos vacíos que contrastan con la dureza de la realidad. Un relato que pareciera estirarse en el tiempo indiferente a la esperanza quebrada de aquellos que esperan la oportunidad de una vida mejor.
El intendente de General Pueyrredón, GuillermoMontenegro, presentará un reclamo contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la cesión de tierras a un grupo de unas 40 personas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la zona de El Marquesado, al sur de Mar del Plata.
Los vecinos de la zona detectaron que el grupo se había asentado en un campo de 140 hectáreas que pertenece al Estado Nacional y que había sido cedido por la AABE, que preside Eduardo Albanese.
Ante esta situación, Montenegro denunció públicamente lo sucedido y afirmó que se trata de un “atropello” por parte de la organización piquetera y política que llevó a cabo la ocupación, con el apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos.
Por su parte, Juan Grabois, líder del MTE, negó haber motorizado el hecho pero lo apoyó y acusó al intendente de Mar del Plata de querer usar el lugar para un emprendimiento inmobiliario. Montenegro respondió que “ni siquiera saben inventar mentiras que tengan algún tipo de coherencia y así lograr engañar a la gente. Esas personas las trajo una organización piquetera y política con apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos, que es el AABE. Por eso decidimos presentar denuncias penales por lo que consideramos un atropello”.
Este no es el primer caso de intento de ocupación de terrenos en la zona: en el último tiempo hubo tres situaciones similares a la actual. En dos de ellas, la justicia ordenó el desalojo correspondiente, mientras que en la tercera se encuentra en proceso de resolución.
Montenegro afirmó que hará “lo imposible” para que la ocupación no se lleve a cabo, y agregó que“por más que sea un acto administrativo, no puede ser tomado a la ligera. No puedo entregar un edificio del Municipio a un grupo de personas porque a mí se me ocurre”.
Un numeroso grupo de vecinos de distintos puntos de La Plata se reunieron el martes por la tarde frente a Casa de Gobierno bonaerense, con la intención de exigir respuestas a Axel Kicillof por la falta de agua. La protesta se inició poco después de las 18 bajo la consigna: “Sin agua, no se puede vivir”.
En este marco, los manifestantes le pidieron al Gobierno bonaerense que declare “la Emergencia Hídrica en la ciudad de La Plata” por los problemas que se vienen registrando en el normal funcionamiento del servicio. Además, se propuso presentar un petitorio, exponiendo los problemas que atraviesan los barrios en relación al agua, adjuntando firmas y exigiendo obras urgentes y saneamientos para mejorar la calidad de la prestación.
Los vecinos de La Plata reclamaron la falta de agua ante Provincia.
Este fin de semana la Asamblea Vecinal Tolosa organizó un encuentro para analizar la situación e impulsar un plan de acción para que las autoridades den respuestas inmediatas a esta problemática. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo oídos sordos.
Fue en ese marco que los vecinos resolvieron realizar una marcha a Casa de Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, con el objetivo de visibilizar los problemas y exigir respuestas concretas para hallar una solución a la falta de agua.
El 15 de junio del año pasado, 201 días después del escalofriante asesinato que conmovió a un país, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa emitió un fallo dividido que imposibilitó que se investigue el procedimiento que la jueza de Familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, llevó adelante para otorgar la tenencia de LucioDupuy a su progenitora.
Los detalles del fallo que salvó a Pérez Ballester
Luego del aberrante crimen, el STJ ordenó investigar la existencia de denuncias intrafamiliares previas, sugiriendo, por entonces, sumariar a la jueza piquense. Sin embargo, días después, el mismo Poder Judicial pampeano bloqueó la posibilidad. En el citado documento judicial, los miembros del Tribunal que votaron por archivar el expediente fueron: Fabricio Losi, Elena Fresco y Eduardo Fernández Mendía.
Afortunadamente, desde las redes sociales, millones de personas se mantienen en estado de alerta frente a cualquier novedad relacionada al caso. En ese seguimiento, a muchos pampeanos les sorprendió que el diario más conocido de la provincia, La Arena, "homenajeara" (nada más y nada menos que en el Día Internacional de la Mujer) con una nota a la magistrada Elena Fresco, quien votó en contra de la investigación de Ana Clara Pérez Ballester.
“La igualdad de género nos trasciende”: El "homenaje" de La Arena a Fresco
El artículo del pasquín oficialista expresa que Fresco"desde el 92' a la fecha llevó adelante su carrera judicial con grandes logros". Tras la laureada presentación, la entrevistada elogió la creación de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, en 2015, como la "más destacada de los últimos tiempos, sin dudas".
Finalmente, la magistrada concluyó sobre el 8M: "Más que un mensaje, lo que quiero dejar es una idea, de que es necesario trabajar en forma permanente, y no momentáneamente, por la igualdad de género y por la perspectiva de género, porque es un tema que nos trasciende". Perspectiva de la que careció el último fallo sobre el caso Lucio, donde si bien Fresco 'no tiene' participación, corresponde al poder que pertenece.
El barrio Las Heras de Mar del Platapadece una nueva toma de terrenos a menos de 6 meses de la última, en donde las familias se habían instalado en tierras municipales. En esta oportunidad, la zona tomada es en Fortunato de la Plaza entre Vignolo y Olazar, donde casi 50 núcleos de personas se instalaron en busca de un lugar donde vivir.
La concentración inició el pasado domingo con 2 personas y rápidamente un centenar se sumó con carpas para delimitar las tierras. Esta situación se dio a conocer porque varios vecinos dieron aviso a las autoridades quienes el miércoles pudieron acercarse para charlar con los ocupantes del terreno.
No hay reclamo que justifique un delito. Ni un corte de calle, ni la violencia, ni la toma de terrenos. Sé que muchos vecinos tienen miedo, y sé del esfuerzo que conlleva tener una casa propia.
Al respecto, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se refirió a la toma en cuestión y dijo en sus redes sociales: “Quiero que sepan que siempre voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para frenar situaciones como las que están viviendo los vecinos del barrio Las Heras, y espero que la intervención de la Justicia pueda frenar estas acciones”.
“No hay reclamo que justifique un delito. Ni un corte de calle, ni la violencia, ni la toma de terrenos. Sé que muchos vecinos tienen miedo, y sé del esfuerzo que conlleva tener una casa propia”, sentenció el jefe comunal.
Negreabas a tu empleada y la quisiste callar con un contrato o un subsidio. Viqui, aunque sea cállate y seguí cobrando como Subsecretaria de coso con Kicilloff https://t.co/0ZOn8pYL1c
