Salta: En Misión Chaqueña no tienen agua desde hace varios días y con más de 40° de calor la situación empeora
Desde 2020 que los habitantes de la comunidad esperan la inauguración de obras de cañería para la cual se destinaron $30 millones, pero aún no han finalizado.
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En el interior de Salta, más precisamente en Misión Chaqueña (localidad del Departamento General San Martín), desde hace días que sufren la falta de agua y las altas temperaturas que rondan los 40°. Desde marzo de 2020, se realizan obras en el lugar para mejorar el sistema hídrico, sin embargo, los habitantes denuncian que la empresa “Rojo Constructora SRL” realizó trabajos deficientes que solo complican el abastecimiento.
“Ayer y hoy no hubo agua en todo el día, pero esto viene fallando desde hace dos semanas. La empresa Rojo Constructora no puede entregar la otra, ni inaugurarla. Días atrás se prendían las dos bombas y reventaban los caños. Cuando se prende una sola, no hay presión y no le llega agua a la mitad del pueblo”, remarcó Omar Gutiérrez, habitante de la comunidad al medio Cuarto Poder.
Salta, Comunidad Misión Chaqueña
“Ya pasó mucho tiempo que venimos denunciando que la obra está mal. Vino AFIP a controlar y también inspectores de la provincia. Los que sufrimos somos nosotros. Con más de $30 millones se tendría que poder hacer una muy buena obra, pero no es así”, remarcó Gutiérrez.
Además de los problemas hídricos, la comunidad sobre el deplorable estado de las calles: “En esta época de lluvia se atascan los vehículos. La empresa decía que iban a rellenar la parte donde va el sistema de cañerías, pero nunca lo han hecho. Ahora cuando hay lluvias es intransitable. Es una burla a nuestra comunidad por parte de la empresa y el Gobierno de Salta”, finalizó Omar.
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En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
El gobierno de Javier Milei convocó el lunes 19 de mayo a audiencias públicas para adjudicar a empresas privadas más de 4.400 kilómetros de rutas hoy administradas por Corredores Viales S.A. La Resolución 827/2025, publicada en el Boletín Oficial, abrió la inscripción hasta el 9 de junio en la página de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Corredores Viales gestiona más de 6.000 kilómetros —un tercio del tránsito de la red troncal— e incluye tramos clave como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná en Rosario y alrededores. Tras la adjudicación, la compañía estatal entrará en disolución y liquidación, según el procedimiento que conduce el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
“Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, respecto del Proyecto ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’”, estableció la resolución.
La Etapa II del plan forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC) y contempla ocho tramos situados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Vialidad precisó que el esquema “fue reconfigurado en base al análisis de las necesidades y potencialidades de los futuros concesionarios” y destacó que “se amplían las posibilidades de adjudicación a distintas empresas y se mantiene la transparencia y competencias en pos del beneficio general”.
CALENDARIO DE AUDIENCIAS
Miércoles 11 de junio, 10 h – Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal (Petracchi 646, San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires): Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur.
Jueves 12 de junio, 10 h – Complejo Deportivo Municipal General San Martín (RN 7, Junín, provincia de Buenos Aires): Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano.
Viernes 13 de junio, 10 h – Auditorio Municipal Rafael de Aguiar (Maipú 22, San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires): Tramos Portuario Sur y Portuario Norte.
La RFC se organizará en tres etapas. La primera, ya concluida, abarcó 700 kilómetros del ex Corredor 18 (Ruta del Mercosur). La segunda licitará los 4.400 kilómetros anunciados y la tercera sumará otros 4.170 kilómetros. En total, el programa comprenderá 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos, equivalentes al 20 % de la red nacional y al 80 % de su tránsito.
“Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, remarcó la DNV.
El organismo vial tomó posesión el 9 de abril de la Ruta del Mercosur luego del vencimiento del contrato con la ex concesionaria CRUSA. Inició relevamientos del estado de los caminos y suspendió el cobro de peajes hasta que el tramo vuelva a licitarse, proceso que fuentes oficiales estimaron entre septiembre y octubre.
“En esta instancia, se dio lugar a las consultas, propuestas e inquietudes de usuarios, vecinos y agrupaciones del sector. Sumado a ello, se realizó un Data Room donde los oferentes interesados participaron para expresar sus opiniones y proyectos. En base a esto, se analizó la documentación propuesta y se confeccionó la Versión 2 de los documentos preliminares”, añadió Vialidad.
Con las audiencias de junio, la gestión libertaria avanzó en su objetivo de transferir a operadores privados los corredores más transitados del país y concluir la liquidación de Corredores Viales S.A.
En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.
Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.
El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.
Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.
La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.
La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.
El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.
El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.
Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.
Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).
Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
El gobernador formoseño Gildo Insfrán, en la inauguración de una sencilla sala de primeros auxilios en General Mansilla, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional y la gestión del presidente Javier Milei.
“Cuando vemos que a nivel nacional se regocijan los funcionarios anunciando que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia, limitando la asistencia médica para extranjeros”, afirmó Insfrán, añadiendo: “Esto es algo que en Formosa no se sufre.”
Hasta el momento cuatro provincias fronterizas (Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz) ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes, lo que ha reducido notablemente la atención a este grupo en esas regiones al 10%, años anteriores era del 100% las consultas.
En la misma apertura, Agustín Samaniego, figura política relevante en la provincia, destacándose como Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) y como un firme defensor del modelo político implementado por Insfrán, subrayó que tienen “el mejor sistema de salud y educativo” del país.
“Cuando lo dice el gobernado, imagino el llanto de muchos a los que les duele que sea así”, destacó Samaniego. “(Formosa) es primera en educación y ha superado a todas las provincias, Córdoba, Capital Federal”, agregó, siendo enfático en que “el futuro es Formosa, un modelo mundial con el que hemos hecho muchas cosas”.
Sin embargo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que el 7,7% de los estudiantes de tercer grado no saben leer y el 55% no alcanza un nivel satisfactorio en lectura seguida, ubicando a Formosa entre las provincias con mayores dificultades en alfabetización. Esto revela una problemática estructural que aún persiste a pesar de haber “hecho muchas cosas”.
De igual forma, aunque la asistencia escolar está mayormente garantizada, especialmente en niveles inicial y primario, existen brechas en la escolarización temprana (3 años) y en la continuidad escolar en niveles superiores, con una caída en la tasa de escolarización en salas de 3 años en Formosa entre 2022 y 2024.
Formosa también enfrenta una crisis en salud pública, con desmantelamientos de áreas fundamentales, despidos y recortes en medicamentos y vacunas, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. En 2025, Formosa concentra el 90% de los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en la región NEA, con 343 casos confirmados, concentrando la curva epidémica de forma desmedida. También se reportan casos de infecciones respiratorias agudas, como influenza y neumonías, con una tendencia en ascendente en hospitalizaciones por influenza en las últimas semanas, valores altos en comparación con 2024.
Kicillof abandonó por completo a los bonaerenses, lo mal que tiene que estar para hacer punterismo político electoral en medio de una catástrofe como la de estos días. https://t.co/lBFBR5foLr
