Salas de espectáculos y bailes permitidos: Fernando Muro y el proyecto en apoyo a los gastronómicos en Mar del Plata
Desde Propuesta Republicana (PRO) se propuso el baile permitido y libre uso como sala de espectáculos para los establecimientos tras la caída nocturna.
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Desde el Municipio de General Pueyrredón (MGP) se presentó un proyecto con una enorme serie de modificaciones en la ordenanza vigente para locales gastronómicos. Con lo cual se trataría de dar amplitud en las condiciones actuales que limitan la actividad: con un profundo foco en permitir baile y el libre uso como salón de eventos.
La idea provino del concejal de Vamos Juntos, Fernando Muro, quién recibió el apoyo por parte del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. La cual también deja que haya actuación de deejays, extensión del horario y demás permisos que estaban haciendo caótica la nocturnidad para los empresarios.
“Cuando decimos que en Mar del Plata tenemos todo ¡es porque es así!”
El edil que ya fue noticia por la propuesta de eliminar impuestos a las actividades comerciales en bienes patrimoniales, aseveró que “la ciudad cuenta con un gran potencial para la generación de espectáculos convirtiéndose estos en un importante elemento de promoción y, a su vez, en una gran fuente de empleo para los vecinos”.
Vale recalcar que el mayor cambio surge en que el baile volvería a estar habilitado, aunque bajo una confusa figura. La actual norma, sancionada en 2001 bajo el Gobierno de Elio Aprile, lo prohíbe taxativamente, mientras que la nueva lo permite, siempre y cuando no sea estimulado por parte del comercio.
El concejal y referente de Propuesta Republicana (PRO), Fernando Muro
Asimismo, en el proyecto se amplían los tipos de shows habilitados, dado que la actual ordenanza sólo contempla músicos (solistas y grupos), grupos de bailes o bailarines solistas, representaciones teatrales y títeres. Ahora, la propuesta de Muro agrega musicalizador o Disc Jockey y performance y disciplinas que requieran de un espacio escénico o estén patrocinadas por el comercio.
La propuesta del concejal de Vamos Juntos también determina que se extenderá el período de validez de los permisos, de los actuales 3 meses a un año, siendo además prorrogable “automáticamente sin límite de tiempos mientras se cumpla con la reglamentación y no medien infracciones derivadas de los espectáculos referidas a ruidos molestos”.
El proyecto presentado fue apoyado por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro
Por el momento, este tipo de espectáculos estaban habilitados para locales que no excedían las 150 personas, a excepción de aquellos cuya actividad sea la de expansión nocturna.
Este punto es eliminado de la nueva ordenanza, por lo que no habrá límite según capacidad de aforo. Incluso se flexibilizan las condiciones para comenzar con los shows, dado que el titular podrá realizar eventos en modalidad “a prueba” con la sola iniciación del trámite y con el pago de la tasa de derechos de espectáculos, con una etapa de hasta 3 meses.
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El consumo interno de carne vacuna cerró la primera mitad de 2026 con su registro más flojo en tres décadas. El dato se desprende del informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la entidad que agrupa a los frigoríficos y comercializadores del sector. El abastecimiento del mercado doméstico cayó 11,5% interanual entre enero y junio. En números concretos, el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso: casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025.
El promedio de los últimos doce meses del consumo por habitante quedó en 47 kilos al año, 8,2% por debajo del nivel de un año atrás. En la práctica, cada argentino comió 4,2 kilos menos de carne vacuna que en junio de 2025.
Para la cámara la explicación central estuvo en el bolsillo. La caída del 11,5% es “producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, señaló Ciccra.
Los datos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que Ciccra recopila mostraron por qué. En doce meses, el rubro carnes y derivados aumentó 45%,muy por encima del 33,4% que acumuló el índice general de precios al consumidor en el mismo lapso. Dentro de ese rubro, los cortes vacunos treparon 53,6% anual, mientras que el pollo entero —su principal competidor en la góndola— subió apenas 29,9%. Esa brecha empujó a muchas familias a comprar menos kilos o a inclinarse por el pollo.
El golpe se sintió con fuerza en los cortes más populares. En la comparación interanual a junio, la carne picada común encabezó las subas con 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Detrás quedaron la paleta (53,6%), el cuadril (53,2%) y la nalga (50,9%). La caja de hamburguesas congeladas aumentó 58,7%.
A la presión de los precios se sumó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, casi 9% menos que un año atrás, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda que la industria arrastra desde hace tiempo. Esa menor faena derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas res con hueso, con una baja de 6,2% interanual.
Ese cuello de botella tuvo un origen preciso. El informe de mayo de la propia cámara lo atribuyó a una fase de tres años de intensa liquidación de existencias, en la que los productores enviaron a faena más hembras de lo habitual, como respuesta a una sucesión de eventos climáticos adversos que golpearon al campo desde 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado.
La producción, sin embargo, no cayó al ritmo del consumo, porque las exportaciones tomaron el camino inverso. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior sumaron 408,6 mil toneladas res con hueso, 10,2% más que en 2025. Así, una porción mayor de la carne producida en el país viajó a los mercados externos y quedó menos disponible para las carnicerías locales: la proporción destinada a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la volcada al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.
EL PISO DE TRES DÉCADAS
Al mirar la serie histórica, que arranca a mediados de los años noventa, el primer semestre de 2026 apareció como el más bajo en materia de consumo interno. Ni los años más duros de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían mostrado un abastecimiento doméstico tan magro. La cámara aclaró que, como actualiza y corrige la serie con el tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros.
El deterioro se profundizó mes a mes. En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente ya mostraba una caída de 11,1% interanual, con un per cápita de 47,5 kilos; al sumar junio, el retroceso se estiró hasta 11,5% y el promedio por habitante bajó a 47 kilos.
El resultado llegó, además, en un momento bisagra para el sector. Ciccra viene marcando que la ganadería argentina podría estar cerrando esa fase de liquidación de tres años y entrando en una etapa de recomposición del rodeo. En los últimos meses, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en junio, apenas por encima del rango que la industria considera necesario para sostener el stock, y un nivel que no se veía desde junio de 2021. Por ahora, esa transición todavía no se reflejó en el consumo, que siguió en baja.
Juan Carlos Valiente, excombatiente de la Guerra de Malvinas y militante de La Libertad Avanza en Chaco, presentó una denuncia penal contra la cúpula provincial del partido por una presunta estafa y retención indebida de 15 mil dólares. Habría sido usado para afrontar el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires destinado al entonces diputado nacional electo Carlos García.
“Le facilité, le presté por un mes. Hace exactamente dos años y medio le presté una suma de dinero en efectivo. La charla era devolución al mes siguiente, a lo sumo dos meses. A partir de eso, se borraron”, afirmó Valiente al medio Alerta Urbana.
Los denunciados son Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, y Jorge Alfredo Moreno, tesorero de la agrupación, imputados por los delitos previstos en los artículos 172 (estafa) y 173 inciso 2 (retención indebida) del Código Penal.
— Alfredo “Capi” Rodríguez en los estudios de la emisora LT16am950
Según la denuncia, Valiente entregó ese dinero en efectivo el 22 de diciembre de 2023 bajo la modalidad de préstamo, con la promesa de devolución en un plazo máximo de dos meses. El excombatiente relató que aceptó prestar el dinero porque confiaba en los referentes partidarios, quienes le habrían asegurado que recibirían aportes privados para cubrir gastos de la actividad política y así devolverle la suma.
Este tipo de denuncia se encuadra en la figura penal conocida como “retención indebida”, que no requiere una intimación formal para configurarse, siendo que basta con que el que recibió la cosa bajo obligación de devolverla, conociendo esa obligación, no la restituya en el plazo pactado.
“Me cagó”, destacó Valiente y agregó que “¿cómo alguien puede quedarse con la plata que uno le prestó de corazón, sin pedir intereses, solamente para darle una mano?”. “Era mi ahorro como Veterano de Malvinas”, añadió.
Este episodio se suma a una serie de medidas judiciales que ya venían golpeando a la conducción de LLA Chaco, lo que ayuda a entender el contexto de desconfianza en el que se inscribe la denuncia de Valiente.
— Alfredo Moreno
La Justicia Federal de Resistencia procesó en diciembre de 2025 a Alfredo “Capi” Rodríguez por falsedad ideológica de documentos públicos, tras detectar al menos 65 fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas. La pesquisa apuntó además al uso de bases de datos de ANSES y PAMI para inflar el padrón partidario.
“Es un impresentable, es un ladrón pequeño. Es un delincuente. El que estafa es un delincuente. A mí me estafó”, sostuvo Valiente, cuando se le preguntó por su opinión actual del dirigente libertario.
En paralelo, el fiscal Patricio Sabadini investiga si Rodríguez exigía “retornos” o un porcentaje del salario a trabajadores de PAMI y ANSES bajo amenaza de despido, como mecanismo de financiamiento paralelo del partido.
La causa también derivó en un allanamiento a Sakura Turismo, empresa vinculada a Jorge Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco y tesorero de LLA. En agosto de 2025, la Justicia secuestró computadoras y documentación en el marco de esa investigación.
— Juan Carlos Valiente. veterano de Guerra de Malvinas e integrante de la Comisión Directiva de LLA Chaco
A la interna partidaria se sumó otro frente de conflicto con la vicepresidenta de la fuerza, Ileana Aguirre, quien había sido expulsada por la conducción de Rodríguez en agosto de 2025. Sin embargo, en diciembre la Justicia Electoral anuló esa sanción por entender que el órgano que la dictó carecía de competencia y la restituyó en el cargo. Aguirre fue asu vez una de las primeras en denunciar públicamente que Rodríguez y Moreno administraban los llamados “aportes voluntarios” del partido.
“Todo el partido sabe que me deben los 15.000 dólares. Que venga cualquiera y me diga en la cara que no es verdad”, resaltó Valiente, subrayando que durante todo este tiempo reclamó el dinero mediante conversaciones personales, mensajes de WhatsApp, intimaciones y hasta con una carta documento sin ninguna respuesta.
No obstante, se le preguntó al mismo destinatario al que iba destinado el dinero Carlos García, y este negó haber recibido tal suma para solventar su estadía en Buenos Aires. La nota se produjo días después de las declaraciones realizadas por Valiente y en esta ocasión García contó que, al asumir su banca, permaneció durante varios meses en el departamento de una familia amiga y que posteriormente alquiló por sus propios medios distintas viviendas.
¿Por qué importa el rol de los involucrados?
Alfredo “Capi” Rodríguez no es solo el presidente de LLA en Chaco, es además Director Regional de ANSES para las cuatro provincias del NEA, un cargo público que la Justicia investiga por su presunta utilización para fines partidarios. Jorge Alfredo Moreno, el tesorero denunciado, ocupa en paralelo el cargo de coordinador administrativo de PAMI Chaco, y ya figuraba como parte del “círculo cercano” de Rodríguez en la causa por afiliaciones apócrifas antes de esta por los 15 mil dólares.
— Diputado nacional chaqueño por LLA, Carlos García junto a Karina Milei
Valiente es una voz activa entre los veteranos chaqueños que reclaman que se distinga a quienes efectivamente combatieron en Malvinas de aquellos “movilizados” que permanecieron en el continente. Junto a otros excombatientes, Valiente sostiene que el padrón oficial de la provincia incluye a 3.700 personas reconocidas, cuando solo unas 1.000 habrían estado realmente en las islas durante el conflicto de 1982. En julio de 2026, ese mismo grupo de veteranos presentó ante la Justicia Federal de Resistencia —a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la misma magistrada que procesó a “Capi” Rodríguez— un pedido para investigar la atribución indebida de títulos y honores reservados a los verdaderos combatientes.
La denuncia de Valiente se produce en un momento de fuerte tensión interna en el armado libertario chaqueño, que ya venía siendo señalado por sectores del propio partido —incluidos más de 300 afiliados que en 2025 pidieron la intervención del distrito por el manejo “autocrático” y “de facto” de Rodríguez. El caso también se da en paralelo a una interna nacional de LLA entre los sectores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina bajo la órbita de Karina Milei, los Menem y el ministro de Economía Santiago Caputo, que ha expuesto tensiones similares de manejo de fondos y estructuras partidarias en otras provincias, como La Pampa.
Cinco corredores estratégicos que conectan el Área Metropolitana, zonas productivas bonaerenses y destinos del interior pasaron a gestión privada. La concesionaria Corresur asumió la operación de una red de 1.325 kilómetros que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
El cambio responde a la Red Federal de Concesiones Viales impulsada por el Gobierno nacional para modificar el esquema de operación y mantenimiento. El modelo elimina los subsidios estatales para la gestión cotidiana y obliga a las empresas a asumir el riesgo operativo bajo estándares de seguridad y servicio.
Uno de los cambios con mayor impacto para los usuarios será la modernización del sistema de cobro de peajes. Desde el inicio de la concesión, las estaciones de peaje dejarán de aceptar pagos en efectivo de forma definitiva y funcionarán sólo mediante medios electrónicos y automáticos.
La primera etapa del plan abarcará las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los conductores deberán abonar obligatoriamente a través de TelePASE, tarjetas de crédito o débito, con tecnología contactless (sin contacto) o mediante códigos QR vinculados a billeteras virtuales habilitadas.
Cabina de Telepase + pago electrónico (tarjetas, celulares con NFC, etc.).
Inversión y tarifas bajo la lupa
La empresa privada avanzará con un plan de recuperación vial que incluye tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización y reemplazo de elementos de seguridad. Las obras prioritarias comenzarán en sectores de las rutas 205, 226 y 3, con intervenciones previstas inicialmente sobre 431 kilómetros de la traza, sumado a trabajos de mantenimiento en iluminación, semaforización, alcantarillas y puentes.
El Estado nacional continuará fijando las tarifas de los peajes mediante una actualización trimestral basada en los datos de la inflación. En las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, el último ajuste elevó la tarifa para automóviles de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura a $1.300 en horario normal y $1.500 en hora pico, un costo que impactará sobre una red estratégica que conecta el Área Metropolitana con zonas industriales, centros logísticos y destinos turísticos provinciales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su informe sobre Proveedores No Financieros de Crédito, un segmento que incluye billeteras virtuales, fintech y plataformas de economía digital. En ese informe, el organismo dedicó un apartado específico a la llamada “economía gig” —término en inglés para los trabajos por encargo o “a la demanda”, como el delivery, la cadetería o el transporte de pasajeros—.
El dato central del estudio es la explosión de deudores. La cantidad de repartidores que accedieron a créditos otorgados por las plataformas para las que trabajan creció 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a aumentar otro 122% a lo largo de 2025.
“Las firmas multinacionales utilizan estos esquemas financieros como un mecanismo de presión operativa”, afirmó Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), denunciando que las tasas de interés anuales podrían llegar al 700% anual en 2026.
La flexibilidad horaria es una de las marcas más visibles de la “economía gig”, ya que no existe un horario fijo y, al menos en teoría, el trabajo se realiza cuando cada persona decide pedir algo. A ello se suma un vínculo laboral atípico, en el que la relación no se encuadra en un contrato de empleo tradicional, sino que el trabajador aparece registrado como independiente o monotributista. En paralelo, la digitalización total del dinero ordena cada cobro y cada pago a través de la aplicación, dejando además un rastro financiero propio.
Ese tercer punto es clave. Como todos los movimientos de dinero son digitales, la plataforma acumula datos de comportamiento financiero de cada repartidor, como cuántos pedidos hace, en qué horarios, qué calificaciones recibe. Eso funciona como un scoring alternativo —un puntaje crediticio— para otorgar préstamos a quienes los bancos tradicionales ignorarían por falta de historial formal.
Solo en dos años, el universo de trabajadores endeudados con sus propias apps se multiplicó a una velocidad inusual. A fines de 2025, la deuda promedio por repartidor monotributista se ubicó en $900.000, mientras que para los comercios adheridos a esas mismas plataformas el promedio era siete veces superior.
⚠️ALERTA REPARTIDORES: Esclavitud financieraRappi y Pedidos Ya promueven préstamos a tasas abusivas de más del 700% anual para explotar repartidores por aplicación ¡Mira las placas y lee el comunicado completo! pic.twitter.com/iatwZwPhw4
Pedidos Ya —la empresa más activa en este segmento— confirmó que desde 2022 otorgó 57.000 préstamos por un total de USD$84 millones. El 54% de ese monto fue a comercios, y el resto, a repartidores individuales. Para acceder al crédito, los repartidores deben cumplir con métricas de desempeño dentro de la app, ya fuese antigüedad, tasa de aceptación de pedidos, calificación de usuarios y disponibilidad en horarios de alta demanda.
La mayoría de los préstamos tiene un destino concreto para comprar, reparar o mejorar la bicicleta o la moto con la que el repartidor trabaja. Es decir, el trabajador pide prestado para mantener la herramienta que le permite seguir generando ingresos para pagar el préstamo que sacó para comprar esa herramienta. Un círculo que se retroalimenta e incrementa con el tiempo la deuda.
No es casualidad que los créditos están dirigidos a quienes más horas trabajan y más disponibles están en horarios pico. Desde Pedidos Ya lo presentan como “inclusión financiera” para personas que no califican para un banco tradicional —por falta de recibo de sueldo, historial crediticio o documentación— ahora tienen acceso a préstamos. El argumento tiene algo de real, siendo que un repartidor sin acceso a ningún crédito formal que necesita arreglar su moto, en el pasado solo podía acudir a un prestamista informal con tasas aún más abusivas o pedir fiado en el taller.
El problema está en el precio de ese acceso. Las plataformas responden que sus tasas son “competitivas dentro del segmento de entidades no bancarias”. El BCRA, en su informe, no publicó las tasas individuales de cada empresa y con una tasa anual del 700%, la cuenta se vuelve rápidamente asfixiante. Traducido a términos concretos, si un repartidor toma un préstamo de $900.000, el promedio mencionado, a seis meses, el interés acumulado puede terminar superando con amplitud el capital original.
La economista Lucrecia Simes lo sintetizó al describir que “si un trabajador pide USD$500 para arreglar la moto, paga USD$800 de intereses y termina trabajando más horas para la misma plataforma durante seis meses, eso no es inclusión. Es captura.”
Cabe aclarar que la tasa del 700% es el techo denunciado por el sindicato, no la única tasa. Las plataformas ofrecen distintas condiciones según el perfil del repartidor.
El mecanismo de cobro
Uno de los puntos más relevantes para entender el modelo es que las cuotas no se pagan como en un banco. No llega una factura, no hay fecha de vencimiento que el repartidor tenga que recordar. El dinero se descuenta automáticamente de cada pedido completado.
Cada vez que un repartidor entrega un pedido y cobra una comisión, una parte de esa comisión va directo al pago de la deuda, antes de que el repartidor reciba lo que sobra. La plataforma cobra primero.
Esto explica un dato que, a primera vista, parece paradójico. La tasa de mora de Pedidos Ya entre sus repartidores deudores es del 11.7%, inferior al promedio del sistema bancario para familias (12.7%). ¿Cómo puede ser que trabajadores informales, sin garantías, paguen mejor que el promedio bancario?
La respuesta a ello no es que los repartidores sean más responsables, es que no pueden elegir no pagar. Al no poder interceptar el pago antes de que la plataforma lo descuente, la posibilidad de entrar en mora se reduce drásticamente. La mora del 11.7% no refleja buena salud financiera, demuestra que el sistema de cobro hace casi imposible evitar el descuento.
Los críticos del modelo señalan que debido a esto las jornadas laborales se extienden hasta 12 horas diarias para poder cubrir los costos de la deuda. Las comisiones por pedido oscilan entre $1.500 y $3.000, independientemente del valor de la compra. Con una deuda promedio de $900.000 y tasas elevadas, el repartidor necesita completar un volumen muy alto de pedidos para pagar la cuota y tener algo de ingreso propio.
“El problema no es que la plataforma preste. El problema es que presta a quien trabaja exclusivamente para ella, a tasas que solo pueden pagar trabajando más horas para esa misma plataforma. Es un círculo que se cierra sobre el propio trabajador”, sostuvo sobre el tema la economista Laura Ventura.
Los datos del BCRA confirman esa dinámica. Los que toman estos préstamos son principalmente los repartidores que dependen exclusivamente del delivery como fuente de ingresos. Los que usan las apps como ingreso complementario no los toman, porque tienen alternativas más baratas.
El dato demográfico más preocupante es que el 70% de los deudores de plataformas tiene menos de 40 años. Son trabajadores jóvenes cuya primera experiencia formal de crédito es con la app para la que trabajan. Si esa experiencia termina en mora, extensión de jornada o sensación de trampa, podrían llegar a la adultez con una relación deteriorada con el sistema financiero, justo cuando deberían estar en condiciones de acceder a créditos hipotecarios o productivos.
El Gobierno de las Islas Malvinas, administradas ilegalmente por el Reino Unido, abrió una consulta pública que se extenderá hasta el 30 de octubre del corriente año para decidir si autoriza una industria de salmonicultura marina a gran escala en el archipiélago.
La medida señala la contradicción en la que el grupo ambientalista Greenpeace impulsó durante años a favor de la prohibición de esta misma actividad en Tierra del Fuego (territorio argentino), pero que guarda silencio ante un proyecto de magnitud similar —o mayor— en un territorio usurpado que Argentina reclama como propio.
La consulta falklandesa no es una simple encuesta de opinión, ya que incluye seis documentos técnicos elaborados por consultoras contratadas por el gobierno isleño, entre ellos un estudio de capacidad ambiental, una revisión legislativa comparada (Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe) y una evaluación de impacto socioeconómico. El proceso plantea cuatro escenarios posibles desde una prohibición total, producción hasta el límite de capacidad ambiental, producción con límites considerablemente menores, o solo producción de nicho bajo estándares específicos como el orgánico.
El proyecto de referencia usado para modelar estos escenarios es el de Unity Marine, una empresa conjunta entre la firma pesquera local Fortuna y la consultora danesa F-land ApS, que apunta a producir 50.000 toneladas anuales de salmón atlántico en 16 sitios marinos alrededor de East Falkland (Isla Soledad), cada uno con diez jaulas y una barcaza de alimentación, apoyados por una flota de 25 embarcaciones de trabajo, un well boat y un buque de abastecimiento. El gobierno isleño aclaró expresamente que este plan “no constituye una solicitud formal” y que se usa solo como ejemplo ilustrativo para el análisis.
“Resulta extraordinario que el gobierno de las Islas Malvinas se encuentre en una situación en la que presente informes al público durante esta consulta que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente. Los informes están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”, afirmó el Dr. Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation.
Este proceso no nació de buena voluntad administrativa, sino de una batalla judicial. En marzo de 2022 el Gobierno de las islas había decidido directamente impedir el avance de la salmonicultura a gran escala, sin consulta previa. Unity Marine llevó el caso a la Justicia mediante una revisión judicial, alegando que se había prometido una consulta pública que nunca se hizo. En mayo de 2024 ambas partes acordaron anular esa decisión de 2022 y poner en marcha el proceso de consulta que hoy está en curso. Es decir, la industria salmonera llegó a esta instancia no porque el gobierno isleño lo promoviera espontáneamente, sino porque una empresa privada forzó legalmente la reapertura del debate.
Los estudios independientes contratados por el propio gobierno de las islas estiman que una industria de aproximadamente 30.000 toneladas anuales podría aportar entre 30 y 35 millones de libras (entre USD$40 y 47 millones) por año a la economía, equivalente a aproximadamente el 11% del PBI del archipiélago, además de generar unos 133 empleos directos. Para una población de apenas 3.500 habitantes, esa cifra es enorme en términos relativos, lo que explica por qué la gestión isleña avanza pese al riesgo ambiental, en un contexto donde ya dependen fuertemente de la pesca y esperan sumar ingresos del proyecto petrolero offshore Sea Lion.
— Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas
Sin embargo, la sociedad isleña estaría dividida al revelarse que habrían vecinos que están pidiendo directamente un referéndum, porque desconfían de un proceso de consulta que consideran sesgado a favor de la industria, ya que los informes se basan en datos dudosos aportados por la propia Unity Marine.
“Será entonces el pueblo quien decida qué sucede en su propio país”, sostuvo Sally Poncet, una de las principales referentes de Salmon Free Falklands (SFF).
— Unity Marine subraya que las aguas de las Islas Malvinas, a 300 millas al noreste de Argentina, son idóneas para el cultivo de salmón
En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó por unanimidad la Ley 1355, que prohibía toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas marítimas y lacustres de la provincia, para proteger los ecosistemas. Greenpeace Argentina celebró esa ley como un hito histórico, calificando a la Argentina como “el primer país del mundo que elige proteger sus ecosistemas diciendo No a la salmonicultura antes de que empiece a funcionar en su territorio”.
Pero en diciembre de 2025, la Legislatura fueguina —impulsada por el Ejecutivo provincial del gobernador kirchnerista Gustavo Melella— derogó parcialmente esa prohibición, habilitando la salmonicultura industrial en lagos, lagunas, ríos y arroyos provinciales, manteniendo la veda únicamente en el Canal Beagle. La reforma reemplazó la ley original por un marco de “acuicultura sustentable” votado con 8 votos a favor y 7 en contra.
Greenpeace y su falso activismo
Matías Kulfas, quien fue ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández, señaló en julio de 2026 que mientras Greenpeace se movilizó con fuerza contra la exploración petrolera offshore frente a Mar del Plata en 2021, ahora no reclama ante el avance de una explotación petrolera mucho más avanzada y controvertida en las Islas Malvinas.
— Una piscifactoría de salmón en Hordaland, Noruega. Activistas estarían preocupados por los efectos de los residuos de salmón en el medio ambiente
Esta comparación reabrió una discusión sobre los criterios detrás del activismo ambiental y, al mismo tiempo, pone sobre la mesa una vez más el tema geopolítico de fondo. El avance británico-israelí sobre recursos que la Argentina legítima bajo su estandarte
A fines de 2021, el gobierno de Fernández autorizó la exploración petrolera en bloques marinos ubicados entre 300 y 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. La medida generó una reacción inmediata, con Greenpeace lanzando lo que Kulfas describió como una “campaña de boicot”, con presentaciones judiciales, movilizaciones masivas y acciones de protesta simbólicas, como una intervención en la playa donde activistas simularon un derrame de petróleo usando pintura negra. El propio intendente marplatense que hoy forma parte del bloque libertario, Guillermo Montenegro, se sumó inicialmente a los reclamos, lo que convirtió a la ciudad en el epicentro nacional del debate ambiental-energético de esos años.
— A la izquierda Matías Kulfas, junto con el exmandatario Alberto Fernández
Lo que Kulfas plantea como contradicción es que, mientras esa exploración en Mar del Plata nunca llegó a la etapa de extracción comercial, el proyecto petrolífero de Sea Lion en Malvinas sí avanzó hasta el punto de recibir la decisión final de inversión (FID) en diciembre de 2025sin una sola objeción, lo que habilitó formalmente el inicio de la fase de desarrollo y extracción comercial.
El yacimiento Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum (65% de participación) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), y prevé una primera fase de unos 55.000 barriles diarios, con un plan de expansión en fases sucesivas que podría llevar la producción a 150.000 barriles diarios. La inversión total hasta la finalización del proyecto se estima en 2.100 millones de dólares, y el primer petróleo está previsto para 2028.
En una publicación en su cuenta oficial de X, Kulfas remarcó que “ya no se trata de exploración para ver si hay petróleo, sino del inicio de una etapa de extracción de hidrocarburos” en Malvinas, y se preguntó si “cierto activismo e indignación posee una tendenciosa selectividad”.Sin acusar directamente a Greenpeace de motivaciones ocultas o de recibir financiamiento condicionado, dejó la pregunta abierta y cerró con la frase: “Se me ocurren muchas respuestas. Mejor saquen sus propias conclusiones”.
A fines de 2021 el gobierno argentino anunció la autorización de un proceso de exploración de petróleo y gas en el mar argentino, en un caso a 300 km y en otro a 400 km de las costas de Mar del Plata. La organización @GreenpeaceArg anunció una campaña de boicot, contrató 3…
Es importante notar que su reflexión no se limitó a Greenpeace. En un texto más extenso publicado en su newsletter, Kulfas fue más allá y cuestionó también la tibieza del propio gobierno de actual presidente Javier Milei frente al avance de Sea Lion, dado que Navitas es una empresa israelí y Milei ha convertido a Israel en uno de sus socios estratégicos prioritarios, lo que —según su argumento— hace aún más incómoda la falta de una reacción diplomática más contundente.
Asimismo, y a través de la Cancillería, Argentina rechazó formalmente el avance del proyecto por considerarlo una decisión unilateral del Reino Unido y de las empresas licenciatarias, sin autorización de la autoridad argentina competente, y en violación de las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin ese permiso.
El rol de Chile como socio logístico
Un detalle no menor, es que el proyecto de Unity Marine contempla importar buena parte del alimento para los salmones desde Chile, y los reguladores isleños tomaron como modelo de referencia justamente la experiencia chilena, uno de los mayores productores mundiales de salmón, junto con Noruega, Escocia y las Islas Feroe. Esto convertiría a Chile en un eslabón comercial de la futura industria malvinense, mientras Argentina permanece fuera de ese negocio regional.
Curiosamente, la documentación oficial de la consulta reconoce exactamente los mismos riesgos que motivaron la ley argentina de 2021, como la escapes de salmones, transmisión de enfermedades, piojos de mar, uso de antibióticos, acumulación de materia orgánica en el fondo marino e interacciones negativas con mamíferos marinos.
Las recomendaciones técnicas incluyen exigir salmones triploides estériles, establecer zonas de producción marina, imponer períodos de descanso entre generaciones y fijar un peso mínimo de esmoltificación de 400 gramos antes de trasladar los peces a las jaulas marinas.
Hasta el momento, no se registran comunicados o campañas específicas de Greenpeace sobre el proyecto de Unity Marine en Malvinas, a diferencia de la campaña sostenida que la organización mantuvo en Argentina entre 2018 y 2021.
Solo pudieron trascender las declaraciones de un representante del gobierno británico de las Islas Malvinas, que afirmó que la administración “ni abogaba por la cría de salmón ni se oponía a ella”. De acuerdo a este, los informes que encargaron tienen como objetivo “informar el debate público examinando los posibles resultados e impactos bajo diferentes supuestos, en lugar de proporcionar aprobaciones finales para ningún proyecto específico”.
A su vez, rechazó las insinuaciones de que los impactos ambientales de la acuicultura del salmón no se habían presentado con claridad. El estudio sobre la capacidad de carga, conforme indicó, se había encargado “únicamente para demostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un posible proyecto”, y no constituía una determinación de la capacidad de carga de las Islas Malvinas. Un tercer relevamiento, sobre los impactos socioeconómicos, no cuantificaba los futuros costos regulatorios, ya que “no pueden estimarse con precisión” en esta etapa.
Para comprender el alcance real de la vulnerabilidad social,resulta clave diferenciar entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Mientras que el método tradicional del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) se limita a contrastar la suma del dinero mensual que entra a un hogar con la valorización de las canastas básicas, el enfoque multidimensional mide el acceso efectivo a derechos fundamentales. De esta forma, la medición va más allá del bolsillo diario para evaluar si una familia padece carencias estructurales en áreas críticas comola vivienda digna, la salud, la educación, los servicios básicos y la seguridad alimentaria.
Esta distinción técnica explica por qué un descenso coyuntural en la tasa de inflación o una mejora puntual en el poder de compra monetario no implican necesariamente una salida automática de la pobreza. Si bien la estabilidad de precios o la asistencia social inmediata pueden mover las cifras monetarias en el corto plazo, no resuelven de manera directa deudas de fondo como el hacinamiento crítico, la falta de cobertura médica, las deficiencias en la infraestructura urbana o la imposibilidad de garantizar un esquema de alimentación adecuado y variado en el tiempo.
En este marco cobra centralidad la definición de la “pobreza persistente”, elaborada por el economista Agop Karagoz. Este concepto describe la situación de aquel núcleo social golpeado por una doble vulnerabilidad: la falta recurrente de ingresos suficientes combinada con una privación estructural de derechos esenciales. Al quedar atrapados en esa intersección, los hogares no sólo enfrentan dificultades para cubrir su canasta mensual, sino que además carecen del soporte de infraestructura básica y servicios que les permitiría salir de esa condición de vulnerabilidad social de largo plazo.
La medición en CABA y su metodología
Los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires confirman que las privaciones estructurales han mostrado un avance sostenido en los últimos años. De acuerdo con las mediciones del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la pobreza multidimensional en los hogarespasó del 15,3% en 2019 al 17,5% en 2021—post-pandemia—, para escalar finalmente al 18,8% en la medición actual. Esta tendencia evidencia que, más allá de los vaivenes económicos de coyuntura, la proporción de familias con privaciones no monetarias no ha dejado de crecer.
El impacto de estos números cobra una relevancia particular al considerar la jurisdicción en la que se registran. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que cuenta con el mayor presupuesto por habitante de todo el país y con una infraestructura de servicios públicos históricamente consolidada. Que casi dos de cada diez hogares porteños padezcan carencias de tipo multidimensional expone los límites del gasto local para evitar el deterioro social en el territorio capitalino.
Para capturar esta realidad, el IDECBA utiliza la información proveniente de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) bajo el denominado “método consensual”. Esta metodología implica que los indicadores de privación no se fijan de manera arbitraria o puramente teórica, sino a partir de lo que la propia sociedad porteña define como el conjunto de bienes, servicios y condiciones de vida indispensables para alcanzar un nivel de bienestar digno en la Ciudad.
Las dimensiones con mayor impacto
Al desglosar las carencias por áreas, el rubro “alimentación” se consolida como el factor de mayor deterioro y presión sobre las familias porteñas. La privación en este indicador saltó del 22,4% en 2021 al 25,6% en 2025, impulsada por un número creciente de hogares que se vieron obligados a reducir las porciones de sus comidas, alterar la variedad de los alimentos consumidos o, en los casos más severos, directamente saltearse alguna de las ingestas diarias.
Por su parte, el bloque de “servicios e infraestructura urbana” también mostró un avance en sus niveles de carencia, pasando del 12,1% al 14,5% en el mismo período. Este incremento refleja dificultades persistentes en el acceso a condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno, mientras que otros indicadores vinculados al equipamiento del hogar mostraron un amecetamiento o leves variaciones, evidenciando un escenario donde el presupuesto familiar priorizó la subsistencia diaria por sobre la renovación de bienes.
Infancia y disparidad territorial
La vulnerabilidad multidimensional adquiere un sesgo aún más preocupante al observar la composición de los hogares. En aquellos donde viven niños, niñas y adolescentes, la tasa de privación estructural alcanza el 20,6%. Este dato pone de manifiesto que las deficiencias en el acceso a condiciones de vida dignas afectan de manera directa el desarrollo integral de las infancias en el territorio porteño.
A esta brecha generacional se le suma una profunda fractura geográfica que divide a la Capital Federal en dos realidades contrapuestas. Mientras que en la zona norte la pobreza multidimensional afecta a tan sólo el 6,5% de los hogares, en la zona sur esta problemática trepa de manera crítica hasta alcanzar al 30,4%. De esta forma, casi un tercio de las familias del sur de la Ciudad conviven con privaciones estructurales en sus derechos básicos.
La paradoja del indicador
El informe oficial concluye exponiendo una clara paradoja en la dinámica social porteña. Mientras que el denominado “núcleo duro” —aquellos hogares que sufren simultáneamente pobreza monetaria y privación multidimensional— se redujo al 6,3%, la proporción de familias que sufren privaciones de derechos pero cuyos ingresos quedan formalmente por encima de la línea de pobreza subió al 12,6%.
Este fenómeno deja al descubierto que tener un ingreso que supere la canasta monetaria ya no garantiza el acceso a una vida digna, visibilizando la persistente deuda de infraestructura, servicios y garantías de derechos en la Ciudad de Buenos Aires.
Las dudas crecen ante la expansión de contratos con hiperescaladores y la ausencia de mapeo oficial que permita saber qué información circula por servidores extranjeros, bajo qué jurisdicción queda y qué ocurre ante filtraciones.
El reclamo fue presentado por Juan Carlos Valiente, quien asegura haber entregado el dinero como préstamo con la promesa de devolución de dos meses durante la campaña política de 2024.
La firma Unity Marine prevé producir 50.000 toneladas anuales de salmón alrededor de la isla Soledad, en aguas que la Argentina reclama como propias y donde el negocio podría equivaler al 11% del PBI isleño.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
