Salas de espectáculos y bailes permitidos: Fernando Muro y el proyecto en apoyo a los gastronómicos en Mar del Plata
Desde Propuesta Republicana (PRO) se propuso el baile permitido y libre uso como sala de espectáculos para los establecimientos tras la caída nocturna.
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Desde el Municipio de General Pueyrredón (MGP) se presentó un proyecto con una enorme serie de modificaciones en la ordenanza vigente para locales gastronómicos. Con lo cual se trataría de dar amplitud en las condiciones actuales que limitan la actividad: con un profundo foco en permitir baile y el libre uso como salón de eventos.
La idea provino del concejal de Vamos Juntos, Fernando Muro, quién recibió el apoyo por parte del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. La cual también deja que haya actuación de deejays, extensión del horario y demás permisos que estaban haciendo caótica la nocturnidad para los empresarios.
“Cuando decimos que en Mar del Plata tenemos todo ¡es porque es así!”
El edil que ya fue noticia por la propuesta de eliminar impuestos a las actividades comerciales en bienes patrimoniales, aseveró que “la ciudad cuenta con un gran potencial para la generación de espectáculos convirtiéndose estos en un importante elemento de promoción y, a su vez, en una gran fuente de empleo para los vecinos”.
Vale recalcar que el mayor cambio surge en que el baile volvería a estar habilitado, aunque bajo una confusa figura. La actual norma, sancionada en 2001 bajo el Gobierno de Elio Aprile, lo prohíbe taxativamente, mientras que la nueva lo permite, siempre y cuando no sea estimulado por parte del comercio.
El concejal y referente de Propuesta Republicana (PRO), Fernando Muro
Asimismo, en el proyecto se amplían los tipos de shows habilitados, dado que la actual ordenanza sólo contempla músicos (solistas y grupos), grupos de bailes o bailarines solistas, representaciones teatrales y títeres. Ahora, la propuesta de Muro agrega musicalizador o Disc Jockey y performance y disciplinas que requieran de un espacio escénico o estén patrocinadas por el comercio.
La propuesta del concejal de Vamos Juntos también determina que se extenderá el período de validez de los permisos, de los actuales 3 meses a un año, siendo además prorrogable “automáticamente sin límite de tiempos mientras se cumpla con la reglamentación y no medien infracciones derivadas de los espectáculos referidas a ruidos molestos”.
El proyecto presentado fue apoyado por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro
Por el momento, este tipo de espectáculos estaban habilitados para locales que no excedían las 150 personas, a excepción de aquellos cuya actividad sea la de expansión nocturna.
Este punto es eliminado de la nueva ordenanza, por lo que no habrá límite según capacidad de aforo. Incluso se flexibilizan las condiciones para comenzar con los shows, dado que el titular podrá realizar eventos en modalidad “a prueba” con la sola iniciación del trámite y con el pago de la tasa de derechos de espectáculos, con una etapa de hasta 3 meses.
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El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, aseguró en Expoagro 2026 que el Gobierno buscará continuar con la baja de las retenciones al campo, aunque volvió a supeditar esa decisión a la situación fiscal. En su exposición durante la primera jornada de la muestra, realizada en San Nicolás (Buenos Aires), no anunció nuevas rebajas ni precisó un cronograma para una eventual reducción adicional de los derechos de exportación.
La frase textual fue: “Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina” y tuvo lugar en la apertura oficial del evento, que en esta edición celebró sus 20 años.
El funcionario recordó que el Gobierno ya avanzó en rebajas parciales y totales para distintos productos y remarcó que esa seguirá siendo la orientación oficial. La primera reducción de esta etapa quedó establecida en el Decreto 38/2025, publicado el 27 de enero de 2025, que fijó alícuotas reducidas hasta el 30 de junio de 2025. Luego, el Decreto 439/2025, publicado el 27 de junio, prorrogó ese esquema para un grupo de productos hasta el 31 de marzo de 2026. Más tarde, el Gobierno dispuso una nueva baja permanente a través del Decreto 877/2025, oficializado en diciembre.
Con ese último cambio, las alícuotas quedaron en el siguiente esquema: la soja bajó de 26% a 24%; los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; el trigo y la cebada, de 9,5% a 7,5%; el maíz y el sorgo, de 9,5% a 8,5%; y el girasol, de 5,5% a 4,5%.
Aun con esa reducción, la soja siguió siendo el cultivo con mayor carga sobre su valor de exportación, mientras que en los cereales las alícuotas se ubicaron entre 7,5% y 8,5% según el cultivo.
En ese marco, el secretario insistió en que la rebaja de los derechos de exportación formó parte de una visión distinta de la administración libertaria hacia el agro. “Ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.
– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; José Aranda (Clarín), Marcela Noble Herrera (Clarín); Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás; Fernán Saguier, director de LA NACION, y el expresidente Mauricio Macri
También buscó subrayar el contraste político que el mileísmo intentó exhibir frente a la relación bélica que el kirchnerismo mantuvo durante años con los productores: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario” de nuestro país.
Durante su discurso, además, repasó parte de la agenda exterior y regulatoria de la gestión. Mencionó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el acuerdo con Estados Unidos, que incluyó la ampliación del cupo de exportación de carne hacia ese mercado hasta 80.000 toneladas anuales libres de arancel, y también las medidas de simplificación administrativa y desregulación para el sector. “A eso se suman simplificaciones, desregulaciones. Estamos en línea con la producción y los productores también están en línea, con lo que fue la cosecha récord de trigo y ahora esperamos una campaña de girasol potente”, agregó.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.
La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.
Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.
Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.
La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.
En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.
Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.
Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.
“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.
Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.
Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La exdiputada nacional Soledad Carrizo quedó posicionada como una de las piezas políticas que La Libertad Avanza eligió para ampliar su estructura en Córdoba. Tras haber cuestionado con dureza a Javier Milei en 2025, la dirigente radical fue designada como vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y pasó a desempeñar un rol central en el esquema de construcción territorial que encabezó Gabriel Bornoroni, con la mira puesta en la disputa por la Gobernación de 2027.
La incorporación de Carrizo al organismo nacional fue oficializada por el decreto 212/2026, que confirmó su llegada en representación del Poder Ejecutivo Nacional dentro de un ente que dependió del Ministerio de Capital Humano y que tuvo injerencia directa en la articulación con cooperativas, mutuales y municipios del interior. Su arribo al directorio se esperaba desde diciembre, cuando concluyó su mandato en la Cámara de Diputados.
En términos políticos, el movimiento consolidó un vínculo que ya se venía aceitando entre Carrizo y el armado libertario cordobés. Bornoroni exhibió su acuerdo con la exdiputada radical y le encomendó una tarea específica: salir a buscar intendentes radicales dispuestos a integrarse al espacio opositor que La Libertad Avanza buscó consolidar hacia 2027, cuando Martín Llaryora pusiera en juego su reelección.
De ese modo, se hizo explícito que Carrizo fue la elegida para conducir la llamada pata radical del armado libertario en la provincia. El objetivo fue tender puentes con jefes comunales boina blanca desencantados con la dinámica interna de la UCR o abiertos a cambiar de rumbo político. Esa movida apuntó, además, a disputar uno de los activos más importantes de Rodrigo de Loredo, que hasta ahora fueron los intendentes radicales sobre los que apoyó su propia proyección a gobernador.
El giro político de Carrizo contrastó con sus propias declaraciones de un año antes. Cuando Milei abrió el período de sesiones ordinarias de 2025, la entonces diputada marcó fuertes cuestionamientos al Presidente. “Las promesas mesiánicas no son el camino”, escribió en sus redes sociales al finalizar el discurso presidencial. También sostuvo: “No tuvo eufemismos en promover la intervención en el Poder Judicial. Redujo la obra pública en un mero negociado cuando sabemos que es un motor de la economía real”.
Sin embargo, con el correr de los meses, Carrizo comenzó a acercarse al oficialismo nacional. Ese viraje se produjo desde una construcción política cuya terminal fue Alfredo Cornejo, un dato que también ayudó a explicar su nuevo posicionamiento dentro del radicalismo y su sintonía con el armado libertario. Desde el tramo final de su banca acompañó casi todas las leyes clave del Gobierno y en octubre respaldó la lista libertaria que encabezó Gonzalo Roca, mano derecha de Bornoroni. Ante los suyos, repitió una definición que buscó explicar ese viraje: “Yo no me hice libertaria, pero aporto mi experiencia a un Gobierno que está cambiando al país”.
Ese reposicionamiento quedó confirmado también en una entrevista que Carrizo concedió a Perfil el 21 de febrero de 2026, donde asumió abiertamente su papel como articuladora radical dentro de una alianza encabezada por La Libertad Avanza. “Me animé a “salir del clóset”: soy una radical que no se oculta para decir que quiere una alianza con LLA, con el PRO, con el Frente Cívico y seguramente más actores”, afirmó.
En esa misma entrevista, explicó que su decisión respondió a una construcción política más amplia y confirmó su trabajo conjunto con Bornoroni y otros referentes del oficialismo. “Gabriel (Bornoroni) me invitó y ya estamos trabajando con otras figuras como Laura (Rodríguez Machado) y Patricia Bullrich. Tenemos campañas al hombro con Laura. Me tildaron de traidora, pero cuando me decían que el candidato radical no movía el amperímetro, entendí que esta es una confluencia lógica”, señaló.
Frente a las acusaciones internas por su acercamiento a Milei, Carrizo rechazó haber traicionado al radicalismo. “No me considero traidora. Muchos radicales hicieron sociedades con anterioridad sin preguntarle al partido. Soy una dirigente con más de 20 años en política y nadie puede dudar de mi radicalismo; nunca transé con el peronismo”. Y agregó: “Hay mucha hipocresía de quienes no quieren hablar sobre la mesa de cuestiones lógicas mientras esconden arreglos con el peronismo”.
Carrizo también definió cuál sería su función concreta dentro del nuevo esquema. “Mi rol es ser nexo con las generaciones nuevas y la articuladora entre los dirigentes del radicalismo que se quieran sumar a la mesa provincial de LLA. Gabriel ve esa posibilidad en mí, de explicar qué queremos de cara al futuro”. En paralelo, remarcó que buscó construir un camino propio dentro de la UCR. “Hace mucho decidí tomar un camino propio y abrirme de Confluencia (mestrismo). Sentía que mi ciclo ahí había culminado”.
La apuesta territorial de Carrizo no quedó limitada al plano partidario. Su desembarco en el INAES le dio una plataforma con volumen propio para intervenir en el interior provincial. En Córdoba funcionaron más de 250 cooperativas de servicios públicos distribuidas en distintos municipios, estructuras con peso político y capacidad de gestión local. En muchos casos, sus presidentes tuvieron tanta influencia como los propios intendentes. Allí se concentró una parte central de la estrategia libertaria.
Con ese giro, la exdiputada que en 2025 condenó el “mesianismo” de Milei pasó a ocupar un lugar dentro del Gobierno nacional y a convertirse en una de las armadoras del proyecto libertario en Córdoba, con la tarea de atraer radicales, disputar territorio y fortalecer la candidatura provincial de Bornoroni.
El mapa laboral argentino sufrió una mutación forzada por la crisis: en los últimos 24 meses, el cierre sostenido de empresas y la contracción de la industria nacional empujaron a una masa crítica de trabajadores hacia la única ventanilla que permanece abierta sin requisitos de ingreso: trabajar con las aplicaciones. No es una elección de libertad, sino un desplazamiento tectónico. Hoy, 1,1 millones de argentinos operan como el último eslabón de una cadena de valor que se alimenta de la falta de alternativas. De ese total, 900.000 se volcaron al transporte de pasajeros y 200.000 al reparto de mercaderías, configurando un récord histórico que expone el vaciamiento del mercado de trabajo tradicional.
La composición de este nuevo ejército de la calle revela la profundidad del daño social. Un 15% de quienes hoy conducen un vehículo o pedalean una bicicleta bajo el sol tucumano o el asfalto porteño poseen títulos universitarios.Son profesionales que el sistema formal ya no puede absorber y que terminan compitiendo por un espacio en un mercado donde la oferta está totalmente saturada. Esta sobrepoblación de prestadores tiene un efecto directo y devastador: la pulverización de la ganancia individual. Cuantos más argentinos caen en las apps por necesidad, menos viajes y repartos quedan disponibles para cada uno, licuando el valor del tiempo de trabajo.
La trampa se cierra con la extensión de la jornada laboral.Para alcanzar un ingreso de $1.300.000 mensuales, un trabajador debe estar conectado y activo entre 10 y 12 horas por día, de lunes a lunes. Este monto, que en los papeles parece una cifra de subsistencia, se desvanece al descontar el mantenimiento de los vehículos, el combustible y el costo de vida en un contexto de inflación que no termina de bajar. El resultado no es progreso, es la administración de la pobreza a través de una pantalla.
Estado de protección o legalización de la precariedad
El Proyecto de Modernización Laboral busca institucionalizar la figura del “prestador independiente”, permitiendo que más de un millón de trabajadores gestionen sus propios aportes sin relación de dependencia. Mientras las empresas defienden esta “flexibilidad”, para el trabajador significa que el dueño de la aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre quien genera su ganancia.
La clave de la reforma es el Régimen de Autónomos Digitales, que propone una retención obligatoria del 2% de los ingresos para un fondo de protección social. Aunque busca cubrir seguros de accidentes, la cifra es marginal ante la alta siniestralidad y la inseguridad que hoy costea íntegramente el repartidor. Según declaran los sindicatos, esto no sería modernización, sino un blindaje legal para que las empresas eviten pagar aguinaldos, vacaciones, ART y licencias, consolidando un modelo de subsistencia sin red de contención.
El patrón sistémico de la asfixia
La economía de plataformas se convirtió en la terminal de ahorro forzoso para una clase media desocupada, pero también en una trampa financiera. Al operar mayoritariamente bajo el esquema de monotributo o informalidad, este millón de nuevos trabajadores queda excluido del crédito bancario tradicional. El resultado es un desplazamiento hacia las fintech y billeteras virtuales, donde el costo del dinero es sustancialmente más alto y la mora del pago de créditos ya alcanza niveles críticos del 25%, e incluso el 63% en apps como Ualá, como ya explicamos en esta nota.
El círculo de la deuda se cierra sobre la herramienta de trabajo. Para financiar el mantenimiento del vehículo o cubrir baches de consumo básico, el trabajador de apps recurre a préstamos digitales con tasas usurarias. Esta asfixia financiera es el reflejo de un sistema que no genera empleo, sino subsistencia: el ingreso mensual se diluye entre el pago de cuotas de microcréditos y los gastos operativos, dejando al prestador en un estado de vulnerabilidad permanente ante cualquier imprevisto mecánico o de salud.
La consolidación de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones no responde a un auge del emprendedurismo, sino a la contracción de la unidad productiva PyME. Lo que el relato oficial intenta vender como “normalización laboral” es, en la práctica, la gestión de la escasez. En la Argentina de 2026, el algoritmo no es un socio, sino el último recurso de un trabajador que ha sido expulsado de la formalidad y que hoy pedalea para no caer definitivamente del mapa social.
La diputada de Provincias Unidas acompañó el apartamiento de reglamento que pidió el ultrakirchnerista Eduardo Valdés para tratar sobre tablas un proyecto de rechazo al posicionamiento internacional del Presidente. La maniobra fue finalmente rechazada.
El índice duplica la media nacional y también muestra niveles críticos en la Patagonia, en un contexto marcado por recortes en programas de primera infancia, pérdida de poder de compra de la asistencia alimentaria y carencias estructurales de agua y saneamiento.
Con la firma de Nicolás Pakgojz, ex directivo de IRSA y actual legislador de LLA, la AABE desafectó un predio clave de la PFA en Bajo Belgrano. Mientras los efectivos denuncian sueldos de miseria y son desplazados a un playón abandonado en Zepita, el poder político remata tierras federales por 46 millones de dólares para desarrollos de lujo.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
