Rosario: Cerraron escuelas por amenazas ligadas a la banda Los Monos
La última institución educativa que debió cerrar sus puertas por una amenaza ligada a las mafias narco fue la Parroquial San Luis Gonzaga, ubicada en el barrio Empalme Graneros.
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Las intimidaciones narco lograron cerrar otra escuela en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Se trata de la Parroquial Particular Incorporada Nº 1.182 que este jueves anunció que cesará sus clases por la amenaza de dos sicarios que lanzaron cinco tiros al aire a pocos metros de la entrada de la institución educativa.
Las amenazas a las escuelas ya son habituales en la zona, según admiten los vecinos. El fin de semana pasado fueron baleadas dos entradas de colegio donde, además de los disparos efectuados, dejaron notas dirigidas a un preso vinculado a Los Monos.
Los peritos de la Agencia de Investigación Criminal encontraron en las afueras del colegio cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros
La Parroquial asiste a diario a más de 700 alumnos entre el nivel inicial, primario y secundario. Está ubicada en la calle Teniente Agente y Carrasco, en el barrio Empalme Graneros, una de las zonas más conflictivas en cuanto a inseguridad y violencia.
Según dicta la denuncia realizada por vecinos aledaños, los disparos frente a La Parroquial se realizaron pasadas las 20 horas del martes. Los delincuentes serían dos hombres que se trasladaban en moto tipo 110 cc. Los peritos de la Agencia de Investigación Criminal encontraron en las afueras del colegio cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros.
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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
El expiloto de automovilismo y exdiputado bonaerense, Marcos Di Palma, expresó su frustración respecto a la distribución de las donaciones recolectadas con su “camión solidario”. En diálogo con TN, confesó que no sabe “a quién carajo darles las cosas” debido a la falta de confianza en las vías institucionales.
“Siendo alguien que viene de la política, no sé a quién carajo darles las cosas porque no sé si van a llegar”, remarcó Di Palma, evidenciando su incertidumbre sobre el destino final de la ayuda.
El exdiputado reconoció las dificultades para decidir cómo canalizar la asistencia. “No sé si ir a un club, no sé si pararme en la esquina o ir a un barrio… Ahora, en este momento, no lo sé, pero mañana sí lo sabré”, afirmó.
Explicó que recurrirá a conocidos en Bahía Blanca que no tienen vínculo con la política, ya que, según su experiencia, las posturas partidarias pueden influir en la percepción sobre la gestión de la ayuda.
“Si tenés un amigo kirchnerista, te dice ‘lleváselo al intendente que es el mejor del mundo’, y si tenés otro macrista, te dice ‘no se lo lleves que es el más hijo de puta del mundo’”, sostuvo el exdeportista.
En los días posteriores al devastador temporal que azotó Bahía Blanca, han surgido múltiples denuncias relacionadas con el manejo y destino de las donaciones para los damnificados. La tragedia, que dejó el saldo de 16 personas fallecidas, cientos de calles anegadas y miles de familias destrozadas, ha generado una ola de solidaridad en toda la Argentina, pero también ha puesto de manifiesto diversos problemas en la gestión y distribución de la ayuda recibida.
Un conjunto de denuncias, que apuntan directamente a la gestión municipal kirchnerista de Bahía Blanca, recopilan testimonios recogidos por medios de comunicación donde se sugieren un manejo presuntamente discrecional o politizado de las recaudaciones recibidas.
Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer mayor que fue entrevistada en una nota de TN, donde habló públicamente que las autoridades municipales habrían negado la entrega de colchones a su nieto por no estar “afiliado a la municipalidad”. Según su relato, cuando los funcionarios preguntaron a su nieto si estaba afiliado a la estructura municipal y este respondió negativamente, le habrían negado la ayuda con un explícito “no le podemos dejar los colchones”.
Otro testimonio significativo proviene de un rescatista voluntario, quien dijo que sufrieron retrasos de hasta dos horas en la entrega de donaciones porque debían esperar a que una delegada municipal se tomara fotografías con los cargamentos antes de autorizar su distribución. El voluntario mostró con indignación que durante ese tiempo perdido “podríamos haber rescatado a gente que terminó muriendo.
La consultora política Federico González y Asociados publicó los resultados de una encuesta realizada sobre 1.500 casos efectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muestra un escenario electoral marcado por el liderazgo del radical kirchnerista Leandro Santoro en varias categorías, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se consolida como la coalición más votada, aunque pierde apoyo en su flanco más derechista.
En la intención de voto para Senador Nacional por CABA, Leandro Santoro, representante del Movimiento Nacional Alfonsinista dentro de Unión por la Patria (UxP), se posiciona como el candidato más votado, con un 24,5% de las preferencias. La Libertad Avanza, sumando a sus tres principales candidatos (Manuel Adorni, Karina Milei y Martín Menem), acumula un 29,5%, lo que la ubica como la coalición con mayor intención de voto.
Por su parte, el oficialismo de Propuesta Republicana (PRO) aparece fragmentado, sumando un 16,1% entre sus diferentes postulantes. La izquierda, encabezada por Miriam Bregman, alcanza un 6,5%, mientras que un 14% de los votantes se inclina por otras opciones.
En la categoría de Diputados Nacionales, Santoro amplía su ventaja con un 26,1%, el liderazgo de UxP acumula un 32,6% de intención de voto en total. Ramiro Marra, libertario recientemente expulsado de La Libertad Avanza, se posiciona en segundo lugar con un 13,5%, seguido por Manuel Adorni (8,9%). El PRO vuelve a mostrar debilidad, sumando solo un 10,5% en total, mientras que la izquierda mantiene un 3,7%.
Para la Legislatura Porteña, Santoro vuelve a liderar con un 24,1%, mientras que Ramiro Marra se consolida en segundo lugar con un 18,1%. En tercer puesto, Ofelia Fernández (Argentina Humana) obtiene un 7,1%, superando a Fernán Quirós (6,1%) y Waldo Wolff (4,9%), ambos del PRO.
La sorpresa de Peretta y la fragmentación de LLA
El farmacéutico Marcelo Peretta, del Movimiento Plural (liberalismo nacionalista), sorprende con un 4,9% de intención de voto, captando parte del electorado liberal tras la salida de Marra y Diana Mondino de LLA, y de la pelea del gobierno con Victoria Villarruel. La izquierda suma un 6,4%, mientras que la categoría “otros” representa un 11,2% del electorado.
La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, anunciada por el partido debido a su “voto a favor del aumento de impuestos en la Ciudad”, generó un vacío en el espacio libertario que parece estar siendo ocupado por figuras como Peretta. Marra, fundador de LLA, fue expulsado por “no seguir los lineamientos del partido”.
El informe también destaca la debilidad del PRO, que atraviesa una crisis interna reflejada en su fragmentación electoral. Con la salida de Patricia Bullrich y el casi confirmado pase de Soledad Acuña a LLA, el espacio político que gobernó CABA durante las últimas dos décadas aparece dividido y sin un liderazgo claro.
La encuesta también reveló las principales preocupaciones de los ciudadanos de CABA. El sistema de salud y los hospitales encabezan la lista, con un 71,9% de los encuestados expresando una preocupación “muchísimo” o “bastante”. Le siguen el costo de los medicamentos (65,6%), la pobreza y la marginalidad (64,1%), la corrupción política (59,4%) y la educación (54,7%).
Los resultados globales de la encuesta muestran que Unión por la Patria, con Santoro como principal referente, mantiene una fuerte presencia en CABA, mientras que La Libertad Avanza sigue siendo la coalición más votada, aunque su fragmentación y peleas internas le hacen perder el voto de derecha más nacionalista y antiglobalista.
La irrupción de Marcelo Peretta como una figura emergente en el escenario porteño, junto con la posible incorporación de Ramiro Marra a un nuevo espacio político, configuran un panorama electoral mucho más abierto, variado y competitivo para las elecciones de 2025.
*Con información de encuesta realizada por Federico González y Asociados entre el 23 y el 29 de enero de 2025, con un margen de error de +/- 2,58% y un nivel de confianza del 95,5%.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
Este lunes 10 de marzo, en la ciudad de Colón, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el intendente local, José LuisWalser, en su carácter de presidente de la Mancomunidad “Tierra de Palmares”, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. El tema central fue el pedido de relocalización de una planta de e-combustibles que proyectaban instalar en Paysandú, frente a la costa colonense.
Del encuentro surgió un Comunicado Oficial con el apoyo de todos los participantes, dirigido al gobernador Rogelio Frigerio, para que tomara posición al respecto y continuara con las gestiones ante Cancillería. Walser afirmó ante los presentes: “El gobernador ya avanzó con Cancillería en la posibilidad de pedir la relocalización de este emprendimiento”. Agregó que “para Colón es un sacudón importante la posibilidad de esta instalación y lo debe ser para la microrregión, sin lugar a dudas. Estamos con la guardia alta y tenemos en claro lo que queremos”.
Al tomar la palabra, el presidente municipal de Colón declaró: “Entendemos que esta es una amenaza para nuestra principal industria que es el turismo, pudiendo perjudicar nuestro desarrollo”. Por su parte, Gustavo Hein señaló: “Nunca estaríamos en contra de una inversión privada, pero sí estamos a favor de que esto sea en consulta”. El presidente de la Cámara de Diputados también afirmó que “el gobernador avala y acompaña la consulta popular respecto a una relocalización. Fue claro en que esto no puede demorarse. Se están haciendo gestiones frente a Cancillería; lo que viene hacia adelante son acciones directas”. Y concluyó: “El impacto ambiental y visual está de manifiesto, es un tema que hace meses se viene hablando y si lo dejamos avanza. Tiene que haber normas, una cierta estructura que contemple el no avasallamiento sobre la margen del río”.
También estuvieron presentes representantes del Parque Nacional El Palmar, Cecom Colón, AHGA, guías de Turismo, Coprotuer, Termas Colón, Molino Aventura, la Asociación de Cabañeros, la Escuela Normal de Colón, la Multisectorial Somos Ambiente, profesionales de turismo, vecinos de la región y otros actores vinculados a la actividad turística. Todos manifestaron su respaldo a la solicitud de relocalizar la planta de e-combustibles y pidieron al gobernador Frigerio que acompañara la medida y reforzara las presentaciones ante los organismos nacionales competentes.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
