La tasa de suicidios es la más alta de la historia argentina y golpea de lleno a los jóvenes

El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
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El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes de la Argentina y desplazó a los accidentes de tránsito, que históricamente habían ocupado ese lugar en la franja de 15 a 34 años. La conclusión surgió de un informe del Observatorio de Política Criminal que analizó estadísticas oficiales desde 2017 hasta 2025 y detectó un crecimiento sostenido del fenómeno.

Según el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida en 2025. La cifra representó un aumento del 22,6% respecto de 2024 y llevó la tasa a 11,8 víctimas cada 100.000 habitantes, un registro sin precedentes en la historia argentina. El año pasado se dio, además, el mayor salto interanual de la serie, al menos desde 2017: la tasa venía de 9,7 en 2024.

El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, tradujo la magnitud del número durante la presentación del informe: “El año pasado, se quitaron la vida 5209 personas. Esto equivale a 14 casos por día o uno cada dos horas. Es muchísima gente que optó por quitarse la vida, lo que es un problema social y de salud pública mayúsculo. Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto. ¿Qué está pasando en ese grupo que está optando por quitarse la vida?”.

[Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina tiene 20 páginas y se presentó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Larroude, además de dirigir la ONG, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

— (IZQUIERDA) Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal junto a Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Nuestro país padece la crisis de salud mental “más grave de su historia. Es de tal magnitud que en 2025 se dio la mayor tasa de suicidios desde que se tiene registro”, sostuvo Larroude.

El informe tomó como punto de partida 2017, cuando se registraron 3.304 suicidios, con una tasa de 8,2 cada 100.000 habitantes. El cotejo con los 5.209 de 2025 arrojó un aumento del 57,6% en la cantidad de casos, o del 43,9% si se contempla el crecimiento poblacional de esos años.

Los jóvenes, el grupo que más crece

El reporte más reciente del SNIC no incluye el desagregado por edad, pero los datos de 2024 permiten dimensionar el peso de los más jóvenes. Ese año, sobre un total de 4.249 víctimas, 561 personas de entre 20 y 24 años se quitaron la vida; 567 de entre 25 y 29, y 486 de entre 30 y 34. A ellas se sumaron las víctimas adolescentes, de 15 a 19 años. La sumatoria arrojó que el 45,3% del total nacional de 2024 correspondió a adolescentes y personas en su juventud temprana.

Entre los adolescentes de 15 a 19 años la tendencia se mantuvo pareja a lo largo de los años —con un pico de 432 casos en 2018 y un promedio cercano a los 380 anuales— e incluso bajó un 20% en 2024. Los datos de 2025 separados por edad todavía no están disponibles.

Consultado sobre el rol de los jóvenes entre las víctimas, Larroude fue categórico: “La franja de 20 a 34 es la más complicada”.

La “transmutación” de la violencia

El informe planteó un contrapunto entre dos formas de violencia letal. Mientras la tasa de homicidios dolosos bajó de 5,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 3,6 en 2025, la de suicidios siguió el camino inverso hasta ubicarse en 11,8, más de tres veces por encima. El equipo del Observatorio describió el proceso como una “transmutación de la violencia letal” hacia la autoinfligida, aunque aclaró que no se trata de las mismas personas ni de que un fenómeno reemplace al otro.

“Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”, explicó. Y amplió: “Si bien no se cruzan esas variables, en el sentido de que de ninguna manera son las mismas personas las que cometían homicidio y ahora deciden quitarse la vida, es una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en el país. Esto te obliga a intervenir como Estado”.

Para dimensionar la comparación, el autor recordó que el pico de homicidios dolosos asociados a la narcocriminalidad en Rosario a lo largo de una década fue de 24 muertes cada 100.000 habitantes, apenas por encima de la tasa provincial de suicidios más alta del país. También señaló que la cifra actual supera a la de otros momentos críticos: durante la crisis socioeconómica de 2001 se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes. La comparación regional ubicó a la Argentina en el segundo lugar entre las tasas más altas, detrás de Uruguay y por delante de Chile.

“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, afirmó.

El mapa provincial, (muy) dispar

Detrás del promedio nacional se esconden realidades muy distintas. La tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes quedó casi emparejada con la de la provincia de Buenos Aires (11,9), donde reside cerca del 40% de la población. Pero varias jurisdicciones treparon muy por encima.

Entre Ríos encabezó el ranking con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes y una variación del 81,1% entre 2017 y 2025. La siguieron San Luis (18,9, con un salto del 152,6% en el período), Salta (17,4, con 26,6%), Santa Cruz (16, con 24,4%) y Catamarca (14,2, con 55,3%). En el extremo opuesto, las tasas más bajas correspondieron a Río Negro (6,5), Neuquén (7,8), Corrientes (8), la Ciudad de Buenos Aires (8) y Misiones (8,7). De ese grupo, solo Neuquén redujo su número de casos.

Un caso aparte fue el de La Rioja, la provincia con mayor contraste del período: pasó de 13 víctimas en 2017 a 50 en 2025, un aumento del 284,6% en nueve años.

El autor insistió en leer las tasas junto con los números absolutos. “Las tasas permiten comparar poblaciones de distinto tamaño, pero deben leerse junto con los casos absolutos”, planteó. En esa clave, la provincia de Buenos Aires concentró 1.977 hechos en 2025, el 38% del total nacional, seguida por Santa Fe (461), Córdoba (371) y Entre Ríos (288). En conjunto, esas cuatro jurisdicciones reunieron cerca de 6 de cada 10 casos del país. El propio SNIC advirtió, de todos modos, que el fuerte aumento bonaerense —del 55,4% respecto de 2024— respondió en parte a mejoras en los sistemas de carga provinciales y al cruce con registros de defunciones, por lo que no recomendó comparaciones interanuales para esa jurisdicción.

Un subregistro enorme

Una particularidad argentina es que las cifras de suicidio no provienen del Ministerio de Salud, sino del de Seguridad. Los datos surgen del SNIC y de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), que administra la cartera de Seguridad y que cargan las policías provinciales y las fuerzas federales.

La brecha con el registro sanitario es enorme. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, informó 748 suicidios entre las semanas epidemiológicas 1 y 52 de 2025. Los reportes provinciales que recoge el SNIC, en cambio, superaron los 5.200. En Salud reconocen que se trata de cifras “en construcción”: el suicidio se incorporó a la lista de eventos de notificación obligatoria recién en 2023, lo que todavía provoca demoras en los reportes provinciales. Para Larroude, la información del SNIC es “más robusta” por el cotejo policial y judicial al momento de la carga.

En la Argentina, aunque el suicidio no constituye un delito, se registra en las estadísticas criminales desde la década del 60. 

El reclamo por la emergencia en salud mental

El informe remarcó que 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de salud mental: 31,2%, incluso por debajo del 36% de 2017. 

“Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”, planteó Larroude, que subrayó la necesidad de instalar el tema en la agenda pública.

Entre los factores que, a su criterio, inciden en el fenómeno, mencionó lo que definió como “el triángulo histórico estudiado por la psicología. La ansiedad, la depresión y el aislamiento. Pero lo que también se ve en los jóvenes es un fuerte problema de consumo elevado de estupefacientes”. En ese punto aportó datos de la Sedronar: “Argentina tiene una tasa elevada de consumo de marihuana y cocaína en su población económicamente activa: 28 y 5 personas cada 100.000, respectivamente, las consumieron alguna vez en el último año. Es un montón y se ha triplicado en los últimos años”.

A ello sumó “la ludopatía, otro factor importante”, y vinculó el cuadro con la coyuntura económica: la falta de empleo formal y, sobre todo, la crisis de endeudamiento, que golpea con dureza a los jóvenes y a los adultos mayores, los primeros y los últimos estratos de la sociedad.

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Trump pidió eliminar el comité de la ONU que cada año respalda el reclamo por las Islas Malvinas

El gobierno de Donald Trump pidió eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo llegó el pasado jueves 15, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York. Allí, la representante estadounidense Tammy Bruce solicitó la finalización del mandato del organismo y calificó parte de su actividad como un despilfarro de recursos.

Desde el principal aliado internacional de la Casa Rosada llegó así una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos. Ocurrió en plena ofensiva del Gobierno por el archipiélago y contra la explotación petrolera en sus aguas.

—El comunicado oficial de la ONU que da cuenta del pedido de Estados Unidos para terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización

De acuerdo con el comunicado de prensa GA/SPD/841 que difundió la ONU, la funcionaria afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original”. Recordó que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros, mientras el organismo “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. También apuntó contra “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que consideró una pérdida de tiempo y de dinero para la organización.

Como ejemplo eligió a Puerto Rico. La Asamblea General quitó a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero el comité celebra audiencias sobre ella todos los años. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, remató. Su intervención no mencionó a las Malvinas.

El C-24, como se lo conoce en la jerga diplomática, nació en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados y examina 17 territorios no autónomos, diez de ellos bajo administración británica, Malvinas incluida. Desde 1983 aprueba cada año una resolución que insta a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965. Estados Unidos abandonó el comité en 1971, con el argumento de que no le permitía cumplir un rol constructivo.

En esa misma sesión, la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, muchos surgidos de recomendaciones del C-24. Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los únicos votos en contra del texto sobre difusión de información sobre descolonización, que reunió 164 apoyos. La delegación británica, por su parte, reclamó que el comité reconozca la “modernización” de su vínculo con los territorios de ultramar.

Para Javier Milei, la jugada abrió la primera diferencia geopolítica con Trump. El Presidente comparte con el republicano la desconfianza hacia la eficacia de la ONU, pero considera al C-24 uno de los pocos escenarios multilaterales disponibles para el reclamo. 

Se espera que el canciller Pablo Quirno anuncie el rechazo argentino ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que llegan esta semana a Buenos Aires para promover una iniciativa de infraestructura con inversión estadounidense. El viernes, Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos “reafirmaron la solidez de la asociación”, aunque no trascendió si conversaron sobre las islas.

Para cerrar el comité hace falta la aprobación de la Asamblea General. Allí Estados Unidos no tiene poder de veto, y el C-24 cuenta con el aval de una amplia mayoría de países.

La postura de Washington choca con el discurso de Milei en la última Asamblea General. “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente desde el atril neoyorquino, donde acusó a la ONU de “inútil” y de “mirar hacia otro lado con la causa”. Recordó que hace 50 años la resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales y se preguntó “de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.

Los tres cancilleres de Milei defendieron el reclamo ante el C-24. Diana Mondino recordó en 2024 los 191 años de ocupación británica. Un año después, Gerardo Werthein la definió como “un acto colonial, contrario al derecho internacional”. En junio pasado, Quirno denunció la “militarización” del archipiélago y rechazó el argumento británico de la libre determinación: “Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.

El pedido de Washington coincidió con el momento de mayor tensión con Londres. La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y el Reino Unido respaldó de manera explícita a las empresas involucradas. Compañías estadounidenses también expresaron su preocupación por las sanciones que prevé la Ley de Soberanía.

Trump había alentado la estrategia oficial cuando evaluó revisar la neutralidad histórica de su país sobre el archipiélago y se ofreció como mediador. Sin embargo, después de reunirse el 22 de septiembre con el primer ministro británico, Andy Burnham, descartó esa mediación.

La ofensiva contra el C-24 forma parte de los recortes que Washington impulsa en la ONU como su principal contribuyente. Esos recortes coinciden con la carrera para suceder a António Guterres, en la que compite el argentino Rafael Grossi con el apoyo de Milei.

Villarruel lanzó un alivio financiero para los empleados endeudados del Senado: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”

La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.

En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.

Victoria Villarruel on X (formerly Twitter): “Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo. / X”

Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.

El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.

Victoria Villarruel on X (formerly Twitter): “Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper. / X”

Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.

Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.

Victoria Villarruel on X (formerly Twitter): “El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan… / X”

El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…

“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.

Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.

Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.

La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.

La periodista de la falsa denuncia contra los jugadores de Vélez rompió en llanto porque nadie le da trabajo

Lourdes Parache, la periodista tucumana que en marzo de 2024 denunció por violación a cuatro jugadores de Vélez, publicó en los últimas días un video de casi cinco minutos en TikTok en el que lloró porque ya no puede trabajar de lo que estudió. La Justicia sobreseyó en dos instancias a los futbolistas y estableció que aquella noche hubo sexo consentido. Ahora, ella eligió mostrarse ante la cámara como la damnificada de la historia.

“Este video no va a ser alegre, pero siento que es necesario ponerlo en palabras”, arrancó Parache. Hincha de Atlético Tucumán desde chica, contó que había cumplido el sueño de cubrir al club de sus amores y que hoy va a la cancha como una espectadora más: “me queda el sabor amargo a la salida (del partido) de decir ‘yo tendría que estar trabajando como periodista’. Estudié cuatro años Ciencias de la Comunicación, estoy capacitada”, reclamó, y atribuyó su presente a “una situación externa de la que no soy responsable”.

El lamento siguió por el mismo carril. Le pareció “muy injusto” que su sueño, su carrera y su vida hayan dado “un giro tan drástico”, admitió que no puede ser periodista “por razones obvias” y relató que cada vez que vuelve del estadio llega angustiada y necesita llorar. También mencionó, al pasar, que hace terapia y que salió de una depresión. Para el año próximo pidió dos cosas: “una gran oportunidad como periodista” y “que la gente frene el odio y el acoso para que eso sea posible”. Tras la catarata de críticas puso su cuenta en privado.

La situación externa tiene fecha y lugar. En la madrugada del 3 de marzo de 2024, después de un partido entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán, Parache fue a la habitación 407 del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, donde estaban Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. El 6 de marzo los denunció por una violación grupal. Vélez les rescindió los contratos y tres de ellos pasaron casi tres meses con prisión domiciliaria.

— Sosa, Florentín, Osorio y Cufré

El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro. El 9 de junio de 2026, la vocal Patricia Carugatti, del Tribunal de Impugnación, confirmó esa decisión y rechazó todos los planteos de los abogados de la denunciante.

Los propios mensajes de Parache derrumbaron la acusación. A la 1:35, ya dentro de la habitación, le escribió a una amiga: “Adivina donde estoy. Con los de Vélez, sola”. A las 6:18, recién salida del hotel, le mandó a Sosa un emoji de un ratoncito que entrega un corazón. Horas después les contó a sus amigas que había dormido con la chomba que le regaló un jugador porque “tenía su perfume”, y en audios describió la noche como “la adrenalina que necesitaba”.

La pericia psicológica oficial concluyó que el hecho fue “inicialmente consentido” y que ella lo resignificó más tarde como traumático, permeable a presiones externas. 

— Captura del fallo: la pericia psicológica oficial concluyó que la denunciante resignificó como traumático un encuentro “inicialmente consentido” y que es susceptible a presiones externas

El fallo habló de una reinterpretación “fabricada ex post facto, inducida por terceros”, y citó otro chat de la joven: “En un momento dije que no me habían tocado… La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada”. Sobre Sosa, de quien repitió varias veces que dormía, escribió que le daba lástima pero que no lo iba a dejar afuera “porque es el que más plata tiene”.

— Captura del fallo: los chats de la denunciante con sus amigas, en los que admitió que una abogada la “hizo dar cuenta” de que había sido abusada, y la conclusión de la jueza sobre un relato “inducido por terceros”

Ante la jueza, el arquero contó que no hay cancha donde no le griten “violador” y definió lo vivido como “un daño irreversible y una pérdida de dos años y medio de vida”.

Policías bonaerenses denuncian que durmieron en el piso, sin baños ni comida durante la visita del papa León XIV: “Es inhumano, insalubre”

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un reclamo en la provincia de Buenos Aires, después de que familiares y efectivos de la Policía Bonaerense denunciaran hacinamiento, falta de higiene, condiciones deficientes de descanso, jornadas laborales extensas y presuntas presiones de sus superiores durante el operativo de seguridad.

Las denuncias también incluyen el supuesto traslado de policías sin sus armas reglamentarias, la obligación de firmar actas de desarme y el pago de aproximadamente 60.000 pesos por jornada.

Según la información difundida por el gobernador Axel Kicillof junto con el ministro de Seguridad Javier Alonso y el intendente Leonardo Boto, el dispositivo movilizó aproximadamente 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad, además de unos 1.200 trabajadores sanitarios, 10.000 voluntarios, 45 ambulancias y cuatro hospitales de campaña, incluyendo controles de acceso, recorridos de seguridad, puestos sanitarios y espacios para atender a los peregrinos.

La visita apostólica de León XIV se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ese miércoles 11 de noviembre estuvo prevista una misa a las 10 de la mañana frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para cubrir estas tareas, se convocó a personal policial de distintas localidades bonaerenses. Algunos efectivos debieron desplazarse fuera de sus destinos habituales y permanecer durante varios días en alojamientos temporales.

Entre las unidades mencionadas aparece el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una unidad policial especializada en tareas operativas y de apoyo a otras dependencias. La controversia comenzó cuando familiares de los agentes difundieron fotografías de los lugares donde se alojaría parte del personal movilizado.

De acuerdo a los testimonios recabados, los agentes estaban siendo alojados en instalaciones improvisadas que presentaban importantes deficiencias. Los familiares señalaron que los efectivos tenían que dormir en carpas instaladas entre árboles, utilizar catres agrupados y compartir baños químicos, sin contar con suficientes frazadas ni espacios adecuados para bañarse.

Uno de los allegados cuestionó que se anunciaran importantes gastos para ofrecer comodidades al personal cuando, conforme a su relato, esas condiciones no se estaban cumpliendo, a la vez de existir incertidumbre sobre la cantidad de días que los policías estarían allí y las condiciones en que desarrollarían sus jornadas. Destaca la declaración de una agente, de que los baños químicos carecían de elementos de limpieza y mantenimiento adecuados.

“Para que se enteren todos cómo llevan a los policías a acampar a Luján por la llegada del Papa. El lugar donde van a dormir es abierto, no les dan frazadas ni nada, no tienen dónde bañarse ni las comodidades que están diciendo”, confirmó un familiar de uno de los agentes que prestaron servicio en La Plata, añadiendo que “no parece justo que estén diciendo que gastaron un montón para que ellos tengan todas las comodidades para estar bien allá, cuando no es así”.

Los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental que descansaban en el barrio Don Orione, partido de Almirante Brown, ya no disponían de catres y se vieron en la necesidad de dormir directamente en el suelo, así como la utilización de duchas improvisadas, el hacinamiento y la acumulación de horas de servicio.

“Son de Caballería y les dan solo 60 mil pesos, y están sin baño”, sostuvieron familias autoconvocadas de los agentes de seguridad.

Las condiciones de los jefes

Otro aspecto de la controversia surgió cuando se revelaron imágenes de un salón cerrado que habría sido destinado a superiores policiales. Los denunciantes sostuvieron que mientras numerosos agentes descansaban en carpas sobre terrenos embarrados, algunos jefes disponían de instalaciones con piso de madera, ventanales y aire acondicionado.

Trascendió a la par una comunicación atribuida a la organización del operativo, en la cual los policías debían costearse y presentarse en servicio con capas de lluvia, botas de goma, sábanas de una plaza, almohada, pijama y artículos de higiene personal.

La acusación más delicada tiene que ver con el personal policial de especialidades, que fue enviado a cubrir servicios sin su armamento reglamentario y sin elementos visibles de identificación institucional. Estos se trasladaron desde Quilmes hasta Luján utilizando vehículos particulares, provistos únicamente de su credencial policial y documento de identidad. Asimismo, los policías afirmaron que sus superiores les exigían firmar un acta de “desarme voluntario”, bajo advertencia de posibles sanciones disciplinarias si se negaban.

Una mujer, identificada como esposa de un efectivo de Infantería procedente de Azul, afirmó que su marido llevaba cuatro días movilizado y que, al no contar con un lugar asignado para descansar, algunos integrantes de la unidad habían tenido que dormir al costado de una ruta en Luján. Hasta en Córdoba, los efectivos habían dormido en el suelo y con otros reclamos por falta de comida, agua e instalaciones sanitarias.

“Después del Papa no saben en dónde van a dormir”, afirmó la mujer, agregando que “lo tienen así durmiendo afuera hasta que llegue el Papa, sin agua, sin comida. Es inhumano, insalubre”.

La bochornosa “carpa VIP”

A diferencia de cómo pasaron las autoridades involucradas en la conocida como la “carpa VIP”, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El escándalo comenzó cuando se difundieron fotografías y videos de políticos, empresarios y celebridades que disfrutaban de un espacio exclusivo de 1.200 m² con aire acondicionado, catering y ubicaciones preferenciales durante la misa multitudinaria celebrada el lunes 9 de noviembre en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Una investigación periodística por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en el portal El Disenso reveló que el Estado nacional adjudicó contrataciones millonarias a ocho empresas para la organización y el desarrollo de las actividades oficiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el relevamiento, las adjudicaciones alcanzaron un monto conjunto superior a los 20.477 millones de pesos, distribuidos entre servicios de producción, infraestructura, transmisión televisiva, iluminación, sonido y abastecimiento eléctrico.

Entre las otras contrataciones, se mencionaron empresas vinculadas a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La diputada Marcela Pagano señaló a Tech Security SRL, vinculada a servicios de seguridad, y a Purgato S.A., dedicada a tareas de limpieza; no está confirmado documentalmente el servicio de limpieza atribuido a Purgato, y tampoco se ha podido establecer el monto de Tech Security. De acuerdo con los registros societarios, Fernando Nicolás Menem, Eduardo Adrián Menem y Pablo Ariel Vázquez aparecen vinculados a esas firmas.

Mientras una gran cantidad de asistentes permanecía al aire libre y esperaba durante horas para acercarse al pontífice, con una capacidad para albergar a 250 personas que tenían acceso a instalaciones especialmente acondicionadas frente al Monumento de los Españoles. La contratación más elevada correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió una adjudicación de 8.690 millones de pesos para la producción general del evento. Le siguió Nuevos Aires Producciones SRL, con 4.547.7 millones de pesos destinados a la instalación de estructuras y vallados, mientras que Recordvision S.A. obtuvo 3.090 millones de pesos para los servicios de transmisión televisiva.

Los espacios reservados contaban con 3.500 sillas preferenciales próximas al altar, protección contra las condiciones climáticas, servicios gastronómicos y comodidades adicionales. Entre las personas que asistieron al sector preferencial estuvieron figuras del espectáculo y la moda, como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre, además de autoridades y otros invitados. Por su parte, PRG Argentina SRL fue adjudicataria de 1.979.3 millones de pesos para el montaje de sonido e iluminación, mientras que Fidias Energía SRL recibió 1.736 millones de pesos para garantizar el abastecimiento eléctrico. A estas contrataciones se sumaron los 225 millones de pesos asignados a VMG Video Tech S.A. para la instalación de pantallas LED.

Finalmente, los servicios de alfombras y cortinas quedaron distribuidos entre Alfombra Mágica SRL y Tetramon, que recibieron adjudicaciones por 128.08 millones y 81.21 millones de pesos, respectivamente. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri reconoció que algunos aspectos del servicio gastronómico fueron excesivos. En declaraciones al medio de Radio La Red, expresó que las medialunas y los budines estuvieron de más, aunque rechazó la idea de que se hubiera tratado de un lujo descomunal.

La diferencia fue notaría en el trato entre invitados seleccionados y fieles comunes en una ceremonia que buscaba transmitir un mensaje de humildad, fraternidad e igualdad. El contrato incluía pisos nivelados, alfombra beige, revestimientos interiores, climatización de frío y calor, mobiliario, mesas, arreglos florales y sanitarios especiales.

Contemplaba un servicio de catering diferenciado. Para la misa se habían previsto 250 prestaciones de café y alimentos destinadas a particulares especiales, además de servicios separados para Presidencia, las sacristías, el coro y el encuentro juvenil.

Intendentes cordobeses denunciaron que el PAMI adeuda 13 meses de prestaciones médicas

Cerca de 80 intendentes de la provincia de Córdoba se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para exigir soluciones a la falta de pagos del PAMI, que mantiene una deuda acumulada desde hace más de 13 meses por prestaciones médicas.

“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, sostuvo el intendente de la localidad de Idiazábal, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia.

Los mandatarios locales denuncian que la reciente reducción del Plan Remediar, que limitó la oferta de 128 a solo 6 medicamentos, impacta gravemente la atención primaria de la salud, obligando a los municipios a cubrir estos servicios con recursos propios.

Respecto del transporte, los intendentes exigen una distribución más equitativa de los subsidios nacionales, proponiendo que, si el Gobierno Nacional elimina el impuesto al combustible, ellos reducirán un 35% el valor del boleto de transporte público.

— A la derecha, el intendente municipal de Idiazábal, localidad ubicada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia

La Comisión de Asuntos Municipales presidida por Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, reunió a intendentes y representantes de distintos municipios del país para analizar el funcionamiento del Programa Remediar, la situación del transporte público y la implementación de un régimen federal de áreas metropolitanas.

Durante el encuentro participaron los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; y Rosario Romero, de Paraná, junto con otras autoridades municipales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Según informó la Municipalidad de Córdoba, la jornada contó con la participación presencial y virtual de más de 80 representantes de ciudades pertenecientes a siete provincias argentinas.

Para entender mejor la cuestión, el Programa Remediar nació en 2002, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, para facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de centros de atención primaria. Su funcionamiento se apoyaba en una compra nacional centralizada y en la distribución de botiquines a establecimientos públicos del primer nivel de atención. Ese primer nivel es el de las salitas y centros de salud donde se atienden problemas frecuentes, se realizan controles y se sostienen tratamientos sin recurrir inicialmente a un hospital de mayor complejidad.

— La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Carolina Basualdo

El programa no consistía en entregar dinero al paciente para comprar cualquier producto en una farmacia, sino que su instrumento principal era proveer medicamentos al sistema público. Como referencia histórica, el informe oficial de gestión de 2021 registraba más de treinta millones de tratamientos distribuidos a 8.109 centros e instituciones.

La modificación relevante es la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario Iván Lugones el 14 de octubre y publicada el 15 de octubre de 2026. La norma derogó la Resolución 3424/2021 y aprobó un nuevo listado orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. También estableció que ese listado funciona como referencia para compras centralizadas, planificación logística y provisión a establecimientos públicos de atención primaria.

Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas en el Programa Remediar, particularmente la sustitución del listado amplio de medicamentos por otro concentrado en seis principios activos destinados a tratamientos de salud vascular. Sin embargo, la modificación normativa no permite determinar por sí sola el alcance del recorte presupuestario ni establecer cuántos tratamientos dejaron efectivamente de distribuirse en los centros de atención primaria.

— Mario Lugones, médico cardiólogo y actual Ministro de Salud de la Nación Argentina

En relación con el PAMI, los jefes comunales denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas realizadas por establecimientos municipales que mantienen convenios con el organismo. El reclamo apunta a la cancelación de deudas por servicios que, según sostienen, ya fueron brindados a los afiliados, y no exclusivamente a la asignación de nuevos subsidios o recursos extraordinarios.

“Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”, expresó Pablo Vassia sobre los intendentes que no han abandonado a los adultos mayores. En ese contexto, Passerini aseguró que estaría dispuesto a reducir un 35% el precio del boleto del transporte público urbano si el Gobierno nacional eliminara el Impuesto a los Combustibles.

Respecto del transporte público, las autoridades municipales cuestionaron la eliminación de las compensaciones generales destinadas a las empresas del interior del país, mientras continúan vigentes distintos mecanismos de asistencia nacional para servicios bajo jurisdicción federal, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, corresponde diferenciar los subsidios directos a las empresas, los descuentos sociales financiados mediante el sistema SUBE y las obligaciones económicas que asumen las distintas jurisdicciones, dado que responden a esquemas de financiamiento diferentes.

¿Qué cambió en octubre?

El listado de medicamentos contempla seis principios activos destinados principalmente a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se encuentra el ácido acetilsalicílico, utilizado para prevenir determinados eventos cardiovasculares en pacientes con indicación médica, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina se emplean para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.

Por su parte, el candesartán y el ramipril están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y determinadas enfermedades cardiovasculares. A estos se suma la hidroclorotiazida, un medicamento diurético que contribuye al control de la presión arterial mediante la eliminación de sodio y agua del organismo.

De esta manera, los seis principios activos se concentran en la atención de afecciones cardiovasculares, aunque presentan diferentes aplicaciones terapéuticas. La controversia planteada por los intendentes gira en torno a la reducción de la variedad de medicamentos contemplados en el Programa Remediar y sus posibles consecuencias sobre el acceso gratuito a tratamientos para otras enfermedades en los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, quedaron únicamente medicamentos para la hipertensión. La orientación es vascular y cardiovascular, e incluye tratamientos para el colesterol y prevención de ciertos eventos, además del control de la presión arterial.

El listado anterior contemplaba 128 medicamentos, de acuerdo a las fuentes institucionales. El nuevo concentraría la referencia nacional en seis principios activos. Es una reducción muy pronunciada del alcance terapéutico. La Municipalidad de Córdoba expresa esa contracción como una caída del 95.3% en la variedad contemplada. La resolución no dispondría expresamente la eliminación de Remediar. Lo que hace es derogar el listado anterior y sustituirlo por otro mucho más acotado, preservando además una referencia a otros listados nacionales vigentes, ofreciendo una justificación sanitaria y una justificación sobre la distribución de responsabilidades.

En lo sanitario, el Ministerio sostiene que las enfermedades vasculares representan una carga muy elevada de mortalidad, discapacidad e internaciones, y que corresponde fortalecer la detección y el tratamiento de sus factores de riesgo. Por eso vincula la nueva nómina con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y con criterios de eficacia, seguridad y relación entre costos y resultados.

En lo institucional, plantea que la política nacional de medicamentos tiene un papel estratégico y complementario, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservan responsabilidades primarias en la prestación de servicios y provisión de medicamentos para otras condiciones. El desacuerdo no consiste necesariamente en negar la importancia de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, sino es si resulta adecuado fortalecer esa prioridad sustituyendo un listado amplio, y cómo se garantiza la continuidad de los demás tratamientos.

Lo que preocupa a los municipios

Entre los medicamentos que son excluidos del nuevo listado están metformina, levotiroxina, amoxicilina y salbutamol, utilizados para condiciones distintas de las contempladas por la nueva nómina vascular. La Municipalidad de Córdoba señala que la modificación desplaza hacia provincias y municipios la necesidad de abastecer tratamientos para diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia e infecciones, entre otros.

El problema presupuestario entiende que el centro de salud podría seguir recibiendo al paciente, pero ya no recibe determinados medicamentos desde la Nación, y alguien debe reemplazar esa provisión. Las alternativas son comprar con fondos locales, obtenerlos mediante otro programa o dejar una necesidad sin resolver; cuál de ellas ocurre debe comprobarse en cada localidad.

En Córdoba capital, el municipio informó dos indicadores relevantes. La participación de Remediar en su provisión gratuita de medicamentos pasó del 65.3% al 25.7% entre 2025 y 2026, y la demanda de su sistema público aumentó un 29% desde 2024. “El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, afirmó Pablo Vassia.

Conforme a sus declaraciones, presentaron un reclamo formal y recibieron una promesa de comenzar a regularizar los pagos desde junio y, al momento que se escribe esta información, no habían recibido las transferencias comprometidas. Los intendentes afirman que continuaron atendiendo a los afiliados con recursos municipales. En la documentación pública no aparece una liquidación consolidada que permita establecer cuánto se adeuda a los municipios cordobeses, a cuáles y por qué períodos, ni una respuesta específica del PAMI que permita contrastar cada punto del reclamo.

Los empresarios que se reunirán con León XIV, pero cuyos negocios estarían flojos de santidad

La visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana a Sudamérica ha copado la agenda política y mediática de esta semana. Pero poco se mencionan las aparentes contradicciones entre quienes figuran como aportantes para su visita y los mensajes papales.

Entre las empresas que figuran como donantes en el sitio oficial de la visita de León XIV figuran: Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy, y varias más.

Ahora bien, la pregunta es si los empresarios detrás de estas marcas representan lo que el líder del Vaticano promulga en sus encíclicas.

Contra la concentración económica

En el documento papal llamado Dilexi te (Te he amado), que recientemente cumplió un año de su publicación, León XIV afirma textualmente: “Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”.

Es decir, cuestiona la concentración económica en detrimento de masas poblacionales.

Daniel Vila y José Luis Manzano son propietarios de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica: EDEMSA (Mendoza) y EDENOR (Buenos Aires).

Juntas concentran el 22,13% de este negocio en la Argentina. Es decir, cerca de 1 de cada 4 usuarios dependen de estos empresarios.

Hay un dato anecdótico sobre la ética empresarial en este caso. El 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza vía Zoom.

Esto era para autorizar un incremento en el costo del valor de distribución eléctrica (que es la parte de la factura que le corresponde netamente a EDEMSA en este caso).

El argumento principal llevado adelante por Andrés Carnevale en representación de la empresa de Vila-Manzano era que había un atraso en el reconocimiento de los costos y mayor morosidad por el contexto de la pandemia.

Esto implicaba mayores “esfuerzos” de EDEMSA para sostener y hasta mejorar los servicios, por lo que se pedía autorizar el incremento.

El tema es que mientras se hablaba de la difícil situación que supuestamente atravesaba la distribuidora eléctrica, en Ciudad de Buenos Aires se estaba autorizando la compra de EDENOR por unos U$ 100 millones.

Luego de esa audiencia pública se autorizó el incremento en la factura.  

Ternium Argentina es una de las empresas pertenecientes al grupo Techint de Paolo Rocca. Tiene una capacidad productiva de más de 3.159 millones de toneladas de acero según datos de la misma firma.

Según datos del INDEC, en 2025 se produjeron 4.024 millones de toneladas de acero crudo en el país.

Es decir, concentra el 78,5% del mercado nacional de este rubro. 

Con respecto a Eduardo Eurnekian, es propietario de Corporación América, accionista mayoritario de Aeropuertos Argentina 2000.

Según documentación presentada en 2025 por la misma empresa, se asegura que esta maneja el 93,4% del tráfico aéreo comercial argentino.

En otras palabras, 9 de cada 10 pasajeros dependen de esta empresa para volar.

En 2020, Aeropuertos Argentina 2000 consiguió una prórroga de diez años de su concesión, hasta febrero de 2038.

Cabe mencionar que en 2025 la Auditoría General de la Nación publicó un documento en el que advertía que la prórroga de 2020 tenía algunas cláusulas de inversión que no contenían criterios objetivos para verificar su cumplimiento total o parcial.

Recomendó también mejorar los mecanismos de control sobre las obligaciones del concesionario.

Pero en septiembre de 2026 se firmó un nuevo acuerdo de readecuación contractual que contempla extender la concesión hasta febrero de 2056, sujeto a condiciones, entre ellas una inversión adicional de US$600 millones en Ezeiza.

La educación como herramienta dignificadora

En su carta “Dibujando nuevos mapas de esperanza”, el líder católico afirma: “…el Concilio Vaticano II articuló el derecho a la educación y sus principios fundacionales como universalmente válidos. Destacó las responsabilidades impuestas tanto a los padres como al Estado. Consideraba que la provisión de una educación que permita a los estudiantes “evaluar valores morales con la conciencia correcta” era un “derecho sagrado” y hacía un llamamiento a las autoridades civiles para que respetaran este derecho. También advertía contra subordinar la educación al mercado laboral y a la lógica a menudo dura e inhumana de las finanzas”.

Sin embargo, la familia Vila tiene un conflicto de 40 años con la Universidad Nacional de Cuyo.

En la década del 60’ Alfredo Vila (padre de Daniel) ocupó unas 32 hectáreas de terrenos ubicados en el piedemonte mendocino que formaban parte del polígono de tiro del Ejército Nacional. 

Allí instaló una ripiera con la que comenzó a usufructuar con bienes estatales.

En 1980 el Estado nacional le cedió a la Casa de Altos Estudios 32 hectáreas de esos terrenos.

En 1986 se inició un conflicto legal contra Dalvian S.A., el barrio privado más antiguo y extenso de la Provincia, fundado por Vila (padre).

Tras fallos judiciales favorables para la familia empresarial, la UNCUYO llevó el caso ante la Corte Suprema, que en 2012 falló a favor de la universidad.

No obstante, lo dictado siguió sin ejecutarse.

En septiembre de 2017 el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que debían devolverse cinco hectáreas a la UNCUYO y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno” (Dalvian).

Sin embargo, a casi diez años de eso la universidad sigue sin poder hacer uso de los terrenos que le fueron usurpados. 

La cuestión ambiental

En la encíclica antes mencionada de León XIV cita frases de Laudato. Si, la que escribió su antecesor argentino.

Allí dice: «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».

En 2020 la ONG mendocina Xumek (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas acudieron a la justicia para frenar una explotación petrolera concedida a Grecoil y Cia, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.

Esta fue beneficiada por la resolución 355/19 de la Dirección de Protección Ambiental (en ese momento a cargo de Humberto Mingorance) que permitía usar el método fracking en el área denominada “La brea” en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza.

El argumento de los denunciantes fue que los funcionarios públicos intervinientes en ese momento “arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking… niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”, comunicó en ese entonces Xumec.

Entre los incumplimientos del Estado mendocino estaban la consulta pública, libre e informada a los pueblos originarios intervinientes, además de ignorar múltiples riesgos ambientales asociados a la actividad.

Ese mismo año salió a la luz que el gobierno de Alfredo Cornejo le había concedido el uso de agua de un arroyo para fracking a otra empresa de Vila-Manzano a través del Departamento General de Irrigación (cuando el titular de ese organismo había negado el uso de agua dulce para esa metodología extractiva). 

Fue por medio de la resolución n° 004/18 que se le permitía a la Petrolera El Trébol (de la cual los citados empresarios son accionistas) a tomar 18 millones de litros del arroyo “El Alamito” pagando tan sólo dos centavos el litro de agua pura cordillerana.

Años antes, entre 2007 y 2008 otra empresa petrolera vinculada a Vila-Manzano estuvo bajo sospecha. Esto porque durante la gestión de Celso Jaque (PJ), el Gobierno de Mendoza adjudicó a Ketsal-Kilwer siete de once áreas petroleras.

La controversia radicó en que explícitamente el pliego decía que se podía otorgar un máximo de cinco áreas por empresa.  

Independientemente de cómo los creyentes católicos interpreten la foto de León XIV con estos y otros empresarios, hay algo que los datos revelan: las operaciones comerciales de estos magnates estarían flojas de santidad.




*Por: Franco D’Amelio | Especial para Data24.com.ar

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