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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
En un video publicado en sus redes sociales, Marra denunció que las villas son el principal foco de inseguridad en CABA, un problema que el Gobierno porteño no ha sabido resolver. “OPERATIVO CERROJO EN TODAS LAS VILLAS”, afirmó el legislador, exigiendo controles fijos y móviles, requisas y respaldo legal a las fuerzas de seguridad para proteger a los porteños.
El candidato detalló que los puntos de control en cada entrada de las villas incluirán detectores de metales y revisiones exhaustivas, mientras que operativos móviles actuarán dentro de los barrios para desmantelar redes de narcos y delincuentes. Marra señaló que hoy en día los robos en la Ciudad terminan con los celulares localizados en las villas, una situación que su plan busca erradicar. “Los chorros y los narcos se esconden detrás de la gente honrada; es hora de que el miedo lo tengan ellos, no la gente de bien”, lanzó Marra, criticando la impunidad que permite que estas mafias operen.
El video, que acompaña un tweet viral, genera debate sobre la necesidad de actuar con firmeza frente a un problema que afecta la seguridad de toda la Ciudad. Marra advirtió que, de no tomarse medidas drásticas, CABA podría convertirse en una “gran villa miseria”. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, cerró el candidato, reafirmando su compromiso con una CABA más segura y ordenada para todos.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
Durante la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Pareja, principal armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por un inesperado baldazo de agua justo cuando se disponía a dirigirse a los asistentes. El hecho se produjo en el momento en que Daniel Mollo, histórico relator de Boca Juniors y coordinador local del partido, había dado lectura a la presentación de Pareja. El ataque, habría provenido de una vecina desde un balcón, se puede observar en videos que documentaron el episodio.
“Vinimos a cambiar la Argentina, la Provincia, San Martín. Vamos a volver a gobernar San Martín. Va a volver a ser un distrito que crezca, que sea sano”, exclamó Pareja, antes de ser mojado, destacando que la gestión peronista está “agotada”.
Hasta el momento se desconoce el nombre propio de quién estaría detrás, aunque circula la hipótesis de que “sería alguien que se encuentra disconforme con su modo de conducir y repartir los cargos”. Fuentes internas de LLA admitieron que “la gente ya está bastante desencantada con el gobierno, incluso muchos de los propios”, lo que estaría sumiendo al bloque en “su momento más complejo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia”.
El foco de la tensión interna radicaría en la puja por el armado territorial entre dos sectores antagónicos: el vinculado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, y el alineado con Santiago Caputo, asesor presidencial cuya influencia ha crecido notablemente en los últimos meses. Sebastián Pareja encabeza el primer grupo, ocupando un lugar clave para la expansión de LLA en el distrito electoral más grande del país y designado por Karina para darle “un lavado de imágen” al armado bonaerense.
Por su parte, Santiago Caputo ha denunciado públicamente el uso de recursos territoriales por parte del ala de Karina Milei, señalando el reparto de las cajas del PAMI en distintas provincias como una práctica de clientelismo. El propio Caputo envió un mensaje directo a Pareja y otros operadores del partido, acrecentando la interna.
Un antecedente reciente que refleja la tensión entre ambos sectores fue el caso de Marina Biagetti, militante de la agrupación juvenil “Las Fuerzas del Cielo” que responde a Caputo. Biagetti fue expulsada por Alberto Pascual, coordinador de La Libertad Avanza en Junín que respondía a Pareja. Este suceso generó la inmediata reacción tanto de Caputo como de Daniel Parisini (“el Gordo Dan”), quienes lograron no solo reintegrarla sino también la expulsión de Pascual.
Lo más significativo del caso fue la intervención directa del presidente Javier Milei, quien desde su cuenta de Twitter respaldó a Biagetti, inclinando la balanza llamativamente en favor de su asesor. Este gesto presidencial fue interpretado como un respaldo a Caputo en la puja interna.
“Tienen que intentar ser un poco menos pelotudos porque van a salir todos volando a patadas en el culo. El Presidente nunca defrauda. Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las Fuerzas que vienen Del Cielo”, escribió Caputo desde su cuenta oficial de X.
El gobierno de Milei también busca desarrollar una estrategia para meterse de lleno en la interna peronista para intentar romper al principal espacio opositor de cara a las elecciones de octubre, algo que a la larga llevaría a usar como moneda de cambio las votaciones en la Legislatura bonaerense para hacer crecer la interna en el PJ y aprovechar la fractura entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof para “echar nafta al fuego”.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.
El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.
El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.
La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.
En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.
Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.
Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.
Durante una entrevista con la chimentera Mariana Brey, Javier Milei sostuvo: “Ella (por Villarruel) es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Ella dejó de participar en las reuniones de gabinete allá por el mes de mayo del año pasado”. La frase, replicada por todos los canales oficiales, puso en primer plano la interna que el oficialismo arrastra desde el inicio de la gestión.
La ausencia de Victoria Villarruel en las reuniones de Gabinete se registró desde mediados de 2024, cuando faltó a dos convocatorias consecutivas en Casa Rosada. En noviembre, Milei afirmó que su vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
El 2 de abril pasado, ambos encabezaron actos separados por Malvinas, gesto que profundizó las sospechas de ruptura. La tensión escaló con los aumentos votados en el Senado: Milei lo consideró “un privilegio de la casta”, mientras Villarruel, como titular de la Cámara alta, evitó confrontar públicamente.
Analistas políticos describieron a comienzos de 2025 que la relación “se dobló, pero no se rompió” y advirtieron que un eventual quiebre complicaría la gobernabilidad. Aun así el enfrentamiento ya alcanzó un punto inquietante.
Milei reforzó un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos e Israel. En su primera gira internacional avaló la política israelí sobre Gaza y ratificó que Argentina “estará con los defensores de la libertad”. Ya en campaña había proclamado: “Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel”, postura que reiteró ante la ONU al prometer una “nueva doctrina argentina” centrada en ambos aliados.
Ese sesgo exterior contrastó con el perfil de Villarruel, quien abrazó un patriotismo más conservador y cuestionó pactos como el acuerdo británico-argentino sobre Malvinas, al que calificó de “migajas” para el país. El contrapunto ideológico alimentó las versiones de que la vice buscaría abrir su propio juego dentro del oficialismo, aunque ella negó cualquier ruptura y reiteró su pertenencia a La Libertad Avanza.
El candidato a legislador por CABA criticó al Plan Patria Grande del kirchnerismo: “La población de las villas se multiplicó por diez en la última década”.
Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A
