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En pleno proceso de desmadre del peronismo y con vistas al 2023, los diferentes espacios que conforman el Frente de Todos (FdT) buscan posicionarse en el complejo tablero político de La Plata, en donde Juntos parece tenerlo ganado en cada delegación. Asimismo, comenzó a resurgir un viejo conocido: el ex intendente Pablo Bruera.
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De tal manera, el “bruerismo” intenta sobrevivir al proceso de virtual desaparición política que sufre desde que abandonó el poder (allá por el 2015, cuando Pablo fue despojado de la Intendencia). Vale recordar que ya se armó un acto en el que mostró a su principal dirigente con cargo legislativo: el concejal Guillermo Escudero. Y aún sigue en campaña de reunir a “dirigentes en desuso”.
De momento, Pablo Bruera se encuentra construyendo al Frente de la Solidaridad y la Inclusión (FSI), e intentó escenificar respaldo al sector propio con fines electorales. “Buscamos apoyos y aliados para disputar la Intendencia”, aseveraron fuentes anónimas aData24. Y, al parecer, el ex jefe comunal se muestra como opción “potable”, amén de tener un Plan B con el edil Escudero.
Según se estima, la idea del “bruerismo” es reunir al peronismo residual de Octubres con Gastón Harispe y a la CTA Autónoma de Adolfo “Fito” Aguirre, además de figuras individuales como la del ex concejal massista Oscar Vaudagna y la antigua integrante de la Coalición Cívica ARI, Julia Larcamón.
Por último, también se encuentran presentes en el núcleo político del Frente de Todos (FdT), desde la facción “bruerista” otros dirigentes de escaso o nulo peso territorial como la concejal Yanina Sánchez, el referente sindical Julio Cuenca, el dirigente social Javier Burelli, y el ex diputado Gabriel Bruera. Quienes estarían forjando una resurrección para poder enfrentar al oficialismo platense.
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El Obispado de Río Gallegos aclaró que la candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina respondió exclusivamente a una decisión personal y no representó la posición institucional de la Iglesia. En un comunicado oficial firmado por el obispo Ignacio Medina, la diócesis informó que le otorgó una licencia canónica y que, en consecuencia, el presbítero no ejercería el ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante el período de campaña electoral y, en su caso, durante el ejercicio de un eventual mandato legislativo.
El documento eclesiástico, difundido por los canales institucionales y emitido desde la sede episcopal en la ciudad de Río Gallegos, subrayó que “dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos” y enfatizó que “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”. De este modo, la autoridad eclesiástica se despegó de cualquier vinculación con la actividad proselitista del sacerdote.
Molina, de 58 años, encabezó la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña, que integraron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En un encuentro con vecinos dijo, en tono de ‘chiste’, que todos aquellos que “no pongan la cruz en la lista 3” van a sufrir el castigo divino de “irse al infierno”.
En un acto en la sede del PJ de El Calafate, acompañado por los intendentes Javier Belloni y Pablo Grasso, declaró: “Quiero que Cristina esté libre”, y convocó a cerrar filas: “No hay último ni primero, somos un todo y dejémonos de joder. Si no nos dejamos de joder, pierde el pobre, pierde el laburante, pierde la mucama que se está quedando sin trabajo porque no se puede viajar más a El Calafate. Pierde el minero, pierden los petroleros. Nadie se salva solo”.
En declaraciones a Infobae, el sacerdote sostuvo que su postulación surgió del pedido de referentes locales y afirmó: “Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué”.
Durante el acto en El Calafate, Molina se autodefinió como un “díscolo” de la política y pidió que no lo llamaran más padre: “Me agregan 120 años, a partir de ahora soy el compañero Juan Carlos”. También aseguró que sufrió persecución: “Yo lo sufrí en carne propia”, al referirse a las investigaciones contra la Fundación Valdocco, creada por él en Santa Cruz.
Esa causa, iniciada en Caleta Olivia por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, continuó su trámite en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos. En ese mismo contexto, la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, pidió la intervención de la justicia por posible vulneración de derechos de menores en la sede de Caleta Olivia, pero ese expediente se archivó.
La trayectoria pública de Molina incluyó su paso al frente del Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
En las últimas horas, fuentes de la SIDE aseguraron a revista Noticias que, a instancias de Javier Milei, los agentes libertarios que responden a Sergio Neiffert evalúan pedirles asistencia a sus colegas del Mossad israelí en la crisis de los audios que involucran a la hermana del Presidente y al ex funcionario Diego Spagnuolo.
La explicación es que todo lo que podía fallar ya falló: un desconocido grabó al ex titular de la Andis hablando de coimas del 3 por ciento para Karina Milei, otro entró a la Casa Rosada y captó la voz de ella en su propio despacho, nadie pudo detener la filtración a los medios y solo el desesperado manotazo de un juez impidió que hoy se conociera el material completo de esos audios.
¿Y la SIDE? Bien, gracias. Uno de los agentes del organismo, que viene de gestiones anteriores, le contó a Noticias lo siguiente: “Hay mucha bronca con Neiffert por la inacción que mostraron en este caso, y por eso Milei quiere pedirle ayuda al servicio de Inteligencia de Israel, básicamente para que les enseñe a los de la SIDE cómo prevenir este tipo de situaciones y que no los sigan grabando a todos en todos lados. Primero Spagnuolo, después Karina, y no sabemos cómo sigue…”.
Otra de las fuentes consultadas dentro del organismo se sincera: “Están en eso. Les da miedo que los israelíes les respondan que no, por inútiles. Les da vergüenza todo lo que está pasando, digamos”.
– Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia
El agente consultado abunda: “Esto es responsabilidad del área de Contrainteligencia, que no pudo impedir que a un funcionario despechado y a la propia hermana del Presidente los grabasen con un simple celular. El que maneja Contrainteligencia dentro de la SIDE es un hombre al que puso ‘Jaime’ Stiuso”.
Según las fuentes consultadas, Stiuso -el poderoso ex director general de Operaciones de la SIDE- hoy continúa teniendo gran influencia en el organismo. Los libertarios lo consultan y hasta dejaron que llenara algunos casilleros de la Secretaría. Los agentes que hablan en esta nota cuentan que el propio Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente bajo cuya órbita está la SIDE, se muestra insatisfecho con el trabajo de su titular Neiffert, un hombre suyo.
Las críticas también le llueven a Caputo: Karina Milei y los primos Martín y “Lule” Menem lo señalan porque los agentes bajo su mando no pudieron prevenir absolutamente nada en todo este escándalo. “Caputo está pintado”, dicen cerca de “Lule”.
El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.
Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.
De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.
No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.
Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.
Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.
A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.
Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.
No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.
Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata.Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.
Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…
El Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú recibirá un aporte regular de la Justicia Federal, con un primer desembolso que supera los 4 millones de pesos. La iniciativa surge de gestiones del intendente Mauricio Davico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y se enmarca en los mecanismos reparatorios previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal.
El jefe comunal y el juez federal Hernán Viri recorrieron la residencia junto al presidente de su comisión directiva, Gustavo Píccoli. También estuvieron el fiscal federal Pedro Rebollo; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión del Hogar.
Durante la visita, Viri explicó el origen de los fondos. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos, cuando no son graves, puede haber una resolución alternativa, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.
En el último año, gran parte de esos recursos se dirigieron al Hospital Centenario, por más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas.
La meta, dijo, es ampliar el alcance: “La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy, muy valioso, muy valorable. Tenemos que apoyarlos”.
Por su parte, el intendente Davico valoró la rapidez de la respuesta judicial a su pedido para el Hogar: “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, y remarcó el foco de su gestión: “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”.
Píccoli, por su parte, agradeció el acompañamiento del Municipio y de la Justicia. La recorrida incluyó sectores del edificio —casi centenario— donde se ejecutan mejoras con colaboración del Rotary Club y de otros actores sociales.
El brutal asesinato de Rita Mabel Suárez el jueves 15 de agosto en Villa Luzuriaga ha reavivado el intenso debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo epicentro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial del gobernador, Axel Kicillof.
El subsecretario de Medios, Javier Lanari, expresó contundentemente que “La Provincia es un baño de sangre” y acusó a la administración bonaerense de “proteger delincuentes y fomentar la violencia”. Por otro lado, Kicillof reclama que el gobierno nacional “quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, equivalente según él a “la compra de 10.000 patrulleros”. El gobernador habría creado un programa provincial de $170.000 millones con recursos propios para fortalecer el despliegue policial. “Sí salis, no sabes sí volvés”, declaró una vecina sobre el violento hecho.
Kicillof ha intentado despolitizar el debate, señalando que “algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor” y criticando que “se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”. Sin embargo, el funcionario reconoció la gravedad de la situación: “Asumo una responsabilidad sobre la seguridad de 17 millones de bonaerenses”.
Rita Suárez, una preceptora de 47 años y madre de dos hijos, fue asesinada a tiros mientras esperaba en su automóvil que su hija saliera de una clase de canto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
Según fuentes e imágenes de cámaras de seguridad, tres delincuentes —un mayor de 19 años y dos menores— intentaron robarle el Renault Sandero Stepway. Uno de los asaltantes, sin mediar palabra, abrió fuego a corta distancia a través del vidrio del conductor. Rita recibió el disparo mientras permanecía en el vehículo.
El hijo adolescente de la víctima, de 15 años, presenció la escena. En las grabaciones se lo escucha gritar desesperado: “Mamá, no”, mientras veía cómo disparaban contra su madre a solo unos centímetros. La mujer agonizó alrededor de 20 minutos hasta que un vecino la trasladó a la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde finalmente falleció.
El crimen se produjo apenas 24 horas después de otro atroz suceso en el mismo partido, cuando motochorros asesinaron a una joven de 23 años en González Catán. En lo que va de 2024, La Matanza contabilizó 155 homicidios, once víctimas más que en 2023. Por su parte, 128.477 robos denunciados en 2024, representando un incremento del 18% respecto a 2023, junto con un aumento del 56% en homicidios en ocasión de robo en 2023 y el aproximado de 15 robos por hora (un robo cada cinco minutos), alimentando el reclamo de vecinos y autoridades por más medidas de seguridad.
Rita Suárez era una persona conocida y querida en su comunidad: trabajadora de la educación, fanática de la banda La Renga y responsable de un emprendimiento llamado “Bordando Rock”. Su muerte, frente a su hijo adolescente, movilizó tanto a los vecinos como a las autoridades educativas de la zona.
La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró un rápido esclarecimiento del caso gracias a un detalle insólito. Los delincuentes habrían pagado sus compras con billeteras virtuales. Tras cometer el crimen, los tres sospechosos compraron agua en un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato, donde Máximo José Leguizamón (17 años) pagó con una aplicación a su nombre.
Posteriormente, tomaron un remis que abonaron con otra billetera virtual perteneciente a Alex Uriel Muñoz (19 años), quien fue detenido en su domicilio de Rafael Castillo vistiendo la misma ropa del momento del crimen. En el allanamiento se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, cincuenta municiones y prendas manchadas con sangre. Un menor continúa prófugo.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei fue citada por la Comisión Investigadora al estar mencionada en la causa $LIBRA tras haber permitido el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda. Su papel resulta clave en la investigación, ya que fue quien facilitó las reuniones entre su hermano, el Presidente, y los creadores de la estafa cripto.
Según lo recabado, los registros de la Casa Rosada muestran múltiples visitas de los principales involucrados en el esquema, incluyendo a Hayden Mark Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, han surgido acusaciones más graves. De acuerdo con mensajes de texto revelados por el sitio web CoinDesk, Hayden Davis subrayó que podía “controlar” al actual mandatario debido a los pagos que realizaba a su hermana.
– La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica, como presidente
“Yo controlo a ese negro. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, afirmó Hayden Davis.
La comisión aprobó un reglamento interno que le otorga facultades extraordinarias, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados. Esta medida fue pensada específicamente para casos como el de Karina Milei, donde existía la posibilidad de que los señalados se rehúsen a comparecer ante la Justicia.
En total, 19 personas fueron convocadas a declarar ante la comisión investigadora. Entre los funcionarios gubernamentales figuran la propia Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial, Damián Reidel, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik y la exintegrante de la UTI $LIBRA, María Florencia Zicavo.
A la lista se suman otros nombres vinculados a la investigación, cómo Walter Kerr, traductor de Casa Rosada, Diógenes Casares, empresario que denunció el pago de sobornos y Charles Hoskinson, cocreador de Ethereum.
Aparte de las citaciones, la comisión decidió enviar un cuestionario escrito a Javier Milei, quien tiene cinco días hábiles para responder. Esta decisión se tomó como una vía intermedia antes de considerar una citación directa al mandamás.
El caso ha escalado a acusaciones de corrupción severas. Casares, hijo del empresario millonario Wenceslao Casares, aseguró en una entrevista que una autoridad estatal cobró por el tuit de Milei donde promocionaba el activo. Hoskinson, reveló que allegados al gobierno le ofrecieron sobornos para organizar una reunión con el presidente. Estas acusaciones se han visto reforzadas por el análisis de las transacciones de dinero digital, que revelan que tres de las cuatro billeteras que se beneficiaron con 100 millones de dólares aparecen etiquetadas con el nombre “Milei”.
– Gabriel Bornoroni (LLA): “se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, en un mecanismo que va a dejar un precedente que vamos a impugnar”
La nueva estructura investigativa está bajo el liderazgo de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien fue designado presidente de la Comisión Investigadora después de cuatro meses de parálisis institucional. La comisión había permanecido empantanada debido al empate de 14 diputados oficialistas y 14 de oposición, situación que se resolvió cuando la oposición impuso una resolución que permite elegir autoridades basándose en los bloques que representen más diputados.
Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), fue nombrado secretario, mientras que la vicepresidencia quedó vacante debido al retiro del oficialismo. El oficialismo libertario impugnó esta designación y anunció que apelarán la decisión.
El gobierno intentó crear una “autoinvestigación” a través del Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción. Zicavo fue designada al frente de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aunque críticos señalaron que era imposible que una funcionaria investigue seriamente a su propio jefe. La Oficina Anticorrupción, dirigida por Melik (exsocio del ministro de Justicia), cerró su investigación en junio de 2025 sin encontrar irregularidades, una acción que generó desconfianzas adicionales.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
