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En la previa a la marcha por el 9 de Julio, una cronista del canal oficialista C5N vivió un momento amargo. Un grupo de alumnos tucumanos estaban siendo filmados cuando la comunicadora acerca el micrófono a uno de ellos preguntándoles qué le dirían al Presidente, quien celebrará un nuevo aniversario a las 12:00 en la Casa Histórica en la capital tucumana.
“¿Por qué se deja gobernar por la Cristina?”, contestó el pequeño alumno.
Ayer miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el dictamen de mayoría para derogar la ley sobre el régimen de pensiones especiales o de privilegio. La media sanción, votada durante la cuarta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, se logró por unanimidad.
La iniciativa es, en palabras del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, un “paso muy importante para terminar con los privilegios de la política”. En concreto, el proyecto busca derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia.
De tal manera, el proyecto enviado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, “elimina las pensiones vitalicias que actualmente perciben exgobernadores y exvicegobernadores”, puntualizó Hein, quien consideró la medida como “un avance más para tener una sociedad más justa, donde los que tenemos la responsabilidad transitoria de gobernar y legislar, no gocemos de beneficios que nos alejan de la comunidad entrerriana”.
“Este proyecto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto que el ciudadano común interpreta como jubilaciones de privilegio, no es equitativo cuando a los trabajadores se les exige una determinada edad y una determinada cantidad de años de aportes para poder jubilarse”, argumentó la diputada Érica Vilma Vázquez, de Juntos por Entre Ríos, quien preside la comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social.
El miércoles 10 de abril, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria. “En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”, afirmaron los miembros.
Por ello, los estudiantes liberales de la universidad también manifestaron su preocupación. Rocío Gómez, presidenta de Jóvenes Republicanos Unidos y miembro del centro estudiantil Somos Libres, expresó: “Estudio en la UBA, soy liberal y también quiero a la UBA. A mi también me preocupa la situación” que atraviesa la Universidad.
Desde las escalinatas de la Facultad de Ciencias Económicas, la joven mencionó que, “a diferencia del discurso actual impuesto” por las agrupaciones de izquierda y kirchneristas, el problema presupuestario “no es algo nuevo, viene de años. Durante los últimos años hubo un congelamiento del presupuesto, tanto del Superministro (Sergio) Massa y del gobierno kirchnerista anterior”.
Gómez incentivó a pedir una auditoría del presupuesto de la Universidad. “Nos dicen que cuidemos la UBA ¿pero cuidemos qué realmente? ¿a dónde va la guita? Porque tenemos muchos docentes que trabajan gratis. Y conocemos la situación actual de la Universidad”.
Luego, hizo hincapié en la porción de militantes violentos que habitan la facultad, instándolos a no perseguir a quienes piensan diferente: “Los pibes que defendemos las ideas de la libertad vamos a seguir acá, no nos vamos a ir. Los liberales creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática y de trabajo. Creemos en la educación popular, en la educación de todos los habitantes, que es una tarea prioritaria para la construcción de una nación”.
En el marco de las protestas que lleva adelante ANSES por el recorte de gastos que lleva adelante el Gobierno, desde Lanús, cobró relevancia en redes el nombre de Daniel Dragoni, empleado del organismo estatal y también concejal del distrito de Unión por la Patria.
Una vecina afectada por la protesta de los trabajadores fue increpada por Dragoni: “¿Vos qué te pensas, que somos todos ñoquis?”, vociferó, antes de ser frenado por sus propios compañeros, que evitaron que la situación pase a mayores.
Dragoni fue concejal de Lanús durante el período 2017-2021 por el Frente de Todos, y conservará el cargo hasta 2027, por Unión por la Patria. Además de ser empleado de ANSES, integra la comisión directiva de Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada.
Según detallaron, la comisaría 15 que pertenece al barrio, brinda todas las herramientas que provincia les da, sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad les dieron la orden de sacar 10 efectivos policiales y 3 patrullas que fueron enviadas al comando. “Esto a Félix U. Camet no le sirve, ante un robo tardan 30 minutos en llegar mínimo”, explicaron.
Por su parte la Secretaría de Seguridad de la ciudad “no se hace cargo de la situación, no gestiona recursos ante provincia solo se dedica a decirle a los vecinos que la culpa de la inseguridad es de provincia”, añadieron.
Es así que ante la falta de respuestas salieron a resolver, según relatan, con las herramientas que tenían e incluso colgaron 10 pasacalles en el barrio para advertir a los ladrones.
El Decreto 2430 generó controversia al oficializar una designación por parte del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Se trata de Roberto Sposetti, un reconocido operador mediático del ámbito conocido como “círculo rojo”.
El cargo que se le asigna es el de “asesor del Poder Ejecutivo, con nivel de Ministro”. Según explicaron fuentes de la Legislatura de Córdoba a este portal, esta maniobra se percibe como una forma encubierta de nombrar un nuevo ministro, otorgándole el sueldo correspondiente sin aclarar de manera clara que se trata de un nuevo Ministro.
Aunque el documento oficial fue emitido el pasado viernes 15, refleja un nombramiento de diciembre de 2023. En este punto, otra fuente importante de la Legislatura provincial especula que Llaryora publicó “uno de cada cuatro decretos” en el Boletín Oficial, sin informar correctamente incluso a sus propios colaboradores, lo que lo obligó a aprovechar las nuevas emisiones del BO para ir actualizando viejos decretos. Al primero de marzo, de los 510 decretos que se sabe que el gobernador firmó, solo se publicaron 136, dejando sin oficializar 374 de ellos.
Dentro del círculo rojo, Roberto Sposetti es reconocido por su trayectoria como operador mediático. Uno de sus primeros trabajos en el ámbito público fue asesorar al dos veces intendente de la ciudad de Córdoba, senador nacional y diputado provincial, Rubén Américo Martí. También se desempeñó como asesor de comunicaciones del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y tuvo un fugaz y polémico paso dentro de la Secretaría de Turismo como secretario de Innovación en 2018.
Córdoba cuenta con 15 Ministerios y 10 Agencias con rango ministerial. Solamente en publicidad y propaganda para los Ministerios, el gobierno provincial tiene proyectado gastar un total de $26 mil millones en 2024.
En este contexto, es relevante recordar que en noviembre del año pasado, la Legislatura de Córdoba aprobó un aumento del 506,35% —pasó de $57 millones a $350 millones— en la disponibilidad de dinero para “gastos reservados” sobre las carteras de Seguridad, Gobierno y Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia. Estos gastos reservados no pueden ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas de Córdoba gracias a una reciente modificación de la ley, lo que permite su uso discrecional.
El intendente de la ciudad costera, Guillermo Montenegro, anunció que busca que un empresas privadas vinculadas a la industria financien la edición 39° del histórico Festival de Cine de Mar del Plata. “Mi idea es hacer el Festival de Cine Netflix, el Festival de Cine Star+ o el Festival de Cine HBO”, expresó el jefe comunal como una alternativa para conseguir los recursos.
Sobre las conclusiones a las que arribaron, manifestó que el espíritu es “ponernos creativos y trabajar con el sector privado, con productoras, cadenas de streaming, todo lo que tiene que ver con la industria del cine”. El objetivo es que “nuestra ciudad mantenga el Festival Internacional de Cine pero también que por ese festival no se le puede sacar la plata a los vecinos ni aumentar impuestos”.
Mientras tanto, el kirchnerismo salió a criticar esa postura, alegando una “pérdida de soberanía nacional y cultural”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se preguntaron “por qué tienen que ser Amazon o Netflix los que cuenten nuestras historias”.
Esta avanzada de ultraproteccionismo K fue duramente criticada por el senador bonaerense de la Quinta sección, Alejandro Rabinovich: “El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan Nicolás Kreplak y Axel Kicillof, la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes”.
“Necesitan mantener los espacios donde se refuerce su propia mística. Desde chiquitos, en lugares de adoctrinamiento, todos igualitos, todos con la misma gorrita o todos haciendo los dedos en V, ¿por qué? No se lo cuestionan, porque sí”, sostuvo.
“Dirigen sus películas y necesitan donde proyectarlas para que vayan sus diputados, concejales y militantes a hacer de cada reunión un acto partidario. Y canten ‘Ya de bebé en mi casa había una foto de Perón en la cocina’. Y se rasguen las vestiduras hablando de la cultura. Como si fuera de ellos. Y como si ellos no miraran Netflix los días de lluvia“, agregó además.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
— Nancy Almada (@NancyAlmada) March 18, 2024
