05 febrero, 2025

Por la discriminación que Provincia y Nación le hacen a MDQ con el subsidio, la ciudad aumentó el boleto de colectivo a $297

La discriminación de Kicillof y Alberto afecta a los marplatenses. Ahora, la mala distribución de los subsidios obligó al municipio a actualizar la tarifa de transporte acorde a la inflación proyectada para este año.
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A partir del 8 de diciembre, el boleto de colectivo en Mar del Plata costará $297. Si bien la actualización tarifaria se basó en los índices de inflación, el gobierno marplatense explicó que el monto fijado fue inferior al que demandaron las empresas que, en base a sus relevamientos, solicitaron un precio de $357.

“En base a esto, por delegación del Concejo Deliberante, se tomó la decisión de actualizar la tarifa a una cifra menor, basado en la inflación proyectada para el 2023 de un 150% aproximadamente” detallaron. Así, el boleto acumuló un incremento del 149%, porcentaje casi idéntico al inflacionario proyectado para este año, apenas un punto arriba: 150%.

Desde el municipio especificaron que esta actualización del boleto de colectivo “también reafirma la demanda a las empresas de un mejor servicio del transporte público, en el que ya se incorporaron 25 unidades nuevas (que cuentan con aire acondicionado y rampa para personas con discapacidad), —además de que— se inaugurará una línea de colectivo anular (que recorrerá Juan B. Justo, la Costa, Constitución y Arturo Alió) y se implementará el sistema de boleto combinado”.

Nación y Provincia le siguen recortando los subsidios a Mardel:

Desde el estudio de costos realizado por el Ejecutivo de General Pueyrredón, quedó en evidencia la baja en los subsidios —nacionales y provinciales— en relación al costo kilométrico calculado: en el período de marzo 2022 a abril 2023 era del 30,4% y ahora es del 20,12%, lo que impacta directamente en el bolsillo de los vecinos.

Discriminación en la diferencia entre los subsidios en el AMBA con respecto a Mar del Plata: ¿Qué esta pasando?

El boleto que se paga en el Área Metropolitana de Buenos Aires es muy diferente al del resto del país. Mientras en otras regiones, la tarifa es apenas mayor o menor a los $200, en el AMBA cuesta entre $20 y $70. Allí, un usuario de transporte público aporta solo el 20% del costo total del viaje, ya que el 80% está subsidiado por el Estado.

En contraste, en Mar del Plata y otras zonas del interior del país, el pasajero cubre el 73,5% del costo del boleto, dejando solo un 26,5% subsidiado. Esta notable diferencia revela una marcada discriminación en la distribución de subsidios, donde los usuarios del AMBA disfrutan de tarifas insignificantes, mucho más bajas, gracias a un mayor respaldo financiero por parte del Gobierno, tanto a nivel nacional como provincial.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco —entre enero y septiembre de 2022— el Gobierno Nacional asignó casi $130.000 millones a las provincias a través del Fondo Compensador y Compensaciones tarifarias. Sin embargo, la disparidad se hace evidente al observar que el 80% de esa suma, equivalente a $100.000 millones, fue destinado al Área Metropolitana. En contraste, el resto de las jurisdicciones se repartió poco más del 20%.

Mar del Plata, uno de los municipios más discriminados

El partido General Pueyrredón es de los municipios “no K” que más sufre la discriminación de fondos por parte de los gobiernos de Axel Kicillof y de Alberto Fernández. Según datos de las transferencias del Gobierno nacional a los Municipios de Provincia de Buenos Aires, en 2022, Mar del Plata ocupó el puesto 90 del total de 135. Si se compara comunas con misma cantidad de habitantes, esta importante ciudad turística es la que menos transferencias recibe por parte del Estado.

El abandono político de Kicillof sobre Mardel va más allá y se traslada a un área clave para la ciudad más significativas de la costa: la infraestructura. Para 2022, el presupuesto provincial incluyó dentro de su plan de obras, el mejoramiento y puesta en valor de la Rambla Casino / Hotel Provincial Mar del Plata. De hecho, en el primer Boletín Oficial de 2023, el gobierno de Kicillof recortó casi un 1% —con respecto a 2022— los fondos coparticipables del Código Único de Distribución (CUD).

En esa línea, y recientemente, el secretario de Obras Públicas de Mar del Plata, Jorge González, explicó que el municipio tiene “una distribución de la obra muy desequilibrara” donde “el 95% de la obra en la ciudad es de privados y sólo el 5% es de obra pública”.

En tanto, la gestión que encabeza el intendente Guillermo Montenegro, reelecto en las elecciones de octubre pasado con el 41% de los votos, reclama por las obras que se prometieron pero no se hicieron: Como por ejemplo, la famosa Rambla —un punto neurálgico para el turismo, que, a pesar de numerosas licitaciones, no logró cambiar la imagen de deterioro en el paseo costero— y el mejoramiento del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) —generó inquietud debido a interrupciones en los servicios y la falta de atención en su infraestructura—.

Redacción

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Repudio en las redes sociales a Nicolás Márquez por BURLARSE de la enfermedad de Esteban Bullrich

El escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial de Javier Milei, generó indignación en redes sociales tras atacar al exsenador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable. En respuesta a un mensaje publicado por Bullrich en la red social X, Márquez comentó: “Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad”, lo que provocó un aluvión de críticas.

Bullrich, quien recordaba el 15.º aniversario de su asunción como ministro de Educación porteño bajo la gestión de Mauricio Macri, había escrito en mencionada red social: “Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias @mauriciomacri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro”. La respuesta de Márquez, que además añadió “Ojalá lo puedas superar”, generó un repudio aún mayor, considerando que la ELA es una enfermedad incurable, lo que hizo que sus palabras fueran consideradas particularmente insensibles y ofensivas.

Ante la viralización de su comentario y las críticas recibidas, Márquez intentó defenderse argumentando que no había dicho nada falso. Sin embargo, horas más tarde, reconoció que su mensaje había sido inapropiado: “OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de @estebanbullrich”, publicó.

El escritor también emitió un pedido de disculpas, aunque su tono generó cuestionamientos por falta de claridad: “Lamento profundamente el mal trago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero porque, como católico, creo en los milagros. Asimismo, las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM”, escribió luego.

En abril de 2021, Bullrich hizo público su diagnóstico de ELA, una enfermedad que afecta las neuronas motoras y no tiene cura. Desde entonces, el exministro ha dedicado esfuerzos a visibilizar esta condición y recaudó 25 millones de pesos para la construcción de un centro especializado en asistencia a pacientes con ELA, el primero de su tipo en Sudamérica. Este proyecto, liderado por la fundación que lleva su nombre, busca brindar apoyo integral a pacientes y sus familias, destacándose como un ejemplo de lucha y solidaridad.

Redacción

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Un municipio de Salta construirá un muro de 200 metros en la frontera con Bolivia para frenar los cruces clandestinos: “Era un descontrol total”

El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignación del país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.

La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.

Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.

Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.

La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.

Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.

En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.

El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.

Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.

Redacción

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El Concejo de Gualeguaychú aprobó la reducción de impuestos a las telecomunicaciones

El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú realizó, este jueves a las 10:30, una sesión extraordinaria presidida por la Dra. Julieta Carrazza. Participaron los ediles de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, María José Carro, Juan Pablo Castillo, Benito Bacigalupo y Jorge Roko; de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez; y de Más para Entre Ríos, Delfina Herlax, Emiliano Zapata, Jorge Maradey y María Sira Ghisi.

Durante la sesión ingresó un proyecto presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos para disminuir la alícuota por el cobro de instalación de soporte de sistemas de telecomunicaciones. La iniciativa buscó “mejorar la conectividad en la ciudad”, permitir el acceso a mayor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet a la población en general y atraer inversiones para fomentar el emprendimiento y la productividad.

Asimismo, se presentó otro proyecto que modificó artículos de la Ordenanza 12.418/2020. Entre los cambios figuró el Nº 22, que establecía el Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones. A partir de la propuesta, se anexó la obligación de que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Operadores de Comunicaciones Móviles y empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial presentaran a la Dirección de Rentas una Declaración Jurada detallando las estructuras existentes, su localización, metros de altura y la cantidad de metros lineales de tendido. Además, se dispuso que adjuntaran un informe emitido por un profesional competente sobre el control y el mantenimiento estructural periódico, el cual sería supervisado por el Municipio.

Redacción

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Montenegro endurece controles contra los “cuidacoches” | “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, reforzó los controles en Mar del Plata contra los denominados “trapitos” mediante operativos de seguridad que buscan desalojarlos de las zonas cercanas a las playas. Estas acciones se implementaron en plena temporada estival, ante la llegada masiva de turistas y el aumento de denuncias por extorsión en la vía pública.

“A partir de diciembre te encontrás con que viene gente de otros lugares de la Argentina para generar caos y hacerse dueña de la calle, y eso no lo voy a permitir. No solamente es un delito, sino que también está la situación de extorsión permanente en el espacio público”, afirmó Montenegro en declaraciones públicas.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió un video donde un agente de la Secretaría de Seguridad desalojó a un trapito que cobraba a los automovilistas frente a la playa Bristol, en pleno centro de la ciudad. En la grabación, el policía le explica al acusado: “Como es un espacio público, no se puede pedir dinero. Retírese”. Montenegro acompañó el video con un mensaje contundente: “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”.

“ESTO NO ES UN TRABAJO”

La viralización del video generó un impacto inmediato: solo en el día de su publicación se recibieron 25 denuncias adicionales en la línea de WhatsApp (223-3406177) habilitada para reportar estas prácticas. Esta herramienta, disponible las 24 horas, permite a los ciudadanos enviar fotografías y videos como evidencia de situaciones de coacción en la vía pública.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, respaldó la medida y la calificó como “razonable”. En una entrevista, destacó que la iniciativa busca diferenciar entre quienes solicitan colaboración de manera voluntaria y quienes emplean métodos coercitivos. “Los que amedrentan, aprietan y ponen precios son delincuentes; quienes no hacen esto no tendrán problemas”, aclaró. Además, hizo un llamado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para intensificar su colaboración en la prevención de este fenómeno.

Entre las conductas denunciadas figuran amenazas, cobro de tarifas fijas por estacionamiento, violencia verbal, consumo de alcohol en la vía pública y la reserva ilegal de espacios. Montenegro enfatizó que estas prácticas generan temor en los ciudadanos: “La gente dejó de disfrutar de la calle porque tiene miedo de estacionar el auto y de salir a la mañana”.

El intendente señaló que la proliferación de los trapitos no es un fenómeno aislado, sino que responde a una organización con vínculos políticos. Comparó la situación con la toma de El Marquesado, ocurrida hace dos años, donde acusó a sectores liderados por Juan Grabois de utilizar el espacio público de manera ilegal. “Cuatro vivos te usurpan el espacio público y hacen plata. Eso no lo voy a permitir”, sentenció Montenegro.

Montenegro destacó que Mar del Plata ya no es solo un destino de temporada, sino que se consolidó como una ciudad atractiva para turistas jóvenes durante todo el año. “Generamos eventos deportivos y culturales que permiten sostener la actividad más allá del verano. Antes, uno de cada cinco visitantes eran jóvenes, y ahora es uno de cada tres”, resaltó.

Con el lema “Esto no es un trabajo”, el jefe comunal dejó en claro que el municipio continuará combatiendo estas prácticas. En un mensaje reciente en la red social X, el intendente reafirmó su postura: “El espacio público no es de nadie, no te pueden cobrar. No podés estar pensando que vas a tener un problema cuando estacionás el auto”.

Redacción

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El fuego en El Bolsón arrasó con casi 3 mil hectáreas y continúa activo

En un informe publicado esta mañana por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se supo que 2.723 hectáreas han sido totalmente calcinadas, dadas las condiciones extremas del ambiente, como la baja probabilidad de lluvias, provocó “múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallin del Medio por alrededor de 9 kilómetros”.

Se detalló que “cinco medios aéreos y aproximadamente 300 personas” continúan trabajando en la contención del incendio en El Bolsón. El objetivo principal según declararon es evitar “rebrotes” y “dar frente a un evento de enorme magnitud”.

Según el reporte, el fuego se inició el 30 de enero a las 16 horas, cuando se detectó “una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches, próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul”. Desde entonces, las llamas “continúan activas” debido a las condiciones meteorológicas adversas en la región. El viento, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 20 km/h y que podrían llegar “hasta 35”, siguen siendo un factor clave.

Medios locales informaron que “más de cien viviendas fueron afectadas” por los incendios y que, hasta el momento, “un poblador rural perdió la vida” a causa del avance del fuego. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, afirmó que “está probado que el incendio fue intencional”, luego de que se hallaron botellas en la zona donde se originó. Sin embargo, aclaró que no existe vínculo político detrás del hecho, destacando que lo ocurrido representa un daño “a la vida”.

Son más de 192 brigadistas y voluntarios quienes trabajan en el terreno con apoyo de diferentes equipos especializado y no especializado, con un total de 33 herramientas de extinción entre móviles, aviones hidrantes, camiones cisterna, helicópteros, entre otros.

Diversas organizaciones de emergencia han emitido un comunicado conjunto en el que hacen un llamado urgente al Estado Nacional, exigiendo que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) “habilite de manera urgente los recursos de despliegue” necesarios para el traslado de fuerzas auxiliares.

Entre los firmantes se destacan el Soporte de Alerta Temprana de Eventos Meteorológicos (SATEM), el Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia (CASA), y la Asociación Civil de Rescatistas Voluntarios Argentinos (RVA), junto a otras entidades.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la formación, la voluntad y la experiencia. Lo único que falta es la decisión política que por ahora brilla por su ausencia”, subrayan en su reclamo, recalcando que “el fuego no espera”.

Redacción

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Autoconvocados y legisladores cruzaron al IOMA tras la muerte de un afiliado y denunciaron amenazas

Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.

El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.

La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.

La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.

En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.

– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta

Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.

Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.

– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco

Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.

El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.

Redacción

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