“Pedimos paciencia” | Aerolíneas Argentinas cancelará viajes por falta de personal
El presidente de la corporación estatal anunció que, frente al incremento de casos de COVID-19, el servicio se verá afectado y habrá “demoras, modificaciones y/o cancelaciones”.
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El comienzo de temporada no pinta bien para la deficitaria compañía estatal de Aerolíneas Argentinas. En el marco del incremento de casos y de la inoperancia que le es propia, la corporación anunció que los pasajeros sufrirán “demoras, reprogramaciones y cancelaciones”.
“Queremos informar que nuestras operaciones pueden sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones”, anunció el presidente, Pablo Ceriani, a través de su cuenta de Twitter. Los cambios se deben “a la nueva ola de contagios que estamos viviendo en todo el país, que también afecta al personal de Aerolíneas Argentinas”.
“Ante esta situación, estamos realizando un esfuerzo muy grande para sostener las operaciones en plena temporada de verano y que afecte lo menos posible los itinerarios de los vuelos. Les pedimos paciencia, cualquier novedad de sus vuelos será comunicada por los canales oficiales”, explicó.
Ante esta situación, estamos realizando un esfuerzo muy grande para sostener las operaciones en plena temporada de verano y que afecte lo menos posible los itinerarios de los vuelos. Les pedimos paciencia, cualquier novedad de sus vuelos será comunicada por los canales oficiales.
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El municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, gobernada por la intendente Mariel Fernández del Partido Justicialista por Unión por la Patria (UxP), aprobó una nueva ordenanza fiscal que establece una tasa municipal denominada “Aviso de Obra”, la cual grava los trabajos de mantenimiento y reparación en viviendas particulares.
La medida fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante del año, en el marco del tratamiento del presupuesto municipal y la reforma fiscal prevista para 2026.
Los artículos 224 y 225 de la ordenanza establecen que deberán pagar la tasa quienes realicen revoque, limpieza o pintura de fachadas principales en cualquier hogar, como cambio de revestimientos y soldaduras externas; trabajos en vereda exterior y cerco perimetral; o desmonte y/o relleno de espacios. Resulta particularmente insólito que la medida grave labores de mantenimiento ordinario —y no grandes obras constructivas—, de modo que tareas tan mundanas como pintar el frente de una vivienda o reparar una reja perimetral quedan alcanzadas por la tasa.
Los vecinos expresaron indignación, argumentando que lejos de incentivar el mejoramiento urbanístico, la tasa castiga a quienes desean vivir mejor e invertir en sus propias viviendas. Algunos incluso compararon la medida con el absurdo episodio de Los Simpsons donde el alcalde de Springfield impone impuestos ridículos.
Los empleados municipales reportaban que “hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes” y demandaban paritarias y bonos extraordinarios. El municipio debe financiar servicios básicos (alumbrado público, infraestructura, seguridad) con recursos limitados.
La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA) calificó la medida como una política de “afanar” a los vecinos y comparó a Moreno con Bolivia, argumentando que Fernández estaba buscando “afear más su municipio” al desincentivar mejoras en las viviendas.
Para entender la medida es crucial conocer la situación financiera de Moreno. El municipio atraviesa una crisis fiscal aguda, caracterizada por una reducción drástica de sus ingresos propios —los recursos tributarios locales han caído en relación con la coparticipación provincial— y por una fuerte dependencia de transferencias provinciales que limita su autonomía fiscal. A esa fragilidad se añadió un ajuste en las transferencias a raíz de las políticas del gobierno nacional del presidente Javier Milei, que ha reducido los fondos hacia provincias y municipios y trasladado la presión fiscal a los gobiernos locales.
Además, la ordenanza fiscal 2026 incorpora un sistema de indexación trimestral de tasas vinculado al IPC —con una estimación aproximada del 10% para enero y del 35% al cierre del primer trimestre—, y esa cláusula de actualización automática agrava aún más la carga tributaria.
El oficialismo argumenta que esta medida simplemente “explicita lo que se cobra” —refiriéndose a derechos de construcción que existen en todos los municipios— y busca “generar exenciones para sectores de menores ingresos”.
En efecto, el derecho de construcción es un tributo tradicional en municipios argentinos, basado en la valuación de metros cuadrados de edificación. Sin embargo, existe una diferencia crucial, ya que mientras que los derechos de construcción típicamente se aplican a construcciones significativas (nuevas estructuras o ampliaciones substanciales), lo que Moreno está haciendo es cobrar tasas por mantenimiento ordinario, que históricamente estuvieron exentos.
No es la primera vez que se ven intentos de ampliar la base tributaria municipal en Buenos Aires. El municipio de Pilar aprobó recientemente una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre compras en comercios, lo que provocó una respuesta pública del ministro de Economía Luis Caputo instando a los ciudadanos a “compren en otro lado”.
La Unión Industrial Argentina ha documentado que la ausencia de contraprestación es uno de los principales problemas de las tasas municipales —entre 2021 y 2024, la queja sobre la falta de servicios a cambio subió del 51% al 81%—.
La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, dispuso la colocación de portones que cerró durante la noche en calles secundarias de zonas específicas, como parte de un plan que buscó combatir hechos de inseguridad. La medida se encuadró en el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que se convirtió en la ordenanza 14/25, y se puso en marcha entre febrero y marzo luego de un fallo judicial que rechazó recursos de amparo y habilitó al Ejecutivo local a avanzar con el cerramiento en barrios como Pan de Azúcar y Lomas Sur.
Las autoridades locales explicaron que el programa incluyó la incorporación de móviles para patrullaje, la instalación de cámaras de seguridad y domos policiales, además de mejoras de iluminación y la adquisición de un dron. En distintos detalles difundidos sobre el plan, se mencionó la incorporación de cinco móviles, la instalación de 250 cámaras y 57 domos policiales; también se informó que el programa incluyó 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros.
El punto más novedoso —y el que concentró la polémica— fue la decisión de colocar portones para restringir la circulación vehicular en determinadas cuadras. El intendente Pablo Cornet confirmó que los primeros se armaron en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. “Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”.
Cornet atribuyó el origen de la iniciativa a recorridas barriales: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa”. También describió robos frecuentes denunciados por vecinos: “Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”.
– Pablo Cornet, intendente de Villa Allende
En la primera etapa, el esquema contempló la colocación de 14 portones, activos entre las 22 y las 6: algunos cerraron por completo la cuadra y otros permitieron el paso peatonal. Cornet la definió como una “prueba piloto” para que, sobre la base de la experiencia, vecinos de otros barrios decidieran si consideraron la herramienta efectiva para bajar la inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba se expresó una posición de respaldo a la potestad local y al rol policial: “La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”.
La iniciativa se aplicó en la localidad ubicada a 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Allí rige una emergencia en seguridad desde 2023, aprobada en el Concejo Deliberante por el “incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad”. En otra caracterización del contexto se consignó que el 60% de los robos se registró durante la noche, según reportan datos oficiales.
La puesta en marcha se destrabó luego de un recorrido judicial. Si bien el proyecto se aprobó a mitad de año, una serie de amparos unificados presentados por vecinos frenó su avance. Luego, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la ejecución del plan.
En los fundamentos se indicó que la colocación de portones e infraestructuras de seguridad no vulneró derechos constitucionales de manera “manifiesta” y que la “seguridad como valor central” justificó las medidas adoptadas por la gestión municipal. En el caso reseñado, la Cámara también consideró que los planteos de inconstitucionalidad “no son procedentes” y calificó la iniciativa como “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
Vecinos Autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelaron el fallo y calificaron la sentencia como un “agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal” que “desoye absolutamente a los vecinos”. En un comunicado sostuvieron que la Cámara Contencioso Administrativa, al admitir la colocación de portones en nombre de “preservar la seguridad como valor central”, ha hecho suyo el argumento planteado por la municipalidad de que el cierre de calles mediante portones garantizará seguridad”.
Los autoconvocados cuestionaron la falta de “estudios previos, estadísticas o experiencias concretas” que respaldaran la eficacia del cierre y citaron “antecedentes desfavorables como en Guaymallén Mendoza”. También afirmaron: “Incluso el propio intendente, reconoció en declaraciones públicas que la colocación de portones es una experiencia sujeta a prueba y error. Claro que sin aclarar que el ensayo, no lo pagarán los funcionarios sino los vecinos que además veremos desvalorizarse nuestras propiedades con un portón en la cuadra o en nuestra vereda”. Además, alertaron sobre riesgos operativos: “Son públicas además, las alertas que hemos realizado sobre la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía o seguridad ciudadana”.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
En medio de una profunda crisis económica, con hospitales sin insumos, comedores al límite y salarios pulverizados, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, autorizó una licitación privada millonaria para obras internas en sus oficinas.
El Gobierno autorizó un pago extraordinario para Rocío Gómez, quien percibe haberes ejecutivos sin cumplir los requisitos de formación. El caso destapa un patrón sistémico donde el activismo en redes sociales se premia con cargos jerárquicos.
La Municipalidad de Villa Allende activó un plan piloto con cierres nocturnos tras el aval de la Justicia. Vecinos autoconvocados anunciaron que apelaron la medida y convocaron a una asamblea para el 9 de enero.
