Paoltroni le entregó a Milei un proyecto para intervenir Formosa: “No existe otra vía institucional”
El senador nacional excomulgado de La Libertad Avanza, se apersonó en la Casa Rosada y le presentó un proyecto al presidente para intervenir su provincia y "frenar el régimen de Insfrán".
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El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
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Lucas Ullúa, prosecretario de la Cámara de Diputados, explicó cómo será el desarrollo de la sesión preparatoria y de la asamblea legislativa, acontecimientos institucionales que establece la Constitución de Entre Ríos y que marcan el inicio del año legislativo.
Acerca de la sesión preparatoria, que se realizará este viernes 14 a las 12, comentó: “La Constitución fija que el período de sesiones ordinarias de las Cámaras va del 15 de febrero al 15 de diciembre. Antes de la apertura de sesiones que hace el gobernador, se debe designar quiénes van a ser sus autoridades por el 146° período”. Esto sucederá durante la sesión.
Actualmente el cargo de presidente lo ejerce Gustavo Hein y las vicepresidencias primera y segunda están a cargo de Gabriela Lena y Juan José Bahillo, respectivamente. La duración de sus mandatos es de un año. “Por sucesión de votos y de manera nominal, los diputados tienen que elegir las autoridades. Primero el presidente, quien tiene que jurar, y luego las vicepresidencias”, indicó.
“También la sesión preparatoria sirve para que se informen las autoridades de los bloques políticos y para fijar los días y horas en las cuales vamos a sesionar durante este periodo legislativo”, completó.
Acerca de la asamblea legislativa que encabezará el gobernador Rogelio Frigerio el sábado a las 18 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, recordó que se trata de “las dos cámaras reunidas en conjunto, algo que sucede en unas pocas ocasiones: para tomar el juramento al gobernador y el vice, para aceptar la renuncia de los mismos en caso de que hubiera, para tratar los vetos del Poder Ejecutivo, para designar a los mandatarios en caso de acefalía cuando falten menos de dos años para terminar el mandato y para la apertura de sesiones ordinarias que es el caso del sábado”.
“Es un momento protocolar, pero que no deja de ser importante para la democracia de la provincia. Todos están muy expectantes de escuchar el mensaje del gobernador, con los objetivos para este año y la rendición de cuentas del estado de la Administración”, completó Ullúa.
La asamblea será presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani, acompañada de Gustavo Hein. El secretario será Sergio Avero, quien cumple esa función en la Cámara de Senadores, y la prosecretaría la ejercerá Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados.
La Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones, el 6 de enero, el proyecto que propuso demoler parcialmente y ampliar el estadio Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007. La iniciativa fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, quien controla el recinto a través de DF Entertainment, en el marco de una concesión de 40 años. El plan incluyó elevar la capacidad de 8.400 a 13.000 espectadores —o incluso 14.030, según una carta de intención— y generó controversia debido a que la normativa vigente prohíbe modificaciones estructurales en bienes protegidos.
La resolución se firmó en apenas dos meses, un plazo inusualmente corto para este tipo de trámites y en pleno receso de verano. Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la falta de transparencia del proceso y solicitaron sin éxito acceso a la documentación oficial. Según dichas entidades, la modernización del estadio sería posible sin transgredir la normativa patrimonial.
El proceso estuvo encabezado por Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por el vocal Juan Vacas, quien además se desempeñó como subsecretario de Paisaje Urbano en el gobierno de Jorge Macri. Este doble rol llamó la atención, especialmente porque la administración porteña había rechazado inicialmente la viabilidad de las reformas. Finkelstein, por su parte, pagó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión del estadio y debe abonar un canon anual del mismo monto.
La historia del Luna Park tomó un giro decisivo en 2013, cuando, tras la muerte de Ernestina Devecchi —viuda de Tito Lectoure—, el estadio pasó a manos de la Iglesia Católica al quedar como única heredera. El 23 de octubre pasado, la sociedad propietaria del recinto, Stadium Luna Park SA, firmó una carta de intención para concesionar el estadio por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20, a Live Nation Entertainment y DF Entertainment. El acuerdo contempló la construcción de un edificio independiente dentro del perímetro actual y la elevación del techo en cuatro metros para alojar nuevas gradas. También consideró la restauración de fachadas y la reconfiguración de los accesos, lo que generó reparos por la posible alteración de las icónicas entradas del estadio.
El Luna Park ocupó un lugar central en la cultura argentina: allí fue velado Carlos Gardel, se realizó el mayor acto nazi en Latinoamérica, se conocieron Juan Domingo y Eva Perón, se disputaron históricas peleas de boxeo y se llevaron a cabo recitales memorables. Además, albergó el último acto político de Néstor Kirchner y la presentación del último libro de Javier Milei. Pese a su protección patrimonial, la Comisión Nacional de Monumentos avaló avanzar con las modificaciones, y ahora la última palabra recayó en el Gobierno de la Ciudad y en el papa Francisco, ya que el recinto pertenece a la Iglesia Católica.
La Legislatura de Chubut aprobó el pasado jueves 27 el proyecto número 016/2025, presentado por el Ejecutivo provincial, que planteó la reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial. Estos preceptos otorgaban inmunidad de arresto a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sindicalistas, de modo que no podían ser detenidos salvo en casos de flagrancia.
Con la propuesta, dicha protección quedó eliminada, permitiendo que gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y representantes gremiales sean arrestados en caso de ser acusados de delitos, sin la restricción constitucional previa.
El debate en la Cámara de Diputados concluyó con 18 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de algunos legisladores. El bloque oficialista Despierta Chubut respaldó la iniciativa de forma unánime, mientras que apoyaron también los diputados Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense). Por el contrario, 5 legisladores del bloque “Arriba Chubut”, del Partido Independiente Chubutense y uno del Frente de Izquierda votaron en contra.
La reforma se someterá a la decisión popular el 26 de octubre, durante el plebiscito que tendrá lugar en simultáneo con las elecciones de medio término. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, difundió en su cuenta de X.
Torres también señaló: “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
Remarcó que la enmienda convertiría a Chubut en la “primera provincia de la Argentina sin fueros” y precisó que se amplió la Ficha Limpia “con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”. Incluso agregó: “Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”.
En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los impulsores de la medida, afirmó: “El paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
También resaltó que “ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
Los detractores de la reforma advirtieron que la eliminación de la inmunidad podría favorecer un clima de persecución política, mientras que los defensores consideraron que significaba un avance hacia mayores niveles de transparencia y responsabilidad pública.
De confirmarse esta reforma en el plebiscito de octubre, Chubut se convertiría en la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios y dirigentes sindicales, un hecho que marcaría un hito jurídico e institucional.
La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
