Movimientos sociales marcharon a Plaza Belgrano: “Ya ni siquiera somos pobres, somos indigentes”
Tras el partido de la Selección, movimientos sociales marcharon por las calles de la capital jujeña y le pidieron al Gobierno Nacional por mercadería atrasada y herramientas de trabajo para los beneficiarios del Potenciar.
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Tras la finalización del partido en que la Selección Argentina cayó 2 a 1 ante Arabia Saudita, organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero de Jujuy, se movilizaron en el centro de la capital jujeña en el marco de una jornada nacional de protesta. Alrededor 12 movimientos sociales marcharon por la capital jujeña generando un caos vehicular.
“Hoy se junta la burocracia del Consejo del Salario para determinar a cuánto se elevará el salario mínimo, vital y móvil. Sabemos que pautaron la reunión en el día que jugaba Argentina para desviar el foco. Sabemos que el 58,7% que ellos quieren aplicar de aumento no va a generar que estemos bien económicamente”, dijo Cecilia de Cuba-MTR en diálogo con Canal 7 de Jujuy.
“Siguen apostando a pagarle al Fondo Monetario Internacional una deuda que el ilegítima, ilegal y usurera. La deuda es con nosotros, con el pueblo y con la naturaleza”, criticó Cecilia al Gobierno Nacional por el acuerdo con el FMI
Cecilia además, resaltó que los reclamos continuarán a pesar de la disputa del mundial: “Muchos especulan con que los piqueteros no vamos a salir por el Mundial y estamos en las calles porque pasa el Mundial, pasan las elecciones y la pobreza continúa. Ya ni siquiera somos pobres, somos indigentes”.
Por otra parte, Patricia del Polo Obrero, explicó que la jornada nacional de protesta hace énfasis en reclamar al Gobierno Nacional mercadería atrasada y herramientas para los beneficiarios del Potenciar Trabajo y opinó sobre la reunión que mantendrá el Consejo del Salario: “Nosotros le pedimos a la CGT y a la CTA que luchen realmente por los derechos de los trabajadores, que sea para todos y no para unos cuantos”.
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El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
En un paso clave para la protección del dorado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con mayoría el proyecto de ley que prohíbe la pesca comercial de esta especie en todo el territorio provincial. La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas de conservación ambiental de la provincia.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto declara al dorado como “pez de interés turístico provincial” y establece que sólo podrá pescarse con fines deportivos y bajo la modalidad de devolución obligatoria, mientras que los pobladores ribereños y pescadores artesanales podrán capturarlo exclusivamente para consumo familiar.
Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto pasó a consideración del Senado para su tratamiento final. Si bien la iniciativa contó con el apoyo de Juntos por Entre Ríos y los bloques libertarios, recibió el rechazo del bloque opositor, Más para Entre Ríos.
La controversia radica principalmente en que el texto aprobado no incluye una excepción para las cooperativas de pescadores artesanales, un punto que el justicialismo consideraba fundamental.
EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
Entre Ríos es actualmente la única provincia del Litoral que aún permite la pesca comercial del dorado, lo que llevó a biólogos, autoridades y pescadores a señalar el impacto negativo de esta práctica sobre la especie. En las provincias vecinas (Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe) ya rigen normativas similares que restringen su captura a la pesca deportiva con devolución obligatoria.
El dorado — pez emblemático de la región— ha visto afectada su población debido a varios factores, entre ellos la depredación que permite la legislación vigente y los fenómenos naturales, como las recurrentes bajantes del río Paraná. Estos eventos destruyeron los desovaderos y las áreas de cría, lo que dificulta la reproducción de la especie. Según explicó el diputado MauroGodein, presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, la situación es preocupante, y la aprobación de esta ley busca poner a la provincia en línea con los esfuerzos de conservación de las demás jurisdicciones del Litoral.
El principal punto de conflicto en la votación fue la falta de inclusión de las cooperativas de pescadores artesanales dentro de las excepciones permitidas por la ley. El bloque opositor, liderado por Laura Stratta, señaló que la norma no exceptuara a estos pescadores, quienes realizan la pesca de manera tradicional para subsistir.
Durante los debates en comisión, el oficialismo había aceptado incorporar una excepción para los pescadores ribereños que capturan el dorado para consumo familiar, pero no extendió este beneficio a las cooperativas, lo que motivó el voto en contra del PJ.
Según los legisladores justicialistas, no hay un riesgo inminente para la especie. Argumentaron que los pescadores nucleados en cooperativas utilizan técnicas de pesca “sustentable y artesanal”, y que su actividad no pone en peligro a la especie. Stratta y otros diputados del bloque señalaron que la exclusión de las cooperativas va en contra de los principios de la Ley de Economía Social vigente en la provincia, que promueve la protección del ambiente y el desarrollo de la economía local.
La necesidad de una regulación más estricta en la pesca del dorado no es nueva en Entre Ríos. Ya en 2005, se había declarado a la especie como de interés turístico nacional, aunque en ese momento el Poder Ejecutivo vetó la reglamentación de las restricciones a su pesca comercial. Dos años después, en 2007, un proyecto similar obtuvo media sanción, pero no avanzó en la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario.
El actual proyecto retoma esas discusiones y busca finalmente establecer una normativa clara que ponga fin a la pesca comercial del dorado en la provincia. El objetivo, según detallaron sus impulsores, es garantizar la conservación de la especie, que juega un rol fundamental en el equilibrio ecológico de los ríos Paraná y Uruguay, principales afluentes de la cuenca del Plata.
Un nuevo impuesto fue creado, esta vez en la provincia de Misiones, que se aplicará a los turistas extranjeros. Se trata de una “tasa turística” que, según el texto aprobado en la Legislatura provincial el pasado 17 de octubre, se implementa con el “objetivo de una promoción turística internacional de la provincia de Misiones, a fin de maximizar oportunidades del turismo internacional, potenciando el desarrollo económico y social en todo el territorio de la provincia”.
Con el cobro de este impuesto, el turista “retribuye” a la provincia los servicios recibidos, como el transporte y la salud, a su vez “permitirá el desarrollo de infraestructura, recursos humanos y marketing” del sector turístico, que cuenta con las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá y la selva misionera como sus atractivos más importantes.
Esta medida recibió críticas de parte de la oposición misionera. Argumentan que este debate no fue “adecuado” debido a que la norma se la incluyó a último momento. Además, ciudades como Puerto Iguazú ya cobran una tasa turística, es decir, se estaría sobreponiendo un mismo impuesto (cada dos noches los hoteles cobran una tarifa especial con el impuesto incluido). Por último, se teme que este impuesto desaliente la llegada de turistas ya que, en Brasil, el costo de estadía es más bajo que en Argentina.
La crisis de combustible en Bolivia se agudiza mientras cientos de camiones cisterna permanecen detenidos en Argentina, a la espera de cargar combustible barato. Desde el pasado viernes, aproximadamente 100 vehículos de carga se encuentran varados en la Ruta 9 —en el tramo entre Rosario y Buenos Aires— luego de que la refinería Vitco-Zárate suspendiera el abastecimiento por la falta de pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según denunciaron los propios transportistas.
A través de un video difundido en redes, los conductores relataron que el gobierno boliviano no realizó los pagos correspondientes, lo que los dejó en una situación desesperante, sin acceso a servicios básicos como agua o baños, y sin poder acercarse a la refinería.“Nosotros, como cisterneros, venimos para llevarnos el combustible y al no pagar el gobierno boliviano, nos botan a nosotros acá a orillas de la ruta”, expresó uno de los transportistas bolivianos.
La refinería emitió una instrucción que les prohíbe terminantemente acercarse al área de carguío, bajo advertencia de multas y posibles sanciones. DATA24.COM.AR se contactó, sin demasiado éxito, con la refinería Vitco: “No estamos autorizados a dar información”, expresó uno de los trabajadores.
Mientras tanto, el país andino enfrenta una escasez generalizada de combustible, agravada en parte por los bloqueos en carreteras que sectores afines al expresidente, Evo Morales, mantienen desde mediados de octubre. Esta situación provocó una disminución en los volúmenes de carburantes, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registran largas filas en las estaciones de servicio.
Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, demandó una pronta solución a su gobierno, subrayando que esta escasez compromete el servicio de transporte en Bolivia, especialmente con la cercanía de las fiestas de fin de año. “Se está trabajando a media máquina. Tenemos responsabilidad con nuestro pueblo”, dijo, aludiendo a los compromisos incumplidos por las autoridades de Hidrocarburos.
Sectores de la oposición boliviana y analistas argumentan que la escasez de dólares limitó la capacidad de pago de YPFB a sus proveedores internacionales, generando tensiones y demoras en el suministro de combustibles desde países como Argentina, Paraguay y Perú. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que la incapacidad de YPFB para cumplir sus obligaciones responde a una crisis de gestión en la estatal, y advirtió que Bolivia podría enfrentar mayores restricciones si Paraguay o Perú también suspenden sus envíos.
Esta versión de la falta de pago de YPFB choca contra las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Alejandro Gallardo Baldiviezo, quien señaló ayer que “fue un tema de una sanción a la planta de almacenaje de Zárate”.
Para hoy, miércoles 6 de noviembre, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Joel Callaú, afirmó que hubo problemas en la importación de diésel porque la Municipalidad de Zárate inició una acción legal.
“Toda esta sanción ya fue subsanada y ya se han cargado 47 cisternas que ya se encuentran en tránsito hacia Bolivia”, explicó.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, se encuentra en el epicentro de una tormenta de cuestionamientos en redes tras los comentarios del presidente Javier Milei, quien denunció graves irregularidades en el uso de fondos públicos en diversas universidades del país.
En su discurso, pronunciado el sábado en el Palacio Libertad, el mandatario acusó a las universidades de malgastar dinero público en “autos caros” y sueldos desorbitados para choferes, apuntando especialmente a la UNR.
Un reclamo que recibió Bartolacci fue sobre la contratación del chofer Walter Vander Mey, quien cobró 13 millones de pesos en un lapso de tres meses (de octubre a diciembre de 2024) por los servicios de traslados del rector.
Según se detalla en la plataforma oficial de la Universidad, el pliego ofrece “servicio de traslado dentro de la ciudad de Rosario” y “dentro de media distancia”, cobra $9.500 pesos la hora y $700 cada kilómetro. Al ser consultado por diversos medios, Bartolacci aclaró que “no es un chofer personal, es para movilidad institucional”.
En medio de este escenario, insistió en que las acusaciones de Milei y otros referentes libertarios, como la diputada santafesina, Romina Diez, son parte de una campaña para “desprestigiar a las universidades públicas y justificar el desfinanciamiento”.
Además de las acusaciones sobre el chofer, la Universidad Nacional de Rosario enfrenta otro cuestionamiento relacionado con los gastos institucionales: Se supo que la Facultad de Psicología de la UNR dilapidó más de 7 millones de pesos en la construcción de una batería de “baños inclusivos para todes” (sic).
El pretexto que se detalla la contratación directa es “reacondicionar al menos un baño de los existentes para generar inclusión desde la disposición de baños sin género con sus debidas señalizaciones y con la separación entre cubículos que garanticen la privacidad de quienes los transiten”.
El concejal de Propuesta Republicana (PRO) en Mar del Plata, Cristian Beneito, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la falta de atención en Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). “Los afiliados no están siendo atendidos”, resaltó el edil.
Sin ir más lejos, el hombre que responde al intendente Guillermo Montenegro señaló el gasto del mandatario provincial por unos 12.800.000.000 pesos en los Juegos Bonaerenses, “mientras los afiliados de IOMA no tienen atención médica en la provincia de Buenos Aires”.
Cristian Beneito no solo cruzó por la falta de atención en IOMA al gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que también dialogó acerca de las interminables problemáticas que tiene el Municipio de General Pueyrredón (MGP), en materia de obra pública.
“El gobernador, como siempre a contramano de todo, arreglará La Rambla que está destruida después de la temporada, por no poder cerrar los mismos en tiempo y forma”, resaltó Cristian Beneito. A su vez, cruzó a Axel Kicillof por “tampoco permitir a los privados intervenir”.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.