Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ante la escalada inflacionaria, el Gobierno de Misiones viene desarrollando las negociaciones paritarias con diferentes resultados. Nuevamente, el principal desafío del Estado, en su rol de patronal, es alcanzar acuerdos que conformen a los numerosos sindicatos. La llave que de momento está destrabando las discusiones es la revisión inmediata en noviembre de esos acuerdos.
El sector de activos y pasivos de la Policía provincial y el Servicio Penitenciario de Misiones acordaron con el Gobierno un aumento de 40 por ciento en el básico, un 32 a computarse en el mes de octubre y el restante 8 en noviembre. El acuerdo determina una nueva revisión para lo cual se fijó como fecha el martes 29 de dicho mes.
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se encuentra en el ojo de la tormenta a nada del 2023
Los que volvieron a quedar en “offside” son los representantes de los sindicatos más afines al Gobierno. En el caso de los trabajadores de Salud, el secretario general de UPCN, Jorge Giménez, celebró el aumento de 10 por ciento (1500 pesos en el básico) alcanzado el miércoles.
Sin embargo, ATE y CTA Autónoma de Misiones rechazaron este acuerdo y convocaron a un paro un día después, el cual tuvo una adhesión tan alta en los centros asistenciales de toda la provincia que obligó al Gobierno a dar otro aumento.
ATE y CTA Autónoma de Misiones siguen haciéndole la vida imposible al Gobierno provincial
Tras el paro, las autoridades decidieron mejorar la oferta a 2500 pesos de aumento en el salario básico de la Categoría D II y una diferencia del 10 por ciento entre las mismas, y un nuevo incremento de 1800 pesos para la misma en el mes de noviembre. Si bien los principales gremios del sector aceptaron, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se tomó unos días más para avanzar en la propuesta.
Por otro lado, en el marco de la discusión del Presupuesto 2023 el Gobierno misionero obtuvo una buena noticia por la incorporación del artículo sobre la Zona Aduanera Especial en la redacción del texto final.
El diputado Diego Sartori se encuentra trabajando en el presupuesto misionero
Pero no todas fueron buenas. Los misioneros tendrán que seguir esperando por el gasoducto. Diego Sartori aclaró que, por el momento, ese tema no está incluido en este proyecto de presupuesto, aunque pretenden llegar a un acuerdo en el 2023 para financiar y disponer del gasoducto, “a fin de que el gas natural por redes llegue a la única provincia del país que no tiene este beneficio”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.
Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.
“La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.
Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.
Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.
La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
El Centro de Desarrollo del Conocimiento, dependiente de la Dirección de Educación de Gualeguaychú, anunció el lanzamiento del programa Huawei ICT, una iniciativa que marcará un hito en la formación tecnológica de la ciudad. Gracias a un acuerdo gestionado por el intendente Mauricio Davico y Federico Forastier, representante de Huawei Argentina, los vecinos tendrán acceso gratuito a capacitaciones de vanguardia en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a partir de 2025.
– El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Firgerio
Este programa, desarrollado en colaboración con universidades y colegios superiores, busca democratizar el acceso al conocimiento tecnológico, ofreciendo herramientas esenciales para desenvolverse en el mundo digital. Las capacitaciones abarcarán desde nociones básicas de informática hasta áreas tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, big data y cloud computing. “Apostamos a una ciudad más conectada y preparada para los desafíos del futuro”, destacó Davico.
– Federico Forastier, representante de Huawei Argentina
Los cursos serán impartidos por profesionales calificados y contarán con materiales didácticos de última generación. Además, los participantes podrán obtener certificaciones oficiales, aumentando sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.
“Queremos que todos tengan acceso a estas herramientas, sin importar su nivel socioeconómico”, explicó Federico Forastier, quien resaltó la importancia de las alianzas entre el sector público y privado para el desarrollo social.
El escritor Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial de Javier Milei, generó indignación en redes sociales tras atacar al exsenador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable. En respuesta a un mensaje publicado por Bullrich en la red social X, Márquez comentó: “Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad”, lo que provocó un aluvión de críticas.
Bullrich, quien recordaba el 15.º aniversario de su asunción como ministro de Educación porteño bajo la gestión de Mauricio Macri, había escrito en mencionada red social: “Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias @mauriciomacri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro”. La respuesta de Márquez, que además añadió “Ojalá lo puedas superar”, generó un repudio aún mayor, considerando que la ELA es una enfermedad incurable, lo que hizo que sus palabras fueran consideradas particularmente insensibles y ofensivas.
Ante la viralización de su comentario y las críticas recibidas, Márquez intentó defenderse argumentando que no había dicho nada falso. Sin embargo, horas más tarde, reconoció que su mensaje había sido inapropiado: “OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de @estebanbullrich”, publicó.
El escritor también emitió un pedido de disculpas, aunque su tono generó cuestionamientos por falta de claridad: “Lamento profundamente el mal trago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero porque, como católico, creo en los milagros. Asimismo, las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM”, escribió luego.
En abril de 2021, Bullrich hizo público su diagnóstico de ELA, una enfermedad que afecta las neuronas motoras y no tiene cura. Desde entonces, el exministro ha dedicado esfuerzos a visibilizar esta condición y recaudó 25 millones de pesos para la construcción de un centro especializado en asistencia a pacientes con ELA, el primero de su tipo en Sudamérica. Este proyecto, liderado por la fundación que lleva su nombre, busca brindar apoyo integral a pacientes y sus familias, destacándose como un ejemplo de lucha y solidaridad.
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, JorgeD’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, FedericoAchával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de CésarMansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio.Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
El riesgo país perforó la barrera de los 600 puntos básicos por primera vez desde agosto de 2018, cerrando en 571 unidades este lunes, según datos de JP Morgan. Este indicador, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, alcanzó su nivel más bajo en siete años gracias al optimismo en los mercados financieros sobre la recuperación macroeconómica del país.
Los bonos soberanos Globales y Bonares experimentaron alzas significativas, con precios promedio cercanos a los USD 73, su máximo desde su salida al mercado. Esta revalorización refleja la confianza en las políticas del gobierno orientadas a estabilizar la macroeconomía.
Un factor clave en este panorama fue el anuncio del Banco Central de un repo por USD 1.000 millones con bancos internacionales. Un repo, o acuerdo de recompra, es un tipo de préstamo financiero en el que el Banco Central vende bonos soberanos como garantía para obtener efectivo, con el compromiso de recomprarlos a un precio previamente acordado en una fecha futura. Este mecanismo permite al país obtener liquidez inmediata para afrontar necesidades financieras a corto plazo.
– El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
En este caso, el repo ofrece una tasa anual del 8,8% y mejora la posición de liquidez del país, lo que contribuyó a fortalecer las reservas internacionales, que cerraron la semana pasada en USD 32.774 millones, cerca del máximo histórico de USD 32.886 millones alcanzado en diciembre de 2024.
Según el Banco Central, esta operación permite mitigar desbalances en el mercado de cambios, facilitando la eliminación progresiva de restricciones cambiarias y reforzando la credibilidad en las metas de política monetaria. Además, este tipo de operaciones genera un efecto simbólico positivo, mostrando un respaldo internacional a las políticas implementadas.
El Tesoro también mostró su capacidad de pago al acumular USD 5.698 millones en sus arcas, garantizando los vencimientos de deuda previstos para enero y julio. A esto se suma un incremento del 205,6% en la recaudación fiscal de 2024 en términos interanuales, superando ampliamente la inflación.
Un informe de la consultora Suramericana Visióndestacó que“aún sin acceso pleno a los mercados internacionales, Argentina podrá afrontar los vencimientos de deuda en 2025”. Este año, el Estado Nacional, el Banco Central, las provincias y las empresas deben saldar compromisos por casi USD 25.000 millones. Este escenario demuestra una combinación de estrategias efectivas de gestión de deuda y una mejora en la capacidad recaudatoria.
El optimismo de los inversores se refleja en la pendiente positiva de la curva de rendimientos de los bonos argentinos, que vuelve a registrar una estructura saludable tras años de tensión crediticia. Analistas de Max Capital destacaron que la tasa del repo indica que Argentina está cerca de recuperar acceso pleno a los mercados internacionales de deuda, lo que podría concretarse en el segundo semestre de 2025. Este regreso sería clave para refinanciar vencimientos y generar nuevas inversiones.
Según Facimex Valores, los bonos GD35 y GD41 presentan un potencial alcista del 13% al 33%, dependiendo de la calificación crediticia que logre el país. Por su parte, JP Morgan proyecta que el gobierno de Milei avanzará hacia la liberación del cepo cambiario y consolidará la estabilidad financiera mediante un robusto sistema macroeconómico.
A pesar de la mejora, todavía queda camino por recorrer: el riesgo país de Argentina (571 puntos) se mantiene apenas por encima del promedio regional (427 puntos).Comparativamente, Brasil registra 248 puntos, Perú 156, Chile 120 y Uruguay 89. Sin embargo, las políticas económicas actuales apuntan a cerrar esta brecha. Las reformas estructurales en curso y el foco en reducir la dependencia del financiamiento externo son elementos que podrían contribuir a una compresión adicional del riesgo país.
El año 2025 comenzó con resultados alentadores en el mercado financiero local. El índice MERVAL marcó un nuevo récord histórico en términos reales, alcanzando los USD 2.362. En Wall Street, las acciones argentinas también destacaron, con alzas del 4,5% en promedio. Estos avances posicionan al mercado argentino entre los de mejor rendimiento global, con ganancias acumuladas desde 2024 que superan el 100% en dólares.
El panorama optimista se refuerza con las expectativas de un nuevo acuerdo con el FMI y una economía en recuperación. Los inversores mantienen su confianza en las estrategias implementadas, lo que augura un año de consolidación para los activos argentinos y su posicionamiento en los mercados internacionales. A su vez, las proyecciones indican que las políticas económicas podrían impulsar un mayor crecimiento de las exportaciones, fortaleciendo el superávit comercial y reduciendo la presión sobre el tipo de cambio.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
