Misiones | El gobernador contra las cuerdas por las paritarias y el presupuesto
El gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad no le encuentra una salida potable al problema económico de Provincia.
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Ante la escalada inflacionaria, el Gobierno de Misiones viene desarrollando las negociaciones paritarias con diferentes resultados. Nuevamente, el principal desafío del Estado, en su rol de patronal, es alcanzar acuerdos que conformen a los numerosos sindicatos. La llave que de momento está destrabando las discusiones es la revisión inmediata en noviembre de esos acuerdos.
El sector de activos y pasivos de la Policía provincial y el Servicio Penitenciario de Misiones acordaron con el Gobierno un aumento de 40 por ciento en el básico, un 32 a computarse en el mes de octubre y el restante 8 en noviembre. El acuerdo determina una nueva revisión para lo cual se fijó como fecha el martes 29 de dicho mes.
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se encuentra en el ojo de la tormenta a nada del 2023
Los que volvieron a quedar en “offside” son los representantes de los sindicatos más afines al Gobierno. En el caso de los trabajadores de Salud, el secretario general de UPCN, Jorge Giménez, celebró el aumento de 10 por ciento (1500 pesos en el básico) alcanzado el miércoles.
Sin embargo, ATE y CTA Autónoma de Misiones rechazaron este acuerdo y convocaron a un paro un día después, el cual tuvo una adhesión tan alta en los centros asistenciales de toda la provincia que obligó al Gobierno a dar otro aumento.
ATE y CTA Autónoma de Misiones siguen haciéndole la vida imposible al Gobierno provincial
Tras el paro, las autoridades decidieron mejorar la oferta a 2500 pesos de aumento en el salario básico de la Categoría D II y una diferencia del 10 por ciento entre las mismas, y un nuevo incremento de 1800 pesos para la misma en el mes de noviembre. Si bien los principales gremios del sector aceptaron, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se tomó unos días más para avanzar en la propuesta.
Por otro lado, en el marco de la discusión del Presupuesto 2023 el Gobierno misionero obtuvo una buena noticia por la incorporación del artículo sobre la Zona Aduanera Especial en la redacción del texto final.
El diputado Diego Sartori se encuentra trabajando en el presupuesto misionero
Pero no todas fueron buenas. Los misioneros tendrán que seguir esperando por el gasoducto. Diego Sartori aclaró que, por el momento, ese tema no está incluido en este proyecto de presupuesto, aunque pretenden llegar a un acuerdo en el 2023 para financiar y disponer del gasoducto, “a fin de que el gas natural por redes llegue a la única provincia del país que no tiene este beneficio”.
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Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.
Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:
Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.
Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.
Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.
El avestruz digital
Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.
Captura de Gutiérrez encapuchado.
La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.
El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.
El ejecutor que dejó de pensar
La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.
Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.
El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.
A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoineexpuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.
El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.
Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.
El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.
Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación
Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.
En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.
– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz
En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.
– Baños con duchas improvisadas y el menú del día
Conducción y designaciones cuestionadas
Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.
Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.
“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.
Operativos bajo tensión
Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.
Chaparro Fresco, denuncia y antecedente
En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.
Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.
– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco
Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.
El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.
Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.
– Jerónimo Chaparro Fresco
Silencio oficial
Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.
El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, aseguró en Expoagro 2026 que el Gobierno buscará continuar con la baja de las retenciones al campo, aunque volvió a supeditar esa decisión a la situación fiscal. En su exposición durante la primera jornada de la muestra, realizada en San Nicolás (Buenos Aires), no anunció nuevas rebajas ni precisó un cronograma para una eventual reducción adicional de los derechos de exportación.
La frase textual fue: “Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina” y tuvo lugar en la apertura oficial del evento, que en esta edición celebró sus 20 años.
El funcionario recordó que el Gobierno ya avanzó en rebajas parciales y totales para distintos productos y remarcó que esa seguirá siendo la orientación oficial. La primera reducción de esta etapa quedó establecida en el Decreto 38/2025, publicado el 27 de enero de 2025, que fijó alícuotas reducidas hasta el 30 de junio de 2025. Luego, el Decreto 439/2025, publicado el 27 de junio, prorrogó ese esquema para un grupo de productos hasta el 31 de marzo de 2026. Más tarde, el Gobierno dispuso una nueva baja permanente a través del Decreto 877/2025, oficializado en diciembre.
Con ese último cambio, las alícuotas quedaron en el siguiente esquema: la soja bajó de 26% a 24%; los subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; el trigo y la cebada, de 9,5% a 7,5%; el maíz y el sorgo, de 9,5% a 8,5%; y el girasol, de 5,5% a 4,5%.
Aun con esa reducción, la soja siguió siendo el cultivo con mayor carga sobre su valor de exportación, mientras que en los cereales las alícuotas se ubicaron entre 7,5% y 8,5% según el cultivo.
En ese marco, el secretario insistió en que la rebaja de los derechos de exportación formó parte de una visión distinta de la administración libertaria hacia el agro. “Ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.
– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; José Aranda (Clarín), Marcela Noble Herrera (Clarín); Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás; Fernán Saguier, director de LA NACION, y el expresidente Mauricio Macri
También buscó subrayar el contraste político que el mileísmo intentó exhibir frente a la relación bélica que el kirchnerismo mantuvo durante años con los productores: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario” de nuestro país.
Durante su discurso, además, repasó parte de la agenda exterior y regulatoria de la gestión. Mencionó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el acuerdo con Estados Unidos, que incluyó la ampliación del cupo de exportación de carne hacia ese mercado hasta 80.000 toneladas anuales libres de arancel, y también las medidas de simplificación administrativa y desregulación para el sector. “A eso se suman simplificaciones, desregulaciones. Estamos en línea con la producción y los productores también están en línea, con lo que fue la cosecha récord de trigo y ahora esperamos una campaña de girasol potente”, agregó.
El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc) se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.
“La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva, que no produce empleo formal, es una economía que está estancada o cayendo”, afirmó Pastrana, durante una entrevista en el medio radial Radio 10.
El informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), publicado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en julio de 2025, advierte explícitamente que este tipo de empleo “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación” y “amortigua solo transitoriamente el aumento de la desocupación”. La paradoja es que, a medida que más trabajadores expulsados del sector formal se vuelcan a las plataformas, la rentabilidad por viaje o pedido cae para todos.
El caso de Comodoro Rivadavia es ilustrativo, ya que ahí los trabajadores despedidos de la industria petrolera compraron autos para conducir Uber o Didi, pero la saturación de choferes en una ciudad cuya demanda también cae derivó en “menos viajes por menos dinero”, según testimonios de conductores con años de experiencia en el sistema. El mismo fenómeno se replica en todo el país.
La destrucción de empleo formal es sostenida y va más allá de los siete meses mencionados en el artículo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.
Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.
En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.
El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.
Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección. Los ingresos laborales en general se encuentran casi 25% por debajo de los niveles de 2017.
La reforma laboral como respaldo institucional a la precarización
En diciembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, que por primera vez creó la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, excluido expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que conductores y repartidores no acceden a indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo ni licencias médicas. Tal como indica la investigación del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), más de un millón de personas obtienen ingresos de estas plataformas en Argentina, aunque solo una minoría las usa como fuente laboral principal.
Cuando una persona pierde su trabajo formal (con recibo de sueldo, aportes jubilatorios, obra social), normalmente enfrenta dos opciones. Una es registrarse como desocupado o buscar alguna actividad informal que le genere ingresos mientras tanto. La segunda opción se llama “empleo de refugio”, que no se trataría de un trabajo ideal, pero evita caer en el desempleo abierto.
Durante años, las plataformas digitales funcionaron como el refugio moderno y masivo para esos trabajadores. Alguien que perdía su empleo podía registrarse como conductor o repartidor en días, sin requisitos formales, y comenzar a generar ingresos. Esto amortiguaba el impacto social del ajuste económico y mantenía artificialmente baja la tasa de desocupación.
El mecanismo parecía funcionar en 2024, cuando el ajuste macroeconómico de la gestión de Milei comenzó a erosionar el empleo formal, aunque la tasa de desempleo no escaló tanto como se podría haber esperado, precisamente porque muchos trabajadores encontraron refugio en el cuentapropismo y las plataformas.
Pero ese sistema tiene un límite físico. Si hay demasiados conductores para la misma cantidad de pasajeros, o demasiados repartidores para los mismos pedidos, el ingreso de cada uno cae. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En base al analista económico Pastrana, la oferta de trabajadores en las plataformas creció tanto que los ingresos reales por viaje o pedido bajaron considerablemente, precarizando el llamado “salario de reserva” —es decir, el mínimo ingreso que un trabajador acepta antes de preferir directamente no trabajar.
Un dato que ilustra la magnitud, es que en diciembre de 2025, un repartidor necesitaba completar 454 pedidos en promedio para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas, según el “índice APP” de la Fundación Encuentro. Cuando el esfuerzo requerido es tan descomunal, el trabajo informal deja de ser un refugio atractivo y se convierte en una trampa de precariedad.
Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado —la estadística más confiable y rigurosa del mercado laboral— acumularía siete meses consecutivos de caídas entre mayo y noviembre de 2025. En total, durante 2025 se perdieron más de 106.000 puestos asalariados (-1% interanual), con el sector privado explicando la mayor parte: -88.800 empleos. Si se amplía el horizonte, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se destruyeron muchos más puestos de trabajo.
Los sectores más golpeados son la industria manufacturera (casi 40.000 empleos perdidos en 2025) y comercio (22.600 puestos desde mayo). Inclusive sectores que se consideraban “ganadores” del nuevo modelo económico —agro, minería e intermediación financiera— comenzaron a destruir empleo en el segundo semestre de 2025.
La trampa del monotributo como válvula de escape
Como se mencionó anteriormente, para compensar la caída del empleo asalariado, el trabajo independiente (principalmente monotributo) creció un 3.8%, sumando 104.800 trabajadores. Esto ocultó la gravedad del problema en las estadísticas globales, porque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi igual, pero cambió su composición hacia formas más precarias, sin cobertura médica completa, sin indemnización, sin aportes estables a la jubilación.
Este fenómeno explica por qué la tasa de desocupación del INDEC —que cerró 2025 en 7.5%, contra 6.4% en 2024— no refleja completamente la crisis. Una parte de los desempleados “reales” está encubierta en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, con cuatro de cada diez trabajadores fuera del marco legal.
Pastrana establece una comparación con la década de 1990, que también tuvo un proceso fuerte de destrucción de empleo formal. La diferencia clave es el contexto, dado que en los 90´s había crecimiento económico (aunque desigual), lo que generaba capacidad de reabsorción laboral en otros sectores. Hoy, la economía argentina muestra estancamiento. El consumo interno cayó 1.4% interanual en diciembre de 2025, el crédito está paralizado y crece la morosidad. El gasto público cayó a su nivel más bajo en una década (entre 14.4 y 14.5% del PBI), con un recorte de 5.1 puntos porcentuales del PBI respecto a 2023.
Sin motores de demanda —ni consumo, ni gasto público, ni crédito— no hay sectores donde los trabajadores desplazados puedan reinventarse.
El programa económico liberal apostó a que la baja de la inflación —que llegó al 31.5% interanual en diciembre de 2025— recompondría gradualmente el poder adquisitivo y reactivaría el consumo. Pero Pastrana señala una tensión, si el consumo y el gasto público permanecen estancados, “las exportaciones e inversiones deberían crecer a tasas extraordinarias” para mover el PIB.De acuerdo a sus cálculos, una suba del 8% en esos sectores apenas se traduciría en un avance del 1.5% en el PIB total.
Los organismos internacionales son más optimistas. El FMI, el BID y el Banco Mundial proyectan un crecimiento del 3.8% al 4% para Argentina en 2026, atribuido principalmente a la normalización cambiaria, la continuidad del equilibrio fiscal y cierta recuperación de sectores exportadores. Pero más aún en esa estimación, el impacto en el empleo formal llegaría con rezago, y los trabajadores más vulnerables serían los últimos en sentir dicha mejora.
Para que el mercado laboral se estabilice, la baja de inflación debería ser suficientemente rápida y profunda como para recomponer salarios reales, estimular el consumo y generar incentivos genuinos de inversión que creen empleo formal. Sin ese círculo virtuoso, el desempleo seguirá escalando en los próximos trimestres.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
