Misiones cobrará una “tasa turística” a extranjeros
La normativa fue incluida y aprobada dentro del presupuesto provincial 2025, se trata de un impuesto que oscila entre uno y dos dólares, por noche y por persona para aquellos extranjeros que se alojen en hoteles locales.
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Un nuevo impuesto fue creado, esta vez en la provincia de Misiones, que se aplicará a los turistas extranjeros. Se trata de una “tasa turística” que, según el texto aprobado en la Legislatura provincial el pasado 17 de octubre, se implementa con el “objetivo de una promoción turística internacional de la provincia de Misiones, a fin de maximizar oportunidades del turismo internacional, potenciando el desarrollo económico y social en todo el territorio de la provincia”.
Con el cobro de este impuesto, el turista “retribuye” a la provincia los servicios recibidos, como el transporte y la salud, a su vez “permitirá el desarrollo de infraestructura, recursos humanos y marketing” del sector turístico, que cuenta con las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá y la selva misionera como sus atractivos más importantes.
Esta medida recibió críticas de parte de la oposición misionera. Argumentan que este debate no fue “adecuado” debido a que la norma se la incluyó a último momento. Además, ciudades como Puerto Iguazú ya cobran una tasa turística, es decir, se estaría sobreponiendo un mismo impuesto (cada dos noches los hoteles cobran una tarifa especial con el impuesto incluido). Por último, se teme que este impuesto desaliente la llegada de turistas ya que, en Brasil, el costo de estadía es más bajo que en Argentina.
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En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.
Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.
El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.
Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.
“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.
El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.
El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.
“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.
– El proyecto de Vivona
Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.
Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.
El Aviso ARA Alférez Sobral partió el lunes desde la Base Naval de Mar del Plata remolcado por unidades de la Armada —ARA Puerto Argentino, ARA Bahía Agradable, corbeta ARA Espora y patrullero rápido ARA CL Cordero— rumbo a las coordenadas 39° 54′ S y 59° 30′ W, donde fue hundido en alta mar. La maniobra replicó el destino que años atrás recibió el Comandante Luis Piedrabuena y puso fin a más de cuatro décadas de servicio activo y simbólico.
Adolfo Schweighofer, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, expresó su dolor: “El Sobral es un buque que estuvo en Malvinas, que fue atacado por los usurpadores ingleses, que tiene ocho muertos a bordo y varios heridos. Hubo la posibilidad de traerlo como buque museo, lo ofreció la Armada en su momento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era muy difícil”. Recordó que la nave permaneció años amarrada sin mantenimiento: “Ya estaba oxidado totalmente, desmantelado. El paso del tiempo hizo imposible económicamente conservarlo”.
El ex tripulante santafesino Ricardo Abel Cuevas resumió el sentimiento de la dotación: “Me causa mucha tristeza, porque lo consideramos parte de nuestra subsistencia en la guerra”. Cuevas recordó la noche del 2 de mayo de 1982: “En aquel combate el Sobral perdió a ocho de sus tripulantes, incluido su comandante”. Aquellos caídos fueron el capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca; los cabos principal Ramón Omar Cabrera y Mario Aurelio Alancay; los cabos segundo César Gustavo Rodríguez y Héctor Daniel Medina; y los marineros Mario Gustavo Alcaraz, Jorge Oscar Gualdieri y Juan Domingo Baldini.
Tras el ataque con misiles Sea Skua lanzados desde helicópteros británicos, la nave quedó seriamente dañada, pero su dotación—liderada de facto por el teniente de navío Sergio Bazán luego de la muerte del comandante—logró mantenerla a flote y arribó tres días después a la costa continental, tras emitir sucesivos mensajes de “Mayday” en morse. Los hierros retorcidos del puente de navegación se exhiben hoy en el Museo Naval de la Nación.
Años de gestiones para salvar al buque fracasaron. El 10 de septiembre pasado la Armada lo ofreció en subasta junto a otras unidades; el lote se retiró de la puja tres días después para permitir que veteranos y privados buscaran fondos. Remolcarlo exigía al menos 250 mil dólares y ningún plan prosperó. Hubo propuestas para llevarlo a Olivos, Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Santa Fe—donde excombatientes imaginaban un museo flotante—pero la falta de presupuesto las frustró.
Construido en 1944 en Estados Unidos como USS Salish, el buque de 43,6 metros de eslora y 10,3 de manga sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972 pasó a la Armada Argentina y recibió el nombre de Alférez José María Sobral, explorador antártico. Ese mismo año asistió al célebre buque Calypso de Jacques Cousteau.
Cuevas criticó el final elegido: “Al igual que hicieron con el buque Comandante Luis Piedrabuena, lo llevan a altamar para tomarlo como blanco de tiro y hundirlo. No merece ese final. Lo están tratando como chatarra, como un fierro oxidado”. También lamentó que desde 2021 no le permitieran subir a bordo: “Cada 3 de mayo nos reuníamos toda la tripulación con vida y oficiábamos una vigilia a bordo del Sobral en honor a nuestros caídos”.
Schweighofer coincidió: “Nos habíamos entusiasmado con la posibilidad de tenerlo en Santa Fe, un buque histórico que sirviera como atractivo visual, turístico y un homenaje a los muchachos que murieron”. Al conocer la decisión definitiva, concluyó: “Argentina tiene que valorar más su historia. Hay otros buques que ya han sido hundidos porque el tiempo pasa y tenerlo flotando en el puerto significa un costo muy grande”.
Con el hundimiento, sólo algunas piezas—como la campana, un cañón y mobiliario—quedaron preservadas. El resto del casco descansa ahora en el fondo del Atlántico, convertido en tumba de acero para aquel “viejo guerrero” que escribió una página decisiva en la historia naval argentina.
La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.
La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.
El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.
El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.
Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.
Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).
Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.
“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.
El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.
La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.
– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.
Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.
Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.
La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
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