Marocco no acordó su continuidad en la vicegobernación de Salta y el oficialismo corre riesgo para el 2023
En plena disputa por las elecciones del año próximo, Antonio Marocco no acordó su continuidad en el cargo y Gustavo Sáenz comienza a analizar quién ocupará su lugar.
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Una de las mayores incógnitas que deparan los comicios del 2023, es saber quién acompañará a Gustavo Sáenz en la vicegobernación por los próximos cuatro períodos. Si ganan, no es necesario aclarar.
Es que, al sillón que hoy ocupa Antonio Marocco como presidente del Senado de Salta, se anotaron varios personajes de la política vernácula. Si bien muchos no tienen oportunidad de llegar a hacerle “ruido” al “Gringo”, hay nombres que sí hacen creer que un cambio es posible. Sobre todo, si desde arriba no lo reconfirman a él para encarar otros posibles cuatro años más de mandato.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz corre riesgo para ganar de cara al próximo 2023
Las dudas sobre el futuro del vice, que hoy se reparte entre la función pública y la peña familiar que se afianzó como una de las más convocantes dentro del circuito folclórico local, se acrecentaron esta semana luego de que el máximo mandatario dialogara con la prensa, quién le preguntó de forma delicada, como acostumbra a hacer con el gobernador, sobre la continuidad de Marocco en el proyecto.
“Equipo que gana no se toca, ¿no?”, le preguntaron a Sáenz, luego de consultarle a su interlocutor si era amante del fútbol. La respuesta del gobernador fue la de un director técnico: “No, pero por ahí hay que sacar a alguno y mandarlos al banco de suplentes; pero sigue en el equipo”.
Antonio Marocco iría por fuera del espacio oficialista de cara al 2023
Esto de “seguir en los equipos” es algo que gran parte del Gabinete provincial conoce a la perfección ya que, o mutaron de cargo en cargo desde su desembarco, o incluso se adaptaron a una nueva conducción a pesar de que pertenecen a una camada anterior.
Cuando el mandatario respondió lo del banco de suplentes, un periodista le preguntó si se trataba de Marocco. Lejos de afirmar o negar esta insinuación, éste comentó que hablar de eso sería faltarle el respeto al hoy vicegobernador “sin haber conversado con él de este tema”.
El intendente de Tartagal, Mario Mimessi, tendría serias posibilidades por ir para la Vicegobernación de Salta
Los que saben de esto de la “rosca”, afirman que, a esta altura del año, con una elección a la vuelta de la esquina, esto es algo que ya se tendría que tener cerrado por sí o por no; con un listado de posibles sustitutos para el cargo que tiene chances de quedar vacante.
Si bien no se conoció qué dijo Marocco sobre este tema, quiénes se entusiasmaron un poco fueron aquellos que, autoproclamados o con pedido popular, aspiran a presidir el senado a partir de diciembre del 2023, entre ellos Mario Mimessi, Daniel Moreno, Laura Cartuccia, Yolanda Vega, Patricia Hucena y tantos otros que se ilusionan con serrucharle el piso al “Gringo” y posar en las fotos del año que viene.
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En una entrevista exclusiva con el periodista Eduardo Prestofelippo (conocido popularmente como “El Presto”), la concejal del PRO en Villa Gesell Clarisa Armando, reveló en el programa de streaming Canal EY!, durante el segmento Perdón X La Vehemencia, que el intendente Gustavo Barrera percibe “cerca de $20 millones” mensuales.
“Gana más que el presidente”, afirmó Armando, agregando que “él y todos los funcionarios tienen una herramienta que se llama los adicionales, que duplica, en algunos casos al 200%, el 150%, en otros el 100%, el sueldo base. Ningún funcionario se deja de cobrar el adicional por función. Y el intendente lo cobra, cobra por representarnos un adicional, por función completa, por la representación que tiene porque viaja.”
El líder comunal Barrera, del partido kirchnerista de Unión por la Patria (UxP), y que gobierna el municipio desde 2014, es decir, lleva más de 12 años al frente de la localidad. Este dato es central, ya que la oposición usa su larga gestión para señalarlo como el principal responsable del deterioro financiero acumulado.
La acusación de que Barrera cobra alrededor de $20 millones por mes circuló en ese contexto político, en el que la discrepancia reclama que se publiquen los sueldos de toda la planta política. Armando también denunció que el intendente “fue acomodando a cada uno de los militantes que responden al intendente Barrera, por encima de todos los empleados de carrera del municipio”.
“Es una locura lo que te estoy diciendo, pero es real. Y lo hacen por decreto. O sea, él mismo firma su aumento. Él mismo le firma el aumento, el adicional, a sus funcionarios. Si vos, o cualquier vecino que se meta y pueda ver los decretos que están publicados, esos decretos figuran cuando descaradamente se lo cobran”, recalcó Armando.
En síntesis, la crítica no sería solo al número del sueldo en sí, sino a la opacidad con que se maneja la nómina política en una administración que dice no tener dinero.
La crisis financiera de Villa Gesell es real y está documentada. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, el municipio perdió $3.653 millones en recursos, resultado de una caída de $2.903 millones durante 2025 y otros $750 millones en los primeros meses de este año. A eso se suma un fuerte incremento de la deuda municipal, que pasó de $39 millones en 2014 a casi $10.000 millones en 2025, lo que representa un aumento del 25.000%, según un informe del bloque PRO en el Concejo Deliberante.
“También le cobra a los vecinos cuando tiene que viajar a otro lado en representación del municipio. Se llaman gastos por representación y lo cobra todos los meses”, indicó Armando.
Barrera atribuye la crisis principalmente al recorte de coparticipación por parte del gobierno nacional del presidente Javier Milei y la caída de la actividad económica. La contraposición, en cambio, destaca que el deterioro comenzó antes y es producto de una administración deficiente durante 12 años.
Un grupo de gremios, usuarios y familiares de víctimas de accidentes en carreteras formaron un espacio multisectorial para denunciar que “las rutas nacionales argentinas atraviesan la peor situación de su historia reciente”. La conferencia de prensa se realizó al público en Chacabuco 243, en Ciudad de Buenos Aires.
“No hay mejor manera de mostrar la ineficiencia de un organismo que desfinanciarlo”, lo resumió con una frase el dirigente sindical de Vialidad en Entre Ríos, Raúl Meza.
El espacio que se presentó dió a conocer sus objetivos concretos, como lo sería instalar el tema en la agenda pública y empujar al Estado y al Congreso a tratar la situación como una verdadera emergencia. También busca frenar el vaciamiento de distintos organismos del Estado, entre ellos Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que en los últimos meses también sufrieron recortes.
Además, la convocatoria cuestiona el modelo de concesiones por peaje como única respuesta frente a la crisis y propone medidas “en defensa de la vida”, que van desde la declaración formal de emergencia vial hasta la restitución del presupuesto y del personal.
Según los reclamos, es una decisión política deliberada de desfinanciar y desmantelar el organismo que cuida los caminos del país durante la gestión del presidente Javier Milei, provocando un escenario donde “aumentan los accidentes y las muertes en las rutas”, en un contexto en el que la Red Vial Nacional de por sí “atraviesa una emergencia sin precedentes”.
La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones, entre ellas la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que representa a los trabajadores encargados de construir y mantener las rutas; el Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), que defiende los derechos de quienes transitan por ellas; el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA); la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Jerárquico de la DNV, integrada por ingenieros y técnicos de Vialidad; autoconvocados de la Ruta Nacional 3, vecinos y usuarios que advierten el deterioro de esa traza; familiares de víctimas de accidentes viales y organizaciones como Estrellas Amarillas; además de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y el diputado nacional por la provincia de Mendoza, igualmente representante a la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro.
El dato más impactante que presentan los gremios es que casi el 75% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.
Para comprender el alcance de este dato, hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional utiliza un Índice de Estado que va de 0 a 10.Los valores del 0 al 5 indican un mal estado de la calzada, entre 5 y 7 se considera un estado regular, y de 7 a 10, un buen estado.
“Antes había crédito externo, pero este gobierno decidió cerrarlos para convertirlos en créditos de libre disponibilidad”, destacó el referente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, ejemplificando con casos como la paralización de obras significativas a nivel nacional como la construcción del segundo puente que conecte la provincia de Chaco con Corrientes.
Un estudio independiente del Instituto Argentina Grande confirma la tendencia, ya que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54.9% en 2022 al 47.5% en 2024, mientras que las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Y eso fue antes de que el deterioro se acelerase aún más en 2025 y 2026.
Hay provincias especialmente golpeadas. En la provincia de Buenos Aires, solo el 36.8% de las rutas nacionales está en buen estado, el 51.7% está directamente en mal estado. En Chaco, Tucumán y Buenos Aires, más de la mitad de las rutas supera el umbral del mal estado.
Para el caso del NEA —la región de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa— el informe de FEPEVINA destaca situaciones críticas, como la Ruta Nacional 121 (que conecta Santo Tomé con Brasil), que presenta “falla estructural completa”, con baches profundos, ahuellamiento severo y pérdida de capacidad portante.
La explicación de fondo es el ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, el presupuesto real de Vialidad Nacional en 2026 es más de 80% inferior al de 2022, mientras que el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% en comparación con 2023. A eso se suma una fuerte reducción de la planta de personal. En diciembre de 2023 el organismo contaba con 5.540 trabajadores, pero entre despidos y retiros voluntarios impulsados desde 2024 la dotación de empleados se redujo de manera drástica, con anuncios de recortes que llegaron a alcanzar a 1.600 agentes.
El deterioro también se refleja en la paralización de las obras en ejecución, sin importar su grado de avance, y en el abandono de tareas básicas de mantenimiento como el bacheo, la señalización, el desmalezado de banquinas y la campaña invernal de conservación. En lugar de resolver los problemas de fondo, sostienen desde el área, solo se realizan bacheos precarios que administran el riesgo de manera temporal. A esto se suma la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse a las rutas.
Conforme a los reclamos gremiales, Vialidad ejecutó apenas la mitad de esos recursos durante 2024 y 2025, motivo por el cual FEPEVINA llegó incluso a presentar una denuncia penal. El proceso, además, provocó la pérdida de personal técnico clave, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, con el consecuente vaciamiento de capacidades técnicas del organismo.
El deterioro físico de las rutas tiene un impacto directo en vidas humanas. En base a FEPEVINA, el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes. La asociación civil Luchemos por la Vida registró 6.248 muertes en calles y rutas durante 2025.
El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) reportó que en 2025 la mortalidad vial subió un 22% respecto a 2024, y que cada muerte por siniestro representó un costo social promedio de USD$38.650. Significativamente, el 25% de las muertes viales del país ocurrieron en la región del NEA (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).
El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia.
“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.
Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.
El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
Un tribunal de Bolivia lo declaró en rebeldía tras su ausencia sin justificativo. La acusación sostiene que durante su presidencia mantuvo una relación con una menor de edad y tuvo una hija con ella en 2016; la Fiscalía acumula más de 170 pruebas y 39 testigos contra el exmandatario.
El referente liberal arremetió contra la gestión de Riquelme tras la eliminación ante Huracán y cuestionó la falta de títulos, el armado del plantel y la conducción institucional del club.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
