Mar del Plata | El nuevo aliado de Javier Milei que le ha votado todo al kirchnerismo

Se trata del concejal de Crear, Alejandro Carrancio, quien opera con el armador nacional de La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi, para quedarse con la Quinta Sección Electoral.
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El diputado nacional Javier Milei ya cuenta con varios representantes en función a lo largo y ancho del país, tal es el caso de Mar del Plata. Allí tiene al concejal de Crear, Alejandro Carrancio, quien además fue designado “a dedo” por el armador Carlos Kikuchi como coordinador de la Quinta Sección Electoral

La figura del edil es demasiado controversial, y no por sus cuestiones personales. Mucho menos por los diferentes colores que ha representado (muchos de ellos contradictorios), o bien el hecho de los años interminables en los que sobrevivió del Estado. Sino más bien que sea representante del “anticasta” Milei y, sin embargo, no se canse de votarle proyectos a favor al Frente de Todos (FdT).

Alejandro Carrancio on Twitter: “En Basa planificando el armado provincial de @JMilei junto a @CarlosKikuchi @SantilanJuli1 y @erecalt. Con un equipo comprometido y los objetivos claros las expectativas se van a cumplir. pic.twitter.com/9kBqid65V2 / Twitter”

En Basa planificando el armado provincial de @JMilei junto a @CarlosKikuchi @SantilanJuli1 y @erecalt. Con un equipo comprometido y los objetivos claros las expectativas se van a cumplir. pic.twitter.com/9kBqid65V2

El representante de Javier Milei en Mar del Plata cuenta con un historial sumamente polémico, con “metidas de mano en el bolsillo del contribuyente” con ideas ridículas. Un claro ejemplo es que, en el mes de julio del pasado año 2018, pidió por una “Comisión de Fiscalización de Implementación y ejecución del Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de residuos Urbanos y Convenios Específicos”.

Dentro del último año, pasadas las elecciones legislativas del 2021, no solo toda su labor como edil se redujo a declarar de interés cultural cualquier cosa que se le cruce, o bien otorgó reconocimientos a personalidades marplatenses. También, se dedicó a promover ordenanzas contra las libertades de los individuos, como la idea de que se siga utilizando el tapabocas en cualquier dependencia municipal, cuando en el 70 por ciento del país ya ni siquiera es obligatorio.

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Por otro lado, entre las medidas para que el bolsillo del contribuyente siga siendo de lo más castigado, pidió por una modificación del artículo 9 de la Ordenanza 23.457, la cual se refiere al estacionamiento por tiempo medido, tarifado en la vía pública. Si bien buscaba que se quede exento también a quienes vivían en las zonas donde se aplicaba, la desventaja es que no contemplaba el incremento para aquellos que debían movilizarse hacia esos lugares. Solamente se realiza dicho cobro en los sitios del centro, lo cual perjudica más la periferia. 

Asimismo, en la misma línea de golpe hacia los sectores que más pagan tarifas municipales, Alejandro Carrancio tuvo como idea presentar un proyecto para crear la figura del Defensor del Pueblo, “en el ámbito del Partido de General Pueyrredón”. El artículo 20, del expediente presentado por el referente de Javier Milei, se indica la financiación del puesto municipal sugerido: “Propondrá al Departamento Deliberativo la partida presupuestaria que considere pertinente y designará su personal técnico y administrativo. Dictará el Reglamento Interno de su dependencia y su personal se regirá por lo dispuesto en el Estatuto del Personal Municipal”.

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La cercanía que tiene el referente de Javier Milei con el Frente de Todos (FdT) de Mar del Plata es de lo más explícita. Por ejemplo, no solo cada expediente que pasa por el Concejo Deliberante es visto por Carrancio con los mismos ojos que el kirchnerismo (ya sea votando igual o siendo citado por los oradores K), también llega a puntos de acomodarse con la oposición, sin importar el valor que ello les cuesta a los vecinos. 

Sucedió con la sesión de febrero, en donde se trató el Programa de Seguridad Vial que llevó adelante el intendente Guillermo Montenegro. En el mismo, referentes kirhneristas como Virginia Sívori (La Cámpora), Vito Amalfitano (Abrazo Ciudadano) y María Sol de la Torre (Frente Patria Grande) lo tomaban como eje de la oposición contra el plan municipal, llegando a arengarlo. Igualmente, no pudo lograrse el freno con 13 votos afirmativos y tan solo 10 negativos, más una ausencia.

Ante todo lo referido, es sumamente esencial citar aquellos quienes, en el radiopasillo del Palacio Municipal, afirman que “Carrancio no es Javier Milei, es Sergio Massa. Dando a entender que aún se siente identificado con el FdT, y piensa que la actividad legislativa que realiza no trasciende, por lo que actúa como es realmente.

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Agentes del Servicio Penitenciario Federal de Mendoza denuncian instalaciones insalubres y equipos de seguridad vencidos

Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.

“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.

Uno de los puntos más graves es la afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.

Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.

En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.

Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.

El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.

“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.

Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.

El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.

No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.

Villa Gesell | Una patota K golpeó a concejales que rechazaron un presupuesto con brutales aumentos de tasas

La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014. 

Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.

Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado. 

Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.  

– Gustavo Barrera

Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.

La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.

Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces

El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.

La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando. “Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.

Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.

– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026

El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.

El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total. 

La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.

La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio. 

Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimiento comunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores. 

Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente. 

REPUDIOS

El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”. 

El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto. 

La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.

Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.

La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.

La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.

“Me mintieron” | El dardo de Ritondo al Gobierno tras la designación de Pareja al frente del organismo que controla a la SIDE

El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, lanzó duras críticas contra el oficialismo libertario. Acusó a La Libertad Avanza de haber roto un acuerdo político en torno a la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un órgano parlamentario clave porque tiene a su cargo el control del accionar y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“A mí me lo ofrecieron”, aseguró en una entrevista en TN. “Pero cambiaron de opinión”, ironizó sobre la decisión final del Gobierno, que terminó por imponer al diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

Ritondo precisó que el ofrecimiento databa de varios meses atrás. “El 10 de diciembre yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como parte del PRO”. Aclaró que ese pedido inicial no apuntaba a la presidencia sino a un asiento en el cuerpo. “No es que lo pedimos: me lo ofrecieron. Que es peor”, remarcó.

“Les dije que sentía que me habían mentido. No sólo en la política, en la vida cuando uno le miente a otro pierde la confianza”, agregó, y respondió que “sin duda” los libertarios rompieron un acuerdo: “Como cualquier relación, cuando se miente, cuando no se cumple con lo que uno dice u ofrece, falla en la palabra. Y cuando falla en la palabra, falta en la confianza. En general el más afectado es el que miente”, lamentó el legislador.

Ritondo dejó entrever, además, que la pelea por la conducción podría haber tenido otro desenlace. Sostuvo que tenía votos suficientes de la oposición y del Senado para imponerse, pero descartó esa vía con un argumento de principios: “Yo no voy a robar una presidencia, el PRO no va a robar una presidencia”. La interna libertaria que rodea la designación, en cambio, no le quitó el sueño. “Es un problema de ellos”, zanjó.

La controversia se inscribe en la disputa de poder que mantienen Karina Milei y el asesor Santiago Caputo (quien tiene buena relación con Ritondo) y había impulsado su nombre para conducir la bicameral. Fue la propia hermana del Presidente quien rompió el acuerdo e impuso a Pareja como una manera de controlar la SIDE (organismo que maneja Caputo a través del contador Cristian Auguadra). 

Con este panorama, Pareja, una persona de extrema confianza de la Hermanísima pasó a tener en sus manos la lupa sobre las acciones y los gastos reservados de la central de inteligencia.

La promesa incumplida había sido formulada, según la reconstrucción de los hechos, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habría asegurado que la silla principal de la bicameral sería para Ritondo. Esa palabra fue presenciada por dirigentes como Diego Santilli y (el hoy díscolo) Oscar Zago. Menem mantiene un lazo estrecho con Karina, al igual que su primo “Lule” Menem. Ambos son artífices políticos de la secretaria general. 

Una legisladora del PRO sostuvo que 7 de cada 10 personas en situación de calle en CABA son bonaerenses: “El porteño no tiene por qué bancar la no gestión de Kicillof”

La legisladora porteña Rocío Figueroa (PRO) afirmó que “siete de cada diez” personas en situación de calle que duermen en la Ciudad de Buenos Aires son oriundas del territorio bonaerense y responsabilizó del cuadro al gobernador Axel Kicillof. “Son los pobres, son los indigentes que Kicillof tira a la basura”, sostuvo en una entrevista en el programa Perdón por la Vehemencia, que se emite por Canal Ey! y conduce el periodista El Presto.

Figueroa cargó contra la gestión bonaerense y aseguró que la Ciudad cumple con la ley nacional que obliga a contar con centros de inclusión social, mientras, la provincia “no hace nada”. “Nosotros atendemos a 7 de cada 10 personas de la provincia de Buenos Aires, insistió. 

La legisladora describió las herramientas con las que cuenta el gobierno porteño para asistir a esa población: la línea telefónica 108, que opera las 24 horas y deriva a los equipos de calle; los Centros de Inclusión Social para hombres solos y familias; y los dispositivos específicos para personas con consumo crítico o cuadros graves de salud mental.

“Si esa persona no se quiere ir, yo no la puedo arrestar. Yo no la puedo obligar tampoco”, aclaró acerca de los traslados a los paradores. Desde ese punto, reclamó una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental: “Necesitamos que en el Congreso Nacional se debata una ley de salud mental razonable y mucho menos ideologizada”. 

Sobre el reclamo económico a la provincia, Figueroa respaldó la factura por más de $27.000 millones que el 1 de abril el gobierno de Jorge Macri le envió a Kicillof por la asistencia a 2.327 personas con domicilio en territorio bonaerense. “Le pasamos la factura todos los meses a Kicillof”, precisó, y advirtió que existe “un proceso judicial” que el gobernador “en algún momento va a tener que pagar”.

“El porteño no tiene por qué bancar la no gestión a Kicillof”, cerró.

A un mes de asumir, renunció el titular de la obra social militar en plena crisis de atención médica en las Fuerzas Armadas

El general de brigada retirado Sergio Maldonado renunció a la presidencia del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva entidad creada apenas en febrero de 2026. Lo llamativo es que su renuncia se produce con apenas un mes de gestión desde que la nueva estructura entró en funcionamiento el 1 de abril de 2026. Maldonado adelantó su decisión al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien ahora buscaría designar a un oficial superior en actividad para reemplazarlo.

Desde la Fuerza Aérea habrían denunciado que la estructura militar se había “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales del Ejército en los puestos clave del Ministerio de Defensa y en la nueva OSFA. Esta tensión entre las distintas fuerzas complica aún más la gestión de una entidad que ya enfrenta problemas estructurales gravísimos.

El Ministerio de Defensa proyecta designar a un oficial superior en actividad en lugar de un retirado, lo que podría marcar un cambio en el perfil de la conducción. La deuda que acarrea con los prestadores privados sigue sin resolver, las fuerzas de seguridad aún no habrían pagado su parte correspondiente, y miles de afiliados siguen esperando una cobertura que legalmente están obligados a recibir.

En este contexto, el punto de inflexión se dio el 1 de mayo de 2026, luego del fallecimiento en San Juan del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, tras ingerir un frasco entero de pastillas. Ya había protagonizado un primer intento, cuando se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín. En una carta encontrada en su mochila, Vázquez explicaba que llevaba más de seis décadas pagando la obra social desde que ingresó al Ejército a los 16 años, y que estaba atravesando un cáncer y otras enfermedades graves sin recibir atención.

“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, subrayó en la nota.

El caso generó impacto dentro de la estructura castrense y, según versiones internas, habría influido en la salida de Maldonado. Desde OSFA rechazan esa interpretación. Sostienen que el general retirado había sido convocado para encabezar la primera etapa de creación del nuevo organismo y que esa instancia ya estaba cumplida. También remarcan que Maldonado continuaba la línea de gestión iniciada por Betina Surballe, designada durante la administración de Luis Petri como gerente general.

La cobertura médica de los militares, retirados y sus familias estaba a cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), considerada la tercera obra social más grande del país con más de 550.000 beneficiarios. Esta entidad venía acumulando una deuda millonaria que, según estimaciones, creció de $44.000 millones al inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) hasta superar los $300.000 millones durante la gestión de Petri.

Las consecuencias concretas de esa deuda fueron devastadoras para los afiliados, con suspensión de prestaciones médicas en múltiples provincias, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad como cáncer, VIH y diabetes, y cancelación de internaciones y cirugías programadas. En Mar del Plata, el único hospital de referencia llegó a suspender la atención de cerca de 20.000 afiliados por deudas impagas que superaban los $800 millones solo con ese centro.

— Militares llevando urnas por montañas a pueblos alejados en las lecciones presidenciales 2023

En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, mediante el cual disolvió el IOSFA y lo reemplazó por dos organismos separados. Por un lado quedó la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa y destinada a militares en actividad, civiles y retirados. Por el otro, estaría la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura Naval.

El gobierno argumentó que las fuerzas armadas y las de seguridad tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” que justificaban la separación. También estableció que el 80% de los ingresos debía destinarse a prestaciones médicas, con solo un 8% para gastos administrativos.

El problema central es que disolver el IOSFA no hizo desaparecer su deuda. Al 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa informó ante el Congreso que la deuda del IOSFA ascendía a $248.600.811.333. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría rechazado hacerse cargo de esa deuda acumulada, dejando al Ministerio de Defensa en la difícil situación de tener que usar recursos de su propio presupuesto operativo para sostener el sistema.

Mientras tanto, los afiliados quedaron en un “limbo sanitario”, donde continúan pagando sus aportes mensuales pero sin recibir cobertura real. La situación fue particularmente grave en el interior del país —Formosa, Trelew, Tucumán, Bahía Blanca— donde la cobertura era, de acuerdo con los propios afectados, prácticamente inexistente.

Un senador peronista de Entre Ríos busca crear un registro oficial de ovnis

Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.

Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.

El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.

— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA

El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.

El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.

La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.

— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos

La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.

El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.

La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.

El contexto mundial que le da importancia

El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.

Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.

— Archivo norteamericano muestra un “faro luminoso” sobre la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12

El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.

Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.

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