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El enfrentamiento entre el Municipio de General Pueyrredón (MGP) y el Sindicato Único de Peones de Taxi en Mar del Plata (SUPeTax) data desde hace bastante tiempo, con principal asentamiento durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro. Ahora, el concejal oficialista Fernando Muro presentaría un proyecto para abrir el juego empresas de transporte como moto-taxi y puso las aguas más turbulentas.
Ya son varias las señales que ha lanzado el Gobierno comunal sobre la libre competencia y la desregularización desde el sector público para darle un espacio al privado. Un claro ejemplo fue el fallido intento del oficialismo en traer empresas como UBER, Cabify y DiDi para competir contra los taxis y remises.
El concejal de Juntos por el Cambio (JxC), Fernando Muro, cuenta con el total apoyo del intendente Guillermo Montenegro para enfrentar a la mafia de los taxis
“La gente tiene que elegir, de manera libre, que servicio desea utilizar”, señaló a Data24el reconocido abogado cercano al concejal Muro, Leandro Furundarena, quién además es ideador del proyecto a presentar en el Concejo Deliberante.
Por otro lado, añadió el doctor: “La implementación de moto-taxis fomenta la libre competencia de mercado entre los distintos servicios de transporte que ofrece la ciudad”.
El reconocido abogado local, Leandro Furundarena, es uno de los principales ideadores del proyecto
Asimismo, citó el artículo 19 de la Constitución Nacional que hace referencia a todo acto que se encuentra expresamente prohibido, está permitido. “Motivo por el cual las críticas a este proyecto es un mero capricho de aquellos que quieren monopolizar el transporte privado en la ciudad”, sentenció Furundarena.
Por supuesto, desde el gremio de taxis salieron enojados a hablar con la prensa, a través del presidente Pablo Sánchez, quién calificó el proyecto de “disparatado” e “irresponsable”. Amén de atacar a Muro, sin presentar argumentos factibles contra la idea del moto-taxi.
Los taxistas se vienen enfrentando al Gobierno de Guillermo Montenegro, ya que este viene fomentando la libre competencia en el transporte
“En vez de proponer esto para la problemática de colectivos, solucionen los problemas directamente con las empresas mismas”, señaló ante los micrófonos Sánchez. “Mis colegas me dijeron exactamente lo mismo que digo yo, totalmente disparatado este proyecto”, destacó.
Lejos de todo ello, no hubo ningún señalamiento contra los puntos pautados del proyecto que lleva adelante el oficialismo en Mar del Plata contra la mafia de los taxis.
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La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
La agenda política de Provincia de Buenos Aires parece no estar avocada a la difícil situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que está dejando desprotegidos a más de 2 millones de bonaerenses y a lo que el gobernador Axel Kicillof hace oídos sordos: “la problemática se agravó en vez de darle solución a estas personas que están padeciendo la mala gestión del director Homero Giles a través del gobernador“, dijo el concejal de General Pueyrredon, Cristian Beneito.
“Para el gobernador, la solución fue inventar unos policonsultorios, que lo único que hacen es que tengan que alquilar lugares nuevos y poner más personal. Eso es para ñoquis de un movimiento, de un sector, y no para darle solución real a lo que están necesitando los vecinos tanto de Mar del Plata y Batán, como en la provincia de Buenos Aires. Este problema no es solamente que está pasando en Mar del Plata donde tenemos más de 100.000 afiliados a IOMA, los cuales padecen la mala gestión del gobernador. A nivel provincial estamos hablando de 2 millones de bonaerenses. Solamente en La Plata son 600.000 los afectados por el tema IOMA. Es un tema preocupante”, agregó el edil.
Los ejemplos sobran y lo están padeciendo afiliados principalmente pero los profesionales también: “el otro día tuve una reunión con docentes autoconvocados por el tema IOMA, y tienen problemas para hacerse una diálisis hasta, por ejemplo, una internación. En la clínica Belgrano, habían dicho que el convenio ya estaba subsanado y hace 15 días se cayó nuevamente por falta de pago. Estas personas siguen quedando la deriva, te tenés que internar y vale $2 millones diario. Es una locura lo que está pasando y no hay quien le pone la cola al chancho”.
IOMA no es una mancha en un buen sistema de salud, sino que es un muestra más del desinterés del gobernador como pasa con el Interzonal: “el hospital está en estado deplorable porque también hace más de 30 años que no le ponen 1 peso. En los últimos cuatro años del gobierno, lo último que hacen es pintarlo por afuera. Sigue teniendo los mismos problemas de infraestructura que son severos y graves. Desde que no andan los ascensores y tienen que llevar por camillas a los pacientes hasta problemas edilicios de gravedad. Ni hablar de los insumos”.
Homero Giles, presidente del IOMA
Como si eso fuera poco, a los afiliados les siguen descontando dinero todos los meses que el gobernador luego utiliza para lo que quiere: “el problema que tenemos acá es que los afiliados están obligados a estar con IOMA, no pueden elegir otro obra social. El gobernador saca de la caja de IOMA, decide en que lo gasta y luego dice qué partida presupuestaria va para IOMA”, recordó.
La provincia de La Rioja, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, profundiza su situación de default al anunciar que no pagará el vencimiento de deuda previsto para el 24 de agosto. La deuda en cuestión, reestructurada hace tres años y con vencimiento en 2028, incluye bonos internacionales por un total de US$ 300 millones, originalmente emitidos para financiar un parque eólico.
El gobierno riojano justificó la falta de pago alegando que se encuentra en proceso de negociación con sus acreedores para reestructurar la deuda. El monto adeudado, que asciende a US$ 26 millones, es similar al impago de febrero, lo que generó preocupación y descontento entre los bonistas, quienes ya iniciaron acciones legales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En medio de esta crisis financiera, Quintela recurrió a la emisión de cuasimonedas provinciales, conocidas como “Chachos”, para cubrir parte de los gastos de la administración, convirtiendo a La Rioja en la primera provincia en emitir cuasimonedas en 20 años. Esta situación no solo deterioró la reputación crediticia de la provincia, sino que también complicó las relaciones con sus acreedores internacionales.
Los bonistas, que ya habían emprendido acciones legales en el pasado, recalcan que La Rioja tiene un “historial particularmente atroz de incumplimiento”, siendo la única provincia argentina que volvió a caer en default tras una reestructuración. Además, señalan que la provincia vendió activos importantes, como el emprendimiento Vientos de Arauco Renovables por US$ 171 millones, antes de incumplir sus obligaciones, lo que consideran un acto de “desprecio imprudente” hacia sus compromisos financieros.
Esta situación no solo afecta a La Rioja, sino que también socava los esfuerzos del Gobierno nacional para mejorar la percepción del mercado crediticio internacional sobre Argentina.
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
Tras la epidemia que azotó al país el verano pasado y la dificultad de los usuarios para conseguir repelentes, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles pidió implementar políticas públicas que permitan frenar el avance del mosquito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, el legislador se pronunció en sus redes sociales. “¿Y si nos anticipamos esta vez? Estamos en época invernal y es por eso que de dengue se habla poco. Pero lejos estamos de haber solucionado el problema”, comenzó diciendo y precisó que “algunos informes indican que en lo que va de 2024 ya hubo más de 25 mil afectados. Esto triplica lo registrado en 2022/2023 y es más de 8 veces lo que se registró en 2019/2020”.
“Y es lógico. Porque el dengue, sabemos, es algo que vino para quedarse. La cuestión es qué hacemos con eso. Santa Fe, sin ir más lejos, anunció la compra de más de 160 mil vacunas. Córdoba otras 150 mil y más de 60 mil tests”, remarcó Casielles.
Al mismo tiempo que advirtió que “sin embargo, en nuestra Ciudad, que tiene particularidades que la hacen sumamente vulnerable a la proliferación de mosquitos y al desarrollo de la enfermedad, todavía estamos esperando novedades. ¿Qué se va a hacer en cuanto a infraestructura hospitalaria para afrontar lo que se viene? ¿Qué se va a hacer en cuánto a vacunación?”.
“Estamos en agosto y parece que falta mucho, pero la epidemia está a la vuelta de la esquina. ¿No es esta una prioridad?”, sentenció el diputado libertario.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El documento, que ahora se debatirá en la Cámara de Senadores, estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades.
EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL: LA EXPLICACIÓN DE ALEJANDROFINOCCHIARO
El impulsor de la ley y presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, explicó las bases y los objetivos y señaló una contradicción entre el derecho a huelga y el derecho a los niños a educarse.
“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, aseguró el diputado del PRO.
Y agregó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO EN DIPUTADOS PARA REGULAR LAS HUELGAS DOCENTES?
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “este proyecto beneficia a toda la sociedad” y agregó que “pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo”. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse”, precisó.
Añadió que el proyecto busca que “en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda”. “Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario”, remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca “es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo”. “A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza”, agregó y señaló: “El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país”.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que “hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días”.
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: “Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
