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Mar del Plata estableció, en la gestión de Guillermo Montenegro, hace un mes una ordenanza en la que se prohibe la oferta sexual en las puertas de los vecinos con el fin de reducir prostitución no en las zonas del partido. Por este motivo, se aprobó otra ordenanza que prorroga la construcción de un Distrito Tecnológico.
El Municipio expresa que los constantes reclamos afirmaban que las personas mayores manifestaban que no podían salir de sus casas después de las seis de la tarde o niños que no podían invitar a sus compañeros a estudiar o jugar porque sus familias no los dejaban por temor.
Protesta de los vecinos contra la Zona Roja de Mar del Plata
La Comuna manifiesta que la problemática de la prostitución lleva en vigencia durante 30 años. Tras conseguir los primeros resultados, el Municipio planifica el avance de las construcciones con el fin de fomentar el desarrollo de nuevas PyMEs y emprendimientos que estarían vinculados a la innovación y el conocimiento.
El nuevo objetivo está enfocado en potenciar la economía local, para colaborar con a las empresas, asi puedan desarrollarse nuevas PyMEs y emprendimientos. Sobre el tema, el intendente afirmó: “Hoy hay pedidos de 4 mil metros de construcción de oficinas”, en ese lugar.
El intendente Guillermo Montenegro lucha contra la oferta sexual ilegal en la ciudad
“Los Gobiernos mejorarle la vida a la gente. Son los vecinos quienes marcan la agenda. Son ellos quienes conocen sus barrios, sus problemáticas y todas las decisiones deben ser tomadas escuchándolos”, manifestó el intendente Guillermo Montenegro.
“Ellos saben los detalles de los lugares donde viven y cuáles son las preocupaciones principales”, agregó el jefe comunal. “Que no llegan a fin de mes y es la única manera que yo tengo de devolver ese dinero a las arcas comunales para utilizarlos en lo que ellos definan”, sentenció el intendente.
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En la previa a las elecciones provinciales del 8 de junio, la Justicia Electoral de Misiones tomó la decisión de excluir del padrón electoral a policías y agentes penitenciarios. Esta medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, se aplicó con el argumento de que estos funcionarios no deben participar en los comicios mientras estén en servicio activo.
La disposición recibió críticas desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la medida y argumentaron que vulnera el derecho al sufragio consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalan que en elecciones anteriores, los miembros de las fuerzas de seguridad habían votado sin restricciones, lo que plantea dudas sobre la motivación y la oportunidad de esta exclusión.
El caso de Ramón Amarilla, ex suboficial de la policía y actual candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores, cobró especial relevancia en este contexto. Amarilla, detenido desde septiembre en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, enfrenta una impugnación a su candidatura por parte del fiscal electoral Flavio Morchio, quien argumenta que su situación procesal lo excluye del padrón electoral. Sin embargo, su defensa sostiene que la ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser elegido, y que Amarilla figura en el padrón provisorio, lo que respaldaría su postulación.
– Ramón Amarilla
La medida adoptada por la Justicia Electoral de Misiones también ha sido criticada por su implementación. Se reportaron casos en los que se habría ordenado la retención de documentos de identidad a efectivos policiales para impedir su participación en los comicios, lo que se interpretó como una forma de coacción y una vulneración de derechos fundamentales.
Desde el oficialismo provincial la medida fue tomada como una forma de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, la falta de una aplicación consistente de esta disposición en elecciones anteriores y la ausencia de una justificación clara alimentaron las sospechas de que podría tratarse de una maniobra política para influir en los resultados electorales.
La política formoseña tuvo este fin de semana un episodio cargado de tensión cuando el senador nacional Francisco Paoltroni intentó lanzar su campaña en la localidad de El Colorado. El acto, que buscaba posicionarlo como figura fuerte en el sur provincial, terminó abruptamente tras un fuerte cruce con el intendente Mario Brignole.
Brignole, lejos de ignorar la visita, decidió enfrentar al legislador a metros de la Municipalidad. Allí se produjo un tenso cruce verbal entre el jefe comunal, Paoltroni y la diputada provincial radical Agostina Villaggi, quien lidera la campaña opositora de cara a las elecciones del 29 de junio.
“¡Tocame si te animás, papito!”, desafió Villaggi a Brignole, en una escena que rápidamente se viralizó. El intendente amagó con sacar un rebenque, aparentemente para espantar al caballo de la legisladora, lo que generó mayor tensión. “Brignole le aplicó un guachazo al caballo para desestabilizarme”, denunció la diputada, aludiendo a un intento deliberado por hacerla caer.
En diálogo con medios locales, Villaggi relató que el grupo oficialista los esperó con insultos “violentos y misóginos” y que uno de sus colaboradores fue agredido físicamente, recibiendo un golpe en el rostro que le provocó lesiones en un ojo.
La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.
En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.
La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.
El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.
Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.
Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.
En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.
El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.
El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.
El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.
“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.
La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.
La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”
La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo.
Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.
El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.
Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.
El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.
Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.
La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.
Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.
El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.
Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.
El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.
Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.
El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.
Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.
El Aviso ARA Alférez Sobral partió el lunes desde la Base Naval de Mar del Plata remolcado por unidades de la Armada —ARA Puerto Argentino, ARA Bahía Agradable, corbeta ARA Espora y patrullero rápido ARA CL Cordero— rumbo a las coordenadas 39° 54′ S y 59° 30′ W, donde fue hundido en alta mar. La maniobra replicó el destino que años atrás recibió el Comandante Luis Piedrabuena y puso fin a más de cuatro décadas de servicio activo y simbólico.
Adolfo Schweighofer, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, expresó su dolor: “El Sobral es un buque que estuvo en Malvinas, que fue atacado por los usurpadores ingleses, que tiene ocho muertos a bordo y varios heridos. Hubo la posibilidad de traerlo como buque museo, lo ofreció la Armada en su momento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que era muy difícil”. Recordó que la nave permaneció años amarrada sin mantenimiento: “Ya estaba oxidado totalmente, desmantelado. El paso del tiempo hizo imposible económicamente conservarlo”.
El ex tripulante santafesino Ricardo Abel Cuevas resumió el sentimiento de la dotación: “Me causa mucha tristeza, porque lo consideramos parte de nuestra subsistencia en la guerra”. Cuevas recordó la noche del 2 de mayo de 1982: “En aquel combate el Sobral perdió a ocho de sus tripulantes, incluido su comandante”. Aquellos caídos fueron el capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca; los cabos principal Ramón Omar Cabrera y Mario Aurelio Alancay; los cabos segundo César Gustavo Rodríguez y Héctor Daniel Medina; y los marineros Mario Gustavo Alcaraz, Jorge Oscar Gualdieri y Juan Domingo Baldini.
Tras el ataque con misiles Sea Skua lanzados desde helicópteros británicos, la nave quedó seriamente dañada, pero su dotación—liderada de facto por el teniente de navío Sergio Bazán luego de la muerte del comandante—logró mantenerla a flote y arribó tres días después a la costa continental, tras emitir sucesivos mensajes de “Mayday” en morse. Los hierros retorcidos del puente de navegación se exhiben hoy en el Museo Naval de la Nación.
Años de gestiones para salvar al buque fracasaron. El 10 de septiembre pasado la Armada lo ofreció en subasta junto a otras unidades; el lote se retiró de la puja tres días después para permitir que veteranos y privados buscaran fondos. Remolcarlo exigía al menos 250 mil dólares y ningún plan prosperó. Hubo propuestas para llevarlo a Olivos, Ushuaia, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Santa Fe—donde excombatientes imaginaban un museo flotante—pero la falta de presupuesto las frustró.
Construido en 1944 en Estados Unidos como USS Salish, el buque de 43,6 metros de eslora y 10,3 de manga sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1972 pasó a la Armada Argentina y recibió el nombre de Alférez José María Sobral, explorador antártico. Ese mismo año asistió al célebre buque Calypso de Jacques Cousteau.
Cuevas criticó el final elegido: “Al igual que hicieron con el buque Comandante Luis Piedrabuena, lo llevan a altamar para tomarlo como blanco de tiro y hundirlo. No merece ese final. Lo están tratando como chatarra, como un fierro oxidado”. También lamentó que desde 2021 no le permitieran subir a bordo: “Cada 3 de mayo nos reuníamos toda la tripulación con vida y oficiábamos una vigilia a bordo del Sobral en honor a nuestros caídos”.
Schweighofer coincidió: “Nos habíamos entusiasmado con la posibilidad de tenerlo en Santa Fe, un buque histórico que sirviera como atractivo visual, turístico y un homenaje a los muchachos que murieron”. Al conocer la decisión definitiva, concluyó: “Argentina tiene que valorar más su historia. Hay otros buques que ya han sido hundidos porque el tiempo pasa y tenerlo flotando en el puerto significa un costo muy grande”.
Con el hundimiento, sólo algunas piezas—como la campana, un cañón y mobiliario—quedaron preservadas. El resto del casco descansa ahora en el fondo del Atlántico, convertido en tumba de acero para aquel “viejo guerrero” que escribió una página decisiva en la historia naval argentina.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
