Mar del Plata | El ex intendente Carlos Fernando Arroyo le regala la estructura vecinal a Gustavo Pulti

El ex jefe comunal militar de "La Feliz" le dejaría todo el vecinalismo en manos al referente de Acción Marplatense.
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La política marplatense se encuentra últimamente pasando por varios huecos tras lo que son las definiciones de cara al 2023, más allá de que el tiempo no presiona. En esa ocasión, sucede el hecho de que se filtra información polémica en torno a acuerdos poco comunes y casi irreales.

Uno de los casos tales es el hecho de las diferentes llamadas en “off” que han tenido dirigentes cercanos a los ex intendentes Carlos Fernando Arroyo (Agrupación Atlántica) y Gustavo Pulti (Acción Marplatense). A tal punto de que, según afirmaron a Data24, hubo una reunión entre los 2 ex mandatarios locales, en la casa de uno de ellos dónde compartieron sus visiones acerca de la ciudad.

El ex intendente de Mar del Plata por Agrupación Atlántica, Carlos Fernando Arroyo

Si bien hace tiempo Arroyo exclamó en una entrevista que no se encuentra alejado de la política, su edad no le permitiría poder retornar al Palacio Municipal y tampoco contaría con las fuerzas suficientes.

Por lo tanto, presuntamente limó asperezas con su contrincante de casi toda la vida de Acción Marplatense, con el fin de darle una mano estructural de cara a los próximos comicios locales y así intentar hacerle frente a los 2 espacios predominantes en el Municipio de General Pueyrredón (MGP): Juntos y Todos.

Mar del Plata
El ex jefe comunal filokirchnerista Gustavo Pulti

Según anónimos que dialogaron con este portal, aseguraron que Agrupación Atlántica perdería su personería jurídica al no presentarse en el 2023 y la idea sería aglutinar las filas de Gustavo Pulti. De momento, tan solo sería un consenso de caballeros sin valor legal. ¿Qué dirán los integrantes del espacio arroyista?

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Una nueva embestida de Moyano contra el campo amenaza con encarecer la carne

El gremio de Camioneros desembarcó en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el principal centro de comercialización de hacienda vacuna en pie del país, con un reclamo que encendió las alarmas entre los transportistas. Pablo Moyano, secretario general adjunto del sindicato, se reunió con representantes de las ocho empresas más grandes que trasladan y exportan ganado desde el predio y les exigió un adicional del 15% sobre el convenio vigente para los choferes, más un ítem salarial específico por las tareas que, según el gremio, exceden la conducción del camión.

Uno de los empresarios que participó del encuentro le anticipó al portal especializado Bichos de Campo (Sofia Selasco) que el aumento se trasladará de inmediato a los precios: “Si se confirma ese 15% de aumento, en el corto plazo deberemos aumentar la tarifa de los fletes entre un 15% y un 20%”. Recordó que el gasoil subió durante todo el año y que las transportistas no tocan sus tarifas desde hace ocho meses. El reclamo gremial se convierte así en un costo más que se suma al sector y que viaja con cada animal a lo largo de una cadena cuyo último eslabón es la carnicería.

Para las empresas, el margen de negociación resultó mínimo. Según la misma fuente, Camioneros les dio dos alternativas: “Si no aceptamos nos van a obligar a que pongamos un acompañante en el camión, como hacen los vehículos de Coca-Cola. El chofer maneja y el acompañante baja los bultos. Nos dijeron a elegir y, por como están los números del sector, no podemos contratar a otro chofer”. El empresario admitió que la charla “se dio en buenos términos”, pero reconoció que no estaban en condiciones “de decir que no”.

El sindicato llegó a Cañuelas con el acuerdo ya armado. Ese mismo texto ya lo firmaron empresas de Ayacucho, Tandil, Tres Arroyos y Necochea. De acuerdo con Infocamioneros, el portal de noticias del gremio, entre ellas figuran La Chiflina S.A., de Ayacucho; Alonso Juan y Alonso Mauricio, de Tandil, y Agroindia Tandil SRL. “Esto no empezó acá. Esto empezó afuera y vino todo cocinado”, resumió el transportista.

—Corrales del Mercado Agroganadero de Cañuelas, por donde pasan en promedio 6.000 cabezas de ganado por día

Moyano habló de una “necesidad urgente” y fundamentó el pedido en que “el chofer no solamente cumple la tarea de chofer, sino que le han designado tareas adicionales”. Entre ellas mencionó la carga y descarga de los animales. También contó que, cuando un animal se cae durante el viaje, el conductor debe picanearlo, lo que demora el traslado, y que los trabajadores contraen enfermedades por la contaminación de la hacienda. Según el dirigente, el acuerdo beneficiaría a “cientos y cientos de trabajadores” de una actividad que definió como “tan especial, tan sacrificada”. Hoy, un transportista de hacienda cobra entre 2,3 y 2,8 millones de pesos por mes, según los kilómetros que recorre.

Ninguna empresa firmó en la reunión. Acordaron de palabra continuar con las negociaciones, y el empresario consultado puso una condición: “Nosotros firmaremos si podemos convalidar el aumento con nuestros clientes. Si no se nos va a complicar”. También estimó que, si el acuerdo prospera, regirá “seguramente a partir de enero”. Moyano se mostró mucho más confiado. Aseguró que “hay buena voluntad” de “las siete u ocho empresas más grandes que entran al mercado” y que, “si Dios quiere, la semana que viene estaremos en condiciones de firmarlo”. 

El plan no termina en Cañuelas: “Después será un trabajo gremial trasladarlo a todo el país”, anticipó. El próximo paso será enviar la propuesta a las empresas que transportan ganado en el resto del territorio.

Referentes de la CGT y la CTA de Cañuelas acompañaron a Moyano. La CGT local explicó que el dirigente fue al mercado para “destrabar el conflicto” y avanzar en la regularización de la actividad. “Seguimos donde hay que estar: en cada lugar de trabajo, defendiendo la actividad y a los compañeros”, expresó la central obrera.

La visita también salpicó a las autoridades del MAG, que funciona desde mayo de 2022 sobre la Ruta Provincial 6, en reemplazo del histórico Mercado de Liniers. Ocupa 110 hectáreas y tiene capacidad para recibir unas 12.000 cabezas por día. El gremio pretendía que el mercado verificara que los camiones que descargan allí estuvieran afiliados. “En promedio pasan 6 mil cabezas de ganado a diario por acá. La mirada de Moyano era que nosotros controláramos que los camiones que atracan en el mercado estén afiliados, pero esa afiliación no es tarea nuestra”, dijo el vicepresidente del MAG, Fernando Sáenz Valiente. Contó que el mercado cedió un salón para el encuentro y que él pasó a saludar, pero que se retiró porque el tema no tiene que ver con el rol de la institución.

El presidente del mercado, Carlos Colombo, coincidió con ese planteo. Señaló que controlar que los camiones estén asegurados y que los choferes estén correctamente inscriptos les corresponde a las empresas. “Si están o no adheridos a un gremio, eso es un acuerdo de cada empresa particular. Nosotros actuamos como cualquier mercado concentrador del país”, sostuvo.

La presión tiene antecedentes. Nicolás Franchini, coordinador general del MAG, recordó que “ni bien se realizó la mudanza, hubo una carpa sobre la Ruta 205” desde la que el gremio paraba y relevaba a los transportistas. Para Franchini, a la reunión “le quisieron dar un marco institucional”, aunque el mercado no tiene relación contractual con las empresas de transporte y las comodidades que ofrece a los choferes, como espacios de aseo y descanso, fueron “una cuestión solidaria”.

Otra fuente del sector, que pidió reserva de su nombre, fue más allá: “La personalidad de Moyano la conocemos todos. Él hablaba de los trabajadores como si nosotros no los valoráramos. Es la postura que tiene siempre. Y trabajador no es solo que él va arriba de un camión. Ese aumento del 15% no es por un trabajo nuevo, sino por algo que se hizo desde siempre”.

“¿Qué le pasa a un líder rodeado de alcahuetes?” | Proyecto C apuntó contra la cultura del aplauso

Con una carta dirigida al Presidente y una tesis incómoda para cualquier gobierno, el legislador Eugenio Casielles volvió a poner en el aire este domingo Proyecto C. El regreso del ciclo giró alrededor de un fenómeno que atraviesa a casi todas las gestiones: la obsecuencia que rodea a los líderes una vez que llegan al poder y la pérdida de criterio que suele venir con ella.

El estreno llevó por título “El rey está desnudo”, una referencia directa al viejo cuento del emperador al que nadie se animaba a decirle la verdad. La elección no fue casual y marcó el tono de una emisión que, con distintos invitados, volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: qué le pasa a quien manda cuando a su alrededor solo quedan voces que asienten.

En la sección Carta al presidente, Casielles le habló de frente a Javier Milei y condensó su planteo en una sola frase: “El problema no es equivocarse: es obligar a todos a aplaudir”. La crítica, sin embargo, no se quedó en la Casa Rosada. El legislador repartió responsabilidades y alcanzó también al kirchnerismo, al que le atribuyó su cuota de culpa en el “fanatismo” que domina la escena política.

EL REY ESTÁ DESNUDO: los obsecuentes del poder | Proyecto C #3 con Eugenio Casielles

¿Qué pasa cuando nadie se anima a decirle al poder lo que no quiere escuchar? En el tercer capítulo de PROYECTO C, “El rey está desnudo”, ponemos el foco en la obsecuencia: los que aplauden todo, los que callan para conservar su lugar y los que confunden lealtad con obediencia.

Para darle sustento al debate, el programa sumó la mirada de Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, quien analizó cómo el poder transforma a las personas que lo ejercen y de qué manera la adulación termina por erosionar cualquier forma de liderazgo.

Más tarde, la Mesa Picante reunió a Natalia Volosin, doctora en Derecho y periodista, y a Tatiana Scorciapino, periodista de C5N. En ese tramo, la conversación giró hacia la figura de Karina Milei y su influencia en las decisiones del Gobierno. Casielles fue tajante al describir el destino de quienes se animaron a desafiar a la hermana del Presidente, y no se excluyó de la lista: “Los que fueron contra ella perdieron todos, incluyéndome”.

Mendoza | El Gobierno abre el exzoológico a negocios gastronómicos con 952 animales todavía encerrados

El influencer Jonathan Coniglione, conocido en las redes sociales como “El Joni”, denunció públicamente que el Gobierno provincial de Mendoza está avanzando con proyectos gastronómicos y comerciales en el antiguo Zoológico de Mendoza mientras numerosos animales continúan encerrados, además de acusar de que toda la reconversión fue una maniobra para favorecer negocios clientelistas.

“Al final, por lo único que se preocuparon es por abrir restaurantes y hacer negocios. Y los animales siguen encerrados acá”, destacó Coniglione.

El antiguo zoológico habría cerrado en 2016 para iniciar su transformación en un ecoparque. Sin embargo, según se pudo ver en el video que se viralizó rrapidamente, todavía permanecen 952 animales en el establecimiento, aunque las autoridades afirman haber trasladado a otros 2.011 durante el proceso de reconversión. En el video que dura aproximadamente un minuto y trece segundos, el creador de contenido aparece recorriendo distintos sectores exteriores del antiguo zoológico y mostrando animales detrás de alambrados, instalaciones del acuario y áreas del Ecoparque.

Primero, cuestiona el verdadero motivo del cierre del zoológico y sostiene que la transformación del establecimiento no habría tenido como finalidad principal proteger a los animales, sino habilitar espacios comerciales y gastronómicos. Las imágenes muestran ejemplares, aparentemente ciervos u otros ungulados, detrás de alambrados. El protagonista considera que, después de tantos años, deberían haberse construido ambientes más amplios y adecuados.

“Los animales no pueden hablar, pero nosotros sí. Dejá de quedarte callado y mirar para otro lado. Comentá y compartí este video. Ayudemos y que esto llegue a donde tenga que llegar”, expresó Coniglione, añadiendo que “acabo de ver una fiesta con comida, bebidas, luces, música. El espacio ya está listo para eventos, pero los animales siguen encerrados atrás.”

Afirma que algunos animales trasladados a otros establecimientos murieron y que peces y tortugas del antiguo acuario estarían muriendo. Cuestiona el silencio de los mendocinos, pide que la denuncia se comparta y llama a recuperar los animales del zoológico y del acuario.

“Van a demoler todo eso para construir un polo gastronómico y un teatro. Ese era el objetivo para cerrar el zoológico, no cuidar a los animales”, afirmó Coniglione, y hacia el final aparecen imágenes de personas reunidas en instalaciones del establecimiento y de sectores donde siguen alojados animales. Mediante ese montaje, contrapone el avance de las actividades humanas con la permanencia de ejemplares en cautiverio.

El Zoológico Provincial de Mendoza funcionó durante décadas dentro del Parque General San Martín, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. Como ocurría con muchos zoológicos tradicionales, su principal atractivo consistía en exhibir animales de diferentes especies para que fueran observados por los visitantes. No obstante, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos por las condiciones de cautiverio, la infraestructura, la sobrepoblación y las necesidades de las especies exóticas.

En 2016, durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo, se impulsó una transformación institucional y ambiental. La Legislatura provincial sancionó el 27 de diciembre de ese año la Ley 8.945, que creó la Dirección Ecoparque Mendoza. La norma estableció como objetivos la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal, la rehabilitación y derivación de fauna, la investigación científica y la educación ambiental. También prohibió la compraventa y el intercambio de animales entre instituciones.

El cambio era importante porque significaba abandonar progresivamente el modelo del zoológico tradicional. Antes, los animales eran una atracción turística. Con el nuevo sistema, se pretendía que su exhibición dejara de ser el propósito principal. Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso de la chimpancé Cecilia, declarada sujeto de derechos no humano por una jueza mendocina en noviembre de 2016. La Justicia dispuso su traslado a un santuario de Brasil y reclamó medidas para mejorar las condiciones de otros animales del zoológico.

¿Cuántos animales siguen encerrados?

De los 952 animales que todavía permanecen dentro del establecimiento, aproximadamente 600 son animales de corral, más de 200 son exóticos y más de 100 pertenecen a especies autóctonas. Entre los animales exóticos se encuentran cebras, camellos, antílopes y diferentes especies de monos.

Por otra parte, según la información proporcionada por las autoridades, los 2.011 traslados efectuados durante la última década se distribuyen entre 1.454 ejemplares derivados mediante adopción responsable, 488 trasladados a santuarios y 69 reinsertados en distintos hábitats naturales. El Gobierno mendocino responde que no todos pueden volver a la naturaleza y que existen limitaciones para encontrar santuarios apropiados, siendo algo que se contrapone con los deseos de un proyecto gastronómico.

El 6 de noviembre de 2026 se publicó una licitación pública para refuncionalizar y explotar comercialmente la denominada Unidad de Servicios Puerta Norte Ecoparque, localizada sobre la avenida del Libertador al 4400. La convocatoria contempla recuperar la antigua boletería, el kiosco, los sanitarios y espacios exteriores vinculados al acceso histórico. También incluye la intervención del exfocario, proyectado como un anfiteatro cultural y educativo.

El proyecto incluye la restauración de construcciones históricas, la recuperación de baños públicos y la posibilidad de ampliar determinadas superficies de servicio. El oferente adjudicado deberá afrontar las intervenciones comprometidas.

El artículo 6, inciso 6, de la Ley 8.945 faculta a la Dirección del Ecoparque a otorgar concesiones para servicios compatibles con los fines del establecimiento. Por lo tanto, la presencia de un restaurante no constituye, por sí misma, una irregularidad. La cuestión jurídica y política consiste en examinar si los servicios comerciales respetan los objetivos ambientales, el patrimonio público y los procedimientos de contratación.

¿Qué sucedió con los animales trasladados que posteriormente murieron?

Uno de los antecedentes más relevantes de las denuncias sobre el traslado de animales del antiguo Zoológico de Mendoza es el caso de la elefanta Pocha, que en mayo de 2022 fue trasladada junto a su hija Guillermina a un santuario especializado en Mato Grosso, Brasil, como parte del proceso de reconversión del establecimiento.

Sin embargo, el 6 de octubre de ese mismo año, aproximadamente cinco meses después de su llegada, Pocha murió. Los resultados de la necropsia revelaron que padecía una enfermedad renal crónica grave, asociada a una infección por Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de la tuberculosis. El fallecimiento reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones sanitarias de los ejemplares y los procedimientos de traslado.

Otro punto que conviene tratar es sobre que el acuario y el zoológico no son el mismo establecimiento ni dependen exactamente de la misma administración. El antiguo Acuario Municipal, ubicado en la Ciudad de Mendoza, inició su reconversión en 2021 por decisión del gobierno municipal. Su objetivo declarado fue transformarse en un Centro para la Conservación de la Biodiversidad. La Municipalidad anunció entonces la suspensión de las visitas, el cese de nuevas incorporaciones de animales y la evaluación de posibles derivaciones.

Uno de los casos más conocidos fue el de la tortuga Jorge, trasladado a Mar del Plata. A su vez, el Gobierno provincial informó sobre una derivación conjunta de más de cien animales a un centro especializado de Santa Fe, entre ellos más de sesenta tortugas, un yacaré, monos y loros. Los reptiles procedían del antiguo acuario municipal.

— Pocha y Guillermina

El hecho alcanzó directamente a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y al director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, puesto que ambos protagonizaron intercambios polémicos en las redes sociales.

“Los animales están en condiciones dignas, no las que nos gustaría, que sería en libertad, pero también tenemos que ser conscientes de que muchos no pueden volver a estar en libertad por causas que nosotros mismos, la acción antrópica, les hemos causado”, destacó Latorre,

Latorre cuestionó los contenidos de Coniglione y los calificó de “berretadas”. Por su parte, Haudet respondió con una expresión despectiva frente a críticas realizadas por otros usuarios. El creador de contenido también manifestó haber recibido amenazas luego de difundir esas imagenes.

La posición institucional del Gobierno es que la reconversión produjo una mejora importante frente al zoológico tradicional. Las autoridades sostienen que ahora los animales no son utilizados como principal atractivo de exhibición, que existen mejores mecanismos de rehabilitación y que los ejemplares alojados reciben atención veterinaria. Estas explicaciones no eliminan la necesidad de fiscalización. El cumplimiento de los objetivos ambientales debe poder demostrarse mediante información verificable, no solamente a través de declaraciones oficiales.

Los empresarios que se reunirán con León XIV, pero cuyos negocios estarían flojos de santidad

La visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana a Sudamérica ha copado la agenda política y mediática de esta semana. Pero poco se mencionan las aparentes contradicciones entre quienes figuran como aportantes para su visita y los mensajes papales.

Entre las empresas que figuran como donantes en el sitio oficial de la visita de León XIV figuran: Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy, y varias más.

Ahora bien, la pregunta es si los empresarios detrás de estas marcas representan lo que el líder del Vaticano promulga en sus encíclicas.

Contra la concentración económica

En el documento papal llamado Dilexi te (Te he amado), que recientemente cumplió un año de su publicación, León XIV afirma textualmente: “Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”.

Es decir, cuestiona la concentración económica en detrimento de masas poblacionales.

Daniel Vila y José Luis Manzano son propietarios de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica: EDEMSA (Mendoza) y EDENOR (Buenos Aires).

Juntas concentran el 22,13% de este negocio en la Argentina. Es decir, cerca de 1 de cada 4 usuarios dependen de estos empresarios.

Hay un dato anecdótico sobre la ética empresarial en este caso. El 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza vía Zoom.

Esto era para autorizar un incremento en el costo del valor de distribución eléctrica (que es la parte de la factura que le corresponde netamente a EDEMSA en este caso).

El argumento principal llevado adelante por Andrés Carnevale en representación de la empresa de Vila-Manzano era que había un atraso en el reconocimiento de los costos y mayor morosidad por el contexto de la pandemia.

Esto implicaba mayores “esfuerzos” de EDEMSA para sostener y hasta mejorar los servicios, por lo que se pedía autorizar el incremento.

El tema es que mientras se hablaba de la difícil situación que supuestamente atravesaba la distribuidora eléctrica, en Ciudad de Buenos Aires se estaba autorizando la compra de EDENOR por unos U$ 100 millones.

Luego de esa audiencia pública se autorizó el incremento en la factura.  

Ternium Argentina es una de las empresas pertenecientes al grupo Techint de Paolo Rocca. Tiene una capacidad productiva de más de 3.159 millones de toneladas de acero según datos de la misma firma.

Según datos del INDEC, en 2025 se produjeron 4.024 millones de toneladas de acero crudo en el país.

Es decir, concentra el 78,5% del mercado nacional de este rubro. 

Con respecto a Eduardo Eurnekian, es propietario de Corporación América, accionista mayoritario de Aeropuertos Argentina 2000.

Según documentación presentada en 2025 por la misma empresa, se asegura que esta maneja el 93,4% del tráfico aéreo comercial argentino.

En otras palabras, 9 de cada 10 pasajeros dependen de esta empresa para volar.

En 2020, Aeropuertos Argentina 2000 consiguió una prórroga de diez años de su concesión, hasta febrero de 2038.

Cabe mencionar que en 2025 la Auditoría General de la Nación publicó un documento en el que advertía que la prórroga de 2020 tenía algunas cláusulas de inversión que no contenían criterios objetivos para verificar su cumplimiento total o parcial.

Recomendó también mejorar los mecanismos de control sobre las obligaciones del concesionario.

Pero en septiembre de 2026 se firmó un nuevo acuerdo de readecuación contractual que contempla extender la concesión hasta febrero de 2056, sujeto a condiciones, entre ellas una inversión adicional de US$600 millones en Ezeiza.

La educación como herramienta dignificadora

En su carta “Dibujando nuevos mapas de esperanza”, el líder católico afirma: “…el Concilio Vaticano II articuló el derecho a la educación y sus principios fundacionales como universalmente válidos. Destacó las responsabilidades impuestas tanto a los padres como al Estado. Consideraba que la provisión de una educación que permita a los estudiantes “evaluar valores morales con la conciencia correcta” era un “derecho sagrado” y hacía un llamamiento a las autoridades civiles para que respetaran este derecho. También advertía contra subordinar la educación al mercado laboral y a la lógica a menudo dura e inhumana de las finanzas”.

Sin embargo, la familia Vila tiene un conflicto de 40 años con la Universidad Nacional de Cuyo.

En la década del 60’ Alfredo Vila (padre de Daniel) ocupó unas 32 hectáreas de terrenos ubicados en el piedemonte mendocino que formaban parte del polígono de tiro del Ejército Nacional. 

Allí instaló una ripiera con la que comenzó a usufructuar con bienes estatales.

En 1980 el Estado nacional le cedió a la Casa de Altos Estudios 32 hectáreas de esos terrenos.

En 1986 se inició un conflicto legal contra Dalvian S.A., el barrio privado más antiguo y extenso de la Provincia, fundado por Vila (padre).

Tras fallos judiciales favorables para la familia empresarial, la UNCUYO llevó el caso ante la Corte Suprema, que en 2012 falló a favor de la universidad.

No obstante, lo dictado siguió sin ejecutarse.

En septiembre de 2017 el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que debían devolverse cinco hectáreas a la UNCUYO y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno” (Dalvian).

Sin embargo, a casi diez años de eso la universidad sigue sin poder hacer uso de los terrenos que le fueron usurpados. 

La cuestión ambiental

En la encíclica antes mencionada de León XIV cita frases de Laudato. Si, la que escribió su antecesor argentino.

Allí dice: «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».

En 2020 la ONG mendocina Xumek (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas acudieron a la justicia para frenar una explotación petrolera concedida a Grecoil y Cia, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.

Esta fue beneficiada por la resolución 355/19 de la Dirección de Protección Ambiental (en ese momento a cargo de Humberto Mingorance) que permitía usar el método fracking en el área denominada “La brea” en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza.

El argumento de los denunciantes fue que los funcionarios públicos intervinientes en ese momento “arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking… niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”, comunicó en ese entonces Xumec.

Entre los incumplimientos del Estado mendocino estaban la consulta pública, libre e informada a los pueblos originarios intervinientes, además de ignorar múltiples riesgos ambientales asociados a la actividad.

Ese mismo año salió a la luz que el gobierno de Alfredo Cornejo le había concedido el uso de agua de un arroyo para fracking a otra empresa de Vila-Manzano a través del Departamento General de Irrigación (cuando el titular de ese organismo había negado el uso de agua dulce para esa metodología extractiva). 

Fue por medio de la resolución n° 004/18 que se le permitía a la Petrolera El Trébol (de la cual los citados empresarios son accionistas) a tomar 18 millones de litros del arroyo “El Alamito” pagando tan sólo dos centavos el litro de agua pura cordillerana.

Años antes, entre 2007 y 2008 otra empresa petrolera vinculada a Vila-Manzano estuvo bajo sospecha. Esto porque durante la gestión de Celso Jaque (PJ), el Gobierno de Mendoza adjudicó a Ketsal-Kilwer siete de once áreas petroleras.

La controversia radicó en que explícitamente el pliego decía que se podía otorgar un máximo de cinco áreas por empresa.  

Independientemente de cómo los creyentes católicos interpreten la foto de León XIV con estos y otros empresarios, hay algo que los datos revelan: las operaciones comerciales de estos magnates estarían flojas de santidad.




*Por: Franco D’Amelio | Especial para Data24.com.ar

Suboficiales y veteranos de Malvinas le reclaman a Milei el control de la obra social militar: “Le mandamos tres notas, nunca nos contestó”

Un grupo de suboficiales del Ejército Argentino presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei, recibida en la Casa Rosada el pasado 9 de octubre para reclamar representación en la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), antes el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

“Nunca nos contestó, nosotros insistimos e hicimos dos notas más, o sea, le mandamos tres notas, nunca nos contestó”, destacó el suboficial mayor Ramón Oscar Corradini ante la falta de respuesta del Estado, advirtiendo que recurrirán a la Justicia.

Los militares sostienen que constituyen una parte mayoritaria de los afiliados y que, pese a contribuir económicamente al funcionamiento de la institución, no cuentan con representación propia en su directorio.

La normativa actual reserva lugares por fuerza y para el personal civil, pero no garantiza una representación específica de los suboficiales, aunque tampoco les prohíbe integrar el directorio.

De acuerdo a lo trascendido, la carta solicita una audiencia con Milei para plantear la incorporación de suboficiales a la conducción y al control de gestión de la obra social. La misma está firmada por los suboficiales mayores Hugo O. Cattoni (magíster en psicogerontología) y Héctor V. Martínez (abogado y suboficial mayor retirado), que se presentan en nombre de un equipo con profesionales, veteranos de Malvinas y familiares.

El reclamo de los suboficiales busca garantizar su participación en la conducción del traspaso económico a la nueva obra social, supervisar el destino de los recursos y presentar propuestas para mejorar las prestaciones médicas destinadas a las familias militares.

Dentro de las Fuerzas Armadas existen dos categorías principales de personal militar, los oficiales y los suboficiales, con funciones y escalas jerárquicas diferentes. Los primeros integran la estructura de mando y ocupan grados como teniente, capitán, mayor, coronel o general, según la fuerza.

Por su parte, los suboficiales desempeñan tareas operativas, técnicas, logísticas y administrativas, además de asumir responsabilidades en la supervisión del personal. Pese a que ambos sectores cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de las instituciones militares, sus carreras profesionales y niveles de responsabilidad se organizan distintamente.

La iniciativa no se limita a exigir un lugar en el directorio, sino que también cuestiona el sistema de representación. Aunque los cargos se distribuyen entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la normativa no garantiza una representación específica para los suboficiales, quienes consideran necesario tener voz propia en las decisiones que afectan su cobertura de salud.

— En octubre de 2026, el Gobierno nacional disolvió el IOSFA y puso en marcha su liquidación oficial debido a una crisis financiera y una deuda acumulada de más de $210.000 millones

“No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación y la posibilidad de aportar nuestra experiencia al servicio de una institución que también sentimos propia”, expresaron los suboficiales.

El 68% de los afiliados

Corradini, en diálogo con el medio Realpolitik, sostuvo que los suboficiales constituyen entre el 65% y el 68% del padrón y utiliza esa proporción como argumento para reclamar lugares propios en el directorio, enumeran las notas presentadas en 2024 y 2025, durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Carlos Presti, que entonces conducía el Ejército, lo sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025.

“Somos el 68% del padrón, no puede ser que no tengamos un par de suboficiales dentro del directorio para que controlen nuestras cosas”, afirmó Corradini vía WhatsApp.

— El teniente general Carlos Alberto Presti, actual Ministro de Defensa de la Nación Argentina

Ese porcentaje debe tratarse como una afirmación de los reclamantes, no como una estadística oficial corroborada, ya que se requiere verificación mediante los registros de afiliación y precisar qué se está contando, como los titulares o todos los beneficiarios, personal activo o también retirados y el padrón del antiguo IOSFA o de la nueva OSFA. La distinción es relevante porque la reforma separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a Gendarmería y Prefectura.

“Los oficiales, por más amigos que alguno tenga, ellos no quieren que nosotros estemos en esto, porque como hay mucho dinero, nosotros no podemos estar según ellos”, expresó Corradini, al cuestionar la presunta resistencia de sectores de la oficialidad a incorporar suboficiales en la conducción de la obra social.

Pese a estos cuestionamientos, la presentación mantiene un tono institucional y reclama una mayor participación de los suboficiales en las decisiones administrativas. “Hemos realizado nuestros aportes y sostenido económicamente nuestra obra social, con la legítima expectativa de participar en las decisiones que hacen a su presente y a su futuro”, señalaron los firmantes.

— La transición de IOSFA a OSFA no puede llevar más de 365 días

El artículo 11 del Anexo I del DNU 88/2026 establece que OSFA sea administrada por un directorio de cinco integrantes titulares, cada uno con un suplente de los cuales dos son propuestos por el Ejército, uno por la Armada, otro por la Fuerza Aérea y el restante representa al personal civil. Todos son designados y pueden ser removidos por el ministro de Defensa.

Sin embargo, la normativa no garantiza un lugar específico para los suboficiales, aunque tampoco les impide formar parte de la conducción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

“Si el señor presidente no nos contesta, ya directamente estamos muy asesorados con este tema, vamos a ir a la Justicia, porque tenemos derechos, camaradas”, indicó Corradini.

En marzo, el Gobierno anunció una primera conformación integrada por los generales de brigada retirados Sergio Maldonado y Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Posteriormente, en mayo, el ministro Presti designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente del organismo, tras la renuncia de Maldonado. De esta manera, los representantes militares designados inicialmente pertenecían al cuerpo de oficiales, sin participación de suboficiales.

La crisis que agrava el reclamo

La disputa sobre representación ocurre sobre una crisis financiera documentada, no solamente sobre diferencias internas. Un acta del directorio de IOSFA correspondiente a enero de 2025 consignó una deuda acumulada de $113.000 millones al cierre de 2024 y registró explicaciones sobre disponibilidades y dificultades administrativas para su utilización.

Ese mismo documento mencionó $45.000 millones en una cuenta bancaria al cierre de 2024, por lo que no corresponde utilizar la cifra de deuda, aislada, como si describiera por sí sola toda la situación patrimonial o equivaliera automáticamente al déficit neto.

— El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, actual presidente de OSFA

En octubre de 2026, el Gobierno anunció un proceso de cancelación de una deuda superior a $200.000 millones, junto con pagos de reintegros y negociaciones para reconstruir la red de prestadores. El 1 de octubre, Defensa anunció que OSFA asumía plenamente la atención del personal militar y sus familias, y que comenzaba una recuperación progresiva de las prestaciones mediante pagos y nuevos acuerdos con prestadores. También informó un primer lote de más de 10.000 reintegros por más de $5.000 millones.

El compromiso se produjo después de que Gonzalo Secchi reemplazara a Ariel Guzmán al frente de la administración del IOSFA. El escrito que Guzmán entregó a su sucesor advertía sobre transferencias de recursos incompletas, dificultades financieras y problemas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. El informe también señalaba que Pablo Plaza, presidente de OSFA, había solicitado extender el convenio de atención con IOSFA debido a que la nueva obra social todavía no contaba con contratos vigentes debidamente aprobados para asegurar la cobertura de sus afiliados.

Otro elemento del conflicto es la infraestructura que pasa —o no— a la nueva entidad. La investigación citada informa comunicación oficial del 14 de octubre que ordenaba iniciar el cierre de 31 farmacias propias y tramitar la baja de sus habilitaciones, con el argumento de que OSFA no había solicitado su transferencia.

Un eventual planteo de fondo podría discutir si el diseño vigente satisface los derechos de participación y las garantías de igualdad que invoquen los interesados. El artículo 14 bis de la Constitución contempla la administración del seguro social por los interesados con participación estatal, siendo que el régimen de OSFA exige prestaciones no inferiores al Programa Médico Obligatorio y acceso igualitario a su programa asistencial.

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