08 agosto, 2025

Magistrados en Tandil exponen la falta de gestión de Julio Alak en Justicia

Autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil hicieron entrega al ministro de Justicia bonaerense de un extenso petitorio que refleja de manera pormenorizada algunos aspectos que afectan al servicio de derecho local.
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El documento que lleva la firma de Diego Araujo y Florencia Giombini, presidente y vicepresidente de la entidad, respectivamente, releva la compleja situación que atraviesa el sector y fue planteada por diversos asociados y asociadas de la entidad, durante la reunión que mantuvieron con el titular de la cartera bonaerense, Julio Alak, en su reciente visita a nuestra ciudad.

En relación a los organismos de la SCBA, Tandil reclama desde hace años, la creación de una nueva Sala de la Cámara de Apelación y Garantías con sede en la ciudad, teniendo en cuenta el volumen de trabajo que registra el organismo jurisdiccional, que lo ubica en el tercer lugar de la provincia de Buenos Aires en número de causas.

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El documento lleva la firma de Diego Araujo y Florencia Giombini, presidente y vicepresidente de la entidad

Durante 2020, hubo un promedio de 1760 causas para la Cámara con sede en la ciudad de Azul, una cifra solo superada por La Matanza y Lomas de Zamora. En línea con ese reclamo, le refirieron que el aumento de la conflictividad de Tandil, el crecimiento poblacional sostenido del Partido, debido a su desarrollo productivo, educativo y científico, justifica sobradamente la radicación de la misma en nuestra ciudad.

Otra de las cuestiones que afectan al servicio de Justicia es el alto porcentaje de vacantes en los diversos fueros. Desde AMaFuTan, subrayaron la necesidad de designar 2 jueces en el TOC 1 (Tribunal Oral en lo Criminal), un juez en lo Civil y Comercial, 1 juez en el Tribunal del Trabajo, además de cargos de funcionarios técnicos (psicólogo y psiquiatra en Tribunal de Familia 2) y cobertura de vacantes (ya requeridas) en la planta permanente del CTA.

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El ministro de Justicia bonaerense está presionado por los reclamos

La desproporción en el número de defensorías civiles y penales en relación al incremento demográfico que ha registrado nuestra ciudad es otro de los puntos que destaca el análisis, quien solicita al ministerio la pronta resolución de un problema que persiste con respecto a la tercera defensoría penal, creada por ley pero que aún no se ha hecho efectiva, a raíz de la renuncia del postulante seleccionado.

En relación al fuero civil, familia y laboral, se solicita la creación de una segunda defensoría civil. En Tandil hay una sola y, ante un conflicto (en el que siempre se encuentran involucrados 2 partes) una de ellas queda sin defensa pública. A ello se le suma que el único ente debe cubrir las demandas de 6 organismos judiciales: 2 juzgados de Familia, 3 juzgados Civiles y Comerciales y el Tribunal de Trabajo.

También, en orden a la seguridad del edificio de calle Alem y Uriburu se ha solicitado más personal a la División Delegación de Custodias, Objetivos fijos, personas y traslados de la provincia, sin que haya habido ningún tipo de respuesta ni soluciones al déficit.

Redacción

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Por la presión fiscal de Llaryora | En Córdoba, viajar en colectivo interurbano es más caro que volar a Buenos Aires

En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido. 

En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.

La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.

La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas. 

Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.

Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.

La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.

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Redacción

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SANTA FE | Comenzó la Convención para reformar la Constitución provincial


La ceremonia de apertura tuvo lugar ayer en el recinto de la Legislatura provincial.
Una situación de salud que afectó a uno de los convencionales electos modificó el orden del acto y provocó demoras en el cronograma oficial.

El gobernador Pullaro, en su doble rol de convencional, encabezó la apertura. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidente de la Cámara de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, encargado de tomar los juramentos.

Este último fue quien abrió la sesión con el juramento de Osvaldo Sosa, el convencional de mayor edad, quien asumió como presidente provisional. Candela Rodríguez, la más joven del cuerpo, asumió como secretaria.

Una vez completado ese paso, el pleno eligió sus autoridades definitivas. Felipe Michlig (UCR) resultó designado como presidente; Diego Giuliano (PJ) como vicepresidente primero; Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) como vicepresidente segundo; y Daiana Gallo Ambrosis (Partido Socialista) como vicepresidente tercera.

Durante su discurso, Pullaro afirmó que “reformar no es un gesto técnico, es un acto político y cultural, un momento fundacional que expresa qué sociedad queremos ser”. La declaración provocó el rechazo del bloque de Amalia Granata, cuyos integrantes se retiraron del recinto en señal de protesta.

La composición política de la Convención quedó determinada por los resultados de las elecciones del 13 de abril, convocadas por la Legislatura a través de las leyes 14.384 y 14.152.

En cuanto a la distribución partidaria, el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo 33 bancas; Más para Santa Fe, 12; La Libertad Avanza, 10; Somos Vida y Libertad, 7; Activemos, 4; y el Frente de la Esperanza, 3.

El proceso deliberativo tendrá una duración inicial de 40 días, con posibilidad de extenderse hasta 20 días más si así lo aprueba la Convención. La fecha límite establecida es el 12 de septiembre de 2025.

Durante este período, los convencionales tratarán 42 artículos previamente seleccionados. Entre los temas figuran la reelección del gobernador, autonomía municipal, límites a mandatos, reforma judicial, derechos ambientales, digitales, de género y la modernización del Estado. Pullaro propuso incluir en la nueva Constitución medidas como la “Ficha Limpia”, la prohibición del nepotismo en cargos públicos y la obligación de mantener equilibrio fiscal en la administración estatal.

Las comisiones iniciarán su trabajo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, tras la aprobación del reglamento interno durante las próximas sesiones plenarias.

Desde el Ejecutivo provincial expresaron que la reforma apunta a establecer una base institucional firme para las próximas décadas y promover el desarrollo sostenido de la provincia. En su mensaje final, Pullaro convocó al consenso y al respeto institucional. Afirmó que “en Santa Fe somos capaces de construir acuerdos sin agravios” y exhortó a todos los bloques a sostener una reforma seria y responsable.

Redacción

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SALTA | Contrabandistas bolivianos atacaron a gendarmes durante un operativo antidroga

En el Paso Internacional Puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Salta) con Bermejo (Bolivia), pasadores de mercadería se enfrentaron con la policía cuando los efectivos intentaron ejecutar un operativo para decomisar ropa usada y otros bienes. El episodio ocurrió del lado boliviano de la frontera. La resistencia de los llamados bagayeros derivó en un intercambio con piedrazos que dejó varios policías heridos y un vehículo militar dañado.

Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, describió: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.

El funcionario destacó el rol del Plan Güemes en el área. “Estamos en lucha total contra el narcotráfico, en donde el contrabando es secundario, pero dentro del contrabando viene la droga. Entonces hay una doble función, tratando de ser tolerantes con el contrabando, porque todo el pueblo, de manera directa o indirecta que son 4 mil o 5 mil personas, viven de esto, más el norte de Orán y muchas otras zonas”. Precisó que diariamente se registró un movimiento de 10 mil personas.

Zigarán cuestionó la inacción judicial: “La lucha es a diario y los narcos, minuto a minuto, generan situaciones para pasar su mercadería, pero nosotros necesitamos una justicia federal más activa”. También expuso falencias internas: “Acá en Gendarmería perdimos 90 efectivos entre Salta y Jujuy por los tour de compras, los sobornaban y perdemos más por contrabando que por narcotráfico”. Añadió que los efectivos están mal pagos.

Respecto del cerco divisorio entre Aguas Blancas y Bermejo, confirmó que estuvo construido “hace más de dos meses”, aunque aún resta una reunión con autoridades nacionales “para definir temas”. Sobre la polémica que rodeó la obra, sostuvo: “El cerco era una medida secundaria para poner un orden migratorio. Nada más que justo Trump hizo todo un tema con deportar gente y el gobierno boliviano lo tomó como una medida de Milei para también expulsar bolivianos y nada que ver. Se hizo famoso el muro por cuestiones externas a la situación real de Aguas Blancas”.

El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo fue combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte mediante controles y capacidades de análisis criminal. Además del despliegue de fuerzas federales y la coordinación con fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan reforzó la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad argentino.

Redacción

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Córdoba Capital: Passerini impulsa una regulación que dejará sin trabajo a casi el 80% de choferes de Uber

El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.

“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.

La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.

Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.

Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.

El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.

Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.

“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.

Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.

Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.

El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.

Redacción

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UTHGRA denunció a una concejal marplatense por malversar fondos sindicales en la compra de un departamento

La seccional Mar del Plata de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) llevó a los tribunales a la concejal y ex secretaria general Mercedes Morro y a su entonces tesorero, Horacio Darío Ocampo, por el supuesto desvío de fondos gremiales para adquirir un inmueble propio.

La denuncia, registrada como IPP N° 20440‑25 y radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial marplatense, imputa a ambos el delito de malversación de fondos en provecho propio. El expediente se sostiene sobre una auditoría interna iniciada en diciembre de 2021, cuando la nueva conducción encabezada por Pablo Santín tomó posesión del sindicato.

– Segmento de la denuncia

Esa auditoría reveló –según consta en la presentación– un sistema contable “pésimamente organizado” y una serie de documentos comprometedores: correos electrónicos, facturas de servicios, comprobantes de transferencias bancarias y comunicaciones con la constructora Cuarzur Edificios S.A., responsable del edificio donde se ubica el departamento investigado.

Uno de los hallazgos centrales son catorce comprobantes de transferencias desde cuentas de UTHGRA a la empresa Cuarzur para pagar cuotas del departamento situado en Salta 3844, entre Matheu y Formosa. La unidad –al igual que una cochera en el mismo edificio– figura a nombre de Morro, no del sindicato.

El correo electrónico institucional también almacenaba gestiones realizadas por el área de Finanzas para diferir pagos y regularizar la cochera. En uno de esos mensajes, firmado por Ocampo, se lee: “Hablando con la Sra. Mercedes, surgió la idea de posponer la compra de la cochera para marzo, ya que actualmente no podemos afrontar los gastos que demandaría la firma del boleto. Máxime teniendo en cuenta que el día 10 de enero de 2017 debemos transferir el refuerzo por el departamento.”

La trazabilidad del beneficio personal se completa con facturas de EDEA y avisos del consorcio Cuarzur I que llegaban a casillas del gremio, todas a nombre de la concejal. “Los correos revelan que se usó la estructura administrativa del sindicato para pagar servicios y gestionar temas estrictamente privados”, sostiene la denuncia.

Desde la conducción actual, UTHGRA calificó la maniobra como “una operatoria sistemática de uso indebido de fondos” y repudió “un hecho grosero y explícito de corrupción, en el que se malversaron recursos que pertenecen a los trabajadores de la actividad hotelera y gastronómica de la ciudad, a quienes han perjudicado gravemente”.

El escrito judicial subraya que “existen elementos suficientes para creer que Morro utilizaba indebidamente los fondos de UTHGRA seccional Mar del Plata, y al personal de la misma, para la compra de un inmueble a título personal, aprovechándose de su condición de secretaria general y con la complicidad del Sr. Ocampo, quien autorizaba las transferencias e intercambiaba correos con la empresa Cuarzur”.

Para reconstruir el flujo del dinero, la querella solicitó al Banco Nación el detalle de todas las transferencias efectuadas a Cuarzur, EDEA y Camuzzi, además de un allanamiento a la constructora para secuestrar documentación relacionada.

“Este accionar inescrupuloso que daña la honorabilidad de la UTHGRA y de las familias hoteleras y gastronómicas, debe tener consecuencias. UTHGRA Mar del Plata no tolerará ningún tipo de abuso de poder ni uso indebido de los recursos que pertenecen a sus afiliadas y afiliados. Confiamos en que la verdad prevalecerá y se hará justicia”, concluyeron desde la conducción local.

Redacción

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La Justicia rechazó una indemnización de $20 millones por falta de pruebas en un caso vinculado a la dictadura

Integrada por los jueces Roberto Lemos Arias y César Álvarez, la Sala I de la Cámara Federal de La Plata rechazó la acción de daños y perjuicios que una víctima de la última dictadura promovió contra el Estado Nacional. 

La demanda pretendía $20 millones por lesiones físicas, secuelas psíquicas y daño moral derivados de la detención sufrida en 1976. El tribunal subrayó que la reclamante no acreditó el nexo causal entre ese episodio y las secuelas alegadas ni probó que la pensión graciable que cobra desde 2016 en virtud de la Ley 14.042  —norma bonaerense que otorga una pensión vitalicia a personas detenidas por motivos políticos entre 1974 y 1983— resulte insuficiente.

Los magistrados recordaron que, aun cuando los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles —conforme la Ley 27.586—, en sede civil rige la carga probatoria clásica: corresponde demostrar un hecho dañoso, un perjuicio cierto y un vínculo causal directo. 

Citando doctrina interamericana, el fallo afirmó que “las reparaciones deben tener nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas” y advirtió que “no es suficiente la formulación de alegatos abstractos o genéricos”.

En el análisis de la prueba, la Cámara calificó de “orfandad probatoria” la ausencia de pericias médicas concluyentes y destacó que el expediente psiquiátrico acompañado “no alcanza para formar una convicción clara” sobre la relación entre la patología y la detención. Entre los elementos valorados figuró la declaración testimonial de un familiar de la actora, quien dijo haber estado detenida con sus padres junto a la reclamante en la caballería de La Plata. 

El tribunal consideró que ese testimonio, pese a su vinculación familiar, resultó limitado y careció de datos objetivos sobre la extensión del cautiverio.

La sentencia reconoció el derecho de las víctimas a la reparación, remarcando que “los hechos ocurridos durante la dictadura militar constituyen un período oscuro de nuestra historia, cuyas víctimas tienen el derecho al reconocimiento y a medidas reparatorias por los perjuicios sufridos”. Sin embargo, enfatizó que la percepción previa de una pensión indemnizatoria no exime a la demandante de probar daños adicionales ni su eventual falta de suficiencia.

Por otro lado, la alzada ordenó dictar una nueva regulación de honorarios, ya que el juzgado de primera instancia había calculado los emolumentos sobre una base errónea de $38 millones en lugar de los $20 millones efectivamente reclamados.

La decisión reafirmó que quienes ya accedieron a beneficios administrativos deben presentar evidencia robusta si pretenden una compensación complementaria. Cada rubro reclamado, concluyeron los jueces, debe superar el examen de prueba objetiva y verificable para prosperar en sede judicial.

Redacción

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